California se convirtió en el primer “estado santuario” para inmigrantes sin papeles en Estados Unidos, una decisión cuestionada el viernes por el gobierno de Donald Trump por considerar que perjudicará la seguridad pública y atraerá más indocumentados.

El gobernador demócrata de California Jerry Brown sancionó el jueves la norma SB54, que otorga mayor protección a los inmigrantes ilegales, incluso a los que cometieron delitos, al limitar la cooperación de la policía local con las autoridades de inmigración federales en los operativos para capturar indocumentados.

El texto, que entra en vigor el 1 de enero de 2018, forma parte de un paquete de leyes que protegen a los casi tres millones de indocumentados que viven en California, la mayoría de México y Centroamérica.

Brown firmó la medida advirtiendo que “no impide ni prohíbe” al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés, popularmente conocido como “la migra”) “hacer su trabajo de ninguna manera” pero “prohíbe a oficiales locales hacer el trabajo de agentes de migración”.

“El gobernador simplemente está equivocado”, dijo el director interino del ICE, Tom Homan, en un comunicado.

Según Homan, la ley “socavará la seguridad pública e impedirá al ICE cumplir con su misión federal”.

“En última instancia (…) crea otro imán para más inmigración ilegal”, apuntó.

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Con esta ley, advirtió Homan, la autoridad federal “no tendrá otra opción” que realizar redadas en urbanizaciones y lugares de trabajo con “más arrestos colaterales”.

California la nueva medida

El gobernador Brown aclaró que la nueva medida no prohíbe el acceso del ICE a las cárceles.

Por su parte, el ICE advirtió que probablemente enviará a los detenidos en California a prisiones fuera del estado, “lejos de cualquier familiar que puedan tener” en ese estado.

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Varias ciudades de California -como Los Ángeles y San Francisco- ya habían prohibido a sus policías colaborar con el ICE en operativos para capturar indocumentados.

La semana pasada, dicho servicio detuvo a 450 indocumentados en todo el país, 101 de ellos en Los Ángeles.

El paquete de leyes sancionado por Brown incluye además asistencia a estudiantes y abusos contra inquilinos.