La ONU expresó el viernes su preocupación por la “militarización de la seguridad pública” en Honduras, dos días después de la prolongación del estado de excepción que rige en el país para combatir la delincuencia.

“Reconocemos que es urgente atacar los actuales niveles de violencia en el país, tanto en el interior como en el exterior de las cárceles”, declaró una portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, en una rueda de prensa en Ginebra.

“Pero estamos extremadamente preocupados por el hecho de que algunas de las medidas que han sido adoptadas podrían conducir a violaciones de los derechos humanos“, alertó.

El estado de excepción fue originalmente decretado el 6 de diciembre de 2022 “en virtud de la grave perturbación de la paz […] ocasionada esencialmente por grupos criminales organizados“, como las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha.

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Esta medida, dice el Alto Comisionado en un comunicado, “permite a la policía militar apoyar a la policía nacional en la ejecución de labores de seguridad pública” pero “deroga el derecho a la libertad individual, la libertad de asociación, de reunión y de movimiento”.

El gobierno hondureño prolongó el 5 de julio por 45 días más este estado de excepción.

Las autoridades habían anunciado el 21 de junio que el mando y el control del sistema penitenciario eran transferidos a la policía militar, según la ONU.

Esta decisión fue tomada tras la reyerta en una cárcel de mujeres entre bandas rivales en las afueras de la capital, Tegucigalpa, que dejó 46 fallecidas entre las detenidas, según Hurtado.

“Desde entonces, se han llevado a cabo operaciones de la policía militar en todas las cárceles de Honduras“, indicó, y según las primeras informaciones de la ONU y oenegés, “los detenidos, especialmente los que están asociados a pandillas, fueron golpeados y recibieron patadas por parte de la policía militar“.

Otros detenidos fueron privados de sueño y su comida y bebida fue reducida, lo que, según la portavoz, puede ser considerado como “malos tratos”.

La ONU considera que “el sistema penitenciario tiene que estar bajo control civil“, en el marco de una estrategia para combatir las causas profundas de la violencia.

“Instamos a las autoridades a garantizar una vigilancia interna y externa de las operaciones militares en las cárceles (…) para prevenir la violación de los derechos humanos”, reiteró Hurtado.

Los homicidios violentos se redujeron en Centroamérica, una región asolada por las pandillas y corredor del narcotráfico hacia Estados Unidos, donde los altos índices de criminalidad son motivo de migración masiva y preocupación de los gobiernos.

Según cifras oficiales de los diferentes países, hubo 9 mil 737 muertes violentas en 2022 comparadas con las 10 mil 487 de 2021.

Pero la realidad en la región es heterogénea. Mientras en algunos países la criminalidad aumenta, como en Guatemala o Costa Rica, en otros baja, como en El Salvador o Panamá, indicó a la AFP el académico de Sociología de la Universidad de Costa Rica (UCR), Rodolfo Calderón.

“El tema del tráfico de drogas es un problema común para todo Centroamérica“, puntualizó el investigador.

Calderón destacó por un lado el “triángulo norte” compuesto por Guatemala, Honduras y El Salvador, un “ecosistema criminal que está dominado por un actor casi único que son las maras”, afirmó el sociólogo.

Por otro lado están los países del sur, Costa Rica y Panamá, donde los grupos armados “desorganizados” han sido enfrentados por sistemas policiales y judiciales más sólidos.

Nicaragua, por su parte, desde que comenzó la crisis política en 2018, no tiene datos “confiables” en cuanto a violencia y homicidios, señaló Calderón.

Los homicidios aumentan en Guatemala, considerada una de las 20 naciones más violentas del mundo. https://t.co/M9WYSfiFQ9

— Prensa Libre (@prensa_libre) May 25, 2022

Guatemala y Honduras a la cabeza

Guatemala, con 4 mil 274 muertes, y Honduras, con 3 mil 397 muertes, encabezan la estadística en términos absolutos y aglutinan el 81.86% de los homicidios de la región, según datos oficiales.

En Guatemala la violencia está vinculada con el control territorial que ejercen las pandillas por el “negocio de las drogas“, donde grupos del narcotráfico han logrado una “colusión” con algunos miembros del Ejército, indicó Calderón.

Guatemala registró una tasa de muertes de 17.33 por cada 100 mil habitantes, un aumento de 0.74 con respecto a 2021, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

En Honduras la tasa de muertes por cada 100 mil habitantes se posicionó en 35.79 homicidios, la más alta de la región.

Sin embargo, las autoridades se congratularon de reducir la proporción en comparación a 2021, cuando la tasa fue de 41.23 muertes.

“Desde el año 2006, el país no había registrado un número tan bajo en el delito de homicidio“, indicaron desde la Secretaría de Seguridad.

Guerra a las pandillas

Finalizamos el lunes 09 de enero, con 0 homicidios en el país. pic.twitter.com/V4Vj3ojMO3

— PNC El Salvador (@PNCSV) January 10, 2023

En El Salvador la guerra frontal del gobierno de Nayib Bukele contra las pandillas dio como resultado la reducción más notable de la violencia en toda la región.

“Es una reducción (en la tasa de homicidios) jamás vista en nuestro país“, señaló el fiscal general salvadoreño, Rodolfo Delgado, al presentar los datos de 2022.

El país quedó en 7.8 homicidios por cada 100 mil personas -se registraron 496 muertes violentas en total en 2022-, por debajo incluso de la media internacional establecida en ocho por las Naciones Unidas.

Bukele señaló el pasado diciembre que el país pasó de ser el más peligroso del mundo al “más seguro de América Latina“. En 2019 la tasa de homicidios en El Salvador fue de 38 por cada 100 mil habitantes.

Crimen “desorganizado”

Panamá y Costa Rica experimentaron menor cantidad de hechos violentos en el sur de Centroamérica ya que el entramado criminal está más “desorganizado“, dijo Calderón.

A pesar de ello, Costa Rica consignó al 2022 como el año más violento desde que hay registros con 656 homicidios, con una tasa de 12.6 por cada 100 mil habitantes, un incremento de 1.2 en comparación con 2021.

“El ajuste de cuentas se ubicó en un 63% de las ocasiones, esto significa un aumento respecto al histórico que teníamos de 55%”, señaló Randall Zúñiga, director general del Organismo de investigación Judicial.

Panamá registró 454 homicidios, una caída de la tasa de 11.5 en 2021 a 10.6 por cada 100 mil habitantes en 2022.

La criminalidad está asociada “a cuestiones como robo con violencia hacia las personas, una cuestión más pecuniaria, de delito común”, señaló Calderón sobre Panamá.

Datos “poco confiables”

Con respecto a Nicaragua, Calderón destacó que hasta 2018 el país era objeto de estudio por sus similitudes criminales con Honduras y Guatemala pero sus bajas cifras de violencia como Costa Rica y Panamá.

“Tiene que ver con un modelo de Policía comunitario, proactivo, pero que se inscribe en el marco de una revolución que triunfa“, dijo Calderón. Desde 2018 “todo cambió y los datos no son confiables“, agregó.

En 2022 Nicaragua registró 460 homicidios, según fuentes oficiales, pero no se puede comparar ya que no se publicaron cifras de 2020 ni 2021.

Luego de que autoridades de Honduras anunciaron que implementarán medidas especiales para combatir a las pandillas en su territorio, tal como lo ha hecho El Salvador desde hace varios meses, Guatemala prepara operativos para evitar el ingreso irregular de personas por los pasos fronterizos.

Según informó el Ejército de Guatemala, se implementan operativos con la Policía Nacional Civil y el Instituto Guatemalteco de Migración, en al menos 30 puntos en los límites de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Se trata de ocho puestos de control, en poblados cerca de las fronteras; cinco puestos de control cercanos a carreteras que utilizan migrantes; y varios pasos informales que están cubiertos.

Los operativos se efectúan en vehículos terrestres, a pie y en aeronaves, para ubicar e interceptar a grupos de personas irregulares, entre los que puedan viajar presuntos pandilleros.

El Salvador implementa un estado de excepción desde marzo último, cuyo objetivo, según el presidente Nayib Bukele, es reducir las muertes violentas a causa de las pandillas, así como las actividades de extorsión en las que participan los integrantes.

El plan implementado ha sido señalado por organismos internacionales, los cuales indican que se registran violaciones a los derechos humanos de las personas.

El presidente Bukele ha asegurado que los resultados del operativo han sido positivos durante los meses que lleva vigente y ha criticado a los opositores.

Luego de la implementación de los operativos en El Salvador, las autoridades guatemaltecas ejecutaron operativos para evitar la entrada al país de pandilleros que intenten huir de las medidas que se implementan en su país.

En Honduras, la presienta Xiomara Castro anunció un estado de emergencia el 25 de noviembre, con el objetivo de reducir las acciones violentas de los grupos criminales.

“Para fortalecer esta estrategia de recuperación inmediata de los territorios sin ley en los barrios, en las colonias, en las aldeas, en los municipios y en los departamentos, declaro emergencia nacional en materia de seguridad“, señaló el jueves Castro.

Operativos en Guatemala

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Los miembros de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), creada en el gobierno anterior con efectivos elegidos en batallones para cumplir funciones policiales, abordaron vehículos en la capital con rumbo a las fronteras con El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

“En cumplimiento de la orden emanada por la presidenta de la República y en el marco del Plan Integral de Seguridad, este día más de 600 policías militares del orden público han salido a reforzar los operativos de seguridad en los puntos fronterizos”, dijo a la AFP el portavoz de la PMOP, Mario Rivera.

Explicó que los refuerzos apuntan a “evitar el ingreso de miembros de estructuras criminales” procedentes de los países vecinos, sobre todo de El Salvador.

En El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele ha declarado una “guerra” a las pandillas que ha derivado en la detención de unas 58 mil personas en el marco de un régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial desde marzo pasado.

Rivera indicó que los refuerzos fueron enviados a los departamentos de Choluteca, Valle (sur), La Paz, Intibucá, Ocotepeque (oeste), Santa Bárbara, Cortés (noroeste), El Paraíso y Gracias a Dios (este).

Los efectivos “se van a mantener por tiempo indefinido” para “evitar el ingreso de estructuras criminales, narcotráfico, sicariato, asociación ilícita, entre otros delitos”, añadió el portavoz.

La presidenta Xiomara Castro declaró el jueves “emergencia nacional”, en el marco de un “Plan Integral para el tratamiento de la extorsión y delitos conexos”, ante quejas de la ciudadanía de un repute de los delitos durante su gobierno, que se instaló en enero pasado.

“Para fortalecer esta estrategia de recuperación inmediata de los territorios sin ley en los barrios, en las colonias, en las aldeas, en los municipios y en los departamentos, declaro emergencia nacional en materia de seguridad”, anunció Castro.

La mandatario pidió también a la Policía Nacional el establecimiento de “estados de excepción y suspensión de garantías constitucionales parciales” donde sea necesario.

El director de la policía, Gustavo Sánchez, anunció que destinará más presupuesto y al menos 20.000 agentes para este propósito.

El estado de emergencia se estableció tres días después de que cientos de transportistas se manifestaran en Tegucigalpa para exigir al gobierno medidas para acabar con el “impuesto de guerra” que les reclaman periódicamente las pandillas.

Unos 400 transportistas han sido asesinados por extorsionistas en lo que va del año, según dirigentes del gremio.