Las autoridades de Migración de México otorgarán tarjetas de visitante por razones humanitarias a 32 migrantes que fueron secuestrados en Tamaulipas. Los documentos les permitirán residir y trabajar en el país.

Las autoridades de migración de México anunciaron que entregarán documentos a 32 migrantes que fueron secuestrados y liberados esta semana en Tamaulipas, un caso que atrajo atención internacional, para que puedan residir y trabajar en el país norteamericano.

El Instituto Nacional de Migración (INM) dijo que otorgará Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias a los migrantes secuestrados el pasado 30 de diciembre.

Entre los migrantes secuestrados había 26 venezolanos y cinco hondureños, incluidos varios menores de edad, indicó el INM. Reportes iniciales indicaban que los migrantes eran venezolanos, ecuatorianos, hondureños, colombianos y mexicanos.

Los migrantes viajaban en un autobús entre Reynosa y Matamoros que fue interceptado por un comando armado.

La noche del lunes, efectivos de la Guardia Nacional liberaron a cinco migrantes venezolanos secuestrados, y el miércoles fueron rescatados los demás, en un esfuerzo coordinado de las autoridades.

Algunas de las familias de migrantes venezolanos y hondureños secuestrados pagaron rescates a los secuestradores antes de que el grupo fuera rescatado, dijo el viernes la secretaria de Seguridad de México, Rosa Icela Rodriguez, reportó Reuters.

El secuestro masivo atrajo atención mediática y estuvo entre los temas del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en sus habituales informes matutinos a la prensa. El viernes López Obrador rechazó especulaciones de que la policía estuviera vinculada con el secuestro.

El INM dijo que los migrantes fueron declarados víctimas de delito por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Con la tarjeta de visitante los migrantes podrán “acceder a diversos servicios públicos y garantizar su derecho humano a la identidad para integrarse a la vida social, económica y productiva del país”, dijo el INM en un comunicado.

Nueve países de la región quedan excluidos: Brasil, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, México y Venezuela.

Este miércoles el gobierno de Estados Unidos abrió las inscripciones para el Programa de Visados de Inmigrantes de Diversidad, conocido popularmente como la Lotería de Visas.

Las inscripciones están abiertas desde el 4 de octubre de 2023 a las 12:00 del mediodía (hora del este de EEUU) y hasta el 7 de noviembre de 2023 a la misma hora, informó el Departamento.

En esta ocasión, explica el aviso del Departamento de Estado, han sido otorgados 55.000 cupos.

Nueve países de la región quedan excluidos del sorteo para 2025 y estos son: Brasil, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, México y Venezuela.

La entidad argumenta que ello se debe a que “más de 50.000 nativos de estos países inmigraron a los Estados Unidos en los cinco años anteriores”.

Cuba vuelve a estar incluida una vez más entre las naciones favorecidas con el sorteo.

Los elegidos, explica el anuncio, pueden someterse luego al proceso para obtener la residencia permanente en EEUU, conocida también como green card.

Para ser elegibles al programa es necesario cumplir ciertos requisitos, como son: ser ciudadano de un país con un bajo índice migratorio a EEUU, tener 12 años de educación primaria y secundaria o su equivalente y poseer al menos, dos años cumplidos de experiencia laboral, dentro de los últimos cinco años, en una ocupación elegible.

Los aspirantes pueden hacer su inscripción en este ​enlace.

En cada nueva masacre o tiroteo masivo en Estados Unidos aparece una y otra vez el fusil semiautomático AR-15. ¿Qué características tiene este fusil que lo hacen tan letal?

A diferencia de un disparo con arma corta, como una pistola de 9 milímetros, que deja un orificio de entrada con trayectoria recta hacia otro orificio igual de salida del mismo tamaño —lo que permite con atención médica urgente aumentar las posibilidades de supervivencia de un disparo—, los disparos de AR-15 destrozan completamente a la salida de la bala, lo que produce sangrados y destrucción masiva de tejidos, señalan expertos.

El impacto de un disparo de AR-15 puede “demoler” órganos internos y huesos. Esto reduce las posibilidades de supervivencia, según cirujanos de emergencias.

Aunque la bala del AR-15 es de menor tamaño que la de una pistola de 9mm, el cartucho de pólvora es más grande y con más carga, lo que permite impulsarla a una velocidad mucho mayor y generar una presión que hace al explosivo más letal al impactar en el blanco.

El doctor Ernest E. Moore, cirujano de urgencias y ex médico militar, dijo a CNN que con frecuencia utiliza la analogía de que la lesión en el hígado con un rifle AR-15 “sería similar a tomar una sandía y dejarla caer sobre el concreto”.

En la jerga de las armas llaman al AR-15 “lego”, por las múltiples piezas de ensamblaje que ofrecen los fabricantes, entre estas cargadores de mayor capacidad, mirillas telescópicas, culatas más anchas y elementos de ensamblaje en la zona de cañón y sobre la cámara de recarga, además de corazas de camuflaje. Aunque este fusil no es automático —el tirador debe apretar cada vez para disparar— la recamara de balas se carga automáticamente.

El AR-15 fue diseñado en 1959 por el creador de armas Eugene Stoner con la empresa ArmaLite como un fusil semiautomático para el Ejército de Estados Unidos.

Sin embargo, las ventas iniciales no fueron exitosas y el fabricante vendió la patente a la empresa de armas Colt Manufacturing Company, en activo en la industria de defensa desde 1836, la que poco después de comprar los derechos ofreció una versión automática en 1963 para reforzar a las tropas en la Guerra de Vietnam (1955 – 1975), la que denominó M16.

La versión semiautomática AR-15 se ofreció poco después para venta a civiles. El fusil siempre ha estado en la mirilla de los que piden más control de las armas de fuego, tanto así que en 1994 durante la gestión del presidente Bill Clinton se creo una ley que vetó por 10 años su venta, tenencia, intercambios y portación por civiles.

La Ley de Protección del Uso de Armas de Fuego Recreativas y Seguridad Pública, firmada por Clinton, cambió el código penal federal “para prohibir la fabricación, transferencia o posesión de un arma de asalto semiautomática”, pero en 2004 el presidente George W. Bush levantó la restricción y el fusil volvió al mercado.

El fabricante Colt anunció en septiembre de 2019 que suspendía la fabricación de este fusil para venta a civiles aduciendo cambios en la demanda de los consumidores y un mercado ya saturado con armas similares y dijo que se centraría en cumplir con los clientes militares y de la policía.

Se estima que siete fabricantes de armas producen el AR-15.

En cada nueva masacre, que han dejado centenares de víctimas y familias devastadas —la más reciente en Texas la semana pasada— vuelve a colación el efecto destructor causado por los disparos de este fusil.

El Gun Violence Archive da cuenta de los tiroteos masivos en EEUU. Estas son algunas de las masacres más letales registradas en la última década en el país donde se ha utilizado este fusil:

• El 24 de mayo de 2022, en Uvalde, Texas, donde 19 niños y dos maestros perecieron en un ataque a una escuela primaria.
• El 14 de mayo de 2022, donde murieron 10 personas en un supermercado en Buffalo, Nueva York.
• El 3 de agosto de 2019, en la masacre de 23 personas en una tienda de Walmart en El Paso, Texas.
• El 14 de febrero de 2018, en un ataque que dejó 17 estudiantes muertos en la secundaria Marjorie Stoneman Douglas, en Parkland, Florida.
• El 5 de noviembre de 2017, en un ataque que dejó 26 personas muertas y decenas de heridos en una iglesia de Sutherland Springs, Texas.
• El 1 de octubre de 2017, en una masacre de 60 personas durante concierto en Las Vegas, Nevada.
• El 12 de junio de 2016, en una discoteca para la comunidad gay donde murieron 50 personas, en Orlando, Florida.
• El 2 de diciembre de 2015, cuando murieron 14 personas en San Bernardino, California.
• El 14 de diciembre de 2012, en la escuela primaria Sandy Hook, donde murieron 27 personas, la mayoría niños menores de 7 años, en Connecticut.

Datos de la industria armamentística estiman que podrían haber al momento en circulación en EEUU entre 5 y 10 millones de fusiles AR-15 en manos de civiles.

Las iniciativas para restringir su venta y posesión encuentran cada vez más resistencia, como ocurrió este martes en Texas al presentarse en la legislación estatal una propuesta de controles para la posesión de esta arma.

Una regla relacionada con la pandemia conocida como Título 42, que permitía a las autoridades migratorias de Estados Unidos expulsar a inmigrantes por razones de salud pública expiró a primera hora del viernes.

El gobierno del presidente Joe Biden anunció que empezará a aplicar a los inmigrantes una ley conocida como el Título 8, bajo el que son inelegibles para asilo los migrantes que lleguen a la frontera sin cita previa y sin que se les haya negado protección en un tercer país.

Mientras tanto, un juez federal bloqueó temporalmente un intento del gobierno de Biden de liberar a los inmigrantes más rápidamente cuando las instalaciones de detención de la Patrulla Fronteriza (CBP) se encuentren al máximo de su capacidad.

En el norte de México, algunos migrantes, incluidos niños, se paseaban por la frontera estadounidense, reforzada con alambre de púas y soldados, sin saber exactamente a dónde ir ni qué hacer. Otros se instalaron en refugios, decididos a conseguir una cita de asilo que podrían tardar meses en obtenerla.

En El Paso, Texas, el reloj marcó las 10 p.m., 12:00 a.m. hora del Este, con unas 350 personas aún esperando para ser procesadas por CBP del otro lado del muro fronterizo, en la puerta número 42.

Cerca de la medianoche, unidades de CBP se movieron al área para continuar la transportación de migrantes a centros de procesamiento. El primer bus en salir de la puerta 42 tras el fin del Título 42 lo hizo pasadas las 11:30 p.m. hora local, con un grupo compuesto en su mayoría de mujeres y niños.

Durante las 24 horas previas al fin de la política sanitaria, en el sector de El Paso, autoridades fronterizas ya habían detenido a unas 1.500 personas, según cifras del CBP. El jueves, la fila de migrantes que permanecía en el lado de Ciudad Juárez, México, de la puerta 42 y voluntariamente se entregaron a las autoridades fronterizas estadounidenses superó el millar.

En la mañana del viernes, en las aceras aledañas a la iglesia del Sagrado Corazón, en El Paso, convertidas en campamento improvisado y donde hace unos días se concentraban cientos de migrantes, apenas se veían unas decenas de personas.

Para algunos de los migrantes allí, el cambio de política “no tiene mucha diferencia” a la situación que están viviendo.

“Estamos con la de Dios, de que sea el Título 42 o el 8, sin mentirle, ni sé a qué se refiere”, dijo a la Voz de América Alison Pérez, un venezolano de 27 años que, tras entregarse y haber sido procesado por CBP, dormía en la acera, pues no tenía medios económicos para transportarse.

Al interior del centro de procesamiento, de donde salió el jueves, dice que le fue “mal” por cómo lo trataron. “Pero ¿de qué me puedo quejar? Soy un inmigrante”, lamentó.

¿Qué sucede del lado mexicano de la frontera con EEUU?

En Matamoros, frente a Brownsville, Texas, familias migrantes dudaron apenas un instante cuando venció el plazo para adentrarse en las aguas del río Bravo, que separa las dos ciudades, sosteniendo sus celulares por encima del agua para iluminar el camino hacia Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses les gritaron para que diesen la vuelta.

“Tengan cuidado con los niños”, gritó un agente a través de un megáfono. “Esto es especialmente peligroso para los niños”.

El Título 42 estaba en vigor desde marzo de 2020 y permitían a los agentes fronterizos devolver rápidamente a los solicitantes de asilo a través de la frontera con el argumento de prevenir la propagación del COVID-19.

Las autoridades estadounidenses han estado revelando nuevas medidas que restringen los cruces ilegales al tiempo que establecen vías legales para los migrantes que presenten solicitudes por internet, consigan un patrocinador y se sometan a revisiones de antecedentes. En caso de tener éxito, las reformas podrían alterar por completo la manera como los migrantes llegan a la frontera sur de Estados Unidos.

Muchos migrantes estaban muy al tanto de los inminentes cambios en las políticas implementadas para poner fin a los cruces ilegales y alentar a los solicitantes de asilo a presentar solicitudes en línea y sopesar destinos alternativos, como Canadá y España.

“No sé qué va a pasar mañana, si van a extender esto o no”, dijo Jhoan Daniel Barrios, un ex policía militar venezolano mientras caminaba de un lado al otro en Ciudad Juárez, que colinda con El Paso, Texas, junto a dos amigos, buscando la oportunidad de pedir asilo en EEUU.

“Es que ya no tenemos plata, no tenemos comida, no tenemos dónde quedarnos, el cártel se la pasa persiguiéndonos”, añadió Barrios, cuya esposa está bajo custodia de las autoridades estadounidenses. ”¿Qué vamos a hacer? ¿Esperar a que nos maten?”

La semana pasada, Barrios y sus amigos entraron a EEUU y fueron expulsados. No tenían muchas esperanzas de obtener un resultado distinto el jueves.

Del lado estadounidense del río, muchos se entregaban de inmediato a las autoridades y esperaban ser puestos en libertad en lo que sus casos avanzan en las copadas cortes migratorias, lo cual suele tomar varios años.

De momento se desconoce cuántos migrantes se movilizaron o cuánto duraría la oleada. Pero hacia la noche del jueves el flujo parecía desacelerarse en ciertos lugares. Está por verse si el número de cruces aumentará nuevamente luego de la expiración de las restricciones.

Un funcionario federal estadounidense reportó que la Patrulla Fronteriza detuvo a unos 10.000 migrantes el martes, casi el doble que el nivel de marzo y apenas por debajo de los 11.000 que las autoridades han dicho que es el límite máximo que prevén después del vencimiento del Título 42.

Había más de 27.000 personas bajo custodia de CBP, indicó el funcionario.

“Nuestros autobuses están llenos. Nuestros aviones están llenos”, dijo Pedro Cardenas, un comisionado municipal de Brownsville, Texas, limítrofe con Matamoros, México, mientras los recién llegados se dirigían a distintos puntos de Estados Unidos.

Tomará tiempo antes de que los resultados de las nuevas políticas se perciban. El presidente Biden ha reconocido que la frontera será un caos durante algún tiempo.

Los grupos defensores de los inmigrantes han amenazado con emprender acciones judiciales, y los migrantes que huyen de la pobreza, las pandillas y la persecución en sus países de origen siguen desesperados por llegar a territorio estadounidense a cualquier precio.

Aunque el Título 42 evitó que muchos migrantes solicitaran asilo, no tenía ninguna consecuencia legal, lo que alentaba volver a intentarlo. Después del jueves, los migrantes que crucen de manera ilegal enfrentan la posibilidad de que se les prohíba entrar al país hasta por cinco años, así como posibles cargos penales.

Ciudades fronterizas como El Paso, Texas, se preparan para un muy probable incremento en las llegadas de migrantes, números que ya han roto récords y que ahora, con el fin del Título 42 este jueves, podrían poner aún más a prueba a estas comunidades cercanas al límite sur con México.

“Hemos estado trabajando para este día (…) Nos estamos preparando para lo desconocido, porque no sabemos quién viene, si son familias, si son adultos solteros”, insistió el alcalde de El Paso, Oscar Leeser.

Tras un recorrido el miércoles, Leeser reconoció que los números de migrantes en las calles de la ciudad han bajado pero advirtió que aún así, estima que “entre cinco y ocho, tal vez 10.000” personas se han agrupado del otro lado de la frontera con la intención de cruzar hacia territorio estadounidense.

“Y esto es para lo que nos hemos estado preparando”, dijo el alcalde en un encuentro con los medios, a los que mostró una de los refugios que la ciudad ha preparado para quienes sean procesados legalmente en los puntos de entrada fronterizos.

Continuar atendiendo a la cantidad de migrantes que se espera, en un flujo que no se espera vaya a detenerse, “será algo duro, duro todos los días”, precisó Leeser.

“Hemos visto que los números han bajado, pero no sabemos lo que vendrá al día siguiente. No sabemos lo que vendrá en los próximos 10 días. Sabemos que seguirán viniendo y continuaremos asegurándonos de ayudarlos”, subrayó el alcalde de El Paso.

72 horas de refugio

En total, la ciudad ha preparado tres centros de acogida temporales que irá abriendo en la medida que se necesite. El primero de ellos tendrá capacidad para unas 500 personas y junto al resto sumará más de 4.000 capacidades.

“Nuestro objetivo es asegurarnos de que estén aquí entre 24 y 72 horas. Este es solo un refugio temporal y es para asegurarnos de que los ayudemos a ir a su próximo destino”, detalló Leeser.

Aunque las autoridades de El Paso no brindarán ayuda económica a los migrantes que quieran seguir camino a otras áreas de EEUU, si les brindará cobijo, comida y asistencia. “Queremos asegurarnos de ayudarlos. Necesitamos descomprimir el sistema”, agregó el alcalde.

A pesar de que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, insistió en que el fin de la medida sanitaria no significaba que la frontera estaba abierta, “sino todo lo contrario”, cientos de personas reunidas en el lado mexicano todavía mantienen la esperanza de poder acceder al asilo en EEUU.

Muchos aguardan para poder programar una cita a través de la aplicación CBPOne, que tras el fin del Título 42 y la aplicación del Título 8, con sus nuevas normas, será una de las pocas vías legales para acceder a la protección dentro del territorio estadounidense.

El Paso, uno de los corredores más transitados tanto por quienes son procesados en puntos oficiales de entrada, como por quienes cruzan irregularmente, decretó el estado de emergencia para manejar el inusitado incremento en la llegada de migrantes de diferentes nacionalidades, una declaratoria que le asegura apoyo federal en un esfuerzo que a El Paso le cuesta financiar.

Todavía hay mucha desinformación

” Sabemos desde hace meses sobre toda la gente que está en Juárez”, dijo a la Voz de América el portavoz del Departamento de Bomberos y la Oficina de Emergencias de El Paso, Enrique Dueñas Aguilar, quien coincidió en que la comunidad ha tomado las experiencias acumuladas en los últimos meses para estar listos para esta nueva etapa.

Dueñas afirmó que “hay mucha desinformación allá afuera, sobre todo para esos grupos de migrantes”, que desconocen que el levantamiento del Título 42, una medida que permitía devolver a México a los solicitantes de asilo; no significa que de pronto se abra la frontera.

Todo lo contrario, EEUU anunció este miércoles un endurecimiento en los requerimientos de asilo para migrantes irregulares bajo el Título 8.

“Hemos visto mucha gente que tiene información extremadamente errónea. (…) Entonces estamos esperando grupos grandes. Esta semana estamos por habilitar nuestros albergues y también, si es posible empezar a habilitar autobuses y traslados”, indicó Dueñas.

De acuerdo al funcionario, todavía ultiman detalles, pero lo que buscan es “poder asistir a las organizaciones no gubernamentales, a los albergues de la ciudad que han estado intentando llevar toda esta emergencia que están en un punto donde están al límite y requerimos habilitar esta asistencia para poder seguir dando abasto a todo este grupo”, señaló.

Los migrantes “llegan con lo puesto”

“Tenemos ya casi dos semanas trabajando con sobrecupo, el 25 de abril recibimos a un grupo de 70 inmigrantes. La mayoría de Venezuela y ese grupo creció a 150 al día siguiente y exponencialmente sigue incrementando hasta el día domingo”, dijo a la VOA la portavoz del Centro de Oportunidad en El Paso, Aracelli Martín.

Según la activista, el albergue llegó a tener “850 personas afuera del edificio, durmiendo fuera del edificio, pero recibiendo servicios como comida, ropa y asesoría en cuestión de navegación del sistema de transporte”.

“Estábamos trabajando con 1000 personas. Diarias y obviamente, alimentándolas (…) las personas que vienen aquí llegan con lo que traen puesto y muchas veces no han comido. Entonces, nuestro cosa inmediata es ese, pues brindarles comida y también acceso a las regaderas”, explicó Martín.

Los albergues de El Paso son en su mayoría naves o instalaciones básicas que trabajan con lo indispensable para ofrecer cama y comida caliente, algo invaluable para migrantes que llevan meses en la travesía hasta EEUU. Uno de ellos, el venezolano de 22 años Miguel Ángel Peña Suárez, considera a estos refugios como una bendición.

“Buscamos la manera adecuada de acomodarnos de algún sitio, sea en el piso, sea en un barrio de un cartón, sea sobre una sábana, porque la vida como migrantes no es fácil”, dijo a la VOA desde el Centro de Acogida.

Contó que el camino fue duro y que ellos duermen fuera del refugio mientras que las mujeres y los niños están más protegidos.

“Hemos venido aguantando toda esa travesía de Venezuela a Colombia, la selva del Darién, Panamá, Costa Rica. México que fue uno de los países más difíciles en pasar. Pero gracias a Dios ya tenemos nuestro documento”, agregó aliviado.

Peña Suárez estuvo entre los migrantes irregulares que se entregó voluntariamente a las autoridades fronterizas este martes con la esperanza de ser admitidos legalmente.

Aunque recién llegados como este joven pronto seguirán camino, en el Centro de Acogida saben que es cuestión de tiempo para que lleguen más migrantes necesitados de ayuda.

“Estamos preparados y hemos estado trabajando en conjunto con diversos sectores, tanto del Gobierno local como de otras organizaciones no lucrativas para estar preparados para lo desconocido, porque no tenemos un número exacto del número de personas que van a venir”, insistió.

Muy pocas opciones

Para la coordinadora estatal de la Reforma de Inmigración para la Alianza de Texas (RITA), Bety Camargo, “la preocupación es sobre la crisis humanitaria que se ha estado viendo desde diciembre”.

La lucha porque exista infraestructura para acoger a quienes llegan a la frontera suroeste de EEUU es una que las organizaciones en defensa de los derechos de los migrantes han sostenido por décadas.

La idea es que “los migrantes puedan venir con respeto y dignidad a pedir la oportunidad de un proceso de asilo, que es estos sistemas que teníamos que se vuelvan a implementar. Ahorita no hay opciones, los migrantes no tienen opciones, entonces cuando empieza la narrativa de invasión y de criminales es, es una narrativa falsa”, denunció.

Camargo sostuvo que la opción de programar citas a través de la aplicación CBPOne es muy limitada hasta ahora.

“Al 90 % de los migrantes aquí hicieron el CBPOne nunca hubo respuesta. Al otro 5 % sí se les dio una respuesta y fue negativa. Todo es a discreción de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y no hay un sistema de apelación”, advirtió.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció que ampliará los servicios de la aplicación de 300 a 1000 citas diarias y se comprometió a mejorar el sistema.

“Creo que tenemos que empezar a traer a la mesa realmente soluciones porque esto va a seguir cada 6 meses, cada 8 meses vamos a tener un flujo de migración y tenemos que ver cómo vamos a resolver”, dijo la coordinadora estatal de la Reforma de Inmigración para la Alianza de Texas.

“No se va a caer el cielo”

El endurecimiento en las condiciones para el asilo en EEUU no ha sido bien acogida por otros activistas como el director de la Red Fronteriza por los DDHH en El Paso, Fernando García.

“Estamos viendo la implementación de medidas extremas en contra de los migrantes, por un lado el Título 8 que es el arresto la deportación y la cárcel para aquellos que reinciden y es va a ser terrible para muchas familias y la otra parte es el rechazo explícito y de facto de aquellos que están pidiendo asilo o sea la deportación de personas que piden refugio”, señaló.

Una de las preocupaciones de García es que los migrantes no entiendan “que lo que les espera es una posible deportación, es una posible redada”.

“No se va a caer el cielo, como están planteando muchos republicanos extremistas, diciendo que haber una gran invasión de personas. No va a pasar, lo que sí vamos a ver un incremento quizás inicial de personas que crucen pero se van a topar con una política agresiva, dura, muy antiinmigrante y creo que eso va digamos a disuadir”, dijo.

Según el veterano activista, lo que se va a “agravar es la crisis humanitaria” que ya se ve en la frontera.

“Vamos a ver más campamentos del lado mexicano, de gente que ha sido deportada ya no expulsada, deportada. Vamos a ver también en Estados Unidos el incremento de las personas que van a ser mandadas a las cárceles por la cuestión de la reentrada, etcétera, entonces esa crisis humanitaria a nosotros nos preocupa”, concluyó.

Ante el fin del Título 42, el gobierno estadounidense se prepara para implementar estrategias que atajen la migración irregular, entre ellas, la apertura de centros de procesamiento en la región, comenzando por Colombia y Guatemala, donde las personas podrán ser evaluadas para alternativas legales de movilidad.

Entre las opciones a las que serán referidos los migrantes se encuentra el Programa de Reasentamiento de Refugiados de EEUU o al parole humanitario que aplica a venezolanos, cubanos, nicaragüenses o haitianos; así como visas de trabajo no solo para ingresar a territorio estadounidense sino en Canadá y España.

El asilo, sin embargo, no está entre las opciones que las personas podrán solicitar en los centros.

Las leyes migratorias de EEUU establecen que el asilo únicamente se puede pedir si la persona está físicamente presente en el país, mientras en el caso de la admisión de refugiados, únicamente pueden realizar el proceso estando fuera de EEUU.

“Ser refugiados significa que se presenta la solicitud en un centro de procesamiento fuera de EEUU y luego pasa por ese proceso en el extranjero. El asilo requiere que ingrese a los Estados Unidos, literalmente no puede solicitar asilo sin ingresar a EEUU”, explicó a la Voz de América Priscilla Orta, abogada de inmigración en Lawyers for Good Government, una organizaciones de expertos legales en EEUU.

Una diferencia fundamental, agregó Orta, sería que el asilo se solicita en EEUU con la intención de permanecer en ese país, mientras a través de los centros de procesamiento regional, los migrantes serán referidos al programa que mejor se adapte a su situación y esto incluirá las opciones en Canadá o España, sin la posibilidad de elegir.

“La diferencia fundamental entre buscar asilo en EEUU y acudir a los centros regionales es la elección. Pero hay contras en la elección de buscar asilo en EEUU, (y es) que requiere pasar por varios países que se están volviendo más duros y más difíciles de atravesar como México”, agregó la abogada.

Refugio vs. asilo

Ariel Ruiz, analista del Instituto de Política Migratoria en Washington D.C., detalló que el asilo en EEUU se puede adquirir de dos maneras, en un proceso afirmativo, en el que la persona se presenta en un puerto de entrada y dice que quiere solicitar la protección; o en un proceso defensivo.

El defensivo es “el que usualmente vemos en la frontera entre México y EEUU” y consiste en que una persona que intenta cruzar ilegalmente al país es detenida por agentes de la Patrulla Fronteriza y durante el procesamiento para deportación alega que tiene miedo de regresar a su país.

La persona debe poder demostrar que teme por su vida y que ha sufrido persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, afiliación a un grupo social u opinión política. De lograrse corroborar la información, la persona es puesta en libertad condicional para comenzar un proceso a través de las cortes de inmigración de EEUU “que puede tomar años”.

El reasentamiento de refugiados, por otra parte, requiere que una persona se presente fuera de EEUU ante organizaciones como Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) para argumentar que necesita salir de su país. Estas organizaciones estarían entre las que facilitarán las entrevistas a migrantes en los centros de procesamiento.

El límite actual de personas de América Latina y el Caribe que pueden recibir refugio en EEUU es de 15.000 al año. Hasta marzo de 2023 se habían admitido 2.295 personas, en su mayoría de Guatemala y Colombia, según datos del gobierno.

“(En los centros de procesamiento) los migrantes no están solicitando asilo porque asilo no se puede solicitar en Guatemala, por ejemplo, lo que están solicitando es (ser evaluados) para ver si tienen los criterios de refugiados en EEUU”, aseguró Marta Youth, subsecretaria adjunta de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de EEUU, en una llamada con periodistas a finales de abril.

Normalmente, un proceso de reasentamiento de refugiados podrían “tardar meses sino años”, dijo Ruiz, y a través de los centros de procesamiento se permitiría que una persona llegue a EEUU de manera acelerada y termine su proceso de reasentamiento desde el país.

“En el caso de los centros lo que estamos haciendo para el procesamiento de refugiados es que estamos haciendo más eficaz y rápidas las decisiones para que una persona pueda ser reasentada”, agregó Youth.

DHS detalló durante el anuncio de la apertura de los centros que las organizaciones que entrevisten a los migrantes y determinen que son elegibles para un proceso de refugio, podrán acceder a una entrevista expedita con funcionarios estadounidenses que estarán en los centros.

Un reto adicional al elegir el asilo

Ante el fin del Título 42, el gobierno estadounidense espera implementar una regla bajo la que se condicionaría la elegibilidad para el asilo de los migrantes que entren irregularmente a EEUU. Esta establece que las personas que no apliquen a programas como el parole humanitario, el reasentamiento de refugiados o la reunificación familiar, “estarían sujetos a una presunción refutable de inelegibilidad de asilo en los Estados Unidos”.

La regla aplicaría también a aquellos migrantes que no busquen protección o asilo en uno de los países por los que tienen que cruzar para llegar hasta Estados Unidos, en caso de desplazarse por vía terrestre.

Opciones adicionales al refugio en los centros de procesamiento

En un acuerdo trilateral anunciado el lunes por Canada, España y EEUU, los países establecieron que se unirían para promover la migración legal en América Latina. Los tres países se comprometieron, entre otras cosas, a “promover oportunidades de migración laboral regular, incluso a través de la movilidad laboral ‘circular’ o temporal.

Canadá, por su lado, ofrecerá vías existentes para trabajadores extranjeros temporales, y España, se comprometió a incrementar el número de latinoamericanos que recibirá en los próximos tres años por vías vinculadas a las necesidades del mercado laboral.

EEUU, además, aseguró que aseguró que aumentaría en un 25 % la emisión de visas H-2 para centroamericanos, estas son permisos laborales temporales que se dividen entre agrícolas y no agrícolas.

Una opción adicional en EEUU será el proceso de reunificación familiar que se extenderá a partir del 11 de mayo a El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia, y que ya estaba disponible para cubanos y haitianos.

Un esfuerzo para migrantes económicos

La Voz de América publicó un video en el que hace referencia a las revelaciones del diario The New York Times sobre denuncias reiteradas de explotación laboral que fueron cometidas contra niños migrantes.

Señala que según The New York Times, la respuesta del gobierno de Estados Unidos a estas denuncias de explotación laboral fueron ignoradas o pérdidas.

Según ese medio, al que hace eco Voz de América, debido a que había refugios sobrecargados la administración se apresuró a liberar los niños con poco apoyo a patrocinadores que les asignaron trabajos agotadores y peligrosos en construcciones, hoteles y mataderos.

Afirman que varias veces empleados gubernamentales veteranos y contratistas externos le dijeron al Departamento de Salud y Servicios Humanos que los niños parecían estar en riesgo, e  incluso hubo informes que llegaron al secretario Javier Becerra.

Según la publicación, las autoridades habrían perdido contacto con decenas de miles de niños después de colocarlos con patrocinadores.

Según la Voz de América, en los últimos 2 años más de 250 mil niños migrantes llegaron solos a la frontera sur de Estados Unidos, luego que el presidente Joe Biden anunciara en países latinoamericanos que los menores de edad no serían retornados a sus países.

Hoy, su control territorial y su estructura jerárquica parece desmantelada tras un régimen de excepción impuesto en el país centroamericano.

El poder de las pandillas en El Salvador es un fenómeno de larga data: desde hace tres décadas, el país centroamericano ha visto cómo la Mara Salvatrucha (MS) y el Barrio 18 han reforzado su dominio pasando de ser grupos callejeros con operaciones en Los Ángeles, Estados Unidos, a convertirse, una de ellas, en organización criminal transnacional.

Pero fue en El Salvador donde ambas pandillas encontraron arraigo luego de ser deportados desde Estados Unidos hace 25 años. Fue entonces cuando decidieron expandir su estilo gansteril en el país centroamericano: los tatuajes, el vestuario y el lenguaje fueron algunas de las características que les hicieron ganar adeptos, unos 118.000 asegura actualmente el gobierno de El Salvador.

Sin embargo, desde que el país centroamericano inició un régimen de excepción el 27 de marzo de 2022, cuyo propósito es encarcelarlos a todos, las pandillas comenzaron a perder el control de las comunidades paulatinamente. La Campanera, en San Salvador, es una colonia que ha cargado por años con el estigma de ser uno de los barrios más peligrosos del país, pero la realidad es distinta ahora, donde las pandillas no juegan ningún rol. Lo mismo ocurre con otras comunidades que por años fueron territorios repartidos entre estos grupos para cobrar la renta o asesinar.

Hoy, el gobierno de El Salvador asegura haber desestructurado a las maras socavando su control territorial y su estructura jerárquica.

Una estructura golpeada

La MS y el Barrio 18 han tenido su propia jerarquía desde hace años. En su ápice se encuentra el liderazgo nacional, conocido como “ranfla”, el cual es conformado por pandilleros fundadores.

Un documento de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, que actualmente mantiene un caso abierto contra 14 cabecillas de la Mara Salvatrucha, detalla que la pandilla comenzó a organizarse en las cárceles salvadoreñas a inicios de la década del 2000. “La organización creó una jerarquía formal, un conjunto de reglas y un cuerpo de liderazgo para controlar y sacar provecho de las actividades de la pandilla en El Salvador”, señala.

Ese grupo de cabecillas fue nombrado inicialmente como “Los doce apóstoles del diablo”. Luego fueron renombrados como “Ranfla Histórica” o “Ranfla Nacional”, el nivel de liderazgo más alto que, según el documento fiscal, era equivalente a una “junta directiva”.

Borromeo Enrique Henríquez, alias “Diablito de Hollywood” es uno de los cabecillas de mayor renombre dentro de la Mara Salvatrucha. Mientras que en el Barrio 18, la cabeza es Carlos Ernesto Mojica, alias “Viejo Lin”. Ambos fueron condenados en El Salvador.

En el segundo nivel se encuentran los llamados “programas”, en el caso de la MS, o “tribus”, en el Barrio 18, los cuales son operados por “los corredores” que buscan agrupar a las “clicas” o “canchas”, es decir grupos de pandilleros con presencia en colonias y barrios que se encargan de las actividades operativas de las pandillas.

Según un estudio sobre la inclusión social en contextos de violencia, de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), habían más de 2.000 clicas y canchas en 2014, distribuidas en los 14 departamentos del país.

Esas agrupaciones han sido operadas por los corredores de clicas, quienes dan órdenes a los “homeboys” o “hommies”, como se le conoce a quienes han hecho por años las labores de vigilancia, cobro de extorsión, entre otros, en las colonias. No cualquiera podía entrar a los territorios dominados, solo los habitantes del lugar y a quienes la pandilla había autorizado.

La muerte y la violencia

Desde que los jóvenes decidían “brincarse” a la pandilla, como se le conoce al ritual de iniciación, han sabido que la muerte es una posibilidad latente. De hecho, ha sido común escuchar a sus miembros, en entrevistas de medios locales, asegurar que mueren “por el barrio”.

El ritual, que antes consistía en una golpiza de 13 segundos para afiliarse a la MS o de 18 segundos, para el Barrio 18, “con el tiempo ha ido cambiando a misiones concretas que incluyen el asesinato de personas”, agrega el estudio de las Naciones Unidas y la CEPAL.

El homicidio ha sido el principal parámetro usado por los gobiernos salvadoreños para medir la seguridad ciudadana. De hecho, el gobierno de Nayib Bukele decidió solicitar un régimen de excepción tras una ola de asesinatos ocasionada por las pandillas. Hoy, Bukele asegura que marzo de 2023 “cerró como el mes más seguro en toda la historia de El Salvador”. Aunque no siempre fue así.

El Salvador rondaba una tasa de 64 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2010. En 2015, casi se duplicó, aumentando a 103. Esto hizo que el país viviera el año más violento de su historia democrática, y pasara, además, a ser uno de los países más violentos del mundo. Luego de ese año, los niveles de violencia se fueron suavizando pasando de 36, en 2019, a 7,8 en 2022.

Una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sobre funcionarios del gobierno de El Salvador y líderes encarcelados de pandillas, asegura que esas reducciones se dieron debido a “negociaciones encubiertas” entre dos funcionarios de Bukele y la Mara Salvatrucha “para garantizar que los incidentes de violencia de las pandillas y el número de homicidios confirmados en el país se mantuvieran bajos”.

Pese a esos señalamientos, la embestida de Bukele contra las maras, por medio del régimen, ha logrado lo que parece ser el final de las pandillas. Antes de marzo de 2022 era impensable entrar a los barrios acechados por pandillas. Sin embargo, diversos medios de comunicación, incluida la Voz de América, han recorrido varias comunidades que por años cargaron con el estigma de ser las colonias más peligrosas de El Salvador.

Esa política de seguridad en El Salvador ha provocado aplausos y cuestionamientos. Uno de ellos es el de Estados Unidos, que aún espera la extradición de los cabecillas de pandillas reclamados por la justicia estadounidense. Hasta el momento, de los 14 cabecillas fundadores, el Buró Federal de Investigación de EEUU (FBI) espera capturar a dos. El resto se halla guardando prisión en las cárceles salvadoreñas.

Inmigrantes en Estados Unidos han visto complicarse sus procesos de solicitud de asilo por confiar en la asesoría legal de personas sin la certificación o experiencia para conducir un delicado proceso de este tipo, advierten autoridades y abogados.

Muchos inmigrantes que no pueden pagar altos honorarios de abogados de inmigración o que no tienen acceso a asesoría legal pro bono se ven obligados a buscar otras vías para presentar sus casos de asilo, a veces arriesgándose a malas prácticas de personas que no están calificadas o autorizadas para ello, como notarios, paralegales y “preparadores” de formas que a veces realizan trámites innecesarios o erróneos que entorpecen y demoran los ya engorrosos casos, dijeron inmigrantes consultados.

También a veces por la barrera del idioma y por desconocimiento se ponen en manos de personas inescrupulosas que los estafan, dijeron.

“Mi proceso se me trabó porque una que se dice abogada me recomendó que inflara mi testimonio de miedo creíble para el asilo”, dijo a la Voz de América, Verónica, una venezolana que prefirió no utilizar su apellido porque “aún espera la resolución” de su proceso en la corte de Inmigración de la Florida y teme que pueda afectar el mismo.

El testimonio de Verónica fue “adornado” con hechos que supuestamente demostraban la imposibilidad de la joven de regresar a su país de origen.

Aunque en realidad esta venezolana estudiante de Economía sí sufrió acoso por parte de las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro por su actividad opositora en su natal Maracaibo, a los oficiales de inmigración de EEUU “le saltaron las alarmas” y enviaron el caso a revisión, indicó.

“Ahora estoy trabajando con una abogada de verdad, porque resulta que esa persona tenía la licencia revocada. Por confiada y querer ahorrarme la plata, caí”, lamentó.

Algo similar le pasó a la cubana María Luisa González, quien quiso iniciar un proceso de reunificación familiar para traer a Miami a su hijo desde la provincia oriental de Ciego de Ávila.

González fue a una agencia de venta de pasajes y paquetes donde también preparan documentos. “Por desconocimiento pagué sin revisar bien, y las planillas se enviaron con errores”, explicó.

“Yo no entiendo el inglés, y confié que el preparador que me atendió se iba a ocupar de que todo estuviera como debe ser”, dijo González.

Luego de cinco años, finalmente logró reunirse con su hijo, aunque asegura que pudo haber sido antes, de tener todos los papeles en regla.

Jugando con vidas de inmigrantes

La abogada especializada en Inmigración Rosaly Chaviano, del bufete Chaviano Law, ha escuchado muchas de estas historias.

“Lo veo mucho y a veces hasta tengo clientes nuevos que llegan y empiezan a llorar de la impotencia delante de mí y a veces a mí me dan ganas de llorar con ellos”, confesó.

Aunque no puede asegurar si Miami es una de las ciudades con mayor índice de este tipo de casos, la abogada argumenta que Miami recibe un gran número de migrantes.

“Específicamente aquí lo que resalta es el número de agencias donde de repente vas a hacer tus taxes y sales con una aplicación de parole”, afirmó Chaviano.

La abogada insiste en que quienes ofrecen consejos legales o inician procesos en nombre de las personas sin tener la debida calificación “perjudican vidas, están jugando con las vidas de migrantes y no es justo”.

La abogada recomendó a las personas que tiene que hacer trámites migratorios buscar asesoría legal con abogados o representantes autorizados a hacerlo y evitar “cualquier tipo de notario o paralegales, personas que no tienen la autorización de dar consejos legales”.

“Es muy importante porque cualquier error, cualquier fraude al inicio de sus casos puede definitivamente perjudicar todo su futuro en los Estados Unidos”, resaltó la abogada.

¿Quiénes pueden dar asesoría legal de inmigración?

Con el aumento en la llegada de migrantes a EEUU en los últimos dos años, también ha incrementado la demanda por quienes representen a los recién llegados en sus procesos legales.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS, por sus siglas en inglés) advierte sobre fraudes y ofrece información sobre quiénes son los “proveedores autorizados de servicios de inmigración”.

Según USCIS, solo pueden asesorar y representar a un solicitante de estatus o un familiar que inicie el proceso en su nombre los representantes acreditados por la Oficina de Programas de Acceso Legal (OLAP) del Departamento de Justicia (DOJ), además de “abogados de buena reputación” sin restricciones a su capacidad para ejercer la profesión. El Departamento de Justicia ofrece una Lista de Representantes Acreditados y Organizaciones Reconocidas. También la EOIR proporciona una lista de abogados (en inglés) por estado que brindan servicios de inmigración ya sea de forma gratuita o por un costo mínimo.

Los proveedores autorizados de servicios de inmigración pueden “darle consejo acerca de qué documentos presentar, explicarle las opciones de inmigración que usted puede tener y comunicarse con USCIS acerca de su caso”, detalla la institución, que puntualiza que otras personas pueden ofrecer “ayuda limitada”.

La American Bar Association alerta que “los ‘notarios’ o ‘consultores de Inmigración’ operan por todo EEUU y utilizan anuncios falsos y contratos fraudulentos para servicios que no pueden proporcionar”. También denuncia cómo estas personas “explotan la confianza de inmigrantes”, quienes en ocasiones “pierden para siempre la oportunidad de pedir alivio migratorio porque un notario ha perjudicado su caso”.

El colegio de abogados brinda información útil sobre qué esperar, lo que se debe preguntar antes de aceptar los servicios y ofrece una lista de instituciones a las que se pueden acudir las víctimas de estos fraudes.

Dariel García, un cubano que tuvo que esperar “casi el doble” del tiempo usual para recibir su Permiso de Trabajo porque el notario que le completó su primera solicitud le hizo “firmar varios papeles que no eran necesarios” y envió la planilla incompleta, dijo que recomendaba a todo el mundo que leyera bien “todo lo que presenten en tu nombre y que contrates a alguien que venga bien recomendado”.

Nuevos programas, nuevos fraudes

La aplicación del programa de parole humanitario para venezolanos y luego la ampliación a cubanos, haitianos y nicaragüenses también trajo una nueva figura: el falso patrocinador.

Tras varias comprobar varias propuestas en línea ofreciendo el obligatorio patrocinio en EEUU a cambio de dinero, la embajada de EEUU en La Habana pidió en redes sociales “tener cuidado con las estafas de cualquiera que le pida dinero”.

La nueva estrategia es ofrecer los servicios de patrocinio a quienes no cuenten con alguien de confianza en los Estados Unidos que los represente y se comprometa a hacerse cargo de sus gastos durante los dos años que está vigente el permiso de residencia de acuerdo con el programa.

Usualmente, los patrocinadores suelen allegados del solicitante, aunque también hay casos de organizaciones e individuos que ofrecen apoyo solidario para ayudar a los migrantes.

“Si incluye en esta declaración jurada de patrocinio económico cualquier información a sabiendas de que es falsa, podría estar sujeto a un proceso penal conforme a las leyes de Estados Unidos”, advierte por su parte USCIS.

Antes de que El Salvador instaurara un régimen de excepción contras las pandillas, el país centroamericano ya tenía en prisión aproximadamente a 16.000 pandilleros, entre ellos varios cabecillas fundadores de la Mara Salvatrucha, conocidos como miembros de la Ranfla Nacional.

Algunos pandilleros de El Salvador han sido extraditados hacia Estados Unidos, pero ninguno acusado por terrorismo, y ninguno miembro de la Ranfla Nacional.

EEUU busca desde el año pasado a 27 líderes de la Mara Salvatrucha, de los cuales 14 son miembros fundadores de la organización criminal y otros dirigen operaciones en Estados Unidos, México y El Salvador, según la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York.

Del listado de los 14 fundadores, dos se encuentran prófugos, según los boletines difundidos por el Buró Federal de Investigación de EEUU (FBI), mientras que un tercero, Elmer Canales, se halla en México tras salir de prisión en El Salvador cuando aún tenía condenas pendientes, según reportes.

El resto, según las autoridades salvadoreñas, guarda prisión en el penal de máxima seguridad conocido como Zacatecoluca, en El Salvador, aunque reportes de prensa indican que cuatro de ellos habrían salido de prision, al menos temporalmente, en 2021.

El pasado 24 de febrero, el Departamento de Justicia del Distrito Este de Nueva York señaló a otros 13 líderes de la MS por conspiración para extorsionar, conspiración para ofrecer u ocultar apoyo material a terroristas y conspiración narcoterrorista.

Aunque no se trata de los líderes fundadores, en este bloque hay cabezas de la Mara Salvatrucha responsables de “dirigir actividades de la pandilla en El Salvador, Estados Unidos y México”, según el nuevo documento presentado por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York.

De los 13 señalados, tres fueron capturados en México y entregados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a finales de febrero de este año. Cuatro más se encuentran aún prófugos, y el resto, según el Departamento de Justicia, se hallan guardando prisión en las cárceles salvadoreñas.

La oficina de prensa internacional y la Secretaría de Prensa de la presidencia de El Salvador no respondieron a solicitudes de la Voz de América para obtener comentarios del área del Centros Penales para este reporte.

El Salvador impide extradiciones

La MS-13 fue declarada “organización criminal internacional” por EEUU en 2012 y “organización terrorista” por El Salvador en 2015. Ya el Departamento de Justicia de EEUU había encausado a la MS-13 bajo la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). Durante la administración del presidente Barack Obama, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mantuvo a la MS-13 como una amenaza a la seguridad nacional.

En la era del presidente Donald Trump, la Fiscalía General estadounidense acusó de terrorismo al pandillero Eliú Melgar Díaz, alias “Blue de gánster”, un líder de la MS cuyo rango en la pandilla es inferior al de los miembros de la Ranfla Nacional o fundadores.

Nayib Bukele ya llevaba un año como presidente de El Salvador cuando los fiscales estadounidenses solicitaron en extradición a Melgar Díaz, pero la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, nombrada el 1 de mayo de 2021 por la Asamblea oficialista, se negó a extraditarlo.

El fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, dijo en su momento que la decisión fue suya, pues consideró que el pandillero primero debía enfrentar la justicia en El Salvador.

Tres días antes de que se venciera el plazo de extradición, Melgar Díaz fue condenado a 39 años de prisión en el país centroamericano. Es decir, podrá responder por sus actos ante la justicia estadounidense hasta después de 2060.

Ante el hecho, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York presentó formalmente un listado con el nombre de 14 pandilleros de larga data de la Mara Salvatrucha en El Salvador, objetivos de la justicia de EEUU. Esta vez, no buscaba extraditar a un líder de inferior rango sino a los ranfleros originales o fundadores de la pandilla.

La Fiscalía estadounidense asegura en la acusación que la Mara Salvatrucha “exigió que el gobierno de El Salvador se negara a extraditar a los líderes de la MS, incluida la Ranfla Nacional, para su enjuiciamiento en Estados Unidos”.

El primer líder de la Ranfla Nacional de la Mara Salvatrucha en ser solicitado en extradición por Estados Unidos fue Hugo Armando Quinteros Mineros, alias “Flaco de Francis”, en 2021, pero la Corte de El Salvador congeló la extradición.

De acuerdo con una investigación del medio salvadoreño La Prensa Gráfica, un juzgado de El Salvador impuso una pena de 14 años de prisión a Quinteros Mineros un día antes de que se venciera el plazo para ser extraditado hacia EEUU.

Estos señalamientos se dan en medio de una ofensiva del gobierno salvadoreño contra las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, cuyas filas han sido golpeadas tras instaurarse el régimen de excepción a finales de marzo de 2022.

No obstante, ni el presidente Bukele ni su gabinete de Seguridad se han pronunciado por la negativa de la Corte Suprema en torno a extraditar a las cabezas de la Mara Salvatrucha.

La Corte Suprema de El Salvador no respondió a una solicitud de comentario de la Voz de América para este reporte.

Una mano dura que desarticula a las pandillas en los barrios

Antes de marzo de 2022, previo al inicio del régimen de excepción en El Salvador, era impensable entrar a los barrios acechados por pandillas. Sin embargo, diversos medios de comunicación, incluida la Voz de América, recorrieron varias comunidades que por años cargaron con el estigma de ser las colonias más peligrosas de El Salvador.

En medio de cuestionamientos por el freno de la Corte Suprema ante la extradición de las cabezas de la Mara Salvatrucha, Bukele se ha ganado el apoyo de buena parte de la población con su estrategia para sacar a las maras de los barrios.

Tras miles de asesinatos y denuncias por extorsión en las últimas décadas, El Salvador podría estar cerrando el capítulo sangriento escrito por la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 en el país centroamericano.

De 105 homicidios por cada 100.000 habitantes hace unos años, El Salvador ha bajado a 7,8 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. Y este año, la tendencia es aún más baja.

Sin embargo, este año El Salvador tiene, por tercera vez, la decisión de extraditar o no a otro de los líderes de la Mara Salvatrucha, cuyo plazo de extradición vence en mayo de este año.