Tokio, Japón | AFP 

Amnistía Internacional criticó al gobierno japonés por discriminar a las embarazadas en un programa destinado a acoger a un grupo reducido de refugiados sirios.

El primer ministro, Shinzo Abe, anunció en mayo que Japón – con una población de 127 millones -, aceptaría acoger a 150 estudiantes sirios en cinco años a partir de 2017.

Más tarde, dijo que el país recibiría también a familiares de los estudiantes.

La cifra contrasta con la de países como Noruega que, con una población de 5,1 millones, ha prometido recibir a unos 9.000 sirios.

Amnistía Internacional (AI) denunció que el programa nipón excluye virtualmente a las mujeres embarazadas.

Primeramente, la “Iniciativa Japonesa para el futuro de los Refugiados Sirios” indicaba que “no se recomienda a las embarazadas acogerse” al programa, según AI y la agencia gubernamental a cargo del asunto, JICA. 

Tras las protestas, el texto fue cambiado por: “Antes de pedir beneficiarse del programa, se recomienda a las embarazadas considerar cuidadosamante los riesgos potenciales para la salud y la vida de la madre y el feto”.

JICA se defendió el miércoles al asegurar que el objetivo del programa no es “rescatar a los desfavorecidos sino formar a personal” para la reconstrucción de Siria.

“Cuando una embarazada viene a Japón y da a luz, debe quedarse cierto tiempo” en el país, dijo a la AFP un portavoz de JICA, Satoshi Murakami, defendiendo empero que el programa no busca excluir a este colectivo.

Pero AI insistió en que el programa “reduce las posibilidades para las mujeres” que quieren obtener el estatuto de refugiado.

El año pasado, Japón aceptó a 27 refugiados, entre ellos tres sirios, entre 7.500 solicitudes de 69 países, según cifras oficiales.