La Sala Quinta de Apelaciones de Quetzaltenango declaró inadmisibles tres recursos de apelación que fueron planteados contra las medidas sustitutivas a favor de la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra, quien seguirá en arresto domiciliario, informaron fuentes judiciales.

La Sala resolvió declarar inadmisibles los recursos de apelación planteados por Ricardo Rafael Mendez Ruiz Valdez, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo; Rosa Alicia Maldonado Ovalle de Cifuentes, representante de la Procuraduría General de la Nación; y del Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía de Asuntos Internos.

Las tres acciones fueron en contra de la resolución del 26 de julio de 2023 que fue dictada por el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango.

Laparra enfrenta este segundo proceso que se conoció el 19 de octubre del 2022, cuando buscaba obtener una medida sustitutiva de arresto domiciliar.

En este caso, el MP señala a Laparra del delito de revelación de información confidencial o reservada, por aparentemente divulgar detalles de procesos penales que se encontraban bajo reserva.

En otro caso, el pasado 3 de enero, Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), fue beneficiada con arresto domiciliario luego de que el Tribunal Octavo de Sentencia Penal le otorgó medidas sustitutivas.

En esa audiencia, la jueza Oly González acató del Tribunal Octavo de Sentencia acató la orden de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que el pasado 26 de diciembre ordenó la libertad de la exfiscal anticorrupción.

Laparra permaneció detenida desde el 22 de febrero del 2022, y la Cámara Penal notificó al equipo de abogados de la exfiscal que se ordena la libertad de la abogada por haber cumplido un 45 por ciento de la condena por el delito de abuso de autoridad en forma continuada.

Virginia Laparra, ex jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) fue beneficiada con arresto domiciliario y recobrará su libertad luego que el Tribunal Octavo de Sentencia Penal le otorgó medidas sustitutivas.

En la audiencia llevada a cabo este 3 de enero en el mencionado Tribunal, la jueza Oly González acató la orden de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que el pasado 26 de diciembre ordenó la libertad de la exfiscal anticorrupción.

La resolución daba cinco días al mencionado tribunal para cumplir con la orden, la que se hizo hasta el último día.

Laparra permaneció detenida desde el 22 de febrero del 2022, y la mencionada Cámara Penal notificó al equipo de abogados que la exfiscal que se ordena la libertad de la abogada por haber cumplido un 45 por ciento de la condena por el delito de abuso de autoridad en forma continuada.

El Tribunal Octavo de Sentencia encontró culpable a Laparra y le impuso una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión conmutable, tiempo comienza a contar desde el momento de su captura en febrero en la fecha indicada.

Medidas sustitutivas

La jueza González concedió la libertad a Laparra y le fijó arresto domiciliario en Quetzaltenango, su lugar de residencia; no podrá abandonar el país y deberá presentarse al MP cada 15 días.

“Estoy feliz”

Laparra fue entrevistada por periodistas luego de la resolución judicial y dijo sentirse feliz, porque al fin terminó su proceso.

Dijo que este es un ejemplo de cómo la prisión preventiva se puede utilizar como medida represiva y una pena anticipada.

Expresó que en su caso siempre quisieron que se aceptaran hechos que no son delito, aceptar como delitos hechos no lo son.

“Yo estoy inmensamente agradecida con todos, con mis hijas principalmente… cuando en los momentos más obscuros yo les dije hasta aquí llegué, me dijeron, ¡no! Tú puedes, nosotros estamos aquí”, dijo Laparra.

“Mi mundo fue reducido a la máxima expresión y tuve una muy pequeña cantidad de personas con las que puede tener contacto;  a ellos, gracias, porque me reconstruyeron cada vez de las miles de veces que me quebré, me reconstruyeron. Seguramente no soy la misma, pero seguramente ustedes me ayudaron a ser mejor persona y por ustedes estoy aquí. Gracias a la comunidad nacional, la comunidad internacional a todas sus manifestaciones de solidaridad”, dijo Laparra.

Declaraciones de Virginia Laparra luego de que se ordenara su libertad. (Video Guatevisión: Elmer Vargas)

La sentencia

El pasado 16 de diciembre, un tribunal condenó a Laparra a 4 años de cárcel conmutables a razón de Q10 diarios, luego de haber sido hallada culpable del delito de abuso de autoridad en forma continuada.

Laparra fue procesada luego de que el exjuez Lesther Castellanos la denunciara, pues cuando era fiscal ella quiso investigarlo en cuatro ocasiones por presuntamente filtrar información reservada.

Segundo proceso

Laparra enfrenta un segundo proceso en su contra que se conoció el 19 de octubre del 2022, cuando Laparra buscaba obtener una medida sustitutiva de arresto domiciliar.

La resolución actual de la Cámara Penal ordena la libertad para Laparra, toda vez no exista otro proceso penal en su contra, y según sus abogados, por este segundo expediente ella goza de una medida sustitutiva, lo que no impedía la salida de prisión.

En este caso, el MP señala a Laparra del delito de revelación de información confidencial o reservada, por aparentemente divulgar detalles de procesos penales que se encontraban bajo reserva.

La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió otra vez la audiencia de revisión de medidas sustitutivas que fue solicitada por la defensa de Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) de Quetzaltenango, informaron este lunes 4 de diciembre fuentes judiciales.

Laparra se encuentra en prisión desde el 23 de febrero de 2022 bajo los señalamientos del Ministerio Público (MP) de haber filtrado información reservada de un caso de corrupción.

En otro caso, Laparra fue condenada a cuatro años de prisión conmutables al ser hallada culpable de abuso de autoridad por haber denunciado a un juez que fue investigado por ella, pero de acuerdo con la sentencia, la fiscal no tenía atribuciones para hacerlo.

La primera audiencia de Laparra había sido programada para el 27 de noviembre pasado, pero la Cámara Penal la reprogramó para este lunes 4 de diciembre; sin embargo, el procedimiento volvió a ser suspendido por la Cámara Penal.

La razón por la cual la audiencia de este lunes fue suspendida es porque hay dos recursos pendientes de resolver, uno de ellos del MP y otro de la Fundación Contra el Terrorismo.

La Red de Información contra la Impunidad en Guatemala (Ricigt) calificó en su cuenta de X, antes Twitter, como “indignante” la decisión de la Cámara Penal de suspender la audiencia de Laparra, pues asegura que con eso se postergar “la discusión sobre su libertad”.

“Exigimos justicia y transparencia en el sistema judicial”, detalla la publicación de Ricigt.

La detención de Laparra ha sido criticada por sectores nacionales e internacionales, quienes exigen que sea puesta en libertad.

Recientemente, una comisión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que la detención de Laparra es “arbitraria” y pidió “ponerla en libertad”.

De acuerdo con la defensa de Laparra, la exfiscal ha sufrido un deterioro de salud durante el tiempo que ha pasado en prisión y la comisión de Naciones Unidas exigió al Estado de Guatemala “su liberación”, así como “medidas de reparación digna”.

El ente de Naciones Unidas concluyó que el Estado de Guatemala debe investigar las circunstancias en las que Laparra fue encarcelada e iniciar un proceso contra los responsables.

Entre 2018 y 2022, al menos 24 jueces y fiscales guatemaltecos se exiliaron en Estados Unidos al denunciar una persecución penal en su contra por haber investigado o juzgado a personajes vinculados a la corrupción, especialmente exfuncionarios, presidentes y empresarios de alto perfil.

La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió la audiencia de revisión de medidas sustitutivas que solicitó la defensa de la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) de Quetzaltenango, Virginia Laparra, y que había sido programada para este lunes 27 de noviembre, según varias fuentes.

Laparra, quien se encuentra en prisión desde el 23 de febrero de 2022 bajo los señalamientos del Ministerio Público (MP) de haber filtrado información bajo reserva de un caso de corrupción, tenía previsto solicitar la medida sustitutiva de arresto domiciliar; sin embargo, dicha audiencia fue reprogramada para el 4 de diciembre próximo.

En otro caso, Laparra fue condenada a cuatro años de prisión conmutables al ser hallada culpable de abuso de autoridad, al haber denunciado a un juez que fue investigado por ella, pero de acuerdo con la sentencia, la fiscal no tenía atribuciones para hacerlo.

Ante la cancelación de la audiencia prevista para este lunes varios sectores se pronunciaron al respecto.

La Red de Información contra la Impunidad en Guatemala informó en su cuenta de X, antes Twitter, que la Cámara Penal reprogramó la audiencia de revisión de medida para el lunes 4 de diciembre a las 10:30 de la mañana.

En tanto, la Alianza por las Reformas escribió en la misma red social que “la Cámara Penal de la #CSJ suspende audiencia de la valiente exfiscal anticorrupción Virginia Laparra, quien busca arresto domiciliario. Exigimos un proceso justo y equitativo para ella. Es momento de cuestionar y luchar por la imparcialidad del sistema judicial”.

“Virginia Laparra lleva dos años en prisión por realizar un trabajo ético. Esperamos que los nuevos magistrados actúen con justicia y ordenen su inmediata libertad”, dice un mensaje de Alianza por las Reformas.

Además, la organización Impunity Watch cuestionó en X la suspensión de la audiencia.

“Es lamentable la cancelación de la audiencia de revisión de medidas de Virginia Laparra, quien está injustamente detenida porque luchó contra la corrupción”, dice la publicación.

Agrega: “Esperamos que los nuevos magistrados (as) de la Cámara Penal actúen con imparcialidad y otorguen medida sustitutiva a la exfiscal Virginia Laparra, quien ha permanecido detenida injustamente por casi dos años.

Este miércoles 26 de julio se efectuó en el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango una audiencia de medidas de coerción en el caso de la exfiscal Virginia Laparra.

Ahora, Laparra enfrenta juicio por un caso en el que se le señala de revelación de información confidencial.

En este caso, Laparra fue ligada a proceso penal el pasado 4 de enero por la jueza Carmen Acú Recinos; además, el pasado 14 de abril, magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones le negaron las medidas sustitutivas que su defensa solicitó.

La exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) fue enviada a juicio el pasado 21 de abril durante una audiencia de etapa intermedia.

En la audiencia de este 26 de julio, el juez Moisés de León resolvió arresto domiciliario para Laparra, firmar el libro de permanencia en el país en la Fiscalía de Xela, tiene arraigo y prohibición de comunicación con los testigos del juicio que comenzará el 17 de agosto próximo.

En la audiencia estuvieron presentes los querellantes Lesther Castellanos y Omar Barrios, incluidos recientemente en la lista Engel de Estados Unidos.

Estas medidas son por el caso que se ventila en Xela contra la exfiscal que tenía prisión preventiva.

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Los querellantes y el Ministerio Público (MP) se opusieron a lo resuelto por el juez en la medidas de coerción, mientras que Laparra hizo una declaratoria de no abandonar el país y estar sujeta al proceso.

Según los querellantes, la decisión del juez no se sustenta porque el arresto domiciliario pone en riesgo el proceso, ya que la señalada se podría fugar.

Además, el MP y los querellantes recusaron al juez porque dudan de su imparcialidad. Según el ente investigador, hay circunstancias “muy puntuales que permiten hacer dudar de la imparcialidad del juzgador”.

Señaló que el juez “no tiene imparcialidad para poder juzgar y para conocer el presente debate oral y público”.

Los querellantes también le indicaron al juez que “ojalá y su resolución no esté influenciada por algún gobierno extranjero”.

Al final de la audiencia, el juez Moisés de León aceptó la recusación y la trasladó a la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones para que esta decida si nombra otro juez o rechaza lo planteado por los querellantes.

El juzgador indicó que resolvió conforme a Derecho y que no tiene presiones porque resolvió en base a las leyes de Guatemala.

Condena en otro caso

El 16 de diciembre de 2022, Laparra exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) de Quetzaltenango, fue condenada a cuatro años de prisión conmutable, a razón de Q10 diarios por el Tribunal Octavo de Sentencia Penal.

La exfiscal anticorrupción fue sentenciada por abuso de autoridad en forma continuada por haber denunciado a un juez en 2018 sin haber tenido autorización de Feci en Guatemala.

El 9 de mayo 2023, la Sala Segunda de Apelaciones confirmó la sentencia condenatoria contra Laparra, exfiscal del Ministerio Público (MP).

Esperan resultado de casación

Claudia González, una de las abogadas defensoras de Laparra, indicó este 26 julio que en este caso en el que la exfiscal fue condenada en la capital, hay una casación de acuerdo a los recursos interpuestos.

Presentaron casación Laparra, las abogadas defensoras y la Procuraduría General de la Nación.

Añadió que por este caso de la condena la exfiscal está detenida en la cárcel del cuartel de Matamoros, por lo que el juez indicó que una vez se resuelva este tema en Guatemala, ella podrá llegar a Xela para continuar con el proceso penal en libertad.

La abogada dijo que esperan el resultado de la casación por esta sentencia de cuatro años conmutables a razón de Q10 diarios, algo que podrían pagar, pero no “tiene sentido que a ella la tengan en prisión si es conmutable y eso es la discusión que queremos en cámara penal”.

Cómo ha sido vista la detención de Laparra

El 13 de junio 2023, una comisión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló que la detención de la exfiscal anticorrupción guatemalteca Virginia Laparra es “arbitraria” y pidió al Gobierno local “ponerla en libertad”.

De acuerdo con un análisis del Grupo de Trabajo Sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas, los órganos de justicia de Guatemala “no han justificado” que sea necesario mantener en prisión a Laparra, tras 15 meses desde su detención.

Según esta comisión, Laparra estaba detenida “por ejercer sus derechos y libertades fundamentales”.

El 19 de abril 2023, el Colegio de Abogados de Nueva York, EE. UU., denunció que la criminalización contra Virginia Laparra, continuaba, así como contra otros fiscales y jueces anticorrupción de Guatemala.

De acuerdo con una declaración del Colegio de Abogados de Nueva York que fue publicada, “la acusación en contra de Laparra viola al derecho internacional, que requiere que los cargos penales se formulen con precisión y claridad suficiente”, por lo que exhortó a las autoridades guatemaltecas a “liberar de inmediato” a la exfiscal, quien ya fue condena a cuatro años de prisión por un caso en el que quiso investigar al juez Lesther Castellanos en Quetzaltenango.

Entre 2018 y 2022, al menos 24 jueces y fiscales guatemaltecos se exiliaron en Estados Unidos al denunciar una persecución penal en su contra por haber investigado o juzgado a personajes vinculados a la corrupción, especialmente exfuncionarios, presidentes y empresarios de alto perfil. EFE

La Sala Segunda de Apelaciones confirmó la sentencia condenatoria contra Virginia Laparra, exfiscal del Ministerio Público (MP), condenada por abuso de autoridad en forma continuada.

El 16 de diciembre de 2022, Laparra exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) de Quetzaltenango, fue condenada a cuatro años de prisión conmutable, a razón de Q10 diarios, luego que el Tribunal Octavo de Sentencia Penal.

La exfiscal anticorrupción fue sentenciada por abuso de autoridad en forma continuada por haber denunciado a un juez en 2018 sin haber tenido autorización de Feci en Guatemala.

En la última audiencia del caso, el  15 de diciembre, Laparra dio sus últimas palabras y debatió las acusaciones que vertió en su contra el juez Lesther Castellanos.

Señaló que el juez Castellanos dejó ver que su motivación para acusarla fue por una revancha, lo que, según ella, quedó en evidencia en noviembre de 2018.

“Esta es una venganza no precisamente en contra mía sino en contra de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)”, declaró Laparra.

“En la audiencia de desestimación le dijo -Castellanos- a mi abogada: ‘Mire, ella no fue, fue la Cicig, pero alguien tiene que pagar’”, dijo Laparra.

Laparra enfrentó el proceso judicial porque en 2018 denunció en cuatro ocasiones al juez Castellanos, por lo que fue señalada de un supuesto “abuso de poder”. El acusador dijo que Laparra actuó “por motivación particular”.

Pero según declaró Laparra, contrario a la acusación de Castellanos, quien la señaló de filtrar información, ella cumplió con su labor y no buscó ganar protagonismo. “Yo no hacía mi trabajo por popularidad sino por amor a mi pueblo”, aseguró.

La jueza del Tribunal Octavo Unipersonal, Oly González, rechazó el miércoles 21 de diciembre la solicitud que hizo la Procuraduría General de la Nación (PGN) para que Laparra, pagara una reparación digna de Q218 mil 958.

La defensa de la exfiscal había apelado la sentencia condenatoria contra Laparra, pero finalmente la Sala Segunda de Apelaciones la confirmó.

Segundo juicio

Laparra también enfrenta otro juicio por un caso en el que se le señala de revelación de información confidencial.

La exfiscal de la Feci fue enviada a juicio el pasado 21 de abril durante una audiencia de etapa intermedia que se llevó a cabo en la misma judicatura.

El juicio iniciará el próximo 22 de mayo a las 8.30 horas y estará a cargo del juez unipersonal Moisés de León.

Virginia Laparra fue ligada a proceso por el delito de revelación de información confidencial el pasado 4 de enero por parte de Carmen Acú.

Además, el pasado 14 de abril los magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones le negaron a Laparra las medidas sustitutivas que su defensa había solicitado.

La exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en Quetzaltenango, Virginia Laparra, deberá seguir en prisión preventiva, luego de que los magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones le negaran las medidas sustitutivas que solicitó este viernes 14 de abril su defensa.

El pasado 4 de enero, la jueza Carmen Acú Recinos resolvió ligar a proceso a Laparra señalada de haber revelado información confidencial, en un segundo caso que presentó el Ministerio Público (MP) en su contra.

Además, el 16 de diciembre de 2202, un tribunal condenó a Laparra a 4 años de cárcel conmutables a razón de Q10 diarios, luego de haber sido hallada culpable del delito de abuso de autoridad en forma continuada.

Sin embargo, este viernes, la defensa de Laparra solicitó otra vez las medidas sustitutivas, pero la Sala resolvió que no esta procedente y que debía permanecer en la prisión preventiva.

“El Sistema de Justicia tiene problemas, y sí hay una intención de mantener a Virginia en prisión anticipando la pena. Vamos a seguir luchando por la libertada de Virginia, porque esto le pasa a ella, pero le puede pasar a cualquier persona”, dijo la abogada Claudia González durante una transmisión de la página de Facebook “Verdad y Justicia en Guatemala”.

Agregó que evalúan de qué forma procederán y que Laparra seguirá detenida en la cárcel de Matamoros.

Además, Geraldina López, otra de las abogadas de Laparra, señaló al mismo medio que los querellantes adhesivos del caso le han exigido a su patrocinada que acepte los cargos, aunque esa es una decisión voluntaria, en la que no deben existir presiones.

Por su parte, Laparra criticó el fallo de la Sala y dijo que esta es injusta, pues, según ella, los magistrados han beneficiado a otras personas con medidas sustitutivas, pese a que lo delitos por los que se les señala no contemplan esa medida.

“La considero injusta, porque he tenido a la vista periódicos nacionales donde, incluso, por delitos que no tienen contemplado medidas sustitutivas esta misma sala se las ha dado, y respecto mi persona no se estima, con base a los análisis que ha hecho mi defensa, que no hay peligro de obstaculización ni peligro de fuga”, señaló Laparra.

Agregó que el proceso empezó en 2018, y que, pese a eso, ella no se ha ocultado, pero “la lucha constante y no claudicar es lo que me tiene prisionera”.

En el primero caso y por el cual la exfiscal fue condenada, Laparra fue procesada luego de que el exjuez Lesther Castellanos la denunciara, pues cuando era fiscal ella quiso investigarlo en cuatro ocasiones por presuntamente filtrar información reservada.

El juicio duró apenas 18 días y todos los que testificaron eran policías o funcionarios, además de Castellanos, quien fue investigado por la acusada antes de ser detenida, el 23 de febrero de 2022.

Los únicos testigos que declararon en este juicio fueron dos policías que la arrestaron, un abogado designado por la parte acusadora, un perito grafológico (para autenticar su firma) y el exjuez Lesther Castellanos, a quien Laparra denunció en cuatro ocasiones por presuntamente filtrar información reservada.

Por una excusa del juez, se aplazó la audiencia donde la exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Virginia Laparra, buscaría obtener una medida sustitutiva de arresto domiciliar.

La audiencia comenzó a eso de las 9:15 horas, pero a las 11 horas, la jueza a cargo del proceso se excusó, lo que aplazo los planteamientos a una nueva diligencia que está prevista para el 11 de abril.

Según confirmó el equipo legal de Laparra, para este sábado buscaría obtener una medida sustitutiva, así mismo mantenían en agenda una petición para reformar el delito en su contra.

Laparra fue declara a finales del año pasado como una presa de “conciencia” por Amnistía Internacional, instancia extranjera que ve la detención de la antigua operadora de justicia como una represalia, por las acciones emprendidas contra la corrupción.

En este segundo proceso penal, la antigua fiscal es señalada de haber compartido información reservada, lo que ha valido una causa penal, según los reportes de las autoridades.

Así mismo, la operadora de justicia, recibió una condena conmutable por el cargo de abuso de autoridad de forma continuada, que en etapa de juicio le costó una pena de cuatro años de prisión.

Si en este segundo proceso obtiene una medida sustitutiva, pagando la sanción conmutable, Laprra podría salir de prisión.

La exfiscal anticorrupción guatemalteca Virginia Laparra presentó este martes una apelación que busca revertir la sentencia que un tribunal dictó en su contra en diciembre pasado, por un delito administrativo.

Laparra, por medio de sus defensores, alegó que la jueza Oly González cometió algunas “irregularidades” cuando la condenó a cuatro años de prisión conmutables por el delito de abuso de autoridad.

“Existe una clara ausencia de elementos objetivos que sustenten la acusación contra Laparra”, declaró ante periodistas la abogada Claudia González, defensora de Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) en Quetzaltenango.

El recurso será conocido por una sala de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco, que podría tardar hasta nueve meses en dictar un veredicto sobre la sentencia.

En reiteradas ocasiones, Laparra ha señalado que todo se trata de una “venganza política” en su contra, por haber sido parte de los operadores de Justicia que entre 2014 y 2019 encabezaron una histórica persecución contra estructuras de corrupción incrustadas en el Estado de Guatemala.

En diciembre último, la exfiscal fue condenada a cuatro años de prisión conmutables (con el pago de alrededor de 1.25 dólares diarios) por abuso de autoridad, en el primer proceso penal en su contra y por el cual ha apelado.

Varias organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, con sede en Londres, han exigido la libertad de Laparra por considerar que sus derechos han sido vulnerados por el Estado de Guatemala.

Hasta el momento, la exfiscal acumula 10 meses en prisión y está enfrentando un segundo proceso penal en su contra por supuestamente revelar información confidencial de un proceso penal que estaba a su cargo.

Entre 2018 y 2022, al menos 24 jueces y fiscales guatemaltecos se exiliaron en Estados Unidos al denunciar una persecución penal en su contra por haber investigado o juzgado a personajes vinculados a la corrupción, especialmente exfuncionarios, presidentes y empresarios de alto perfil.

La jueza Carmen Acú Recinos resolvió ligar a proceso a la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en Quetzaltenango, Virginia Laparra, y dictó que deberá seguir guardando prisión preventiva, señalada de haber revelado información confidencial, en un segundo caso que presentó el Ministerio Público (MP) en su contra.

Virginia Laparra es ligada a proceso por segundo caso que el MP presentó en su contra

Acú Recinos, a cargo del Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango, emitió el fallo durante la audiencia de primera declaración que se llevó a cabo, sin acceso a la prensa, desde el pasado 3 de enero.

La jueza, que mantiene el caso bajo reserva, dio un plazo de tres meses para que el MP desarrolle la investigación correspondiente.

Caso bajo reserva

Acú Recinos dictó la reserva por 10 días a petición de Noé Rivera, jefe de la Fiscalía de Asuntos Internos del MP, quien, entre sus argumentos, expuso que los medios de comunicación “vulneran los derechos de los detenidos y tergiversan la información”.

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Al declarar bajo reserva el caso, se prohíbe que se conozcan los detalles del proceso, pues las audiencias son a puerta cerrada y las partes tienen prohibido hablar al respecto.

La defensa de Laparra recusó a la jueza al dudar de su imparcialidad, al considerar que ha sido condescendiente con las argumentaciones del exjuez Lesther Castellanos, pero Acú Recinos lo rechazó.

Sentencia contra Laparra

El pasado 16 de diciembre, un tribunal condenó a Laparra a 4 años de cárcel conmutables a razón de Q10 diarios, luego de haber sido hallada culpable del delito de abuso de autoridad en forma continuada.

Laparra fue procesada luego de que el exjuez Lesther Castellanos la denunciara, pues cuando era fiscal ella quiso investigarlo en cuatro ocasiones por presuntamente filtrar información reservada.

El juicio duró apenas 18 días y todos los que testificaron eran policías o funcionarios, además de Castellanos, quien fue investigado por la acusada antes de ser detenida, el 23 de febrero de 2022.

Los únicos testigos que declararon en este juicio fueron dos policías que la arrestaron, un abogado designado por la parte acusadora, un perito grafológico (para autenticar su firma) y el exjuez Lesther Castellanos, a quien Laparra denunció en cuatro ocasiones por presuntamente filtrar información reservada.

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Revés para el MP

El tribunal también inhabilitó a Laparra para ocupar cargos públicos mientras cumpla su condena, pero podrá ejercer como abogada, un revés para la Fiscalía que había pedido inhabilitarla del todo y que fuera condenada a ocho años de prisión inconmutables.

Laparra afirmó que los cargos en su contra eran “una venganza” de una polémica entidad de derecha, querellante en el juicio.