El cadáver de una joven mujer fue localizado este lunes 19 de junio en una de las habitaciones de un hotel de la zona 2 de la capital, según el reporte de los Bomberos Voluntarios, cuyos elementos fueron requeridos para atender a una persona que supuestamente estaba inconsciente.

El hallazgo fue hecho en la11 avenida y 2ª. calle de la zona 2, en la habitación número 8 de un hotel, según los socorristas que atendieron la emergencia.

La persona fallecida no ha sido identificada y su cuerpo fue hallado a un costado de la cama, estaba completamente desnuda y se calcula que tiene unos 25 años.

El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) no han dado detalles al respecto y se espera que la mujer sea reconocida en las próximas horas en la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de la zona 3, a donde será remitido el cuerpo.

No se ha revelado la hora en la que la mujer ingresó en la habitación y si cuando lo hizo iba acompañada de otra persona.

Tampoco se informó sobre si la fallecida tenía lesiones o heridas en el cuerpo, aunque en imágenes compartidas por los socorristas se observan algunos moretones en uno de los brazos, aunque será las autoridades competentes las encargadas de determinar lo que le sucedió y lo que le provocó la muerte.

Cifras de violencia

De acuerdo con el MP, la violencia contra la mujer representa el 69 por ciento del total de delitos en contra de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, que a la fecha suma 20 mil 218 casos registrados.

Según estadísticas del Observatorio de la Mujer del MP, en lo que va de 2023, 145 mujeres han muerto de forma violenta en todo el país, de las cuales 86 han sido catalogados como femicidios.

El observatorio también detalla que en lo que va de 2023, 199 mujeres han sufrido violencia sexual, según las denuncias que ha recibido la Fiscalía.

Casos de violencia psicológica, el observatorio suma 13 mil 252 y violencia física 10 mil 791.

Además, hasta el 13 de junio pasado, el Observatorio señala que 180 alertas Isabel-Claudina permanecen activas en el país, lo que significa que ese mismo número de mujeres que fueron reportadas como desaparecidas continúan si ser localizadas.

El Ministerio Público (MP) informa que Emerson Omar Díaz López, quien fue ligado a proceso por agresión sexual, quedó en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación por el caso en el que se le señala.

Según detalló el MP, la Agencia fiscal de la Mujer en Chimaltenango, “solicitó la reforma del auto de procesamiento contra Díaz López, quien había sido ligado a proceso por el delito de agresión sexual con agravación de la pena en forma continuada”.

Además, indicó que el Juzgado de Primera Instancia Penal de delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual de Chimaltenango resolvió que el sindicado enfrentará proceso penal por los delitos de violación con agravación de la pena con circunstancias especiales de agravación y agresión sexual de la pena en forma continuada.

“Derivado de la reforma otorgada al Ministerio Público, las medidas de coerción de las que gozaba el sindicado fueron revocadas y quedó en prisión preventiva”, añadió el MP.

La audiencia de etapa intermedia del caso está programada para el 30 de noviembre.

El Ministerio Público, por medio de la Agencia Fiscal de la Mujer en Chimaltenango, solicitó la reforma del auto de procesamiento contra Emerson Omar Díaz López, quien había sido ligado a proceso por el delito de agresión sexual con agravación de la pena en forma continuada. pic.twitter.com/UaXevRI1oK

— MP de Guatemala (@MPguatemala) November 8, 2022

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El caso llegó a la justicia después de que la víctima, una mujer de 30 años, denunciara que varios individuos abusaron sexualmente de ella en la madrugada del domingo.

La justicia intenta determinar si fueron cuatro o cinco hombres los que participaron de la violación, informaron fuentes al tanto de la investigación.

Hasta la noche del martes había cuatro personas emplazadas por este delito.

Si bien aún se aguardan las pruebas científicas para identificar a los responsables, la fiscal uruguaya de delitos sexuales Sylvia Lovesio sostiene que se trata de un caso inédito para este país de 3,5 millones de habitantes.

“En Uruguay sí, es un hecho sin precedentes”, dice Lovesio, que conduce la investigación, a BBC Mundo.

Pero los hechos también han provocado advertencias sobre la forma en que la sociedad uruguaya, considerada vanguardista en ciertos temas, trata los delitos sexuales en pleno siglo XXI.

La denuncia

Según la denuncia, la víctima fue a bailar el fin de semana a un pub del barrio de Cordón, próximo al centro de Montevideo, y conoció a un individuo que la invitó a su domicilio.

Ella aceptó ir con una amiga y luego de llegar se retiró junto con el hombre a una habitación donde ambos comenzaron a solas a tener relaciones sexuales consentidas.

De pronto, al menos tres individuos más aparecieron en la habitación y, junto con el mismo hombre que había llevado a la mujer hasta allí, comenzaron a abusar de ella.

Su amiga esperaba en la calle. Cuando la víctima logró salir en un estado de angustia extrema y le contó lo que le había ocurrido, realizaron la denuncia telefónica.

La fiscal Lovesio dice que los informes del médico forense que recibió el martes confirman que la mujer “obviamente fue víctima de una violación”.

Y señala que la víctima, que ha recibido asistencia de especialistas, “está obviamente con un shock emocional y psicológico terrible”.

En la mañana del domingo, la policía detuvo en el mismo domicilio a tres personas —un adolescente y dos inquilinos— que fueron emplazados y quedaron en libertad con la prohibición de acercarse a la víctima o salir del país.

“Estas personas no fueron detenidas en flagrancia, que sería la hipótesis por la cual yo podría haber pedido la prisión”, explica Lovesio. “Eso hubiera sucedido si la policía llega y los encuentra abusando de la víctima”.

La fiscal espera pedir la prisión preventiva de los denunciados una vez que obtenga pruebas suficientes, incluidos los resultados de las pruebas ADN que les realicen.

Los adultos se negaron a ceder de forma voluntaria sus muestras de ADN, informaron medios locales, y se espera que la justicia emita una orden para recogerlas.

“Cambio cultural”

Uruguay tiene una tradición de avanzada en América Latina en temas de derecho y protecciones sociales.

A comienzos del siglo XX, el país aprobó leyes pioneras sobre temas como el divorcio por sola voluntad de la mujer o el voto femenino.

Y en la década pasada se volvió uno de los pocos países de la región en despenalizar el aborto voluntario, así como el primero del mundo en legalizar el mercado de marihuana.

Sin embargo, la denuncia de violación grupal ha generado cuestionamientos sobre cuánto hace Uruguay para proteger a las víctimas de delitos sexuales y castigar a los violadores.

La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, que agrupa a diversas organizaciones de la sociedad civil, reclamó el martes un “cambio cultural” para evitar hechos como el denunciado.

En particular, pidió “enseñar perspectiva de género y violencia basada en género en el sistema educativo, desde jardinera a la Universidad”, además de capacitación en el sistema de justicia.

“Mientras este tema no sea realmente #emergencianacional (…) las mujeres seguiremos siendo violadas y sin tener una adecuada respuesta institucional”, sostuvo el comunicado

El presidente Lacalle Pou sostuvo el martes que la pena debería ser ejemplarizante “para estos actos que no son propios del ser humano ni son propios en este caso del género masculino”.

“Nos debería dar vergüenza”, dijo.

No obstante, Lovesio señala que en Uruguay hay apenas tres fiscalías de delitos sexuales, cada una de las cuales tiene entre 800 y 1.000 investigaciones y una carga de denuncias que crece.

Compara que para delitos económicos el país tiene cuatro fiscalías, aunque reciban menos denuncias, y para delitos de flagrancia como hurtos o rapiñas hay 16 fiscalías.

“Los delitos sexuales que han crecido tanto (…) deberían tener otra gestión a nivel de políticas públicas, tener más recursos”, sostiene y señala la necesidad de desarrollar políticas de prevención.

“Ahora estamos viendo que los que cometen estos delitos son jóvenes. Tenemos que tratar de parar esto de alguna manera”, agrega.

En su opinión, las penas que el país contempla para delitos sexuales son “irrisorias” y difíciles de lograr en su grado máximo debido a la alta exigencia de pruebas.

Algunos recuerdan que en 2014 y 2019 hubo en Uruguay dos denuncias diferentes de presuntos abusos sexuales en grupo, pero las mismas concluyeron sin que se encontraran culpables.

Ahora la fiscal cree que si se siguen los pasos adecuados y exponen la evidencia necesaria en un juicio, la nueva denuncia de violación grupal podría acabar con condenas de cárcel.

“Entiendo que de probarse que esto fue así”, dice, “la fiscalía va a pedir obviamente la mayor de las penas, que a mi juicio nunca va a ser suficiente por la legislación que tenemos”.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron este miércoles 29 de septiembre a un supuesto enfermero señalado de haber agredido sexualmente a una paciente de 15 años, en el área de covid-19 de un hospital de capital, informaron fuentes policiales.

“En cumplimiento a una orden judicial, policías del Departamento Contra Delitos Sexuales de la DEIC capturaron a José Froilán Sequen Alonzo, de 47 años, en la 1ª avenida y 1ª calle de la zona 1 de Chimaltenango, acusado del delito de agresión sexual con agravación de la pena”, señala un informe de la PNC.

Agrega que la orden de aprehensión fue emitida el 11 de septiembre pasado “por el Jugado de turno de Primera Instancia Penal de 24 horas con Competencia Específica para conocer Delitos Cometidos Contra Niñas, Niños y Adolescentes de Guatemala”.

De acuerdo con los investigadores de la PNC, el aprehendido laboraba en un centro asistencial de la zona 1 de la capital en el área de covid-19, a donde en mayo pasado ingresó como paciente una adolescente de 15 años, “a quien presuntamente agredió sexualmente, tocándole sus partes íntimas, acción que fue denunciada y hoy este sujeto fue capturado por la PNC”.

Edwin Monrroy, portavoz de la PNC, dijo que la denuncia de parte de la medre de la adolescente fue fundamental para dar con el sospechoso, por lo que hace un llamado a todas aquellas personas que sufran este tipo de agresiones para que lo denuncien, puesto que el silencio agrava la situación.

Se solicitó información al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social sobre si el detenido es trabajador de esa cartera, pero al cierre de esta nota continuaban verificando los datos.

De acuerdo con el Ministerio Público (MP), el delito más cometido en Guatemala durante los últimos años es el de violencia contra la mujer.

La analista del Grupo de Apoyo Mutuo, Karla Campos, explicó que, durante los primeros ocho meses de 2021, el Observatorio de la Mujer del Ministerio Público registró 58 mil 975 diferentes delitos contra las mujeres y la niñez.

Según Campos, la mayoría de hechos en contra de las mujeres van desde la violencia psicológica hasta la muerte y en muchos casos se les imputa a los convivientes, parejas o exparejas de las víctimas.

De acuerdo con el ente investigador, en los primeros ocho meses en Guatemala se reportaron, entre otros, 21 mil 317 casos de violencia psicológica, 13 mil 753 casos de violencia física y 5 mil 717 denuncias de abuso sexual.

Mientras, la Dirección de Atención a la Víctima (DAV) de la PNC registró entre el 1 de enero y 31 de agosto pasado un total de 11 mil 486 denuncias de violencia intrafamiliar contra la mujer, 3 mil 393 más que el mismo periodo de 2020.

Un tribunal guatemalteco de femicidio dictó este martes 14 de septiembre la primera sentencia condenatoria contra uno de 22 profesores y trabajadores del Ministerio de Educación acusados de abuso sexual a igual número de niñas durante los últimos años en Alta Verapaz.

La histórica sentencia dictaminó 27 años de prisión inconmutables por los delitos de violación sexual y agresión sexual a Armando Filiberto Vaidez Juárez, alias “El Profe”, por haber abusado sexualmente de “Eliza”, una niña indígena de 15 años de edad, de quien por motivos de protección de su identidad se reserva su nombre.

Según las pesquisas validadas por el tribunal, Vaidez Juárez ejerció su poder local como director de Coordinación Departamental de la cartera educativa y violó a la menor entre 2018 y 2020, cuanto esta tenía apenas entre 12 y 14 años.

Vaidez Juárez es el primero de 22 maestros del sistema público acusados por 22 abusos sexuales de niñas mayas q’eqchi’ y poqomchi del norte del país, todas representadas por el Bufete Jurídico de Derechos Humanos con Enfoque Feminista.

Lilian Vásquez, representante de la entidad y por tanto jurista de las 22 menores abusadas, no dudó este martes en mostrar su emoción porque “hay esperanza para todas las niñas que han sido víctimas” y agradeció a las familias por permitirle “ser la voz técnica y un eslabón en la justicia. Nos debemos a ellas, queremos y creemos que las escuelas deben de estar seguras”.

“Marcela”, la madre de “Eliza” y quien figuró como testigo durante el proceso penal, dijo a la Agencia Efe que espera que el agresor cumpla el máximo de prisión por sus delitos y que como medida de reparación se le brinde asistencia psicológica a la menor y a ella.

A “Eliza” le gustaba jugar al baloncesto y con sus muñecas, pero su familia dijo que después de los abusos en su contra su carácter cambió a triste y silencioso. La familia también mencionó que temen por su salud y estado de ánimo, que cada día se deteriora a sus escasos 15 años.

Los otros casos

Los primeros en recibir y escuchar a las niñas abusadas fueron los trabajadores de la Comunidad Nueva Esperanza, un proyecto educativo que busca ayudar a menores en riesgo dentro del departamento de Alta Verapaz, ubicado en el norte de Guatemala, específicamente a 250 kilómetros de la capital del país.

Además de esta sentencia en contra de “El Profe”, otros tres casos se sitúan en la fase final del juicio, a la espera de una resolución favorable para las niñas y adolescentes.

Dentro de las 22 menores abusadas por los maestros se encuentra “Teresa”, quien acaba de cumplir 18 años. “Teresa” fue abusada durante dos años en su escuela y su caso es el siguiente en la lista para concluir y alcanzar una sentencia en octubre próximo.

“Me gusta pintar de noche, solo puedo pintar de noche, cuando todo está en silencio y yo estoy sola”, mencionó “Teresa” en una entrevista previa al mostrar una de sus nuevas pinturas, con las que busca dejar atrás las secuelas del abuso continuado y cuyo arte le da una razón para seguir adelante.

Para la coordinadora de DD.HH. y Atención a la Víctima con énfasis en violencia a la mujer de la Comunidad Nueva Esperanza, María del Rosario Pineda, la sentencia “es una dosis de confianza, como echar una semilla en la tierra y regar con las primeras gotas de agua de algo nuevo que está resurgiendo”.

La sentencia, añade Pineda, es “haber hecho justicia, es un acto de prevención, es decirle que sí le creímos a la víctima”.

De igual forma el padre Sergio Godoy, director del proyecto Comunidad Nueva Esperanza, señala que la cultura del silencio en Guatemala y la corrupción han permitido casos como los de las 22 niñas.

“Hay casos en los que el agresor tiene un cierto ascendiente, entonces se tiende a callar y buscar un pacto de silencio entre la víctima y el agresor. En el caso de los maestros, sus únicas represalias fueron traslados a otros espacios laborales. Pero en el caso de la violencia intrafamiliar, tendía a ser acallada totalmente”, aseguró Godoy.

Durante los primeros siete meses de 2021, la Fiscalía guatemalteca había registrado casi 37 mil casos de violencia contra las mujeres, además de 5.389 denuncias de maltrato contra la niñez y 5 mil 72 agresiones sexuales contra mujeres.

Además, el país centroamericano registra un promedio diario de 237 denuncias de agresiones contra niñas y mujeres, según datos del sistema de justicia guatemalteco.

Walter Daniel Sical Orozco fue enviado a juico este miércoles 8 de septiembre acusado de haber acosado sexualmente a una niña de 9 años en San Marcos, informó el Ministerio Público (MP).

Fue el juez del Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer y Violencia Sexual de ese departamento quien envió a juicio a Sical Orosco, quien deberá enfrentar a la Justicia por el delito de agresión sexual con agravación de la pena.

El 24 de febrero pasado, Sical Orosco fue ligado a proceso por el mismo juzgado.

El hombre fue capturado luego de una denuncia presentada por una mujer en San Marcos, quien afirma que su hija de 9 años fue acosada y amenazada por un hombre que se conducía en un vehículo, en la cabecera de ese departamento.

La mujer, incluso, accedió a videos de cámaras de seguridad que presentó como evidencia a las fuerzas de seguridad; sin embargo, según comentó en las redes sociales, no recibió apoyo, lo cual fue objeto de fuertes críticas.

La denunciante dijo que el hombre amenazó a su hija para que subiera al vehículo, pero la niña corrió y pudo pedir auxilio. Además, pidió justicia, aunque eso signifique “llegar a las últimas consecuencias”.

“Hablo no solo por mi hija, sino por todas esas niñas que fueron abusadas, de una u otra forma, por el mismo individuo. Voy a estar aquí, al frente, hasta llegar al fin de la investigación, y que no sea un caso más archivado”, dijo la madre.

Raúl de Jesús Morales López, fue condenado a una pena de 70 años de prisión inconmutables por violación con agravación de la pena con circunstancias especiales de agravación en concurso real y agresión sexual con agravación de la pena en concurso real.

Las víctimas son dos niñas de 10 y 11 años de edad que según las autoridades fueron abusadas sexualmente por Morales López.

Con las pruebas que presentó la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia, el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio dictó la pena de 70 años de prisión contra Morales, informó el Ministerio Público.

En el debate oral y público los fiscales demostraron la responsabilidad de Morales López en los hechos donde violentó la integridad física y emocional de dos niñas, una de 10 años y otra de 11 años de edad.

Raúl de Jesús Morales López fue condenado a una pena de 70 años de prisión con las pruebas que presentó la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia por los delitos de agresión sexual con agravación de la pena con circunstancias especiales de agravación en concurso real. pic.twitter.com/5odO4GghFk

— MP de Guatemala (@MPguatemala) September 2, 2021

En las investigaciones se estableció que los hechos en contra de la niña de 10 años ocurrieron entre los meses de enero y febrero del 2019 hasta el 12 de octubre del mismo año, en el interior de una vivienda ubicada en la colonia Paraíso 2, zona 18, de la capital.

Por medio de las pesquisas la fiscalía probó ante el tribunal que los hechos en contra de la otra niña ocurrieron desde finales del año 2010 hasta diciembre de 2015, siempre en la vivienda del Paraíso 2, zona 18.

En las pruebas testimoniales se estableció que el procesado amenazó a sus víctimas con hacerle daño a un familiar de las agraviadas.

El tribunal programó la audiencia de reparación digna para la tarde del 6 de septiembre de 2021.

Una ola de indignación recorre Camerún por la difusión en las redes sociales sin consentimiento de fotos y videos de una joven manteniendo relaciones sexuales en la oficina de un famoso periodista. Los internautas y las asociaciones de defensa de los derechos de las mujeres denuncian la banalización del sexismo y la violencia sexual.

Los abogados de la joven, Malicka, piden que los dos hombres involucrados en el caso comparezcan ante un tribunal. La fiscalía aún no ha dado seguimiento a la denuncia y uno de ellos, Guy Olivier Moteng, ha anunciado que se querellará en los próximos días, sin decir por qué.

Las imágenes fueron grabadas en el despacho del periodista Martin Camus Mimb, director de Radio Sport Info, con sede en Douala, en el sur del país. Mimb dijo inicialmente que dos visitantes, la joven Malicka y Wilfrid Eteki, jefe tradicional y amigo del periodista, habían aprovechado su ausencia para mantener relaciones sexuales en su oficina y que por ello presentaría una denuncia.

Pero cuando le acusaron de haber participado en el acto, Mimb lo reconoció y lamentó “esta situación desafortunada”. “Malicka, a ti cuya dignidad y honor han sido deshonrados, te pido perdón”, imploró el periodista en una carta, sin lograr sofocar la polémica. Ni Nimb ni su abogado han querido responder a las preguntas de AFP.

Después de la difusión de la cinta las redes sociales se movilizaron para denunciar y concienciar sobre la violencia sexual. Minou Chrys-Tayl, una activista feminista, llamó a las víctimas a hablar y los testimonios se multiplicaron, cuenta.

“Chantaje sexual”

El Fondo de Población de la ONU (UNFPA) estimó en 2016 que más de un tercio de las mujeres de Camerún había sufrido violación o agresión sexual.

“Vivimos en una sociedad donde nunca se ataca a los verdugos, ni por parte de la sociedad ni de la justicia”, explica el escritor Félix Mbetbo, autor de un libro que recopila testimonios de víctimas de agresiones sexuales.

“Como mujer emprendedora, me enfrento a diario, no al acoso sexual, sino al chantaje sexual. Cuando fui a ciertas empresas a presentar un dosier de marketing para solicitar apoyo, un anuncio por ejemplo, varias veces me dijeron: ‘Si me das esa cosa de ahí (sexo), funcionará fácilmente'”, afirma Valgadine Tonga. “Como mujer es difícil trabajar”, añade.

El caso del vídeo sexual privado ha generado divisiones incluso en el gobierno. Varios políticos apoyaron al periodista, incluido un ministro que más tarde borró sus comentarios de las redes sociales.

Marie Thérèse Abena Ondoua, ministra de Promoción de la Mujer y la Familia, denunció “actos abominables y perversos que convierten la joven en un objeto y un objeto sexual sin valor”.

El miércoles, la Comisión de Derechos Humanos de Camerún condenó con “fuerza la captura y difusión a través de las redes sociales (…) de imágenes y videos indecentes, impactantes o violentos, que atentan gravemente contra la dignidad humana”.

Malicka está “muy afectada por el hecho de que su imagen se haya exhibido por todo el mundo. Su imagen está completamente destrozada”, lamenta Dominique Fousse, abogada de la joven. “Su familia decidió llevarla a un psicólogo”.

En Camerún “el problema de la violencia sexual es extremadamente fuerte por el no reconocimiento de la humanidad de las mujeres”, declaró a la AFP Minou Chrys-Tal. Según ella, el acoso sexual es un “flagelo que encontramos a la cabeza de nuestras instituciones, en pequeños despachos, en las casas con trabajadoras domésticas”.

El alcalde de San Raymundo, Guatemala, Joel Humberto Choy Yoc, perdió su derecho de antejuicio luego que la Sala Primera de Apelaciones decidió quitarle la inmunidad para que sea investigado por un caso de agresión sexual a una menor de edad.

Según se informó, el Ministerio Público podrá investigar al jefe edil por un caso de violación, violación en forma continuada, plagio y amenazas.

La investigación surge luego que en agosto de 2020 se activó una alerta Alba Keneth, debido a que el 8 de ese mes, una menor de 16 años había desaparecido en la Joya de Morales en San Raymundo.

Familiares y amigos de la menor al ver que esta no había regresaron a su vivienda denunciaron el caso y activaron la alerta Alba-Keneth.

El lunes 10 agosto la menor fue ubicada y les dijo a sus padres que había sido abusada por el jefe edil.

En redes sociales también hubo varias denuncias de usuarios que señalaban al alcalde Joel Humberto Choy Yoc de haberse llevado a la menor y haber abusado de ella.

El Ministerio Público confirmó que la fiscalía municipal de San Juan Sacatepéquez se había encargado de la investigación, pero el cas quedó bajo reserva y fue esta este 11 de junio de 2021 que se confirmó el retiro de inmunidad al jefe edil.

Ante los hechos recientes que se han conocido de niñas víctimas de la violencia y agresiones sexuales, Mirtala Mayen, psicóloga de la clínica de atención a las víctimas sobrevivientes de agresiones sexuales y maltrato infantil, del Hospital Regional de Occidente, explicó que es necesario informar a los menores sobre las agresiones sexuales y el acoso.

“Lo aconsejable es que los padres de familia nos eduquemos sobre las conductas a seguir para que nuestros niños creen en ellos seguridad e identifiquen los momentos en que puedan ser agredidos, cuando son víctimas o posibles víctimas. A la hora que hagan preguntas sobre la violencia o abusos sexuales se debe tener una escucha asertiva, permitir que pregunten todo lo que quieran y responderles con calma”, explicó Mayen.

La profesional recomienda empoderar a los niños y niñas para que puedan decir cuando sufran alguna agresión y demostrarles apoyo, creerles y ayudarlos para que el ataque no ocurra de nuevo.

La psicóloga también invitó a padres de familia a informarse sobre las agresiones sexuales para poder responder a las preguntas de sus hijos o para informarlos. “Es necesario saber la respuesta adecuada. Hay revistas, libros, apoyo con profesionales de salud, y psicólogos. A veces los padres no tienen las palabras idóneas”, resaltó.

Otro consejo es que los niños sepan a dónde y a quién acudir cuando sufren alguna agresión.

“Desde pequeños debemos inculcarles a nuestros hijos que nadie tiene derecho a tocar su cuerpo, a hablarles de forma incorrecta, y solo nosotras somos dueñas de nuestro cuerpo. Cualquier persona que me diga palabras inadecuadas o me muestre partes indebidas de su cuerpo, es acoso, es abuso, es maltrato, todo lo que nos agrede como niños o adolescentes debemos decirlo”, explicó la psicóloga.

Recomendó evitar que los niños vean imágenes o noticias de hechos violentos porque provoca un trauma. “Como padres nos asusta y nos crea desconfianza que estén sin nuestra supervisión, pero debemos mantener la calma y el estado afectivo con nuestros hijos para que puedan confiar en nosotros y decir cuando algo pase”, subrayó.

En el 2020 en el departamento de Quetzaltenango 932 víctimas de violaciones sexuales presentaron denuncias ante el Ministerio Público, además de 248 de agresiones sexuales. En el 2021 ya se conocen seis hechos de agresiones sexuales y 24 violaciones en el departamento.