El cadáver de una joven mujer fue localizado este lunes 19 de junio en una de las habitaciones de un hotel de la zona 2 de la capital, según el reporte de los Bomberos Voluntarios, cuyos elementos fueron requeridos para atender a una persona que supuestamente estaba inconsciente.

El hallazgo fue hecho en la11 avenida y 2ª. calle de la zona 2, en la habitación número 8 de un hotel, según los socorristas que atendieron la emergencia.

La persona fallecida no ha sido identificada y su cuerpo fue hallado a un costado de la cama, estaba completamente desnuda y se calcula que tiene unos 25 años.

El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) no han dado detalles al respecto y se espera que la mujer sea reconocida en las próximas horas en la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de la zona 3, a donde será remitido el cuerpo.

No se ha revelado la hora en la que la mujer ingresó en la habitación y si cuando lo hizo iba acompañada de otra persona.

Tampoco se informó sobre si la fallecida tenía lesiones o heridas en el cuerpo, aunque en imágenes compartidas por los socorristas se observan algunos moretones en uno de los brazos, aunque será las autoridades competentes las encargadas de determinar lo que le sucedió y lo que le provocó la muerte.

Cifras de violencia

De acuerdo con el MP, la violencia contra la mujer representa el 69 por ciento del total de delitos en contra de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, que a la fecha suma 20 mil 218 casos registrados.

Según estadísticas del Observatorio de la Mujer del MP, en lo que va de 2023, 145 mujeres han muerto de forma violenta en todo el país, de las cuales 86 han sido catalogados como femicidios.

El observatorio también detalla que en lo que va de 2023, 199 mujeres han sufrido violencia sexual, según las denuncias que ha recibido la Fiscalía.

Casos de violencia psicológica, el observatorio suma 13 mil 252 y violencia física 10 mil 791.

Además, hasta el 13 de junio pasado, el Observatorio señala que 180 alertas Isabel-Claudina permanecen activas en el país, lo que significa que ese mismo número de mujeres que fueron reportadas como desaparecidas continúan si ser localizadas.

De acuerdo a la autopsia, la acción de Chauvin influyó en la muerte la pasada semana del afroestadounidense Floyd, que ha levantado una ola de protestas en Estados Unidos.

En el video que generó indignación se ve cómo un agente blanco, Chauvin, mantiene la rodilla sobre el cuello de Floyd, que se queja de no poder respirar.

Pero Chauvin, ahora acusado formalmente de homicidio involuntario, no estaba solo.

Lo acompañaban los agentes Thomas Lane, J.A. Kueng y Tou Thoa, que asistieron al arresto de Floyd sin evitar su trágico final.

Los cuatro eran agentes del Departamento de Policía de Minneapolis (MDP, por sus siglas en inglés).

Tras la difusión del video, el jefe del MPD, Medaria Arredondo, los despidió.

El viernes, Chauvin fue detenido y acusado de homicidio en tercer grado (aquel en el que el homicida no tiene intención de causar la muerte).

¿Qué pasó con los otros tres agentes?

Motivo de protesta

“¿Por qué tres de los cuatro agentes siguen en sus casas con sus familias mientras la familia de George Floyd está destruida?”, reclamaba Alicia Garza, una de las cofundadoras de la red global del movimiento Black Lives Matter.

Es la misma pregunta que se hace Philonise, hermano del fallecido George Floyd.

“Quiero saber si va a haber justicia para mi hermano y si va a arrestar a todos los agentes y condenarlos”, planteó Philonise en la cadena CNN el domingo en alusión al jefe de policía del MPD.

A ninguno de los tres se les ha acusado todavía de nada, pese a las peticiones de la familia y de los manifestantes, algunos de los cuales advierten que no dejarán las protestas hasta que no haya más arrestos.

Qué papel jugaron

Los tres agentes aparecen en el video del arresto de Floyd. Además, en los documentos legales del caso está el detalle de lo que hizo cada uno de ellos durante el incidente que acabó en muerte.

https://www.youtube.com/watch?v=4hw6wlscdUk&t=127s

Tras la llamada desde una tienda con la denuncia de que un hombre había intentado pagar con un billete de US$20 falso, los primeros agentes en acudir al lugar fueron Lane y Kueng.

El empleado de la tienda les dijo que el sospechoso -Floyd- estaba en un vehículo aparcado a la vuelta de la esquina. Allí lo encontraron con otras dos personas en el interior.

Ambos policías portaban cámaras corporales que grabaron todos sus movimientos. Las imágenes no se han hecho públicas, pero están en poder de los investigadores del caso.

Según explican los documentos legales, Lane se dirigió a Floyd, que estaba en el asiento del conductor, y Kueng habló con la persona que estaba en el asiento del copiloto.

Minutos después, Lane sacó su arma y apuntó a Floyd, instándole a mostrar las manos. Floyd obedeció de inmediato y Lane guardó su pistola.

Posteriormente, Lane le ordenó que saliera del auto y lo esposó, ante lo que Floyd opuso cierta resistencia, según consta en la demanda oficial.

Una vez esposado, el video muestra a Floyd sentado de cuclillas, supervisado por Kueng.

Los otros dos agentes, Chauvin y Thao, llegaron poco después.

Tras un breve forcejeo por intentar introducir a Floyd en uno de los autos policiales, Chauvin colocó al hombre boca abajo en el piso, mientras Lane le sujetaba las piernas y Kueng le controlaba la espalda.

Thao se quedó de pie a un lado del vehículo.

Qué se sabe de los agentes

No hay mucha información pública sobre ellos.

• Tou Thao fue demandado en un tribunal federal en 2017 por supuesto uso excesivo de la fuerza. Se llegó a un acuerdo. Se sabe que se han presentado otras seis querellas contra Thao. Cinco fueron cerradas sin que hubiera castigo. Una sigue abierta. Los registros públicos no incluyen más detalles.
• Thomas Lane se unió al MDP en 2019. No hay registros de demandas contra él.
• No hay información sobre el historial de servicio de J. Alexander Kueng. Tampoco hay registros de demandas contra él.

Cautela y procedimiento

El presidente de la histórica Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, conocida por sus siglas en inglés NAACP, Derrick Johnson, no tiene dudas de que los tres agentes deben ser llevados ante la justicia.

La decisión está en manos del fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, que fue designado el domingo por el gobernador del estado, Tim Walz, para liderar el caso.

Antes de estar a cargo, Ellison, excongresista demócrata, había expresado su esperanza de que se presentaran cargos contra los tres policías.

Pero este lunes, al asumir el caso, advirtió del riesgo de realizar juicios prematuros y dijo que los fiscales serán cuidadosos y metódicos a la hora de presentar cargos.

“Nos movemos tan rápida y eficazmente como podemos”, señaló. “Pero necesito proteger el proceso. No voy a crear una situación en la que alguien pueda decir que fue un juicio prematuro”.

Ellison precisó que todo caso contra un agente de policía necesita ser irrefutable dada la dificultad de estos procesamientos.

Los agentes de policía rara vez son imputados por crímenes violentos hacia hombres negros.

En los pocos casos que llegan a juicio, los jurados han mostrado en repetidas ocasiones su negativa a condenar.

De qué se les puede acusar

El jefe del MDP, por su parte, considera que los tres agentes fueron “cómplices”.

“Quedarse callado o no intervenir, para mí, te hace cómplice. No veo una distinción”, le dijo Arredondo a la CNN.

“Silencio e inacción, eres cómplice. Eres cómplice”, insistió. “Si hubiera habido una sola voz que interviniera y actuara… Eso es lo que yo habría esperado”.

El papel del fiscal Ellison es decidir si esa supuesta complicidad se puede procesar como algo criminal.

Expertos legales están divididos sobre la firmeza de un caso legal contra Lane, Kueng y Thao.

“La acusación contra Chauvin estaba clara por la grabación del celular. Sin embargo, el caso criminal contra los otros agentes requiere un examen más riguroso de sus acciones o de la falta de ellas”, opinó el exfiscal federal Ellie Honig.

“Las preguntas clave son qué vio y oyó cada agente y qué hizo y dijo cada agente“, explicó.

“Tienes que ser capaz de recrear la situación momento a momento para determinar si son criminalmente responsables”.

Si los tres agentes son acusados, los cargos probablemente serán por ayuda y complicidad.

“La idea básica es que si ayudas, aconsejas o facilitas que otra persona cometa un crimen, eres responsable por ese crimen también”, indicó Honig.

No es un caso infalible

La declaración de causa probable en la denuncia penal contra Chauvin ofrece algunas pistas sobre lo que hicieron sus compañeros.

El documento constata repetidamente que los agentes no se movieron de sus posiciones mientras Chauvin colocaba la rodilla en la cabeza y cuello de Floyd ni mientras Floyd reclamaba que no podía respirar.

El agente Lane habló varias veces, según consta en la demanda.

Al tiempo que sujetaba las piernas de Floyd, dijo: “¿No deberíamos darle la vuelta a un lado?” y Chauvin respondió: “No, nos quedamos donde lo tenemos”, según el texto.

Lane añadió: “Estoy preocupado por un delirio exaltado o algo así”. Y Chauvin contestó: “Por eso lo tenemos sobre su estómago”.

Según el documento, fue el agente Kueng quien sujetó la muñeca de Floyd para ver si tenía pulso y dijo que no se lo encontraba.

De nuevo, ninguno de los agentes se movió de sus posiciones.

Don Lewis, el fiscal especial en el caso de Philando Castile, un afroestadounidense que murió a manos de un policía durante una infracción de tráfico, considera que los cargos de ayuda y complicidad son “muy probables”.

Pero no cree que se presenten de inmediato.

“Creo que tienes que asegurarte de que tienes las pruebas que apoyan los cargos“, apuntó Lewis, quien reconoció que el caso contra ellos no es infalible.

“Hay pruebas fuertes, pero también hay algunos puntos débiles de los que se puede aprovechar la defensa”, dijo.

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Se trata de Elvin Estuardo Mateo Lima, de 34 años, quien fue capturado la noche del sábado 16 de noviembre.

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Mateo Lima fue sorprendido por los agentes cuando agredía a su conviviente y a su hijo de 5 años.

Ambas víctimas fueron llevadas a un hospital para recibir atención médica.

Según diagnóstico médico, madre e hijo sufrieron contusión en el cráneo y golpes en el rostro.

El agresor al momento de su captura se encontraba bajo efectos de licor o alguna droga.

El capturado fue trasladado al Juzgado de paz local para solventar su situación legal.

De acuerdo con el GGM el presupuesto asignado para esta labor se redujo en un 97 por ciento, ya que en el 2019 se les asignó un presupuesto de Q9.5 millones, mientras que en el 2020 este aporte se reducirá a Q300 mil.

Estamos pidiendo al Estado que restituyan los fondos para el 2020 porque tenemos a nuestro cargo cuatro Centros de Apoyo Integral para Mujeres (Caimus) donde les brindamos ayuda a llevar a cabo los procesos judiciales necesarios y les damos apoyo psicológico; así como apoyo médico y de trabajo social”, explica REBECA LIRRAYEZ, de la junta directiva del GGM.

Lirrayez agrega que los Caimus también cuentan con albergues, en los que reciben a las mujeres que se encuentran en alguna situación de violencia y a sus hijos.

“Esta reducción de presupuesto nos forzará a un cierre porque no podremos trabajar con Q300 mil anuales. No podremos cubrir toda la demanda que tienen estas mujeres”, refiere Lirrayez, quien agregó que actualmente dan atención a 12 mil mujeres y a sus hijos.

De acuerdo con la integrante de la junta directiva del GGM, si se cierran los Caimus sería el Estado quien tendría que tomar control de la situación.

“Al parecer en este proyecto de presupuesto hay fondos asignados para otras oenegés que no brindan un apoyo tan puntual en buscar la erradicación de la violencia contra la mujer”, comenta Lirrayez.

Integrantes del Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) señalan que el presupuesto del Estado para el 2020 deja fuera la atención integral a las mujeres sobrevivientes de violencia, ya que se les ha retirado el 97 por ciento del financiamiento. pic.twitter.com/6AMRlmLcs3

— Pablo Juárez (@pjuarez_pl) November 3, 2019

Según el GGM,   la Ley conta el femicidio y otras formas de violencia señala que deben ser organizaciones de mujeres especializadas las que a través de los Caimus, están encargadas de brindar los servicios que contribuyan a restituir los derechos de las mujeres.

Además, se dio a conocer que el Ministerio Público, el Organismo Judicial y el Ministerio de Educación, son las instituciones que más mujeres refieren a los Caimus para que se les brinde atención.

Por su parte, ADRIANA QUIÑONEZ, representante de ONU Mujeres, Guatemala es uno de los países con más altas tazas de violencia en el mundo, por lo que es preocupante esta reducción en el presupuesto otorgado a los Caimus.

“No tenemos como darles servicio a las mujeres que sufren violencia por lo que queremos encontrar la forma, a través del diálogo, para que se puedan tener los recursos, que de por sí, son limitados y no alcanzan. Hay que generar la conciencia de que las mujeres necesitan atención”, comenta Quiñonez.

El GGM, citando datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif), manifiesta que hasta el 30 de septiembre del 2019 se registraron 551 muertes violentas de mujeres, mientras que en el mismo periodo, se llevaron a cabo 6 mil 107 reconocimientos médicos por delitos sexuales.

“Una persona puede sufrir amenazas y violencia en un país extranjero por muchas razones relacionadas con las circunstancias sociales, económicas y familiares. Pero el estatuto de asilo no proporciona una solución a esa mala fortuna”, señaló el funcionario.

Sessions se manifestó en un escrito que decidió el caso de una mujer salvadoreña -identificada apenas por las iniciales “A-B”-que había sido golpeada y violada por su marido durante años.

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De acuerdo con Sessions, el factor decisorio para el otorgamiento del asilo es una exposición a la persecución o peligro como consecuencia de la pertenencia a un grupo.

Ese grupo, determinó Sessions, no puede ser indefinidamente amplio o difuso, y por ello anuló una decisión judicial anterior que había concedido el beneficio.

Por tratarse de un caso de apelación a una corte migratoria, Sessions tiene atribución legal para anular una decisión de esta naturaleza.

Un caso en Guatemala

En su presentación, Sessions también anuló una decisión anterior que beneficiaba a una mujer de Guatemala, de forma que cancelar la existencia de un precedente legal.

“El hecho de que un país tenga problemas de vigilancia efectiva contra ciertos crímenes -como la violencia doméstica o la violencia de pandillas- o que ciertas poblaciones tengan más probabilidades de ser víctimas de esos crímenes, no puede establecer un pedido de asilo”, determinó.

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Esta decisión fue adoptada como parte de la nueva política del gobierno de Donald Trump para frenar la llegada de inmigrantes, en particular centroamericanos que huyen de la violencia urbana.

La mayoría de esos inmigrantes ingresan al territorio estadounidense y se entregan a las autoridades para solicitar asilo.

Sessions ya había anunciado en Mayo que esos inmigrantes serían arrestados y enfrentarían cargos criminales, por ingresar clandestinamente al país, y que las familias serían separadas de sus menores de edad.

Este mismo lunes, el Fiscal General estadounidense había dicho que el sistema de asilo era objeto de “abuso en detrimento del imperio de la ley, sólidas políticas públicas y la seguridad general”.

De acuerdo con Sessions, “la enorme mayoría de las demandas de asilo no son válidas”.

El asilo, mencionó el funcionario, “nunca fue diseñado para aliviar todos los problemas, inclusive problemas serios, que las personas tienen todos los días alrededor del mundo”.