La Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras tendría más facultades que la instancia anterior contra la corrupción patrocinada por la OEA. El equipo de avanzada de la ONU ha concluido la primera fase y calculan que en el próximo semestre podría comenzar a trabajar.

El gobierno de la presidenta Xiomara Castro espera que una de sus promesas de campaña empiece a cumplirse en seis meses, cuando podría instalarse en el país centroamericano la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH).

El Ejecutivo hondureño espera que en los próximos días sea entregado el informe de la Misión de Evaluación realizada por técnicos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que visitaron desde finales de abril el país para realizar el trabajo de avanzada y cuyo informe será entregado al secretario general de la ONU, António Guterres.

El vicecanciller de Honduras, Gerardo Torres, dijo a medios de comunicación hondureños que, concluida esa etapa, esperan que el proceso avance para que “en un tiempo estipulado de entre 5 y 6 meses” pueda instalarse la CICIH en el país.

El organismo que sería gestionado por la ONU, al igual que la antigua comisión anticorrupción de Guatemala, que comenzó a desmantelar redes de corrupción enquistadas en todos los aparatos del estado guatemalteco, pero que fue expulsada a principios de 2019 por el gobierno de Jimmy Morales.

Para el caso de Honduras se han sumado a los apoyos los gobiernos de Alemania y Francia que esperan apuntalar la iniciativa que intentaría meter diente a la corrupción “endémica” en ese país.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuya administración apoya de lleno la propuesta, ha reiterado que tras los flujos migratorios irregulares hacia la potencia del norte están “la corrupción, la violencia y la inestabilidad política”, por lo que avala la iniciativa del Xiomara Castro.

Según el vicecanciller Torres, la CICIH “debe retomar los casos” que inició la Maccih, apoyada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y que el gobierno de Juan Orlando Hernández desmanteló en enero de 2020.

Desde Honduras contribuyen también los trabajos de investigación realizados por la Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) que ha elaborado minuciosos estudios sobre figuras, grupos y casos específicos de supuesta corrupción en el país centroamericano.

Durante la estancia exploratoria en Honduras, según informó la ONU en ese país, el equipo técnico ha tenido acercamientos con funcionarios del gobierno en turno, institutos políticos y organizaciones de la sociedad civil.

Su equipo de avanzada lo conformaron funcionarios del Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz, la Oficina de Asuntos Jurídicos, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la Oficina contra la Droga y el Delito, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, detalló la oficina de la ONU en Tegucigalpa.

[Foto: Cortesía del gobierno de Honduras, vía redes sociales]

Como candidato presidencial, el año pasado Joe Biden criticó las políticas restrictivas sobre migración de la Administración Trump y se comprometió a promulgar una reforma integral que reafirmaría el compromiso de Estados Unidos con los solicitantes de asilo y los refugiados. A punto de culminar el primer año de mandato de Biden, su historial en materia migratoria demuestra tanta continuidad como cambio.

Quizás su desviación más visible de la administración anterior está en la orden de detener la construcción del muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México poco después de asumir el cargo.

Pero gran parte de la arquitectura de la política migratoria de los años en los que Donald Trump estuvo al frente de la Casa Blanca continúa.

El ejecutivo de Biden ha conservado el Título 42, una política relacionada con la pandemia que exige la rápida expulsión de migrantes como medida de precaución de salud pública, incluso cuando Estados Unidos abrió sus fronteras terrestres a México y Canadá.

Además, una orden de un tribunal federal obligó a restablecer la política de la administración anterior, conocida como los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés), que mantenía a los solicitantes de asilo en el lado mexicano de la frontera mientras esperaban las fechas de los tribunales de inmigración de Estados Unidos.

Los defensores de los migrantes sostienen que Biden ha agregado algo de humanidad al sistema de inmigración de Estados Unidos, pero no le atribuyen mucho más.

“Le pedimos a esta administración que [ponga fin] al MPP, al Título 42, que libere a los niños y familias detenidos y que comience a cambiar no solo la narrativa, sino que tenga una estrategia más proactiva para reconstruir el proceso de asilo en la frontera”, comentaba Fernando García, director de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos en el El Paso, Texas. “Pero en la práctica, todavía podemos ver algo del tipo de legado de Trump en la frontera. Eso no ha cambiado y estamos decepcionados de que todavía esté sucediendo”, agregó al respecto.

Solicitantes de asilo y frontera entre EE. UU. y México

Además de frenar en seco la construcción del muro fronterizo, que se convirtió en el proyecto insignia del expresidente Trump, Biden ordenó que se suspendiera el MPP, más conocido como ‘Permanecer en México’, poco después de su investidura en enero.

Texas, un estado liderado por republicanos que limita con México, demandó al Gobierno de EE. UU. para mantener la política en vigor. En agosto, un juez federal dictaminó que el Ejecutivo de Biden había terminado indebidamente con la política y ordenó su reinstalación. El Tribunal Supremo avaló la restitución del programa.

“Luché para proteger nuestra frontera sur y gané. No permitiré que la seguridad de los residentes de Texas quede a merced de un presidente imprudente”, celebró el fiscal general de Texas, Ken Paxton, en un comunicado.

Mientras apelaba el fallo, la Administración Biden reinstauró el MPP el 6 de diciembre, luego de que México accediera a recibir a los migrantes retornados.

Si bien la Casa Blanca ha buscado terminar con el MPP, no se puede decir lo mismo del Título 42, que la Administración Biden optó por mantener desde el principio.

Desde el 20 de marzo de 2020, cientos de miles de migrantes que buscan solicitar asilo en Estados Unidos han sido expulsados a sus países de origen. Implementado y aplicado como una política general por la Administración Trump, el Título 42 ha sido modificado durante el mandato de Biden para permitir exenciones humanitarias, como menores no acompañados y familias con niños pequeños.

Jessica Bolter, analista del Instituto de Políticas Migratorias (MPI) asegura que mantener la política ha tenido “el mayor efecto en las personas que llegan a la frontera”. “Por supuesto, ahora también el MPP agregado a esa combinación”.

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Refugiados

Durante los cuatro años de Trump en el cargo, el techo anual para las admisiones de refugiados estadounidenses se redujo drásticamente de 85 mil a 15 mil.

Biden inicialmente mantuvo el límite de refugiados en 15.000, el más bajo en la historia moderna de Estados Unidos, lo que provocó protestas de los aliados demócratas en Capitol Hill. En mayo, la Administración cambió de rumbo y elevó el techo a 62 mil 500 (las admisiones de refugiados de Estados Unidos totalizaron solo 11 mil 411 para el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre).

Desde entonces, la Administración ha elevado el límite de refugiados de 2022 a 125 mil. Sin embargo, las admisiones reales continúan rezagadas y la Casa Blanca ha admitido que la “meta (de 125 mil admisiones) será difícil de alcanzar” a pesar de la determinación de Biden de “reconstruir” el programa y renovar “el compromiso de Estados Unidos de proteger a los más vulnerables y mantenerse firme como faro de libertad y refugio del mundo”.

Prioridades de ejecución

Si bien la migración sin precedentes a la frontera entre Estados Unidos y México ha recibido una gran atención durante el primer año de Biden en el cargo, los investigadores dicen que poco ha cambiado en la forma de hacer cumplir la ley federal en la frontera.

Según Bolter, los “cambios realmente dramáticos” se ven en la aplicación de la ley interior y en cómo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han vuelto a priorizar los arrestos para centrarse en inmigrantes indocumentados que representan una amenaza para la seguridad nacional la seguridad pública. Durante el mandato de Trump, cualquier inmigrante que viviera en Estados Unidos sin autorización podía estar sujeto a arresto y deportación.

“Estos son cambios que están afectando la forma en que la población migrante en Estados Unidos vive su vida diaria”, dijo Bolter. “La Administración de Biden ha puesto en marcha nuevas prioridades de ejecución de ICE que reducen la población que es objeto de arresto o deportación. Esto hace que la gran mayoría de los migrantes no autorizados que viven en EE. UU. no tengan prioridad para la aplicación de la ley”.

El Ejecutivo estadounidense también ha actuado para evitar que el ICE realice arrestos en juzgados y limitó la detención de mujeres embarazadas, entre otras medidas.

“Y probablemente uno de los pasos más importantes que han tomado en el ámbito de la aplicación de la ley es poner fin a las grandes redadas en el lugar de trabajo”, agregó Bolter.

Migración legal

Después de más de un año de cierres, las embajadas y consulados de Estados Unidos en todo el mundo han reabierto para citas de visas de inmigrante y no inmigrante. Sin embargo, debido a la continua pandemia de COVID-19, estos servicios siguen siendo limitados.

En noviembre, el Departamento de Estado anunció que más de 460 mil personas están esperando entrevistas, lo que se suma a una gran cantidad de personas que buscan solicitar la residencia legal en Estados Unidos.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, la agencia responsable del sistema de naturalización de EE. UU., ha realizado cambios bajo la actual presidencia.

La agencia reemplazo la palabra “alien”, que algunos consideran peyorativa, por “no ciudadano” o “no ciudadano indocumentado” en sus publicaciones y se comprometió a hacer que los formularios de inmigración sean “más precisos, oportunos y más fáciles de entender”.

Legislación migratoria estancada

En su primer día en el cargo, el presidente Biden dio a conocer una amplia reforma migratoria, la Ley de Ciudadanía de Estados Unidos de 2021, que incluía un camino de 8 años hacia la ciudadanía para los aproximadamente 11 millones de indocumentados en EE. UU.

El proyecto de ley aún no ha sido votado por la Cámara de Representantes o el Senado y se considera casi muerto de antemano en el Capitolio.

Por separado, los demócratas del Senado han buscado repetidamente agregar elementos de reforma migratoria a un proyecto de ley de gasto masivo de la red de seguridad social. En cada caso, se dictaminó que las medidas de inmigración no pertenecen a los proyectos de ley de gastos que pueden aprobarse en la Cámara con una mayoría simple de votos.

Como resultado, la legislación de reforma necesitará el respaldo de una mayoría de tres quintas partes para avanzar en el Senado de 100 miembros donde el caucus demócrata tiene solo 50 miembros y los republicanos están unidos en oposición a las propuestas de reforma de los demócratas.

Dado que los demócratas controlan ambas ramas electas del Gobierno, el Ejecutivo y el Legislativo, la incapacidad de Washington para reformar el sistema de inmigración de EE. UU, a menudo criticado, es una píldora amarga para los defensores.

“Nuestra esperanza, nuestra demanda y nuestra expectativa eran que esta nueva administración estuviera trayendo un nuevo aire con respecto a los migrantes y la política migratoria con un enfoque más humano y lo creíamos”, decía García, de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos.

Si bien los defensores de la inmigración están decepcionados por que la Administración Biden no haya hecho más para apartarse de las políticas de Trump, los republicanos culpan al presidente por un aumento prolongado de migrantes que llegan a la frontera, diciendo que su mensaje llevó a la gente en Centroamérica y otros lugares a creer que las fronteras estadounidenses estaban abiertas a los recién llegados.

El Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador publicó el miércoles las regulaciones sobre cómo los bancos, cooperativos y sociedades de ahorro y crédito en El Salvador deben manejar el bitcóin y las billeteras digitales.

Las regulaciones, divulgadas en sendos documentos PDF y que aún están en fase de consulta, fueron publicadas el martes por el BCR. El banco también dio a conocer que habilitó un correo electrónico para recibir comentarios, éstos se recibirán hasta el próximo 6 de septiembre, un día antes de la entrada en vigor de la ley.

Los documentos, denominados Normas Técnicas Para Facilitar la Aplicación de la Ley Bitcoin y Lineamientos para la Autorización del Funcionamiento de la Plataforma de la Billetera Digital Para Bitcoin y Dólares; establecen que las entidades bancarias, entre otros requisitos, deberán garantizar “sistemas para prevenir, detectar y divulgar los riesgos de delitos financieros”.

El documento detalla que esos delitos son el lavado de dinero y activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Antes de la publicación de los lineamientos, el presidente del BCR, Douglas Rodríguez, comentó que éstos buscan cumplir con las disposiciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Recientemente un estudio realizado por la Universidad Johns Hopkins arrojó que El Salvador podría enfrentar riesgos tras la reciente adopción de la Ley de Bitcóin.

La investigación advierte al Gobierno de El Salvador que tanto las instituciones financieras como comercios que operan en el país centroamericano “no podrán cumplir” con al menos 27 de los 58 indicadores que se requieren para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Por su parte el Fondo Monetario Internacional (FMI) se mantiene firme en señalar “los riesgos fiscales” que corre El Salvador al adoptar el bitcóin.

En días recientes, Kristalina Georgieva, titular de la institución financiera, apuntó que la decisión de El Salvador no es “aconsejable” debido a los riesgos que conlleva en materia de “políticas fiscales, monetarias y de protección de los consumidores”.

Pese a las advertencias, a las cuales también se han sumado analistas internos y extranjeros, el Gobierno salvadoreño sigue firme en su decisión.

El presidente Nayib Bukele se ha referido al bitcóin como el “futuro” y defiende su uso argumentando que ninguna transacción hecha con la cartera electrónica costo adicional o comisiones. Esto incluye a las remesas y convertir el bitcóin a dólar o viceversa.

La economía dolarizada de El Salvador, depende en gran parte de las divisas que recibe del exterior, solo en el mes de julio, según el BCR, el país recibió desde Estados Unidos 4.087.8 millones de dólares en remesas familiares; “siendo esa cantidad el 95,4% del total de remesas recibidas hasta julio”.

Ahora, al asumir la presidencia, promete reforzar relaciones con países con los cuales ya tiene tratados de libre comercio y adelantar estrategias que podrían revivir las economías de gran parte del continente americano, golpeadas por la pandemia.

Pero siendo un tema prioritario de campaña y con mayorías demócratas en el Capitolio, el escenario parece favorable para el impulso de reformas sustanciales en este ámbito.

Desde tragedias personales hasta una reputación como negociador y conciliador, son algunas de las fortalezas con las que el mandatario llega a la Casa Blanca, en medio de uno de los momentos históricos más difíciles en EE.UU. y el mundo.

Ella es la que cuenta a sus amigos lo que pasa en la política.

Karime Valdés tiene 18 años, lleva pelo largo y oscuro y gafas de pasta de un rosado traslúcido. Cuando habla, alarga con sus manos las mangas de su camisa y deja los hombros rígidos, pero su voz no flaquea.

“Siento que a los hombres se les oye más”, dice, sin que eso le desanime a participar en el proceso electoral de 2020 en Estados Unidos. De hecho, Valdés vive en Texas, un estado en el que las mujeres latinas, como ella, votan más que los hombres. 

En las últimas elecciones (2016), el 72% de las hispanas entre los 18 y los 24 años que podían votar en Texas participó en las elecciones presidenciales. En contraste, un 49% de los hombres del mismo grupo de edad lo hizo, según un estudio de Jolt Initiative. 

Esta tendencia se repite también a nivel nacional: en el mismo año, la participación de los hombres hispanos en las elecciones fue del 45%, mientras que la de las mujeres fue de un 50%, de acuerdo con Unidos US. 

Para la joven se debe a que las mujeres piensan más en los demás. “Las mujeres nos preocupamos mucho por los otros; miramos más no sólo cómo nos va a afectar a nosotras, pero a las mujeres después de nosotras y a nuestras familias”, dijo.

En su caso, la histórica baja participación de los hispanos en las elecciones la motiva a votar: “tenemos mucha gente hispana pero no está representada por nuestros líderes”. Para Valdés, quien quiere ser abogada de inmigración, ver políticas que luzcan como ella es vital.

“Hay muchas cosas que los hombres no pueden entender”, añadió, poniendo ejemplos como el acoso sexual o la discriminación en el trabajo. En Texas, las mujeres latinas ganan 44 centavos por cada dólar que ganan los hombres blancos, no hispanos, una diferencia salarial mayor que la que existe a nivel nacional, de acuerdo a un estudio del Economic Policy Institute.

La educación y el techo de cristal

Desde un edificio blanco de estilo colonial español al este de Houston, Adriana González intenta dar un ejemplo de que las latinas pueden ocupar puestos altos en las empresas.

“[Hay que] sacar el estereotipo de la mujer hispana que no sabe de política, no sabe nada de negocios, que no estudió y solo está”, dijo en su oficina, desde donde lidera la Cámara de Empresarios Latinos de Houston.

Casi la mitad de las 450 empresas que están afiliadas a su organización están dirigidas por hispanas. González tiene 60 años y recuerda que hace cuatro décadas, la situación era muy distinta para las mujeres: “No importaba si te escuchaban o no. Ya tenías una vida hecha, estabas casada, tus padres te mantenían”.

En su carrera como emprendedora, la uruguaya dice que ha aprendido que “no hay que forzarse a probar que soy mujer; lo que hay que forzarse es a probar que sé hacer el trabajo”.

El acceso a la educación, sin embargo, limita las posibilidades laborales.

Las latinas son el grupo étnico entre mujeres que menos se gradúa de la universidad; a nivel nacional, solo el 19% de las mujeres hispanas tienen estudios superiores, en comparación a casi el 44% de las mujeres anglosajonas, de acuerdo con un estudio del Departamento de Educación de EE.UU.

Según datos del Centro de Investigación Pew, en 2016 las mujeres hispanas sin un título universitario votaron más que su contraparte masculina con niveles de educación similares  (46% frente a 40%), y de acuerdo al estudio, esa brecha ha ido creciendo con el tiempo.

González ve que, en su comunidad, la educación universitaria es una de las preocupaciones que empuja a las mujeres latinas a votar. “[Decir] ‘¿cómo voy a poder pagar la educación de mis hijos, aquí es muy costosa la universidad”, dijo la empresaria.

Los jóvenes, como Valdés, que está a menos de un año de acabar la escuela secundaria, también sienten esa angustia: “Nos dicen que vayamos al colegio y tenemos muchas deudas para pagar y tardan años para pagarlas [después].

“Yo pienso(…) [que hay] que dejarle unos buenos hijos al planeta”, dijo Martínez, quien nació y vivió en Monterrey, México, hasta los 17 años.

“Si votamos inteligentemente vamos a buscar eso, algo que ayude a generar más escuelas”, agregó.

En general, más mujeres que hombres participaron en las elecciones presidenciales de 2016 (63% contra 59%), revela Pew.

Un tuit del presidente Donald Trump ha avivado un cierto interés de los estadounidenses sobre si es posible anular una boleta después de haber votado anticipadamente para las elecciones del 3 de noviembre, aunque no está claro si algunas personas en realidad quisieran hacerlo.

Trump considera que las preferencias electorales cambiaron a su favor después del último debate con el candidato demócrata Joe Biden y afirmó que si la gente quiere cambiar su voto es para él.

“Una fuerte tendencia (Google) inmediatamente después del segundo debate es ¿PUEDO CAMBIAR MI VOTO?”, dijo el presidente en el tuit y alentó a los electores que ya votaron a cambiar su boleta.

Strongly Trending (Google) since immediately after the second debate is CAN I CHANGE MY VOTE? This refers changing it to me. The answer in most states is YES. Go do it. Most important Election of your life!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2020

Según el sitio Vox, las búsquedas en Google para cambiar la boleta no fueron de las primeras el día del debate, el 22 de octubre, y solamente aumentaron ligeramente el día después, sin reflejar una tendencia de para quién sería el cambio.

Sin embargo, sí repuntaron después de los tuits de Trump y según los analistas eso también sucedió en los días finales de la campaña de 2016.

¿Es posible cambiar un voto?

Cambiar un voto ya depositado es posible en algunos estados, pero está sujeto a condiciones, como es de esperar, y es algo que ocurre con extrema rareza, según explicó a la agencia AP David Becker, del Centro para la Innovación en Elecciones.

“Ya es bastante difícil lograr que la gente salga a votar una vez; es altamente improbable que alguien vaya a pasar por este proceso dos veces”.

Lo que lo votantes pueden hacer en muchos estados es solicitar una nueva boleta ausente, siempre y cuando la boleta original no haya sido recibida y registrada. En ese caso, la boleta en tránsito será invalidada y la nueva será la oficial.

¿En cuáles estados se puede cambiar un voto?

La realidad es que una vez registrado el voto no es posible cambiarlo. Lo que permiten algunos estados es cambiar la boleta antes que sea registrada.

Por ejemplo, si una persona vota ausente o por correo y después quiere cambiar su voto, debe presentarse en el colegio electoral que le corresponde, plantear su deseo y los oficiales descartarán la boleta enviada y le darán una nueva para votar.

Con ciertas instrucciones específicas, esto puede hacerse en Alaska, Michigan, Wisconsin, Minnesota y Mississippi. En el caso de Minnesota, ya no es posible este año, pues el proceso permitido debía ser hasta una semana antes de las elecciones, o sea, el martes 27, que ya pasó.

En Nueva York y Connecticut, funciona por el estilo, pero en Connecticut las reglas cambian por condado, lo que obliga a los electores a revisar cómo es el proceso en su región específica.

En Pennsylvania, Nueva Hampshire y Arkansas también hay cierta elasticidad, pero en esencia el voto depositado es final.

Otros estados como Delaware, Idaho, Illinois, Indiana y Nuevo México tienen leyes para reemplazar una boleta invalidada, pero no después de que la boleta original es enviada y procesada. En algunos incluso hay que presentar una declaración jurada.

¿Ha habido ya cambios de votos?

La Voz de América no encontró estadísticas de casos que cambiaron sus boletas en elecciones anteriores y tampoco de que haya electores que lo estén intentando en la contienda actual.

El proceso de rastreo de una boleta ya enviada o registrada en una votación ausente varía tanto geográficamente que muchos electores podrían sentirse desanimados de iniciar el procedimiento.

También existe el factor tiempo para que una boleta enviada por correo ya haya sido registrada.

Lo más probable que suceda es que muchos votantes que hayan llenado su boleta y cambien de parecer se presenten en su colegio electoral y allí pueden mostrarla para que sea invalidada y votar presencialmente el día de las elecciones.