Un familiar de Edgar Ernesto Orellana Ruiz, concejal tercero electo por el partido Valor en el municipio de Guastatoya, El Progreso, publicó un vídeo en las redes sociales en las que da indicios del crimen y señala a las personas que están detrás del hecho.

Fuentes de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) de la Policía Nacional Civil (PNC), aseguran que han destacado a un equipo de detectives para analizar todas las evidencias halladas en el lugar, y han recogido testimonios de personas que presenciaron el hecho.

Juan Luis Pantaleón, jefe de la unidad de prensa e información del MP confirmó que la Fiscalía de Distrito de El Progreso procesó la escena e investiga el hecho. En la escena del crimen y localizaron unos 48 indicios balísticos. Además, embalaron el arma de fuego que se supone portaba Orellana Ruíz.

La información preliminar, detalla Pantaleón, da cuenta que el político observaba junto con su familia el paso de las personas con antorchas en la calle principal Ramiro de León Carpio, en el barrio El Porvenir, Guastatoya, El Progreso.

“Fue en ese momento cuando llegó un grupo de hombres armados y abrieron fuego”, contra Orellana Ruiz, y lo mataron.

De acuerdo a la versión de una familiar de la víctima el hecho lo ejecutaron integrantes de una familia de apellido Archila, a la que identificó por nombres. Según ella, los sujetos, con armas largas y cortas, llegaron a la casa de Orellana Ruiz para amenazarlo.

De acuerdo con Pantaleón citarán al familiar que denunció el hecho en redes sociales para que proporcione la información en concreto para saber la participación de cada uno de los señalados.

Él, según la denuncia, intentó detener las amenazas para que todo se quedara en calma, pero al darles la espalda le dispararon en varias ocasiones. Orellana Ruiz, según las pesquisas, también portaba un arma, pero no la usó para defenderse.

Luego de eso huyeron del lugar en un vehículo tipo agrícola. Este es el segundo caso violento que ocurre en un mismo día contra políticos en el país.

El asesinato ocurrió en la calle principal de Guastatoya. Las líneas de investigación llevan a una supuesta deuda económica como la razón por la que lo atacaron y asesinaron.

El comité ejecutivo del partido Valor, en un comunicado, condenó y lamentó el trágico asesinato de “Edgar Ernesto Orellana Ruiz, quien fue electo tercer concejal en el municipio de Guastatoya por nuestro partido en la pasada contienda electoral”.

“Exigimos a las autoridades que se realicen las investigaciones pertinentes y celeridad para que se haga valer el principio de justicia pronta y cumplida, tal como lo establece la ley”, enfatizaron.

Agregaron en el comunicado: “A los familiares y amigos de nuestro correligionario pedimos fortaleza y fe en nuestro Dios, fuente del poder eterno y supremo”.

Orellana Ruiz debía asumir al cargo el 15 de enero del 2024 junto con el alcalde electo por el partido Valor, José Elías Herrera Guerra.

El mismo 14 de septiembre, pero en San Pedro Necta, Huehuetenango, sujetos armados asesinaron a Aníbal Ramírez, excandidato a síndico por el partido Movimiento Semilla y a su esposa Mercy Morales. 

Ramírez fue agente de la Policía Nacional Civil y era un activista por la democracia en los territorios indígenas de Huehuetenango.

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Los partidos Unionista y Valor anunciaron este viernes 5 de agosto que formarán una coalición de cara a las elecciones generales de 2023.

Las piezas políticas de cara al proceso eleccionario del próximo año empiezan a moverse y por eso las distintas organizaciones partidistas buscan alianzas para aumentar sus oportunidades frente al electorado.

En las redes sociales de ambos partidos políticos se informó que se firmó firmaron un se firmó

Una de las alianzas que se conoce primero es la coalición entre los partidos Unionista y Valor, que fue anunciada este viernes 5 de agosto.

En las redes sociales de ambos partidos políticos se publicó información sobre la alianza de ambos partidos y que busca la unidad nacional.

En el Twitter del Partido Unionista, publicaron un mensaje en el que se lee: “Cambiemos la historia de Guatemala. Los partidos Unionista y Valor anunciamos una coalición que busca la unidad nacional para lograr el país que todos los guatemaltecos necesitamos”.

El mensaje va acompañado de tres fotografías en el que se ve a Álvaro Arzú Escobar, secretario general del Partido Unionista y a Ingrid Bernat Cofiño, secretaria de Valor, formalizando el acuerdo.

En las redes sociales del partido Valor, publicaron: “El Partido Valor irá en coalición con el Partido Unionista porque, buscando alianzas con diversos sectores de la sociedad y partidos políticos que quieran cambiar la historia de Guatemala, vamos a construir el país que anhelamos. Necesitamos unidad nacional”.

El mensaje va acompañado también de fotografías de la firma que formaliza la unión.

Ahora el acuerdo deberá ser aprobado por las asambleas nacionales de los dos partidos políticos.

Cambiemos la historia de Guatemala.
Los partidos Unionista y Valor anunciamos una coalición que busca la unidad nacional para lograr el país que todos los guatemaltecos necesitamos. pic.twitter.com/T7s43AtqoB

— Partido Unionista (@PUnionista) August 5, 2022

El Partido Valor irá en coalición con el Partido Unionista porque, buscando alianzas con diversos sectores de la sociedad y partidos políticos que quieran cambiar la historia de Guatemala, vamos a construir el país que anhelamos.

Necesitamos unidad nacional. pic.twitter.com/sYGRZHtW8x

— VALOR (@PartidoValor) August 5, 2022

Los partidos

El Partido Unionista fue fundada por Álvaro Arzú Irigoyen y en las últimas elecciones de 2019 su binomio presidencial fue Pablo Duarte y Roberto Villeda.

Según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en las elecciones presidenciales el partido obtuvo 63 mil 069 votos, para un 1.43%.

El partido Valor lanzó como candidatos a la presidencia a Zury Ríos y a Roberto Molina Barreto, fueron inscritos, pero luego de varias acciones legales la Corte de Constitucionalidad decidió que ella no podía participar en el proceso electoral programada del 16 de junio del 2019.

El Registro de Ciudadanos del TSE rechazaba la inscripción de Ríos por considerar que tenía prohibición constitucional y fue excluida por ser hija del jefe de Estado José Efraín Ríos Montt.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunicó este miércoles 4 de mayo su decisión de de aprobar y publicar el acuerdo de solución amistosa de la Petición 1287 – 19, Zury Ríos Sosa, de Guatemala a través de su Informe de Homologación No. 61/22. 

El comunicado menciona que el caso se relaciona con “la responsabilidad internacional del Estado por la ausencia de garantías para la participación política de Roberto Molina Barreto y Zury Mayte Ríos Sosa quienes, en el 2019, se postularon a las elecciones presidenciales sin poder participar porque los organismos internos se negaron a aceptar la inscripción de su candidatura, pese cumplir con los requisitos habilitantes para postular a un cargo de elección popular”. 

Según el informe 61/62, petición 1287-19, el 24 de mayo de 2019, la CIDH recibió una petición presentada por Zury Mayté Ríos Sosa, en la cual se alegaba la responsabilidad internacional de la República de Guatemala por la violación de los derechos humanos contemplados en varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su perjuicio, el de su hija y el del señor Roberto Molina Barreto. 

El documento publicado este 4 de mayo por la CIDH explica que en agosto de 2021 se dio inicio formal al procedimiento de solución amistosa que culminó con la firma de un acuerdo en diciembre de ese mismo año, mediante el cual el Estado reconoció “las obligaciones que le corresponden en relación con las garantías del derecho humano de participación política establecidas tanto en la Constitución Política de la República de Guatemala como en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. 

Añade que, en virtud de eso, “el ejercicio de dicho derecho universal no puede limitarse o restringirse por ningún motivo, partiendo de la igualdad de derechos que le asiste a los hombres y mujeres para participar e involucrarse en la vida política de la nación, siempre y cuando se cumplan los requisitos habilitantes, que deberán ser calificados por las entidades correspondientes, previo a participar a un cargo de elección popular”. 

El 28 de diciembre de 2021, las partes firmaron un acuerdo de solución amistosa, en cuyo texto se establece lo siguiente: 

 El documento menciona que el Estado de Guatemala, a través del Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado Vivar comprometió a implementar medidas de reparación consistentes en:  

1. El reconocimiento del derecho humano de participación política de las solicitantes y la improcedencia de límites o restricciones al mismo  
2. Realizar 2 campañas de sensibilización a través de la Comisión Presidencial para la Paz y los Derechos Humanos para promover la igualdad en la participación política de las mujeres  
3. Realizar 2 foros con las distintas instituciones educativas, privadas y públicas, a efecto de fomentar la igualdad en la participación política de las mujeres. 

En el informe 61/62 también se menciona que las víctimas del presente caso, Zury Ríos, su hija y Molina Barreto, renuncian a la indemnización económica generada por la afectación a sus derechos convencionales. 

La CIDH también refiere que en el Informe de Solución Amistosa 61/22, se valoró la cláusula declarativa de reconocimiento de responsabilidad y en vista de que las partes decidieron diferir el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa con posterioridad a su homologación por parte de la Comisión, se continuará con el seguimiento de la implementación de las medidas de no repetición acordadas, hasta su cumplimiento total y de conformidad con los plazos establecidos en el cronograma diseñado por las partes para tal fin. 

“La CIDH valora los esfuerzos desplegados por ambas partes durante la negociación del acuerdo para alcanzar una solución amistosa que resultó compatible con el objeto y fin de la Convención y saluda los esfuerzos realizados por el Estado para acudir a este mecanismo de resolución alternativo de conflictos al tiempo que le invita a seguir utilizando para otros asuntos en trámite ante el sistema de peticiones y casos individuales. Asimismo, congratula a la parte peticionaria y valora sus esfuerzos para participar en la negociación e impulso de este acuerdo”. 

La petición de Ríos 

El 15 de mayo de 2019, La candidata presidencial del partido Valor, Zury Ríos, solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) ordenó revocar su inscripción en el proceso electoral. 

Ríos buscaba revertir la decisión del máximo tribunal guatemalteco, alegando que su resolución atenta contra los derechos de los guatemaltecos a elegir y ser electos. 

El Tribunal Supremo Electoral anuló ese 15 de mayo la inscripción de Ríos en cumplimiento de la orden de la CC. 

Las razones de la CC 

La CC dejó fuera de la contienda electoral a Ríos y Molina Barreto, por la prohibición que establecen los inciso a) y c) del artículo 186 constitucional. 

Zury Ríos es hija de José Efraín Ríos Montt, quien el 23 de marzo de 1982 gestó un golpe de Estado que finalmente lo llevó al poder.  

Estos fueron los argumentos que invocó la CC 

• La prohibición contenida en la literal c) del Artículo 186 de la Constitución Política de la República tiene carácter atemporal y, por ende, es aplicable, en cualquier tiempo, a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del caudillo o de los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, o que como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno. 

• Según la Corte, en la resolución se afirma que si bien, en Constituciones anteriores, la limitación a que hace referencia el artículo 186 surgió con límite temporal –para el período electoral siguiente-, en la Constitución de 1985 se modificó esa temporalidad a la limitación y le dotó de carácter indefinida. 

• La Corte hizo relato del contexto socio político en el que esta norma fue modificada. Para lo cual hacer una presentación de hechos históricos relevantes acaecidos en el país durante los últimos 100 años. 

• La Corte puso en relieve lo ocurrido entre 1982 y 1986, periodo dentro del cual se promulgó la actual Constitución. Durante ese tiempo, específicamente el 23 de marzo de 1982, hubo un rompimiento al orden constitucional que puso fin a la presidencia del General, Fernando Romeo Lucas García. Luego de varios meses asumió la presidencia de la Junta Militar de Gobierno, José Efraín Ríos Montt, quien relevó de sus cargos al resto de miembros de la junta. 

• En agosto de 1983 al ser derrocado por un movimiento liderado por un alto mando militar que ubicó en la Jefatura de Estado al General Oscar Humberto Mejía Víctores, este asumió el compromiso de traspasar el gobierno de militares a civiles, incluyendo la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, la reorganización de partidos políticos y el establecimiento de la libre competencia electoral. 

• Estos sucesos dieron pie al período democrático guatemalteco actual. Por lo que es en la Constitución de 1985 donde se prevé la limitación con carácter atemporal y cuyo objetivo es proteger los más altos cargos del Organismo Ejecutivo –Presidente o Vicepresidente de la República–, y resguardar el Estado Democrático de Derecho. 

• La Corte señala que debido a las constantes alteraciones al orden constitucional el legislador constituyente lo llevaron a establecer una prohibición de tal naturaleza que garantizara la alternabilidad democrática en el ejercicio del poder, evitando el retorno a esas prácticas negativas. 

• La Corte es enfática en afirmar que la medida de limitar a un pariente cercano de la estirpe, a acceder al cargo de Presidente o Vicepresidente de la República encuentra lógica, porque otorga preeminencia al bien común ante el interés particular. 

• La Corte de Constitucionalidad citó, además, como respaldo de su fallo, pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha delineado la posibilidad de que los propios Estados regulen diversos límites del derecho de elegir y ser electo de acuerdo con sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales. 

• El fallo hace alusión al carácter pétreo del Artículo 186, el cual, impide efectuar interpretación que varíe el sentido textual de la prohibición contenida en la literal c), en congruencia con la literal a) del artículo 186 del texto constitucional. Conferirle alcances diferentes a lo expresamente previsto, dice la Corte, implicaría reformar tácitamente la norma, lo cual está estrictamente prohibido y contravendría los valores democráticos del Estado de Guatemala. 

El pasado 17 de febrero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) apeló ante la CC la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de inscribir a Zury Ríos Sosa como candidata a la presidencia por el partido VALOR, quienes aún no han resuelto la apelación.

“Debido a la información compartida por diversos medios de comunicación, en el partido  VALOR advertimos las posibilidad de que usted vote en contra de la participación  de la Licda. Zury Ríos en la próxima contienda electoral, sin fundamento legal… “

Se leía como advertencia en uno de los párrafos de la carta que iba dirigida principalmente a la magistrada titular Gloria Porras, con copia a los demás titulares de la alta corte.

La carta que firmaron varios seguidores del partido

Por Manuel Hernández Mayén

Las organizaciones políticas empiezan jugar cual naipes, y sobre la mesa electoral, con políticos conocidos que podrían ser nominados en los próximos meses como candidatos presidenciales. Aunque por ahora son solo intenciones, estás podrían madurar en los próximos meses y convertirse en nominados y finalmente presidenciables; todo depende de las asambleas partidarias que ya comienzan a realizarse.

Por el momento son cuatro mujeres y seis hombres los que se mencionan como posibles candidatos. Por el momento existen 25 partidos políticos legalmente inscritos.

Tres de ellos están suspendidos y el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) enfrenta un proceso de cancelación, por lo que vigentes hay 21 organizaciones, todas autorizadas para competir en los comicios, cuya convocatoria se tiene prevista para enero del próximo año.

Antes de diciembre próximo ya se tendrá más claro el juego político y los partidos que nominarán a los presidenciables, mientras tanto estos son los nombres que ya se perfilan para la candidatura (el orden es alfabético por apellido):

Thelma Aldana / Encuentro por Guatemala

Francisco Arredondo / Todos

Adela Camacho de Torrebiarte /Creo

Edwin Escobar / UCN

Alejandro Giammattei / Vamos

Jorge Pérez / Bien

Zury Ríos Sosa / Valor

Julio Rivera Clavería / Viva

Erik Suñiga / Crecer

Sandra Torres / UNE

Edmond Mulet / Partido Humanista

Tres candidatos / MLP