La Sala Cuarta de Apelaciones ordenó al juez décimo “B”, Jimi Bremer, resolver la situación legal de la abogada y exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Claudia González, en un plazo de 48 horas, informaron este jueves 21 de septiembre fuentes judiciales.

La resolución de la Sala se da en el marco de una exhibición personal a favor de González, la cual fue promovida por el abogado Alejandro Rodriguez Barillas, al considerar que, al no haberse dictado auto de procesamiento puede considerarse una detención ilegal.

El 19 de septiembre recién pasado, el juez Bremer, sancionado por Estados Unidos en agosto acusado de “corrupción y socavar la Justicia”, decidió suspender la audiencia de primera declaración contra González y la reprogramó para el 27 de septiembre, debido a una excusa presentada por la abogada de la parte acusadora.

Ese día, la defensa de González advirtió que se están cometiendo irregularidades en contra de la abogada porque la ley establece que no debe pasar más de 24 horas para desarrollar una primera audiencia y conocer los cargos en su contra; sin embargo, ha pasado casi un mes desde su detención.

La abogada, detenida desde el 28 de agosto, es defensora de más de cinco operadores de justicia que se encuentran detenidos o en el exilio, como el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, quien está en Washington por persecución política en su contra.

González fue detenida porque Blanca Staling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, la acusa de haber ordenado procedimientos supuestamente anómalos en su contra en 2017 por un caso de corrupción.

El día de su captura, González denunció que se trata de una “persecución política” en su contra por la labor de defensa que ha realizado en favor de operadores de justicia.

En la resolución la Sala detalla que por unanimidad “resuelve sin lugar la presente Acción Constitucional de Exhibición Personal, promovida por el Abogado Alejandro Rodríguez Barillas a favor de la Abogada Claudia González Orellana”.

Sin embargo, la Sala determinó que “se fija el plazo de cuarenta y ocho horas, contados a partir de la notificación del presente auto al Juez “B” del Juzgado Décimo Pluripersonal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, para que lleve a cabo la continuación de la audiencia que se suspendió el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, tomando en consideración que está dentro de sus facultades prolongar la audiencia fuera de los horarios hábiles”.

Además, ordena que si hubiera incomparecencia del Ministerio Público (MP) “se llame a un fiscal o auxiliar fiscal de planta o de turno”.

Respecto a esa resolución, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) hizo un llamado para que el juez Bremer cumpla con lo ordenado por la Sala, pues consideran que las condiciones en las que González fue detenida constituye “una clara violación a la constitución”.

En una carta publicada por Wola señala que “las organizaciones firmantes hacemos un llamado urgente para que se cumpla lo ordenado por la Sala Cuarta y que Claudia González Orellana, quien sufre una detención injusta, recupere su libertad inmediatamente”.

Agrega que “el Estado de Guatemala debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, debe respetar el debido proceso y garantizar la integridad de todas las personas que defienden los derechos humanos”.

Añade que González ha permanecido detenida 24 días sin que se haya resuelto su situación jurídica, “lo cual representa una clara violación a la Constitución Política de la República de Guatemala, en donde se establece un plazo máximo de 24 horas para determinar la situación jurídica de una persona detenida (Artículo 9)”.

También dice que “La Convención Americana de Derechos Humanos en el Artículo 7.6 establece que: ´Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales´”.

Entre 2019 y 2023, al menos 50 operadores de justicia, periodistas, activistas y abogados guatemaltecos han tenido que salir al exilio debido a persecución penal en su contra de parte del Ministerio Público, cuya cúpula, dirigida por Consuelo Porras, se encuentra sancionada por Estados Unidos.

Con información de EFE

El documento, que analiza cientos de casos recopilados por las organizaciones WOLA y Kino Border Initiative, encontró que de 78 denuncias formales presentadas ante las autoridades entre 2020 y 2022, un 95 % quedaron impunes.

Estas acusaciones, sobre las que no se investigó o se tomó acción disciplinaria alguna, incluyen casos de palizas, negación de atención médica y abusos de autoridad.

El texto, de más de 80 páginas, recoge decenas de duros casos a los que el sistema de escrutinio interno de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no ha dado una respuesta.

Entre ellas, está la historia de Berto, quien pidió agua a un agente de la Patrulla Fronteriza que lo encontró en el desierto, después de haber caminado durante ocho días, y recibió una paliza que lo dejó inconsciente.

“Si quieres agua, hay agua en tu país”, le gritó el agente mientras le pegaba, según el testimonio recogido en el informe. Cuando Berto recuperó la consciencia, el agente que lo golpeó le dijo que se fuera caminando hacia México, pero él ya estaba muy malherido para moverse.

El agente al final accedió a llevarlo a un hospital, donde Berto intentó contar su historia y denunciar con otro agente el maltrato al que había sido sujeto, pero no le hizo caso. Al poco tiempo, fue deportado a Nogales, en el norte de México.

En otra instancia recogida en el informe, las autoridades de la Patrulla Fronteriza se negaron en varias ocasiones a dar atención médica a Evelyn, quien tenía ocho meses de embarazo y llevaba horas sin sentir a su bebé después de haber caminado durante un largo rato en el desierto, donde fue encontraba por las autoridades.

Ese mismo día, la expulsaron de vuelta al lado mexicano de la frontera en Nogales y, a la mañana siguiente, cuando pudo acudir a un centro médico, le dijeron que su bebé ya no tenia vida.

Denuncias que se pierden en la nada

El extenso reporte subraya las falla en el proceso de escrutinio de las autoridades migratorias.

Las organizaciones denuncian que, de no ser por el trabajo de “actores externos” como defensores de derechos humanos, periodistas o incluso las propias víctimas, no se darían a conocer las instancias de abuso, ya que raramente son reportadas por el propio personal.

Las investigaciones de muchas de estas denuncias, señala el reporte, no ocurrirían sin el trabajo de actores externos como son los defensores de los derechos humanos, los periodistas, denunciantes y las propias víctimas.

Y es que, aún cuando se decide poner una denuncia formal, los casos se ingresan en bases de dato “sin que se les haga seguimiento”, se cierran a causa de litigios o porque “no hubo una violación de la política”.

“Es difícil decirle a alguien que ha experimentado abuso por parte un oficial de migración y que quiere poner una denuncia, que en la mayoría de los casos no recibimos respuesta”, señaló Zoe Martnes, coordinadora en Kino Border, en un comunicado.

La falta de escrutinio es tan grave, subrayó Adam Isaacson, investigador en WOLA, que facilita que se lleven a cabo estos abusos.

“La falta de rendición de cuentas está tan extendida que ayuda a cimentar una cultura que permite las violaciones de derechos humanos. Los abusos siguen llegando porque lo más probable es que haya impunidad”, destacó el experto.

El informe expone más de 40 recomendaciones al gobierno para acabar con esta lacra, entre ellas aumentar la penalización para los agentes que cometen abusos, mejorar el sistema de denuncias y permitir un mayor escrutinio por parte del Congreso de EE.UU.

Una delegación de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) y Human Rights Watch visitó el país esta semana donde se reunió con distintos actores del país, como empresarios, magistrados del TSE, entre otros, para verificar la situación en el país con relación  a las elecciones, así como a la aplicación de justicia y aseguraron irse del país más preocupados de cuando llegaron.

Carolina Jiménez, presidenta de Wola, dijo que toda la semana estuvieron reuniéndose con diferentes actores de diversos grupos y sectores para conocer de primera mano cómo se vive en el contexto preelectoral en el país.

Afirmó que se reunieron con cuerpo diplomático, diferentes agencias y organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos, diferentes activistas abogados, abogados de Derechos Humanos, periodistas y personas que se dedican a la protección de la libertad de expresión.

Además, dijo que se reunieron con personas del sector privado y pidieron reuniones con autoridades del Estado de Guatemala, pero no pudieron realizarse.

Jiménez comentó que sí lograron reunirse con el pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y tuvieron la oportunidad de visitar a la exfiscal Virginia Laparra, quien guarda prisión.

“Queremos hacer énfasis en la preocupación que tenemos frente a lo que consideramos es la profundización del cierre del espacio cívico en Guatemala.  Se ha agudizado la persecución contra la prensa independiente, contra los operadores de justicia independiente, contra las defensoras y los defensores de Derechos Humanos, contra grupos de oenegés que luchan a favor de la justicia de las víctimas de graves violaciones”, dijo Juárez.

“Creemos que el sistema de justicia guatemalteco se convirtió en el brazo represivo que busca asfixiar y estrangular a quienes buscan decir la verdad, a quienes investigan, a quienes promueven la libertad de expresión, a quienes promueven los Derechos Humanos, a quienes son voces disidentes, que es algo completamente normal, porque debería ser algo completamente normal en una democracia”, comentó Jiménez.

Resaltó que sin separación de poderes no hay democracia plena.

Casos Laparra y Zamora

En el caso de la exfiscal Virginia Laparra, dijo que es alarmante, pues es una persona perseguida por el ejercicio independiente de su función como fiscal.

En el caso de periodistas en Jose Rubén Zamora, señaló que es tal vez una de las principales ilustraciones de que la cooptación del sistema de justicia tiene consecuencias graves para la libertad de expresión.

“Con su detención se busca un enviar un mensaje al resto de las y los periodistas para intentar silenciar, porque la prensa no ha sido silenciada, algunos valientes siguen haciendo su trabajo pero la posterior criminalización de periodistas en el país a raíz de este caso, muestran que perseguir a la prensa es un objetivo bastante claro en una estrategia de silencio acción de cualquier crítica”, comentó Jiménez.

“Nos preocupa que no se permita en este país el derecho a ejercer la defensa…en una democracia y en un país donde haya libertad para ser defendido, cualquier abogado puede ejercer libremente, ese ejercicio”, dijo Jiménez.

Recordó que el pasado miércoles se reunieron con Juan Francisco Solórzano Foppa, uno de los abogados del periodista Jose Rubén Zamora, pero al día siguiente lo capturaron. “Exigimos que se respete su derecho a la defensa pero también todo las garantías de debido proceso que deben ser respetadas”, comentó.

Piden libertad

Jiménez pidió a quienes toman las decisiones sobre quién tiene libertad o no en Guatemala a que dejen en libertad a Virginia Laparra y José Rubén Zamora, pues puede ser una señal de algunos vestigios que en Guatemala hay democracia.

Tema electoral

Según Jiménez, otra preocupación que tienen es en lo relativo al proceso electoral. Puntualizó que las elecciones en un país son siempre una oportunidad de renovar un liderazgo, que las personas las y los ciudadanos puedan salir a ejercer un derecho fundamental como es el derecho al voto de hacer un cambio político en el país si así lo deciden sus ciudadanos.

La representante de Wola refirió que ven con gran preocupación cómo se ha usado en el transcurso del proceso preelectoral los criterios diferenciados para inscribir candidatos o candidatas y que a algunos se les ha vedado el derecho a participar libremente en una elección a tener la posibilidad de ser elegido o elegida

“Nosotros comunicamos estas preocupaciones al pleno de los magistrados del TSE, creemos que hay recomendaciones muy importantes que se le han hecho a Guatemala en elecciones pasadas sobre todo por parte de la OEA y vemos con muy buenos ojos por supuesto la llegado o la posible a la llegada dentro de las próximas semanas de misiones internacionales de observación electoral,  pero para que la elección tenga todas las características de libre e independiente, una elección donde todos tengan la posibilidad de participar”, refirió.

Preocupación

Juan Pappier, de HRW, comentó en la conferencia de prensa que les preocupa la situación de Guatemala y que creen que la comunidad internacional y el sector privado de Guatemala tienen un rol crucial que cumplir para proteger y para preservar “lo poco de democracia que en el país”.

Señaló que muchos de los que se reunieron expresaron preocupación por el rol que una parte del sector privado desempeña para desmantelar las instituciones democráticas en Guatemala.

Aseveró que también se reunieron con empresarios que expresaron su preocupación por la situación en su país, que entienden que cuando se destruye la separación de poderes se pone en riesgo no solo el derecho de periodistas o sociedad civil sino que se ponen en riesgo todos los derechos de la constitución política de Guatemala y se ponen dejo también la seguridad jurídica y la posibilidad de desarrollo para Guatemala

Pappier comentó que estos empresarios tienen un rol crucial que cumplir y que incluso algunos de ellos han sufrido limitaciones en su ejercicio económico, lo cual no es sorpresivo en este contexto actual, pero esperan que puedan alzar su voz para proteger la democracia guatemalteca en el actual contexto electoral.

“Hay experiencias comparadas en la región que nos muestran que cuando el sector privado no alza la voz, cuando el sector privado negocia con proyectos autoritarios eso termina siendo para su propio deterioro”, sentenció.

Puso como ejemplo Nicaragua, en donde una importante parte del Consejo Empresarial de Nicaragua estuvo muy cerca de Daniel Ortega durante un largo tiempo, pero luego muchos empresarios terminaron detenidos como ocurrió con cientos de presos políticos en el país.

En Guatemala hay un proyecto autoritario

“La analogía no es perfecta, no creemos que hoy Guatemala sea Nicaragua y una prueba de ello es que aquí nosotros podemos hacer esta conferencia de prensa y no podríamos hacer ahora en Nicaragua, pero sí creemos que hoy en Guatemala hay un proyecto autoritario que va camino a destruir la democracia en el país y en este contexto el sector privado tiene un rol que se hace cumplir está en su interés para preservar los derechos de la Constitución Política y para que haya seguridad jurídica para que ellos puedan cumplir con su rol en la sociedad guatemalteca”, señaló Pappier.

El representante de HRW dijo que el cuerpo diplomático y la comunidad internacional no pueden dejarse intimidar “por esfuerzos e interpretaciones anacrónicas y poco serias del principio de soberanía nacional”.

Afirmó que Guatemala es un estado soberano, que tiene que tomar sus decisiones internas, pero como estado soberano se ha comprometido con obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y la comunidad internacional tiene una responsabilidad de promover el cumplimiento de esas obligaciones internacionales

“La comunidad internacional no puede dejar que Guatemala instrumentalice su política exterior para lograr cierto silencio o ciertos matices en la respuesta de la comunidad internacional; me refiero a las posiciones de Guatemala sobre Ucrania, sobre Taiwán y en relación con la migración que va hacia los Estados Unidos. Sería un grave error que Europa y Estados Unidos den mayor margen a la consagración de un proyecto autoritario en el país con la excusa de que Guatemala, en materia de política exterior, comparte los intereses de Europa y Estados Unidos. Guatemala, el gobierno actual de Guatemala, no comparte los intereses que han señalado el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea en materia de política exterior”, refirió Pappier.

Agregó que el interés del gobierno actual de Guatemala no es con Ucrania, ni Taiwán, ni es frenar  la migración, sino que el intereses es “consagrar un proyecto político destinado a garantizar la impunidad,  la corrupción y las violaciones de derechos humanos en este país”.

Dos organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos advirtieron este martes 24 de enero que las elecciones generales de Guatemala, del próximo 25 de junio, se realizarán bajo un contexto de deterioro del estado de derecho porque las instituciones garantes del proceso carecen de credibilidad.

El escrutinio y la observación internacional será “esencial” para proteger los derechos de los guatemaltecos durante sus comicios de este año, indica un informe publicado por la organización social Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

“Las elecciones de este año son una prueba crucial para la frágil democracia guatemalteca”, advirtió Juan Pappier, subdirector en funciones de Human Rights Watch.

El informe señala que durante los últimos años las élites económicas, militares y políticas del país han debilitado la separación de poderes para asegurar impunidad a la corrupción generalizada en el Estado.

Las organizaciones de derechos humanos sugieren a la comunidad internacional enviar misiones a Guatemala durante sus elecciones y prestar atención a posibles casos de financiamiento electoral ilícito e intentos de excluir a candidatos de oposición.

En 2017, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) evidenció que empresarios globalizados del país financiaron ilícitamente al expresidente Jimmy Morales (2016-2020) durante el proceso electoral de 2015.

Además, el informe advierte que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que deben garantizar la imparcialidad del proceso, fueron electos bajo “sesgos políticos” ya que según la organización cívica denominada Guatemala Visible todos los integrantes tienen vínculos con el oficialismo.

En estas elecciones, los guatemaltecos deben elegir a su nuevo binomio presidencial, 340 alcaldes municipales, 160 diputados al Congreso y 20 representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Del 20 de enero al 25 de marzo están abiertas las inscripciones a candidatos y por ahora once binomios presidenciales han presentado su expediente en busca de competir en los comicios del 25 junio.

La captura del periodista José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, el pasado viernes 29 de julio ha causado reacciones de diversos sectores a nivel nacional e internacional y este lunes 1 de agosto entidades de prensa extranjeras exigen la inmediata liberación del presidente de ese medio de comunicación.

Al mismo tiempo, la Unión Europea, se ha manifestado e instó a las autoridades de Guatemala a garantizar la seguridad y el debido proceso del periodista y expresó su preocupación por la libertad de prensa en el país.

Zamora fue detenido el pasado viernes señalado de, supuestamente, incurrir en los delitos de lavado de dinero, chantaje, tráfico de influencias, proposición y conspiración para el lavado de dinero.

El Instituto Internacional de Prensa (IPI en Inglés), publicó este 1 agosto un comunicado en su página web en la que exige liberación inmediata del periodista guatemalteco José Rubén Zamora.

“La red global IPI hace un llamado a las autoridades guatemaltecas para que liberen y retiren los cargos contra el periodista y Héroe Mundial de la Libertad de Prensa del IPI José Rubén Zamora, presidente y fundador de elPeriódico. Zamora fue arrestado en su casa en la ciudad de Guatemala el viernes por cargos que incluyen presunto lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. El diario y grupos de prensa locales han calificado la detención como un acto de persecución y censura contra los medios críticos”, se lee en el documento.

“Las autoridades deben liberar de inmediato y retirar los cargos contra José Rubén Zamora y abstenerse de abusar de los procesos penales para intimidar a la prensa”, dijo el subdirector del IPI, Scott Griffen. “La red global IPI condena enérgicamente esta grave escalada de presión sobre los medios de comunicación en Guatemala. El acoso a los medios críticos es inaceptable en una democracia”, afirma el documento.

El escrito recuerda que Zamora ha recibido numerosas amenazas de muerte y ha sido baleado en más de una ocasión.

IPI's full statement: The arrest of José Rubén Zamora is a serious escalation of pressure on the media in #Guatemala.

Authorities must free Zamora, an IPI World Press Freedom Hero, and refrain from using criminal prosecutions to intimidate the press.https://t.co/mw1SuGcXTr

— IPI – The Global Network for Independent Media (@globalfreemedia) August 1, 2022

“En 2003, Zamora y su familia fueron retenidos como rehenes en su casa por hombres armados durante varias horas para que Zamora dejara de publicar historias. En 2008, el periodista fue secuestrado y golpeado antes de ser encontrado inconsciente en las afueras de Ciudad de Guatemala”, se detalla.

Añade que Zamora ha recibido múltiples premios en su carrera. En 2000, el IPI lo nombró Héroe Mundial de la Libertad de Prensa.

Otro pronunciamiento

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ en inglés) también pidió la liberación inmediata de Zamora, según una publicación que hizo el pasado 30 de julio.

“Las autoridades guatemaltecas deben liberar y retirar de inmediato cualquier cargo penal contra el periodista José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico ”, dijo Gypsy Guillén Kaiser, directora de incidencia del CPJ en Nueva York. “La persecución judicial contra periodistas es un mecanismo de intimidación, y las autoridades de Guatemala deben poner fin a su campaña de intimidación y amenazas a la prensa”, cita el comunicado.

“Guatemalan authorities should immediately release and drop any criminal charges against journalist José Rubén Zamora (@ChepeZamora), president of @el_Periodico." @GypsyStrategy

Read our full statement: https://t.co/TPOTQCuDOR

— Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) August 1, 2022

Pronunciamiento de la Wola

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola en inglés), también publicó un comunicado para expresar su condena por la captura del periodista Zamora.

“Wola se suma a los diversos llamados internacionales que condenan la detención y persecución penal del reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora y de la auxiliar fiscal Samari Carolina Gómez Díaz, así como el intento del Ministerio Público de ahogar financieramente a elPeriódico”, se explica en el escrito.

Agrega que un sistema democrático no podría consolidarse sin libertad de prensa, sin que la ciudadanía cuente con una justicia independiente y sin tener acceso a medios de expresión.

“Los ataques al diario elPeriódico y la detención de Zamora son acciones de un estado autoritario que no cumple con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos como garantizar la independencia judicial, respetar el derecho a la libertad de prensa y abstenerse de interferir en el goce de las mismas”, añade el comunicado.

Afirma que tanto Zamora -como elPeriódico- “ha jugado un rol fundamental en investigar, informar y revelar serios casos de corrupción y los vínculos del crimen organizado con la clase política guatemalteca, quienes se han visto afectados por sus publicaciones”.

“Hacemos un llamado al Estado de Guatemala a respetar las medidas cautelares otorgadas por la CIDH y garantizar la integridad física y la vida de José Rubén Zamora y de la fiscal Gómez Díaz. Asimismo, exhortamos al Organismo Judicial para que cumpla el ordenamiento jurídico nacional e internacional sobre la publicidad de los procesos, actúe objetivamente y mantenga su integridad e independencia”, añade el documento.

Finaliza con un mensaje de solidaridad con la prensa guatemalteca y de toda la región centroamericana por los ataques y la persecución de las que son víctimas.

#Guatemala I @WOLA_org condena la detención y persecución penal del reconocido periodista José Rubén Zamora y la auxiliar fiscal Samari Carolina Gómez Díaz, así como el intento del Ministerio Público de ahogar financieramente a @el_Periodicohttps://t.co/VkVUAT6O74

— WOLA (@WOLA_org) August 1, 2022

Pronunciamiento de la Unión Europea

La Unión Europea (UE) instó este lunes a las autoridades de Guatemala a garantizar la seguridad y el debido proceso del  periodista José Rubén Zamora, y expresó su preocupación por la libertad de prensa en el país centroamericano.

“El arresto del reconocido periodista José Rubén Zamora, fundador y dueño de ‘elPeriodico’, genera serias preocupaciones sobre la libertad de prensa en Guatemala”, indicó a través de su perfil oficial en Twitter Peter Stano, portavoz del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

El portavoz insistió en que las autoridades guatemaltecas “deben garantizar el debido proceso y seguridad” de Zamora, así como de la auxiliar de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Samari Gómez Díaz, quien fue detenida el viernes junto a Zamora bajo la acusación de revelar información confidencial.

Zamora ha sido ganador, en 2021,  de uno de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España y ha sido un duro crítico con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei.

El periodista y la fiscal continuarán encarcelados tras la suspensión este lunes de la audiencia en la que brindaría su primera declaración, un movimiento considerado por diversas organizaciones sociales y otras fuentes como una estrategia para mantener en la cárcel al periodista.

#TeamEurope @alemaniaenguate @EmbajadaEspGTA @FranciaenGuate @italyingt @SwedeninGT https://t.co/pTdYOiZ2Gh

— Unión Europea en Guatemala (@UEGuatemala) August 1, 2022

De igual forma, el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, aseguró este lunes por la mañana que desconocía el paradero de Zamora Marroquín, quien debía ser trasladado a primera hora al Organismo Judicial.

Zamora, fundador del diario “elPeriódico” en 1996, anunció este sábado que se ha declarado en huelga de hambre en protesta por su detención y también dijo que teme por su vida.de dinero.

Las publicaciones de Zamora y “elPeriódico” en la última década evidenciaron diversos actos de corrupción en los Gobiernos de Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti (2021-2015), pero también en las administraciones de Jimmy Morales (2016-2020) y del mismo Giammattei.

El comisionado Iván Velásquez Gómez recibió el reconocimiento en Washington donde permanece mientras se resuelve la controversia entre el gobierno y Naciones Unidas.

El premio Human Rights Awards fue entregado a Velásquez por su valiente liderazgo y compromiso como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

“Una agencia respaldada por la ONU que trabaja con los guatemaltecos para investigar y desmantelar redes criminales”.

Con el mismo premio la exfiscal Thelma Aldana fue galardonada por sus logros contra la corrupción durante su tiempo como procuradora general.

“Incluidos sus esfuerzos para combatir la violencia contra las mujeres y el fortalecimiento de la Oficina del Fiscal General”, señaló WOLA.

Thelma Aldana e Iván Velásquez son galardonados por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) por la promoción de los Derechos Humanos. pic.twitter.com/V9IhWhK5AW

— Carolina Leverón (@CLeverongt) September 21, 2018

El reconocimiento fue entregado el día en el que estudiantes universitarios, sectores sociales, indigenas, campesinos y populares participaron en el #Paro20S en rechazo a las decisiones del gobierno de Jimmy Morales que desfavorecen la lucha contra a la corrupción.

“Con los premios que estamos entregando esta noche, apoyamos a todos los guatemaltecos que han hecho suya la lucha contra la corrupción y la impunidad, que se han propuesto defender el estado de derecho, la justicia y la esperanza de una Guatemala mejor “, Dijo el presidente de WOLA, Matt Clausen.

El galardón 

Cada año, WOLA honra a organizaciones o individuos que han trabajado incansablemente para promover los derechos humanos, la democracia y la justicia en América Latina. Los ganadores de WOLA son organizaciones o individuos que ejemplifican el compromiso con la visión de WOLA para el futuro, donde los derechos humanos y la justicia social son la base de las políticas públicas.