El Tribunal Superior de Reino Unido acaba de dictaminar que es el Parlamento el que debe decidir si se inicia el proceso para salir de la Unión Europea.

Esto significa que el gobierno no puede por sí mismo activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, la norma dentro de la legislación de la UE que permite la salida de un Estado miembro.

El gobierno ya adelantó que apelará la decisión.

Por ser de interés público, el caso lo retomará directamente la Corte Suprema sin que pase por la Corte de Apelaciones.

El artículo 50 establece un plazo límite de dos años para negociar los términos de la salida de la Unión Europea.

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En el referendo del 23 de junio el pueblo británico votó a favor de abandonar la UE – el sí ganó con un estrecho margen, del 51,9% frente al 48,1%- y la primera ministra Theresa May ha dicho que con eso y con los poderes ministeriales es suficiente para iniciar las negociaciones para la salida.

Así, ha adelantado que activará el artículo 50 para finales de marzo del año que viene.

Pero quienes hicieron campaña en contra del Brexit insisten en que eso es inconstitucional.

Gina Miller, quien presentó el caso ante la Corte Suprema, advirtió que el gobierno debería “decidir sabiamente no apelar”.

Si eso ocurre y la decisión del máximo tribunal no es revocada, Reino Unido enfrentaría “meses y meses” de obstáculos parlamentarios, dice el editor político de la BBC, Norman Smith.

Antes que nada es necesario que se aclare si el Parlamento votará rápidamente o si tendrá que considerar toda la compleja legislación, añade.