San Salvador, El Salvador | AFP

El gobierno salvadoreño propuso este día al Congreso una reforma legal para castigar con un mínimo de 50 años de prisión el asesinato de policías, soldados, fiscales, jueces y guardias penitenciarios.

“Una cosa que quiero destacar de estas reformas es que en ellas se endurecen las penas de cárcel, lo mínimo van a ser 50 años (de prisión) para todo aquel que tenga que ver con un asesinato de algún miembro de la seguridad pública”, dijo el vicepresidente Óscar Ortíz, en rueda de prensa en el Congreso.

La propuesta forma parte de una serie de reformas legales presentadas al Congreso en respuesta a un repunte en los casos de asesinatos de policías y soldados por parte de las pandillas.

Según datos de la Policía Nacional Civil (PNC), este año han sido asesinados 25 policías en hechos atribuidos a las pandillas. Unos 10 soldados han sido asesinados este año en hechos atribuidos a pandilleros.

El Fiscal General, Douglas Meléndez, denunció que tanto él como otros fiscales han recibido amenazas de muerte, y admitió que podrían tener origen en “la lucha” que libran contra el narcotráfico, las pandillas y la corrupción.

El gobierno también propuso al Congreso reformas a una ley antiextorsiones que busca dar más garantías de “anonimato” a las víctimas de extorsión en los procesos judiciales.

“Lo que se busca es que ya no sea necesario que una víctima de extorsión tenga que comparecer a un juicio”, explicó el Ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez.

La extorsión de las pandillas afecta a pequeños negocios familiares en barrios y colonias, pasando por las empresas de transporte público, comercios en las ciudades y personas particulares.