Las autoridades capturaron a cinco funcionarios públicos, entre ellos dos policías, por un incendio en un refugio de menores que dejó 41 muertas hace tres meses, informó la fiscalía.

Los cinco empleados públicos enfrentan cargos por delitos como homicidio, abuso de autoridad, maltrato contra menores de edad e incumplimiento de deberes, dijo a periodistas la portavoz del Ministerio Público (Fiscalía), Julia Barrera.

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Fueron detenidos el jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, la jefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato, y la defensora de la Niñez y Adolescencia, precisó.

Paralelamente, la Fiscalía contra el Delito de Femicidio presentó una solicitud para retirar la inmunidad a la jueza de Paz del municipio de San José Pinula, Rocío Murillo.

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La jueza habría cometido los delitos de falsedad ideológica, incumplimiento de deberes y retardo de justicia, detalla el expediente.

Según el pedido, Murillo fue requerida una noche antes del incendio registrado el 8 de marzo para efectuar una diligencia en el hogar de menores, pero no asistió al aducir que su vida podría correr peligro.

Barrera comentó que las capturas se dan a consecuencia de las investigaciones por el incendio en un refugio destinado a la protección de menores víctimas de abandono o de algún delito.

Se quemaron vivas

El pasado 8 de marzo se registró un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado en el municipio de San José Pinula, colindante con Ciudad de Guatemala.

Según versiones preliminares, niñas encerradas bajo llave en un salón iniciaron el fuego para denunciar abusos sexuales, mala alimentación y maltratos en ese centro.

Durante el incendio murieron 19 internas, mientras que otras 21 fallecieron en hospitales a los que habían sido trasladadas. La víctima 41 falleció en un hospital de Estados Unidos el 27 de marzo.

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Otras 17 menores resultaron con quemaduras y nueve fueron trasladas a hospitales especializados en Estados Unidos.

Por este incendio fueron detenidos el extitular de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), a cargo el centro de menores, la exsubtitular de esa entidad, y el director del refugio.

El pasado 7 de abril, un juez ordenó abrir el proceso penal contra los tres exfuncionarios de la SBS por los delitos de homicidio culposo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, maltrato contra menores de edad, y lesiones graves.

© Agence France-Presse