El documento, que analiza cientos de casos recopilados por las organizaciones WOLA y Kino Border Initiative, encontró que de 78 denuncias formales presentadas ante las autoridades entre 2020 y 2022, un 95 % quedaron impunes.

Estas acusaciones, sobre las que no se investigó o se tomó acción disciplinaria alguna, incluyen casos de palizas, negación de atención médica y abusos de autoridad.

El texto, de más de 80 páginas, recoge decenas de duros casos a los que el sistema de escrutinio interno de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no ha dado una respuesta.

Entre ellas, está la historia de Berto, quien pidió agua a un agente de la Patrulla Fronteriza que lo encontró en el desierto, después de haber caminado durante ocho días, y recibió una paliza que lo dejó inconsciente.

“Si quieres agua, hay agua en tu país”, le gritó el agente mientras le pegaba, según el testimonio recogido en el informe. Cuando Berto recuperó la consciencia, el agente que lo golpeó le dijo que se fuera caminando hacia México, pero él ya estaba muy malherido para moverse.

El agente al final accedió a llevarlo a un hospital, donde Berto intentó contar su historia y denunciar con otro agente el maltrato al que había sido sujeto, pero no le hizo caso. Al poco tiempo, fue deportado a Nogales, en el norte de México.

En otra instancia recogida en el informe, las autoridades de la Patrulla Fronteriza se negaron en varias ocasiones a dar atención médica a Evelyn, quien tenía ocho meses de embarazo y llevaba horas sin sentir a su bebé después de haber caminado durante un largo rato en el desierto, donde fue encontraba por las autoridades.

Ese mismo día, la expulsaron de vuelta al lado mexicano de la frontera en Nogales y, a la mañana siguiente, cuando pudo acudir a un centro médico, le dijeron que su bebé ya no tenia vida.

Denuncias que se pierden en la nada

El extenso reporte subraya las falla en el proceso de escrutinio de las autoridades migratorias.

Las organizaciones denuncian que, de no ser por el trabajo de “actores externos” como defensores de derechos humanos, periodistas o incluso las propias víctimas, no se darían a conocer las instancias de abuso, ya que raramente son reportadas por el propio personal.

Las investigaciones de muchas de estas denuncias, señala el reporte, no ocurrirían sin el trabajo de actores externos como son los defensores de los derechos humanos, los periodistas, denunciantes y las propias víctimas.

Y es que, aún cuando se decide poner una denuncia formal, los casos se ingresan en bases de dato “sin que se les haga seguimiento”, se cierran a causa de litigios o porque “no hubo una violación de la política”.

“Es difícil decirle a alguien que ha experimentado abuso por parte un oficial de migración y que quiere poner una denuncia, que en la mayoría de los casos no recibimos respuesta”, señaló Zoe Martnes, coordinadora en Kino Border, en un comunicado.

La falta de escrutinio es tan grave, subrayó Adam Isaacson, investigador en WOLA, que facilita que se lleven a cabo estos abusos.

“La falta de rendición de cuentas está tan extendida que ayuda a cimentar una cultura que permite las violaciones de derechos humanos. Los abusos siguen llegando porque lo más probable es que haya impunidad”, destacó el experto.

El informe expone más de 40 recomendaciones al gobierno para acabar con esta lacra, entre ellas aumentar la penalización para los agentes que cometen abusos, mejorar el sistema de denuncias y permitir un mayor escrutinio por parte del Congreso de EE.UU.

La CIDH, un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), denuncia “acciones estatales que debilitan la independencia judicial y ponen en entredicho la lucha contra la impunidad y la corrupción” en Guatemala.

El año anterior Guatemala no figuraba en el capítulo IV.B, un apartado que alerta de situaciones y amenazas para los derechos humanos, pero ya estuvo en el pasado.

La CIDH destaca “el progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática” en el país, dirigido por el presidente Alejandro Giammattei, “las injerencias sistemáticas contra la independencia” del sistema judicial, las “irregularidades en el proceso de elección de magistrados”, así como “la criminalización y estigmatización” de los jueces.

En mayo Estados Unidos y la Unión Europea criticaron la designación por otros cuatro años de Consuelo Porras como fiscal general de Guatemala. Washington afirma además que al menos seis fiscales anticorrupción en activo o retirados han sido detenidos y otros se han visto obligados a huir del país.

En un comunicado, la CIDH reconoce sin embargo “la iniciativa de Guatemala para establecer una ruta de trabajo” para cumplir con sus recomendaciones.

La entrada de Guatemala en la lista no es una sorpresa. El gobierno guatemalteco estaba al tanto desde hace meses. De hecho su ministro de Relaciones Exteriores Mario Búcaro consideró injusto en marzo ante la OEA que “este informe no refleje la verdad” y aseguró que en su país existe estado de derecho y se combate la impunidad y la corrupción.

Cuba, Nicaragua y Venezuela ya integraban la lista negra en 2020.

La CIDH documenta “al menos 2.872 acciones represivas” en Cuba entre enero y el 15 de noviembre de 2021. De ellas por lo menos 1.745 ocurrieron en el marco de las protestas del 11 de julio. Y “más de 200” desde el 13 al 15 de noviembre “que serían atribuidos a una escalada de la presión del Gobierno para disuadir a las personas de participar” en protestas.

Las manifestaciones de 2021 en Cuba se saldaron con un muerto, decenas de heridos y más de 1.300 detenidos, según Cubalex, con sede en Miami.

En Nicaragua las elecciones de noviembre “tuvieron lugar en un contexto de violaciones a derechos humanos derivadas del incremento de hechos de hostigamiento, allanamientos, amenazas y detenciones arbitrarias” en contra de opositores, activistas de derechos humanos y periodistas, afirma el informe.

En cuanto a Venezuela la CIDH afirma haber documentado “la práctica reiterada de ejecuciones judiciales de hombres jóvenes en situación de pobreza, detenciones arbitrarias de personas que protestan o asumen públicamente posiciones de disenso con el poder ejecutivo, desapariciones forzadas, así como torturas y otros tratos crueles en contextos de privación de libertad”.

Un informe del Departamento de Estado de EE. UU. revela violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios guatemaltecos, entre las que destacan ejecuciones extrajudiciales, falta de independencia judicial, restricciones a la prensa y corrupción.

El documento, que forma parte de los Informes nacionales del 2020 sobre prácticas de derechos humanos del Departamento de Estado incluye siete secciones en las que se analizan algunos casos concretos; por ejemplo, se menciona la muerte de Édgar Ic Pérez, quien fue víctima de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) cuando regresaba de su trabajo durante el toque de queda impuesto por el Gobierno ante la pandemia de coronavirus.

Además, la Unidad para la Protección de Defensores de Derechos Humanos reveló que “al menos 14 miembros de grupos activistas rurales e indígenas fueron asesinados o murieron en circunstancias controvertidas entre enero y agosto”.

Según el informe, “algunos de los asesinatos parecían tener una motivación política”. En 2019 fueron asesinados 15 activistas o defensores de los derechos humanos.

También resalta las dificultades de la Prensa para hacer su trabajo, y cita el caso del periodista Sonny Figueroa, quien “denunció acoso luego de haber publicado un informe en el que denunciaba que el director del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, incurría en nepotismo. Figueroa terminó en prisión.

“Los reporteros que cubren el crimen organizado, incluidos sus vínculos con funcionarios públicos corruptos, reconocieron practicar la autocensura debido al peligro que crea el periodismo de investigación para ellos y sus familias”, refiere.

El 27 de febrero del 2020, hombres armados entraron en la casa del periodista Bryan Guerra y lo mataron. Previo al incidente, Guerra había denunciado amenazas en las redes sociales. El 10 de noviembre, asaltantes no en motocicletas atacaron al director de televisión Mario Ortega en Puerto San José, Escuintla, y cinco días después murió en un hospital.

Corrupción

La corrupción y la falta de transparencia en el Gobierno también ocupa un lugar en el informe, puesto que “los funcionarios con frecuencia se involucran en prácticas corruptas con impunidad. Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año, incluido el lavado de dinero, el financiamiento ilegal de partidos políticos y el soborno”.

Se menciona al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, al excandidato presidencial Manuel Baldizón, al expresidente Álvaro Colom y su exjefe de gabinete Gustavo Alejos. También figuran el expresidente Otto Pérez Molina, la exvicepresidenta Roxana Baldetti y su jefe de gabinete Juan Carlos Monzón.

“La impunidad siguió siendo generalizada. La corrupción, los esfuerzos concertados de los actores delictivos organizados y la falta de voluntad política dificultaron la investigación y el enjuiciamiento de los delitos”, dice una parte del informe.

Elección de cortes

El informe señala que en Guatemala no hubo juicios justos, pese a que la ley establece un poder judicial independiente, pero “en general, el sistema judicial no proporcionó juicios justos ni oportunos debido a la ineficacia, la corrupción y la intimidación de jueces, fiscales y testigos”.

Destaca los vicios en el proceso de elección de cortes, el cual “sufrió una manipulación generalizada de los comités de selección por parte de políticos, operadores judiciales y otros ciudadanos influyentes, lo que resultó en un poder judicial que carecía de total independencia”.

El documento agrega que, en septiembre de 2019, la Corte de Constitucionalidad (CC) detuvo el proceso de selección de magistrados de la CSJ y de Apelaciones, porque “no se siguieron los procedimientos formales de evaluación dentro de los comités de selección”.

Añade que “los comités de selección entregaron una lista al Congreso de 270 candidatos a Corte de Apelación el 14 de febrero y una lista de 26 candidatos a la CSJ el 19 de febrero”.

Detalles

El informe se compone de siete secciones en las que se menciona casos de “ejecuciones ilegales o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales organizadas por funcionarios gubernamentales.

También revela “condiciones carcelarias duras y potencialmente mortales, arresto y detención arbitrarios, serios problemas con la independencia del poder judicial, graves restricciones a la prensa, incluida la violencia, amenazas de violencia o detenciones o enjuiciamientos injustificados contra periodistas”.

Incluye casos de “corrupción generalizada, falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia contra la mujer; delitos de violencia o amenazas de violencia dirigidos a personas con discapacidad, miembros de grupos indígenas y personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales y uso de trabajo forzoso, incluido el trabajo infantil”.

Otros casos

Tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes
“Según el portal en línea Conduct in UN Field Missions, en febrero se hizo una denuncia de que el personal de mantenimiento de la paz guatemalteco desplegado en una misión de la ONU violaron a una niña. En octubre, el gobierno estaba investigando la acusación”.

Condiciones de prisiones y centros de detención
“El hacinamiento en las cárceles fue un problema. Al 8 de octubre, según las autoridades penitenciarias, había 25 mil 691 reclusos, incluidas 2 mil 883 mujeres, recluidos en instalaciones diseñadas para albergar a 6 mil 997 personas.

 Libertades de reunión y asociación pacíficas
“El 11 de febrero, el Congreso aprobó la Ley de Reforma de las ONG, que permite al Gobierno cancelar el registro de las ONG que considere que perturban el orden social o infringen las regulaciones”.

Protección de refugiados

“El gobierno cooperó con el ACNUR y otras organizaciones humanitarias para brindar protección y asistencia a los refugiados, refugiados que regresan, solicitantes de asilo, apátridas u otras personas de interés”.

Siete secciones

• Sección 1: Respeto por la integridad de la persona, incluida la privación arbitraria de la vida y otros homicidios ilegales o por motivos políticos.
• Sección 2. Respeto por las libertades civiles, que incluye: libertad de expresión, incluso para la prensa.
• Sección 3. Libertad para participar en el proceso político
• Sección 4. Corrupción y falta de transparencia en el Gobierno
• Sección 5. Actitud gubernamental con respecto a la investigación internacional y no gubernamental de presuntos abusos de los derechos humanos
• Sección 6. Discriminación, abusos sociales y trata de personas
• Sección 7. Derechos de los trabajadores

Departamento de Estado, EE. UU., Violaciones a los derechos humanos, Derechos Humanos