Cuatro hombres en aparente estado de ebriedad fueron capturados este domingo por haber golpeado a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y por haber dañado una unidad policial, informaron fuentes de esa institución.

Agentes de la comisaría 16 informaron que en la 17 avenida y 15 calle “B” de la colonia San Ignacio, zona 7 de Mixco, los cuatro sujetos agredieron al agente Juan Francisco Sisimit Marroquín, quien fue trasladado a un centro asistencial con un golpe en la cabeza, el cual fue ocasionado con una piedra.

Los aprehendidos fueron identificados como Gerardo Higinio Sánchez Barco, de 32 años; Wálter Ottoniel Chamalé Pojoy, 34; Isaí Bernabé Chamalé Hernández, 27; y José Mario Aguilar López, 20, a quienes también se les sindica de haber dañado la unidad policial GUA16-227, asignada a la comisaría 16.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de un juzgado de turno, donde deberán esclarecer su situación legal.

Cuatro hombres ebrios capturados por golpear a un agente de PNC y por ocasionar daños a una unidad policial

PNC de la comisaría 16 informa que en la colonia San Ignacio, zona 7 de Mixco, cuatro hombres bajo efectos de licor fueron puestos a disposición. pic.twitter.com/aI79JvSWAW

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) June 6, 2021

La Policía de Alameda, California, EE. UU., publicó a última hora del martes último un video en el que se observa la detención de Mario González, un hispano de 26 años sobre quien un agente colocó su rodilla cuando estaba en el suelo para inmovilizarlo y que falleció poco después.

El incidente tuvo lugar el pasado 19 de abril en esa localidad del área de la Bahía de San Francisco, cuando las autoridades recibieron la alerta de que González se encontraba merodeando cerca de un parque en aparente estado de embriaguez y por la zona en que se había denunciado un robo en una licorería.

En el video, de una hora de duración y grabado por la cámara que llevan incorporada los propios policías, se ve a tres agentes hablar durante varios minutos con González, que se encuentra calmado, pero actúa de forma errática y tiene junto a él dos cestos de supermercado llenos de botellas de licor.

Tras 11 minutos de charla y pedirle la identificación, a lo que González responde que su nombre es Mario, dos agentes lo agarran por los brazos para esposarlo, pero este se resiste y tras un forcejeo termina bocabajo en el suelo, aunque en el video no se aprecia si cae o si lo empujan.

Una vez en el suelo, por lo menos un agente presiona varias veces con su rodilla la espalda y el hombro de González mientras otro policía le coloca las esposas.

Es entonces cuando este empieza a quejarse y a gritar, y puede apreciarse cómo respira con dificultad, aunque sigue respondiendo a las preguntas de los agentes.

“Creo que has bebido demasiado, eso es todo”, le dice entonces uno de los policías, mientras otro le pide que se calme.

Justo instantes después de que un agente dijera a sus compañeros que no están aplicando “peso sobre su pecho”, González pierde el conocimiento, tras lo que los policías lo giran boca arriba y tratan de reanimarlo.

González murió poco después en el hospital.

Tras publicarse el video, los familiares del fallecido acusaron en una rueda de prensa a la Policía de haber “asesinado” a González y de haber mentido sobre lo ocurrido, por lo que pidieron que se despida a los tres agentes implicados, identificados por la propia institución como James Fisher, Eric McKinley y Cameron Leahy.

Esta muerte ocurre en un momento de gran tensión en EE. UU. por los fallecimientos de miembros de minorías étnicas a manos de la Policía, y solo días después de que el jurado de un tribunal de Mineápolis emitiera su fallo contra el exagente blanco Derek Chauvin, a quien consideró culpable de tres cargos por el asesinato por asfixia del afroamericano George Floyd en mayo de 2020.

La muerte de Floyd provocó una ola de protestas sociales y disturbios civiles en todo el país.

Las autoridades mexicanas vincularon a proceso a cuatro policías, tres hombres y una mujer, por el delito de feminicidio en contra de una migrante salvadoreña, ocurrido hace una semana, en el balneario de Tulum, informó este sábado la Fiscalía General del suroriental estado de Quintana Roo, Caribe mexicano.

Mediante un comunicado, la Fiscalía informó que el juez que realizó esta día la audiencia de vinculación “determinó que existen los elementos suficientes para vincular a proceso penal” a los policías Miguel “C”, Juan “C”, Raúl “L”, y Verónica “V”.

De acuerdo con la información, las Fiscalías Especializadas en la Investigación del Delito de Homicidio y la de Feminicidio entregaron datos de prueba que permitieron fijar la prisión preventiva como medida cautelar.

Además, el juez otorgó cuatro meses de investigación complementaria a los fiscales que llevan el caso.

Repatriación

Este sábado 3 de abril, los restos mortales de la salvadoreña Victoria Esperanza Salazar partieron del aeropuerto internacional de Cancún, Caribe mexicano, acompañados de sus dos hijas, su madre y hermano.

Alrededor de las cinco de la mañana inició el traslado del féretro desde una modesta funeraria en Tulum, a unos 130 kilómetros de Cancún, y tras dos horas de trayecto la carroza ingresó a la zona de aduanas de la terminal aérea para realizar los tramites de rigor.

Sobre la repatriación del cuerpo, la Cancillería mexicana señaló en un comunicado que ha estado en contacto permanente con las autoridades salvadoreñas y trabajado de manera coordinada con distintas dependencias federales y estatales en el seguimiento del caso.

Además, indicó que el embajador de México en El Salvador, Ricardo Cantú, recibió este sábado a la madre de la fallecida, a sus hijas, y su hermano en el aeropuerto de San Salvador y coordinó la entrega del cuerpo de Victoria Salazar a las autoridades salvadoreñas.

La representación diplomática, además, garantizó que habrá un acceso efectivo a la justicia para los familiares de Victoria Esperanza, así como reparación del daño y la no repetición de hechos similares.

Caso en Tulum

Victoria Esperanza, de 36 años y residente en México con una visa humanitaria desde 2018, fue sometida por los cuatro policías en Tulum.

https://www.youtube.com/watch?v=XcNZs_pkJso

Salazar tenía dos hijas, la mayor de las cuales, de 16 años, estuvo desaparecida durante unas horas entre este martes y miércoles.

Mientras, la hija pequeña estaría resguardada en un albergue público tras haber sufrido abusos de la pareja sentimental de su madre, el cual fue arrestado el martes.

El deceso de Salazar, grabado en video, ha causado indignación en ambos países y motivado protestas de organismos internacionales y grupos que acusan a las fuerzas de seguridad mexicanas de racismo y misoginia, además de reclamos de El Salvador.

Varias agencias de la ONU, como la OIM, Acnur y la ONU-DH, condenaron en estos días el asesinato de la mujer y pidieron a las autoridades una investigación “pronta e imparcial”.

El latino José Albert Lizárraga García murió de un paro cardíaco el 22 de enero último durante un forcejeo con la policía de California.

De acuerdo con una grabación publicada recientemente, varios policías sometieron al hispano colocándole las rodillas en la espalda mientras este yacía en el suelo.

“No puedo respirar”, se queja varias veces Lizárraga, de 41 años, quien murió por un paro cardíaco en el lugar, según los reportes médicos.

En el video también se ve cómo los agentes tratan de colocarle por la fuerza un tipo de capucha, supuestamente por riesgo de infección de covid-19.

El suceso está causando indignación en Estados Unidos, pues recuerda la forma en que murió el afroestadounidense George Floyd, cuando un agente le puso la rodilla en el cuello, en mayo del 2020.

La versión de la policía

De acuerdo con los reportes policiales, el hecho ocurrió en el estacionamiento de un centro comercial de la localidad de Indio, California.

Los oficiales dijeron que Lizárraga entraba y salía de varios establecimientos, lo que lo hizo parecer sospechoso.

Según una publicación de Infobae, los agentes dijeron que el hispano tuvo una actitud violenta, y que incluso los escupió.

Agregaron que debieron llamar a los paramédicos porque mostró problemas de salud durante el arresto.

Familiares pidieron justicia y dijeron que la víctima estaba entusiasmado porque sería abuelo dentro unos meses.

Una manifestación se efectuó en la localidad, donde se podían leer carteles con las frases “Jusiticia para Albert”.

(Foto principal: Twitter/@ProyectoPuente)

En el año en que Black Lives Matter se convirtió en un grito de guerra en todo el mundo, BBC News Brasil, en colaboración con una ONG local, el Foro Brasileño de Seguridad Pública (BFPS), se propuso investigar estas muertes.

¿Cuál es la verdadera magnitud de la violencia policial letal en Brasil y quién está en mayor riesgo?

Advertencia: este artículo contiene imágenes y descripciones que algunos lectores pueden encontrar perturbadores.

Tres adolescentes, tres muertes

João Pedro tenía 14 años cuando le dispararon por la espalda mientras jugaba en casa con sus primos.

Guilherme Guedes, de quince años, desapareció afuera de la casa de su abuela antes de recibir un disparo en la boca.

E Igor Rocha Ramos, de 16 años, murió cuando se dirigía a comprar pan, mientras su madre estaba en casa recuperándose del coronavirus.

¿Qué conecta a estas muertes? Se alega que los tres adolescentes fueron asesinados por la policía brasileña en 2020 y más de seis meses después, sus familias dudan que se haga justicia.

Caso uno: Igor Rocha Ramos, fallecido a los 16 años, 2 de abril de 2020

“Había perdido tanta sangre que corría a lo largo de toda la calle. Desde la parte superior, donde yacía, hasta abajo”, dice Ana-Paula Rocha, la madre de Igor.

“No me dejaron acercarme. Me retuvieron todo el tiempo. Luego lo llevaron al hospital. No me dejaron ir en la ambulancia”.

Como madre soltera que trabaja, Ana-Paula crió a sus cuatro hijos con un salario mensual de solo US$300.

Junto a sus tres hijas, Bruna, Barbara y Beatriz, y su hijo menor Igor, compartían casa en Jardim São Savério, un suburbio en las afueras de Sao Paulo, cerca de donde Ana-Paula trabaja como conductora de autobús.

El día que un agente de policía disparó a Igor, Ana-Paula estaba en casa recuperándose del coronavirus. Sufría de síntomas graves, incluidos problemas respiratorios, y se había estado aislando durante 11 días en su dormitorio.

Igor se ofreció como voluntario para ir a la panadería a comprar pan y papas fritas para almorzar con unas salchichas que habían quedado.

Salió de la casa alrededor de la 1:15 de la tarde, y solo 10 minutos después, Ana-Paula escuchó un grito ensordecedor que venía de la calle.

“Han matado a un niño. Han matado a un niño y se parece a Igor“, dice Ana-Paula que gritó el vecino. Aterrorizada, se quitó las zapatillas, bajó corriendo las escaleras y salió por la puerta principal a la calle.

Luchando por respirar, recuerda que se arrancó su barbijo.

Decenas de vecinos ya estaban en la calle, maldiciendo y filmando a la policía con sus teléfonos. Entonces recuerda el grito aterrorizado de su hija Bruna.

“¡Fue en la cabeza, mamá! El disparo fue en la cabeza”, gritó Bruna. Ana-Paula dice que fue entonces cuando entró en pánico.

Filmadas por varios testigos, las gráficas imágenes de los teléfonos móviles muestran cómo tanto Bruna como Ana-Paula son contenidas agresivamente mientras intentan pasar entre el número cada vez mayor de policías que rodean el cuerpo de Igor.

“Me dolió tanto verlo así. Me quitó una parte de mí”, dice, mientras se funde en lágrimas.

Diez meses después, nadie ha sido arrestado por la muerte de Igor, pero la policía militar de Sao Paulo dice que su caso aún está bajo investigación.

Ana-Paula dice que mientras estaba en el lugar, uno de los agentes le dijo: “Fue un tiroteo, señora”, dando a entender que Igor tenía un arma.

Pero ella insiste en que Igor no tenía pistola y que simplemente estaba en camino a comprar pan. Los testigos también le dijeron a la BBC que no vieron a Igor con un arma.

El departamento de policía de Sao Paulo dice que aún deben investigar a fondo las afirmaciones del agente de que Igor estaba armado.

Los informes del hospital confirmaron que Igor murió en la calle de un solo disparo en la nuca. Las imágenes y los informes de testigos muestran que cayó cerca de la panadería.

Ana-Paula dice que seguirá luchando para conseguir justicia para Igor, pero le preocupa que el sistema judicial también esté predispuesto en contra de quienes viven en los barrios más pobres de la ciudad.

“Si mi hijo fuera el hijo de un hombre rico, el agente ya estaría en la cárcel. Pero este policía, está ahí afuera, sigue trabajando con normalidad”.

Las autoridades confirmaron que el policía involucrado sigue cumpliendo sus funciones habituales.

Joven, varón y negro

En los primeros seis meses de 2020, la policía mató a 3.148 personas en Brasil. Eso es un promedio de 17 personas muertas cada día.

Incluso en el relativamente pequeño estado de Río de Janeiro (población: 16 millones), la policía mató a más personas en los primeros seis meses del año que en todo Estados Unidos (población: 328 millones).

Pero en Brasil, la violencia policial letal se ha normalizado tanto que rara vez desencadena protestas masivas como las que se ven en EE.UU. o Nigeria.

Además, se estima que solo alrededor de 1 de cada 10 muertes a manos de la policía resulta en un cargo criminal.

Cuando se trata de la brutalidad policial en Brasil, la regularidad con la que las personas pierden la vida es tratada, tanto en las calles como en los medios de comunicación y los tribunales, con apatía y evasión de responsabilidades.

Para comprender quién está más en riesgo, la BBC, en colaboración con el Foro Brasileño de Seguridad Pública, examinó los perfiles de más de 1.000 personas que murieron a manos de la policía en el estado natal de Igor, Sao Paulo, y en Río de Janeiro, durante los primeros seis meses de 2020.

Lo que descubrimos fue que en Sao Paulo, el estado más poblado y rico de Brasil, donde una gran mayoría de personas se autoidentifican como blancas, casi el 60% de todos los fallecidos eran brasileños negros.

Más del 99% de todos los muertos eran hombres y casi el 30% tenían menos de 24 años.

Pero en Río de Janeiro, el estado más mortífero de Brasil en términos de brutalidad policial, el 75% de todos los fallecidos por la acción policial son negros, una proporción aún mayor.

En Río, si eras joven, negro y del sexo masculino, tenías cinco veces más probabilidades de morir a manos de la policía en 2020 que un joven blanco.

Es importante señalar que, en nuestra investigación, todas las estadísticas sobre personas vivas utilizan categorías raciales autoidentificadas. En el caso de los fallecidos, se determina su raza según consta en los registros policiales.

En Brasil, la descripción racial de una víctima de asesinato es designada por el forense o el oficial de policía investigador, utilizando las categorías amplias de negro, blanco, otro o desconocido.

Negro, en este caso, suele incluir tanto a individuos negros como a individuos ‘pardos’ (mestizos).

Como el último país de las Américas en abolir la esclavitud, Brasil sigue siendo profundamente desigual, y los brasileños negros y mestizos tienen más probabilidades de experimentar una menor esperanza de vida, educación y nivel de vida.

Caso dos: Guilherme Guedes, secuestrado y asesinado a los 15 años, 14 de junio de 2020

Una de las muertes más atroces de 2020 en Brasil fue la de Guilherme Guedes, quien desapareció fuera de la casa de su abuela y luego fue encontrado muerto a tiros.

“Hubiera preferido que mi hijo tuviera covid-19 en lugar de morir como lo hizo”, dice su madre, Joyce da Silva dos Santos.

“Mucha gente me dice: ‘Es el plan de Dios’. No, para mí este no es el plan de Dios. ¿Es el plan de Dios que una persona muera de dos balas en la cabeza?”.

La última vez que Joyce vio a su hijo fue en una barbacoa familiar. Cuando empezó a hacerse tarde, Guilherme (Gui) se ofreció a acompañar a su abuela a casa.

En el camino recogieron pasteles de pollo, los favoritos de Gui, cuenta Joyce.

Después de ayudar a su abuela a meterse en la cama, Gui volvió a salir a la calle y se encontró con otro chico de su edad. El niño le advirtió que había dos “policías vestidos de civil” que se dirigían hacia ellos.

“Pero Gui dijo: ‘No. No me iré, porque no he hecho nada malo‘”, dice Joyce. “Así que se quedó. Y ahí es cuando llegaron los dos”.

Imágenes de la cámara de seguridad frente a la casa de la abuela de Guilherme muestran a dos hombres rodeando a Guilherme en la calle.

Su cuerpo fue descubierto seis horas después, arrojado a 6 kilómetros de distancia en una ciudad cercana. Los informes forenses muestran que le dispararon una vez en la boca y otra en la nuca.

Siete meses después, la Oficina de Seguridad Pública de Sao Paulo dice que ambos sospechosos en el video han sido identificados.

Actualmente en prisión y esperando un juicio, el sargento Adriano Fernandes de Campos niega todos los cargos. La policía sigue buscando al segundo sospechoso, el exoficial Gilberto Eric Rodrigues.

Joyce dice que creciendo Guilherme siempre temió a la policía, pero que ella le decía que no había razón para tener miedo.

“Le quité el miedo”, dice Joyce. “Pero hoy prefiero que mis hijos le teman a la policía”.

“Creo que para ellos, todo el que vive en las afueras es un criminal. Creen que un niño de 15, 16, 17 años no puede tener zapatillas de marca en sus pies”.

Una historia de violencia

¿Por qué la policía de Brasil es tan agresiva? Parte de la respuesta se encuentra en el pasado del país.

Saliendo de dos décadas de dictadura militar, en las que miles fueron torturados y cientos asesinados, Brasil heredó dos fuerzas: la militar y la policía civil.

Los cadetes de la policía militar continúan recibiendo una formación más parecida a los reclutas del ejército, a pesar de ser los principales responsables de la vigilancia callejera diaria.

En tanto, la policía civil asume funciones más judiciales y administrativas.

El exjefe de policía del estado de Río de Janeiro, Robson Rodrigues da Silva, dice que la presión sobre los agentes de policía en Brasil no puede subestimarse.

Con una de las tasas de criminalidad más altas del mundo, argumenta que la policía en Brasil está mal pagada y no recibe suficiente apoyo.

Con el tiempo, la imprevisibilidad y la volatilidad del trabajo pueden causar un “daño psicológico significativo” a muchos agentes.

“La suposición general de cualquier policía es que es muy probable que alguien esté armado“, dice Robson, “porque la disponibilidad de armas de fuego en estas áreas refleja cuán ineficiente es el sistema para evitar que tales armas lleguen fácilmente a manos de delincuentes”.

“Esto genera tensión y miedo, y cuando esto se manifiesta en un policía, es mucho más probable que reaccione mal ante una situación”.

Para Robson, en ningún lugar es más peligroso ser policía que en las favelas de la ciudad de Río.

Rodeando la ciudad, apiladas precariamente en las laderas de las montañas, las miles de favelas de Río carecen no solo de una presencia policial permanente, sino también de escuelas y hospitales.

Muchos están bajo el control de bandas del crimen organizado, lo que los convierte en lugares volátiles para todos los que viven y trabajan allí, incluida la policía.

El año pasado, Río de Janeiro fue, por lejos, el estado más mortífero de Brasil en términos de violencia policial letal, contribuyendo con una cuarta parte de todas las muertes a manos de la policía en el país.

¿Por qué Rio es tan mortal? La respuesta: redadas antidrogas. Son operaciones en las que decenas de agentes ingresan a las favelas, a menudo con el apoyo de helicópteros y vehículos blindados, en persecución de bandas delictivas organizadas.

En esta guerra civil entre la policía y las bandas de narcotraficantes, las personas inocentes tienen más que perder.

Atrapados entre la violencia y el virus

Como periodista que vive y trabaja en las favelas, Bruno Itan suele ser el primero en entrar en escena cuando estalla una pelea entre la policía y las pandillas.

Pero el año pasado, en medio de la creciente pandemia de coronavirus, Bruno describe una redada policial que sacudió a su comunidad hasta la médula.

“Tan pronto como llegué, vi muchos cuerpos esparcidos por las calles. Fue tan terrible, creo que por un momento la gente se olvidó del virus. Era una escena de guerra, con sangre por todas partes y agujeros de bala”.

Era el mediodía del viernes cuando más de una decena de policías ingresaron al Complexo do Alemão en busca de narcotraficantes. Dos horas después, los lugareños dicen que al menos 12 personas habían muerto y la policía dejó atrás cinco cuerpos.

Atrapados entre la violencia policial y el virus, muchos residentes se vieron obligados a romper la cuarentena para retirar los cuerpos, que según dicen habían comenzado a oler en unas pocas horas debido al calor abrasador del verano de Río.

“Todos estaban ayudando. Algunas personas estaban limpiando la sangre, otras repartían sábanas, alguien más prestó su auto, mientras que otras estaban ayudando a llevar los cuerpos.

“Necesitaban ayudarse a sí mismos y a los demás. Una madre no iba a poder cargar el cuerpo de su hijo por sí misma”.

Creciendo en las favelas, Bruno dice que ha aprendido a convivir con la violencia. Sabe qué hacer cuando el grupo de WhatsApp de la comunidad advierte de una redada.

Sabe dónde esconderse -en el piso del baño o detrás de una puerta- pero siempre lejos de cualquier vidrio o ventana.

Pero para Bruno, a pesar de haber vivido cientos de redadas, la escalada de violencia policial el año pasado, en combinación con la pandemia, fue reprensible.

“La violencia siempre llega, pero nunca 12 personas mueren en una mañana. Tal vez una o dos. Una o dos muriendo, puede que le resulte extraño, pero desafortunadamente para nosotros esto se ha vuelto normal. ¿Pero 12?”

Caso tres: João Pedro Matos Pinto, 18 de mayo de 2020

A principios del año pasado, un aumento en las muertes a manos de la policía en Río de Janeiro significó que 2020 parecía bien encaminado para convertirse en el peor año en dos décadas en términos de brutalidad policial letal.

Pero esto se frenó debido a un solo caso, el asesinato de un adolescente en mayo, que paralizó todas las redadas policiales en las miles de favelas de Río.

Justo después de la hora del almuerzo de un lunes, un escuadrón de policías militares sin orden judicial ingresó ilegalmente a la casa donde João Pedro, de 14 años, jugaba con sus primos.

Se dispararon más de 70 rondas de munición dentro de la casa, y João Pedro murió por una bala de la policía en la espalda.

“João era un niño muy hogareño. Dondequiera que iba, siempre estaba con sus padres. Su rutina era la escuela, el hogar, la iglesia“, dice su madre, Rafaela Coutinho Matos, maestra de 36 años.

El día que mataron a su hijo, Rafaela estaba en su casa en São Gonçalo, en las afueras de Río. João había ido a jugar a la casa de este primo, a la vuelta de la esquina.

Aproximadamente a las 2:30 pm escuchó el helicóptero de la policía. “Llamé a João y le dije: ‘Hijo, estoy muy preocupada porque el helicóptero está disparando’. Pero él dijo: ‘Mamá, cálmate, estamos dentro de la casa‘”.

Esa fue la última vez que Rafaela habló con su hijo. Los informes oficiales de la policía y los relatos de testigos han confirmado que, tras arrojar dos granadas, la policía entró en la casa y abrió fuego.

Las autoridades dicen que sus agentes estaban persiguiendo a varios narcotraficantes armados que se cree que saltaron el muro y entraron en la propiedad.

Los primos de João le dijeron a su mamá que corrieron en todas direcciones cuando la policía entró a la casa, tratando de esconderse de las balas.

Tumbados boca abajo en el suelo, los niños se cubrieron la cabeza con los brazos para protegerse. Congelados por el miedo, solo más tarde se dieron cuenta de que João había recibido un balazo en la espalda.

“No imaginé un rifle de asalto. Me imaginé una herida superficial”, dice Rafaela, rompiendo a llorar.

Después de que se descubrieron las heridas de João, lo llevaron al helicóptero de la policía. Las autoridades dicen que aún están investigando cómo fue trasladado su cuerpo.

Pero sus amigos y primos dicen que los obligaron a llevar su cuerpo ellos mismos a un automóvil, antes de que lo cargaran en el helicóptero.

Durante 17 horas, Rafaela no supo adónde habían llevado a su hijo. La familia pasó toda la noche visitando hospitales locales hasta que finalmente a la medianoche les dijeron que su cuerpo estaba en la morgue local.

A pesar de acaparar la atención de los medios brasileños, Rafaela cree que es poco probable que alguien sea arrestado u obligado a rendir cuentas por el asesinato de su hijo.

João no es el primer hijo que se pierde en su comunidad, dice, y no será el último.

“Nunca hablé con João sobre el racismo. Ni siquiera me detuve a pensar en ello, porque nunca imaginé que estaría viviendo lo que vivo hoy. Pero sí, creo que fue un prejuicio”.

“Porque la policía piensa que todos los que viven en la favela son delincuentes. No todos son delincuentes y estos asesinatos suelen ocurrirles a negros“.

El gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, declaró públicamente que João era inocente y que su muerte sería investigado a fondo. Pero ocho meses después, las autoridades han confirmado que aún no se ha detenido a nadie.

Sin embargo, impulsado por una gran respuesta en los medios de comunicación brasileños, el caso de João Pedro condujo a una sentencia sin precedentes de la Corte Suprema.

Todas las redadas policiales se suspendieron temporalmente mientras los residentes continuaron en cuarentena en sus hogares durante la pandemia.

Nuestra investigación sobre la cantidad de personas que murieron a manos de la policía en Río el año pasado mostró que antes de que se detuvieran las redadas policiales, en promedio 150 personas fallecieron cada mes.

Pero en junio de 2020, después de que se suspendieran las redadas, solo 34 personas murieron.

Eso es un 80% menos que en junio de 2019.

Todavía son 34 vidas perdidas en un solo mes, pero muestra que al detener las redadas policiales, se pueden salvar cientos de vidas.

Consultada por la BBC sobre si las redadas policiales se reiniciarían después de que terminara la cuarentena, la oficina de seguridad de Río de Janeiro respondió: “Todos los allanamientos se realizan con base en la inteligencia, y siguen estrictos requisitos legales, priorizando siempre la preservación de la vida”.

Para el exjefe de policía del estado, Robson Rodrigues da Silva, quien en su rol anterior solía coordinar operaciones en las favelas de la ciudad, tal caída en el número de muertos no fue inesperada.

“Al interrumpir este círculo vicioso, sucedió algo que esperábamos: una reducción drástica tanto de las muertes de agentes de policía como de las muertes de personas a manos de la policía”.

“Muestra que elegir la guerra como estrategia para enfrentar al enemigo -no importa lo que se haya dicho antes- está completamente mal y necesitamos revisar nuestra estrategia”.

Pero, como señala Robson, no solo se salvan vidas de civiles, sino también la propia policía.

A pesar de representar solo el 34% de la fuerza, los oficiales negros y mestizos representan más del 50% de las muertes policiales.

Son más vulnerables a la violencia letal que sus homólogos blancos, lo que según Robson, se deriva del racismo sistémico en la sociedad.

“El mismo problema de asegurar la movilidad social que enfrentan los negros en nuestro país también existe dentro de la policía. Porque a pesar de tener muchos agentes negros, están más abajo en la escala jerárquica“, señala.

“Este es un aspecto de nuestra sociedad que está mal y es racista. Pero todavía no nos hemos recuperado de ser un país que apoyó la esclavitud durante demasiado tiempo. Todavía tenemos que encontrar una salida y mejorarlo”.

Sin embargo, David Marques del Foro Brasileño de Seguridad Pública rechaza los comentarios de Robson de que el racismo dentro de la fuerza policial es simplemente un producto del racismo en la sociedad brasileña en su conjunto.

El experto en muertes policiales por delitos violentos en Brasil dice que hay otros factores en juego.

“Para que la fuerza policial se convierta en parte de la lucha contra la desigualdad racial violenta es necesario construir un debate más amplio sobre el impacto del racismo en la seguridad pública y que esta discusión motive a los policías a cambiar sus acciones cotidianas en la calle”.

“Además, también es necesario profundizar la discusión sobre la victimización policial. Más policías han muerto fuera de servicio y por suicidio que en el trabajo. Esto significa que abordar el tema de las condiciones de trabajo de la policía es fundamental”, afirma.

Al examinar el número de policías muertos en los primeros seis meses de 2020, la investigación de Marques encontró que de 103 policías asesinados, el 70% estaban fuera de servicio en ese momento.

Para aumentar sus ingresos, muchos agentes de policía tienen un segundo empleo como guardias de seguridad. Pero sin uniforme y sin apoyo operativo, es cuando corren más riesgo de sufrir violencia letal.

Justicia

En los tres casos -Igor Rochas Ramos, Guilherme Guedes y João Pedro Matos Pinto-, sus familias ahora deben esperar para ver si se hace justicia.

Pero incluso en el caso de más alto perfil, el de João Pedro, el abogado de la familia, Daniel Lozoya, no está convencido de que la investigación vaya a conducir a un arresto.

“Es importante resaltar que en el caso de João, con toda la conmoción mediática, la investigación se llevó a cabo con más diligencia que el caso promedio”, dice Lozoya.

“El patrón que suelen tomar estas investigaciones es que solo escuchan a la policía. Siguen solo las versiones de los hechos de la policía, a veces alargándolo durante años hasta que finalmente son despedidos”.

“Con tantos casos el año pasado, algo que nunca deberíamos tener que considerar normal está sucediendo, lamentablemente, todos los días. En la sociedad, esto genera una insensibilidad, una anestesia en cómo las personas se relacionan con estos casos, y solo los más extremos terminan generando atención. ”

La mamá de João Pedro, Rafaela, dice que antes de la pérdida de su hijo, nunca tuvo miedo de la policía ni de dejar que sus hijos jugaran en las calles.

Pero ahora, afirma, debe aprender a criar a su otra hija, Rebeca.

“Hoy no sabemos cómo vamos a seguir”, dice Rafaela. “A veces la gente me mira y me dice:’ Oh, pero tienes a Rebeca’, pero un niño no reemplaza al otro”.

“No le hemos contado lo que pasó, solo que su hermanito ahora está en el cielo. Pero hace un tiempo, cuando jugaba con un primo de la misma edad, este le preguntó: ¿Dónde está tu hermano João?. Y ella respondió: ‘¿No lo sabes? Mataron a mi hermano‘”.

Cuatro días después de los incidentes en los que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) arremetieron de forma violenta contra manifestantes pacíficos en la Plaza de la Constitución, las diputadas Samantha Figueroa y Karina Paz propusieron conocer una moción resolutiva para enviar una misiva al presidente Alejandro Giammattei solicitando la destitución de Gendri Rocael Reyes como ministro de Gobernación, a quien responsabilizan de los hechos.

Ambas diputadas pertenecer a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que el día anterior había citado, junto a un puñado de bancadas de oposición, al ministro Reyes y al director general de la PNC, José Tzubán.

La moción obtuvo 58 votos a favor y 88 en contra, con lo que quedó improbada, aun así, a las puertas de una nueva manifestación popular en la plaza central, el puesto de Reyes sigue dividiendo a los congresistas.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos (Oacnudh) recomendó al Estado de Guatemala investigar el uso excesivo de la fuerza en la jornada de manifestaciones y que dejó heridos en la Plaza de la Constitución y calles aledañas.

Oacnudh comunicó en sus redes sociales que reconoce el derecho a la manifestación pacífica que tuvo lugar el 21 de noviembre frente al Parque Central y diferentes departamentos del país.

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Asimismo, recomendó que se cumpla el debido proceso de las personas que fueron detenidas “con especial énfasis en dos adolescentes” que fueron capturadas por las fuerzas de seguridad.

.@Oacnudh_GT ha documentado, en el ejercicio de su mandato, las manifestaciones del día de ayer y reconoce el ejercicio de manifestación pacífica que mayoritariamente tuvo lugar en la Plaza de la Constitución de la ciudad de Guatemala y en diferentes municipios del país. 1/4 pic.twitter.com/wbIJN0Dexf

— OACNUDH Guatemala (@Oacnudh_GT) November 22, 2020

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El pronunciamiento de Oacnudh se suma al del relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, quien hizo un llamado al Estado de Guatemala para garantizar el derecho a la manifestación pacífica.

El relator dijo que tuvo conocimiento de la detención de una fotógrafa que documentaba la protesta y recordó que “cualquier detención que se base exclusivamente en el hecho de estar en una protesta desconoce estándares internacionales de libertad de expresión”.

Hacemos un llamado al Estado de Guatemala para garantizar el derecho a la manifestación pacífica.@PNCdeGuatemala debe aplicar protocolos de actuación claros que garanticen el uso de la fuerza de forma excepcional bajo los principios de absoluta necesidad y proporcionalidad.

— Pedro Vaca V. (@PVacaV) November 21, 2020

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OEA se pronuncia

Por su parte, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un pronunciamiento este que inicia reconociendo “los esfuerzos del gobierno de Guatemala por un diálogo inclusivo que facilite el entendimiento de todos los sectores de la vida nacional”.

Luego enfatiza que el presupuesto 2021 de ingreso y egresos del Estado debe garantizar los máximos compromisos” del gobierno y del Congreso” en transparencia, rendición de cuentas, lucha contra la corrupción y desnutrición infantil.

Respecto a las manifestaciones, la OEA dijo que reconoce el derecho a la protesta, “pero no existe un derecho al vandalismo”.

Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre la situación política de Guatemala
https://t.co/mMXPXisy8A

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) November 22, 2020

Abro hilo de algunas imágenes/vídeos de lo que está pasando en Guatemala… pic.twitter.com/8w9t9Rw8Pw

— Ciro (@Ciro1709) November 22, 2020

Este sábado, la Fiscalía Centro Norte anunció la detención de un agente policial tras acusarlo de “intento de homicidio frustrado” por empujar a un menor de edad desde el puente Pío Nono al río Mapocho en Santiago, la capital.

AHORA: @FRCentroNorte detiene a carabinero por provocar caída de adolescente desde Puente Pio Nono a Río Mapocho. Diligencias desarrolladas desde ayer por fiscal Patricio Macaya, equipo de Flagrancia de Fiscalía y @PDI_Chile, establecen presunto delito de homicidio frustrado

— Fiscalía CentroNorte (@FRCentroNorte) October 3, 2020

El menor de 16 años participaba en una manifestación en la tarde del viernes y cayó desde una altura de siete metros a una zona del río con apenas agua, perdiendo la conciencia y sufriendo fracturas de muñeca y traumatismos craneales.

Distintas imágenes muestran cómo el menor cae desde el puente tras huir corriendo de varios carabineros.

El agente al que se responsabiliza del incidente fue identificado por “videos obtenidos de medios de comunicación social, redes sociales y otros medios audiovisuales”, confirmó la fiscal Ximena Chong en la tarde del sábado.

El caso ha generado indignación en Chile y provocó nuevas convocatorias de protestas en la capitalina Plaza Italia, renombrada por manifestantes como Plaza Dignidad.

También se organizaron movilizaciones en las cercanías de la clínica donde se encuentra recuperándose el menor.

Varias organizaciones defensoras de derechos humanos han condenado lo que consideran un nuevo episodio de represión policial y sectores de la oposición piden que se responsabilice al director de Carabineros Mario Rozas y al ministro de Interior Víctor Pérez.

Cómo se produjo la caída

Centenares de personas se manifestaban este viernes 2 de octubre en la capital chilena, una práctica frecuente cada viernes desde el estallido social de protestas que se generó en el país el 18 de octubre del año pasado.

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Según informó la Prefectura Oriente de Carabineros, varios agentes policiales dispersaron durante dicha movilización a “un grupo de sujetos” que provocaban “incidentes” e interrumpían el flujo vehicular en Puente Pío Nono y Av. Santa María.

Las imágenes publicadas por varios medios de comunicación y difundidas por redes sociales muestran a un grupo de manifestantes huyendo de varios policías en el puente.

Es entonces cuando se ve la caída desde la barandilla de uno de los manifestantes, “provocada” por el forcejeo con uno de los carabineros.

La Clínica Santa María, donde fue llevado el menor identificado con las siglas A.J.A.A., emitió un comunicado sobre su estado. Informó que el paciente había ingresado con fractura bilateral de muñeca y un “traumatismo encéfalo craneano cerrado en evolución”.

“En este momento se encuentra en observación en la Unidad de Cuidados Intermedios y su condición es estable y fuera de riesgo vital”, concluyó el reporte.

Detención e imputación

Durante la madrugada del sábado, Carabineros de Chile difundió un comunicado explicando el incidente ocurrido.

En este, desmentía “absolutamente” que “se hubiera tomado de los pies a esta persona o que fuera botado al río por un chorro del carro lanzaaguas como lo inventaron testigos en redes sociales“, dijo el teniente coronel Rodrigo Soto, de la Prefectura Santiago Oriente.

Teniente Coronel Rodrigo Soto, de la Prefectura Santiago Oriente, entrega antecedentes sobre procedimiento registrado en puente Pío Nono, en medio de incidentes ocurridos durante la tarde de hoy en Plaza Baquedano. pic.twitter.com/4ZwiDhN5VO

— Carabineros de Chile (@Carabdechile) October 3, 2020

Soto agregó que los videos mostraban que se trataba de un “accidente” ocurrido en un “contexto de detención de personas que causaban desórdenes” y que la Fiscalía iba a evaluarlo con “todos los antecedentes a su disposición”.

Horas después, en la tarde del sábado, se anunció la detención del agente identificado por “presunto delito de homicidio frustrado”.

La Fiscalía Centro Norte añadió que el imputado sería formalizado este domingo por la fiscal de Alta Complejidad Ximena Chong.

Condena

La Defensoría de la Niñez de Chile condenó “la acción criminal” cometida por funcionarios de Carabineros de Chile.

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Este organismo recalcó que desde el 18 de octubre de 2019 han sido testigos de vulneraciones a derechos humanos llevados a cabo por el poder ejecutivo y las fuerzas del orden contra los manifestantes.

“La represión policial se ha ensañado con los más jóvenes, incluidos niños, niñas y adolescentes”, comunicó.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), por otra parte, anunció su querella contra Carabineros por lo que consideran delitos de “homicidio frustrado y socorro”.

“¿Cuántas tragedias más como la de anoche es necesario que ocurran en Chile para que de una vez por todas se produzca la reforma integral y profunda de Carabineros?”, se preguntó Sergio Micco, director del INDH.

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Desde de la oposición, incluyendo organizaciones como Frente Amplio, Partido Socialista y otros, se apuntaron las críticas hacia el ministro de Interior, Víctor Pérez y al director general de Carabineros Mario Rozas.

“Es fundamental que el Ministro del Interior y Seguridad Pública y la mismísima institución de Carabineros de Chile establezcan y comprometan sanciones claras, responsables y consistentes ante tan criminal e irresponsable actuar“, emitió el Senado de oposición en declaración conjunta.

Cuando las protestas por la muerte de George Floyd siguen creciendo por todo el mundo un nuevo caso de violencia policial contra un afroestadounidense estremece otra vez a EE.UU. este fin de semana.

Un video de seguridad revelado este sábado muestra a un oficial de la policía de Atlanta que dispara contra un hombre negro al que despiertan poco antes porque se encontraba durmiendo en un área de autoservicio que utilizan los restaurantes estadounidenses para entregar la comida en el carro.

Rayshard Brooks, de 27 años, fue declarado muerto poco después.

Tras la difusión de la grabación, miles de personas se lanzaron otra vez a las calles, principalmente en Atlanta, donde incluso bloquearon algunas de las principales carreteras para protestar contra el racismo y la brutalidad policial.

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La jefa de la policía de esa ciudad, Erika Shields, renunció al cargo tras el incidente por considerar que la acción de los agentes bajo su mando había sido injustificada.

La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, quien anunció la partida de Shields, también pidió la terminación inmediata del oficial de policía involucrado en incidente, que se hizo efectiva más tarde en la noche.

“Lo que ha quedado muy claro en las últimas semanas en Atlanta es que, si bien tenemos una fuerza policial llena de hombres y mujeres que trabajan junto a nuestras comunidades (…) ha habido una desconexión con lo que son nuestras expectativas y las interacciones que existen con nuestros oficiales y las comunidades en las que se les confía la protección”, afirmó Bottoms.

Durante las últimas tres semanas, miles de personas en todo Estados Unidos han estado protestando por la muerte de George Floyd, otro afroestadounidense que tambi{en murió custodia policial.

¿Qué pasó el viernes por la noche?

Una patrulla de policías de Atlanta fue enviada el viernes por la noche a un restaurante de la cadena Wendy’s por una queja sobre un hombre estacionado y dormido en el área donde se recogen órdenes en los restaurantes de comida rápida.

De acuerdo con un informe preliminar de la Oficina de Investigación de Georgia, los agentes le realizaron una prueba de alcoholemia , que mostró que el hombre tenía niveles altos, por lo que los oficiales intentaron ponerlo bajo custodia.

Según la policía, el joven se resistió al arrresto y tras un forcejeo con los oficiales, les arrebató una de las pistolas eléctricas (taser) que usan a intentó escapar.

La versión oficial asegura que el hombre intentó usar el taser contra la policía cuando lo seguía, pero esto no aparece en el video de seguridad.

En la grabación, se escuchan unos disparos y se ve a Brooks en el suelo.

“El oficial disparó su arma y Brooks recibe el impacto”, dijo el informe.

El joven llevado al hospital pero luego murió y uno de los oficiales fue tratado por una lesión tras el incidente.

Según indicó en un comunicado, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Fulton, donde tuvieron lugar los hechos, está llevando a cabo una investigación separada sobre el incidente.

Este es el tiroteo número 48 que involucra a policías que la Oficina de Investigación de Georgia ha investigado este año, según ABC News. De esos casos, 15 de terminaron con los sospechosos muertos.

Según reportes de medios locales, el restaurante donde tuvo lugar el incidente fue incendiado este sábado.

¿Qué ha sucedido en otras ciudades de los Estados Unidos?

Numerosas manifestaciones han sacudido Estados Unidos y varios países del mundo desde la muerte de Floyd.

En Minneapolis, donde murió Floyd, el Ayuntamiento aprobó una resolución el viernes para reemplazar su departamento de policía con un sistema de seguridad pública dirigido por la comunidad.

El consejo dijo que comenzaría un proceso de un año de participación “con cada miembro de la comunidad dispuesto en Minneapolis” para llegar a un nuevo modelo de seguridad pública.

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En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo ordenó a los departamentos de policía que emprendieran reformas importantes.

También dijo que dejaría de financiar a las autoridades locales que no adoptaron reformas para abordar el uso excesivo de la fuerza y los prejuicios en sus departamentos de policía.

En un video grabado el jueves 4 de junio se ve cómo dos policías empujan al manifestante, cuya cabeza golpea fuertemente contra el suelo. Las imágenes suscitaron una ola de indignación en Estados Unidos.

Un primer comunicado oficial afirmaba que el septuagenario, que sangraba mucho y parecía haber perdido el conocimiento, había “tropezado y caído”. Ante el escándalo provocado por el caso, los dos policías implicados han sido suspendidos e inculpados por agresión por el fiscal local.

El manifestante, Martin Gugino, un militante conocido localmente ha sido hospitalizado.

“El manifestante de Buffalo empujado por la policía podría ser un provocador de Antifa”, tuiteó Trump en referencia al movimiento izquierdista al que acusa de haber fomentado la violencia en Estados Unidos desde la muerte del afroestadounidense George Floyd a manos de la policía.

El mandatario republicano mencionó luego, de forma bastante confusa, un reportaje de One America News Network, un canal conservador, según el cual el manifestante había intentado interceptar las comunicaciones de la policía.

“¿Podría ser esto un montaje?”, se preguntó Trump al final de un tuit.

El gobernador demócrata del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que Trump “debería pedir disculpas” por su mensaje “inaceptable”, “reprensible y estúpido”.

“¡Qué peligroso, irresponsable, malvado y cruel!”, declaró Cuomo en rueda de prensa. “En este momento de angustia y cólera, ¿qué hace? Echar leña al fuego (…) Muestre decencia, muestre humanidad, muestre equidad”, añadió, aludiendo al presidente.