El Gobierno declaró lesivo para los intereses del Estado los contratos con la Comercializadora Pahame Sociedad Anónima suscrito para carga y descarga con la empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla en el 2014.

La decisión fue luego de que la Procuraduría General de la Nación (PGN) recomendará la lesividad debido a que los contratos fueron suscritos bajo una figura jurídica que no corresponde a la naturaleza ni bajo el trámite administrativo correspondiente, este sería el primer paso de un trámite que deberá seguir un juicio contencioso administrativo.

 Pahame S.A.  fue denunciado ante el MP

El Ministerio Público (MP) también investiga el posible contrato fraudulento otorgado a la empresa Comercializadora Pahame, S. A., por parte de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) para los servicios de carga y descarga de buques con granel sólido.

La querella fue presentada por la Contraloría General de Cuentas (CGC) al considerar que las autoridades de la Empornac  evadieron  preceptos que establece la Ley de Contrataciones para lograr la adjudicación a Pahame, S. A., ya que los servicios  que prestarían a través de una nueva instalación constituyen una concesión, y la adjudicación  se hizo  bajo la figura de “servicios técnicos” contratados por excepción.

El Entramado

Para otorgar el proyecto a la firma, Empornac realizó al menos ocho procesos que a consideración de la Contraloría viciaron el proceso de adjudicación.

Todo comienza con el acuerdo de intervención 317-2014 del 30 de septiembre del 2014, en el que el interventor Guzmán Ovalle autorizó la contratación de una empresa para la prestación de servicios técnicos y autorización para la carga y descarga de buques con granel sólido a través de una instalación nueva de pontones flotantes  —plataformas— y removibles, independientes a los atracaderos actuales de la Empornac.

El 10 de octubre de ese año, el proceso de contratación se subió a Guatecompras, en el que se establece que la empresa que presente su oferta deberá hacer la inversión completa a su propia costa, incluyendo diseño de las instalaciones, fabricación, instalación, operación y mantenimiento del nuevo sistema.

El 23 de octubre del 2014, Rodríguez Murcia aprobó los términos de referencia. Pero los mismos fueron   publicados sin firma y sello, y que al solicitar documentos de soporte, de quien elaboró los documentos, las  autoridades de Empornac,  indicaron que no existen documentos de soporte y que desconocen  quién pudo ser el responsable de elaborar los términos de referencia.

El evento se adjudicó  a la empresa aludida el 7 de noviembre de ese año. El mismo día, Rodríguez Murcia  notificó a la comisión calificadora que la empresa pagaría US$0.705 por tonelada métrica de carga y/o descarga.

En la escritura pública 105 se formalizó la contratación del servicio, en la que se especifica  que la carga y descarga de los buques será de mena de níquel —rocas de níquel— en primer lugar, y otros materiales como el carbón mineral.

El 19 de diciembre, siempre del 2014, ampliaron el contrato  para que cobrara vigencia un año después.

Pese a ello, el 26 de febrero del 2015, a través de la escritura pública 32 elaborada  por el notario José Guillermo Castellanos Molina, la Empornac otorgó a Comercializadora Pahame, S. A.,   21 mil metros cuadrados para que la firma  pudiera arrancar el proyecto a través de una nueva instalación portuaria, equivalente a 300 metros de frente por 70  de fondo.

Otra irregularidad que descubrieron los auditores es que Pahame, S.A. se encuentra registrada entre los clientes de la Empornac como una firma que se dedica a exportar mena de níquel, por lo que era la única empresa que podía participar y ganar el concurso. Además,  el contrato se otorgó a un plazo de 10 años, los cuales pueden ser prorrogables.

• Con información de Ana Morales, Carolina Leverón y Prensa Libre.