La Policía Nacional Civil (PNC), con apoyo de vecinos, capturó Junior Estuardo Pérez Arriola, de 34 años, en la 2a avenida C y 2 calle de Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva, sindicado de abusar de una menor de 13 años, a la que contactó por medio del videojuego Free Fire.

Según el reporte de la PNC, Pérez Arriola utilizó el videojuego Free Fire para contactar a la menor de edad y luego de un tiempo llegó a un acuerdo con ella para encontrarse en persona.

Agrega que cuando la menor llegó al punto indicado, Pérez Arriola la introdujo a un vehículo y se la llevó a un lugar desolado, donde aprovechó para tocarla en partes íntimas.

Los vecinos y las autoridades lograron dar con la persona y la detuvieron, mientras que la menor fue resguardada.

La PNC hace un llamado a los padres de familia para que estén atentos a la forma en la que los menores de edad usan los juegos en línea y que los orienten sobre los riesgos que corren al contactad con desconocidos y acordar verse en persona, como en este caso.

El caso llegó a la justicia después de que la víctima, una mujer de 30 años, denunciara que varios individuos abusaron sexualmente de ella en la madrugada del domingo.

La justicia intenta determinar si fueron cuatro o cinco hombres los que participaron de la violación, informaron fuentes al tanto de la investigación.

Hasta la noche del martes había cuatro personas emplazadas por este delito.

Si bien aún se aguardan las pruebas científicas para identificar a los responsables, la fiscal uruguaya de delitos sexuales Sylvia Lovesio sostiene que se trata de un caso inédito para este país de 3,5 millones de habitantes.

“En Uruguay sí, es un hecho sin precedentes”, dice Lovesio, que conduce la investigación, a BBC Mundo.

Pero los hechos también han provocado advertencias sobre la forma en que la sociedad uruguaya, considerada vanguardista en ciertos temas, trata los delitos sexuales en pleno siglo XXI.

La denuncia

Según la denuncia, la víctima fue a bailar el fin de semana a un pub del barrio de Cordón, próximo al centro de Montevideo, y conoció a un individuo que la invitó a su domicilio.

Ella aceptó ir con una amiga y luego de llegar se retiró junto con el hombre a una habitación donde ambos comenzaron a solas a tener relaciones sexuales consentidas.

De pronto, al menos tres individuos más aparecieron en la habitación y, junto con el mismo hombre que había llevado a la mujer hasta allí, comenzaron a abusar de ella.

Su amiga esperaba en la calle. Cuando la víctima logró salir en un estado de angustia extrema y le contó lo que le había ocurrido, realizaron la denuncia telefónica.

La fiscal Lovesio dice que los informes del médico forense que recibió el martes confirman que la mujer “obviamente fue víctima de una violación”.

Y señala que la víctima, que ha recibido asistencia de especialistas, “está obviamente con un shock emocional y psicológico terrible”.

En la mañana del domingo, la policía detuvo en el mismo domicilio a tres personas —un adolescente y dos inquilinos— que fueron emplazados y quedaron en libertad con la prohibición de acercarse a la víctima o salir del país.

“Estas personas no fueron detenidas en flagrancia, que sería la hipótesis por la cual yo podría haber pedido la prisión”, explica Lovesio. “Eso hubiera sucedido si la policía llega y los encuentra abusando de la víctima”.

La fiscal espera pedir la prisión preventiva de los denunciados una vez que obtenga pruebas suficientes, incluidos los resultados de las pruebas ADN que les realicen.

Los adultos se negaron a ceder de forma voluntaria sus muestras de ADN, informaron medios locales, y se espera que la justicia emita una orden para recogerlas.

“Cambio cultural”

Uruguay tiene una tradición de avanzada en América Latina en temas de derecho y protecciones sociales.

A comienzos del siglo XX, el país aprobó leyes pioneras sobre temas como el divorcio por sola voluntad de la mujer o el voto femenino.

Y en la década pasada se volvió uno de los pocos países de la región en despenalizar el aborto voluntario, así como el primero del mundo en legalizar el mercado de marihuana.

Sin embargo, la denuncia de violación grupal ha generado cuestionamientos sobre cuánto hace Uruguay para proteger a las víctimas de delitos sexuales y castigar a los violadores.

La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, que agrupa a diversas organizaciones de la sociedad civil, reclamó el martes un “cambio cultural” para evitar hechos como el denunciado.

En particular, pidió “enseñar perspectiva de género y violencia basada en género en el sistema educativo, desde jardinera a la Universidad”, además de capacitación en el sistema de justicia.

“Mientras este tema no sea realmente #emergencianacional (…) las mujeres seguiremos siendo violadas y sin tener una adecuada respuesta institucional”, sostuvo el comunicado

El presidente Lacalle Pou sostuvo el martes que la pena debería ser ejemplarizante “para estos actos que no son propios del ser humano ni son propios en este caso del género masculino”.

“Nos debería dar vergüenza”, dijo.

No obstante, Lovesio señala que en Uruguay hay apenas tres fiscalías de delitos sexuales, cada una de las cuales tiene entre 800 y 1.000 investigaciones y una carga de denuncias que crece.

Compara que para delitos económicos el país tiene cuatro fiscalías, aunque reciban menos denuncias, y para delitos de flagrancia como hurtos o rapiñas hay 16 fiscalías.

“Los delitos sexuales que han crecido tanto (…) deberían tener otra gestión a nivel de políticas públicas, tener más recursos”, sostiene y señala la necesidad de desarrollar políticas de prevención.

“Ahora estamos viendo que los que cometen estos delitos son jóvenes. Tenemos que tratar de parar esto de alguna manera”, agrega.

En su opinión, las penas que el país contempla para delitos sexuales son “irrisorias” y difíciles de lograr en su grado máximo debido a la alta exigencia de pruebas.

Algunos recuerdan que en 2014 y 2019 hubo en Uruguay dos denuncias diferentes de presuntos abusos sexuales en grupo, pero las mismas concluyeron sin que se encontraran culpables.

Ahora la fiscal cree que si se siguen los pasos adecuados y exponen la evidencia necesaria en un juicio, la nueva denuncia de violación grupal podría acabar con condenas de cárcel.

“Entiendo que de probarse que esto fue así”, dice, “la fiscalía va a pedir obviamente la mayor de las penas, que a mi juicio nunca va a ser suficiente por la legislación que tenemos”.

“Nadie ve, nadie oye y las montañas nunca hablan”. Así cierra la entrevista, mirando esa cordillera de los Andes que se calla.

La conversación comenzó 40 minutos antes con el acuerdo de cuál sería su nombre ficticio. “Sarita”, dijo. ¿Sara o Sarita? “Sarita”.

Aunque es común el uso del diminutivo en la sierra ecuatoriana, parece extraño utilizarlo para hablar de una mujer que cría sola a cuatroniños.

La primera fue consecuencia de una violación, los dos del medio son hijos de una relación que acaba de terminar y la última fue parida por la hermana pequeña de Sarita, violada por el mismo agresor.

Es fácil olvidar que no tiene más de 25 años, pero dejó de habitar ese territorio de la infancia al que pertenece el diminutivo cuando su padrastro la violó por primera vez a los 10 años.

“Hoy tengo mucho miedo a la oscuridad y eso que soy vieja”, dice.

La oscuridad fue el escenario de todas las violencias.

“Cuando me agarraban y me querían hacer cosas yo decía que no. Incluso una vez me corrí (huí) sin saber adónde. Me encontraron y me fue como en feria. Eran unas pizas (golpizas) de esas buenas”.

El fallo

El 28 de abril la Corte Constitucional de Ecuador decidió despenalizar el aborto en todos los casos de violación y no solo cuando lasvíctimas eran mujeres con discapacidad mental, como hasta entonces recogía el Código Penal.

El fallo generó el enfrentamiento entre defensores y detractores de la despenalización que ha tenido lugar en los últimos años en otros países de América Latina.

Pero también recordó a Ecuador el infierno de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, especialmente en las zonas rurales y marginales, cuyos agresores son —en su mayoría— padres, tíos, hermanos, abuelos, padrastros.

Niñas que, como le indica a BBC Mundo la abogada Ana Vera de Surkuna, una organización de defensa de los derechos sexuales y reproductivos, “tienen una falta de información tan brutal que no saben que su cuerpo va a cambiar, entonces no se dan cuenta hasta que el embarazo está muy avanzado”.

• La Corte Constitucional de Ecuador despenaliza el aborto en casos de violación

“Yo no sabía siquiera que estaba embarazada. Solo sabía que me criaba (crecía) la panza y no entendía por qué”, recuerda Sarita.

Tras parir, dejó a su hija bajo un puente. Pero como nadie la recogió, se la volvió a llevar consigo.

Cuatro por día

La Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres reveló en 2019 que 65 de cada 100 mujeres han sufrido alguna clase de violencia en el país.

Un 32,7% ha sido víctima de violencia sexual, aunque Ana Vera considera que existe “un subregistro brutal” de estas agresiones, debido al estigma de denunciar y a la precaria respuesta del sistema de Justicia.

Cuando, como en el caso de Sarita, el violador es el hombre de la casa, las víctimas tampoco denuncian porque el agresor suele ser la única fuente de ingresos del hogar. A veces tampoco se les cree por ser niñas, a veces no se les quiere creer.

“Mi madre prefirió callarse”, cuenta Sarita. “Creo que incluso sintió celos”.

“Cuando le dije (lo que pasaba), tenía idea de que le reclamara algo (al agresor), pero inclusive dijo que yo he tenido la culpa”.

Para hacerse una idea de cuántas menores son víctimas de agresión sexual, Ana Acosta, autora del reportaje “Las niñas invisibles de Ecuador”, recomienda fijarse en el registro de nacimiento del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC).

• ¿Puede la legalización del aborto en Argentina impulsar un cambio en toda América Latina?

“Como tiene registrados los partos de niños vivos por edad de la madre, y como cualquier relación sexual en menores de 14 es considerada violación por el código penal, entonces no hay por dónde perderse.

En 2020, 1.631 niñas de 10 a 14 años parieron en Ecuador, cuatro por día. La cifra no comprende las que no quedaron embarazadas, las que abortaron o las que tuvieron complicaciones obstétricas que les impidieron dar a luz.

El del año pasado es el menor registro de la última década, pero también fue el primero de la pandemia que encerró a víctimas y victimarios en un mismo lugar.

Además, debido a la crisis económica, el gobierno de Lenín Moreno retiró todos los fondos del plan de prevención del embarazo en menores.

Los números de 2021 aún no se conocen.

El incesto

Sarita parió a los 13 años, fue violada por primera vez a los 10, pero el anticipo del horror del incesto lo presintió a los 7, cuando sospechó que su padre abusaba de una prima.

“Pensándolo bien, ahora siento que debí darme cuenta, debí saber. Pero los niños se olvidan de todo, cuanto más rápido mejor”, reconoce.

“Cuando me pasó a mí, supe lo que la otra estaba sintiendo”.

Aquello no fue, sin embargo, motivo de separación entre sus padres, sino las constantes agresiones contra su madre.

“Recuerdo a mi madre que cuando llegaba la tarde ya tenía miedo, porque sabía lo que iba a pasar: a veces él llegaba borracho, fumaba y ahí mismo le pegaba”.

Cuando después de distanciarse y juntarse varias veces, sus padres se separaron definitivamente, un hijo y una hija se quedaron con él. Dos hijas —Sarita y su hermana menor— con la madre, quien se fue a vivir con otro hombre.

El padrastro violó y embarazó a ambas niñas. El padre a la otra hermana.

“Yo creo que lo de mi hermana debe ser mucho más duro“, reflexiona Sarita, “porque imagínese, usted todos los días le llama papá y que el papá le haga eso no es justo”.

“Creo que estos hombres son dañados de la mente, porque están dañándole a la persona de por vida. Creo que asimismo es porque viven en el monte”.

Padres

En Ecuador el incesto se ha estudiado poco debido a que no está tipificado como delito, aunque sí se considera un agravante en delitos contra la integridad sexual y reproductiva, señala la psicóloga Fernanda Porras en el estudio “Cuerpos que sí importan”.

En cuanto a factores que hicieron que se normalizara en ciertas zonas está la idea de que es un problema que debe ser tratado al interior de la familia, así como la dependencia económica y emocional de las víctimas y sus madres con el agresor.

Para Ana Vera, el hecho de que ni el sistema de salud, ni el educativo ni la Justicia detectaran en su día el abuso a cuatro niñas (Sarita, sus dos hermanas y su prima) muestra la ineficacia del Estado para proteger a las menores, especialmente en zonas rurales.

A partir de la adopción de convenios y tratados internacionales, el Estado ecuatoriano comenzó hace 40 años a tomar medidas para terminar con la violencia de todo tipo contra las mujeres, adolescentes y niñas.

Se crearon comisarías para la mujer y unidades especializadas en la Fiscalía.

En 2007 la erradicación de esta violencia fue considerada, por decreto ejecutivo, una política estatal y, 11 años después, se sancionó una ley orgánica integral.

A pesar de esto, en 2016 la Fundación Desafío, una de las organizaciones que promovió la acción que culminó con el fallo de la Corte Constitucional, informó que Ecuador ocupaba el segundo lugar en la región (después de Venezuela) donde la tasa específica de fecundidad adolescente no había disminuido en los últimos años.

• Aborto en Argentina: en qué países de América Latina es legal, está restringido o prohibido

La noche del 11 de abril de 2021, cuando fue elegido presidente, Guillermo Lasso se dirigió directamente a “aquellas niñas que han tenido niños y que cuidan niños” y les aseguró que él y su esposa serían sus padres: “Las protegeremos, las vamos a cuidar”.

Pierina Correa, hermana del expresidente Rafael Correa y presidenta de la Comisión de Protección Integral a las Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional, dijo este lunes que la despenalización del aborto debe decidirse en una consulta popular y participó en un acto contra la interrupción del embarazo.

Para Ana Vera, Ecuador es un país que idealiza la figura de la madre y, por tal motivo, es difícil optar por abortar.

Y las que deciden ser madres “encuentran un montón de dificultades en que el Estado es incapaz de acompañarlas”, algo a lo que el informe de la Fundación Desafío también hace referencia, mencionando falta de alternativas para continuar con sus estudios, oportunidades laborales dignas o el apoyo para una crianza compartida.

El aborto

Sarita no pudo continuar estudiando tras el parto y ahora BBC Mundo la encuentra abriendo por primera vez en su vida una cuenta de banco, porque es la única forma de recibir la pensión de su expareja.

Por eso, la situación económica surge como una parte de la respuesta cuando se le pregunta su opinión sobre el aborto.

“Yo no pensé en aborto. En botarle sí, pero no en aborto“.

“En el monte se escucha mucho de gente que come hierbas (para acabar con el embarazo), pero no solo intoxica al bebé, sino también a la persona y se mueren ambos”, relata.

Y deja clara su postura.

“La niña tiene derecho a tomar la decisión. A veces la familia no quiere y ella, encima de todo lo que le pasó, quiere tenerle (al bebé). Entonces, que ella decida”.

• Congreso de Honduras blinda la prohibición absoluta del aborto para impedir su legalización

A lo que añade: “Si aún está a tiempo, tampoco creo que sea obligación que lo tenga, porque la va a marcar de por vida“.

“Además, si es pobre, ¿de dónde le va a dar de comer?”.

Campo-ciudad

Tras el fallo de la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo presentó este lunes el proyecto de ley ante la Asamblea Nacional para regular la interrupción voluntaria del embarazo en caso de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de agresión sexual.

Pero mientras las instituciones debaten en Quito, Ana Vera ve otra realidad, desconocida por el Estado, en los sectores rurales y amazónicos, donde es difícil hasta presentar una denuncia por violación, en parte porque no hay fiscalías, y en muchos casos porque de hacerlo la comunidad se vuelve contra la denunciante.

Y las diferencias entre campo y ciudad no solo se hacen presentes en el inicio del embarazo de las menores, sino también en el final.

Los centros de salud de zonas rurales no suelen tener capacidad para hacer cesáreas, el método recomendado para estos partos debido al tamaño del cuerpo de las madres.

Para la antropóloga Lisset Cobas, en las zonas remotas —donde se mezcla violencia de género, desigualdad social, racismo yreligiosidad— no solo es difícil acceder a servicios de justicia y salud, sino también a información, algo en lo que coinciden Sarita.

“Si se compara a una niña del monte con una de ciudad, la del monte va a ser mil veces (más) inocente”, asegura.

“La niña de ciudad lo sabe todo, incluso se lo han explicado. La del monte no sabe qué es bueno o lo que es malo, y si dice algo le dan duro y es mejor que se calle”.

“Creo que los papás en el monte deberían cambiar un poquito. Ya es hora”.

Hablar y creer

Al terminar la entrevista, Sarita cuenta que se va a mudar y que quiere vivir en un lugar aún más solitario.

Dice que prefiere a sus hijos cerca y a los vecinos lejos.

“A veces me quedo viéndole a la más grande. Ella, inocente todavía, conversa a veces con los muchachos amigos. Y yo le digo que se mueva para acá, que no quiero que ellos se acerquen“.

“Es mi mal pensamiento”, reconoce. “Yo sé que no puede ser igual, pero queda la desconfianza. La miro y digo: ‘así, de ese porte, inclusive más pequeña, me pasó lo que me pasó'”.

¿Cómo romper con ese círculo de violencia? Para ella todo pasa por creer lo que sus hijos dicen y por hablar con ellos.

“A los más chiquitos lo único que les he dicho es que no les puede tocar nadie y que si pasa tiene que avisarme”, explica.

“A la mayor le he dicho que pronto le ha de bajar la menstruación y que no debe asustarse porque es algo normal, y que nadie la puede tocar ni decirle nada”, sigue.

“Hasta ahí he avanzado, pero toca avanzar otro poco más”.

“Me toca decirle que los hombres, sean de cualquier edad, siempre buscan relaciones y partir. Solo desean hacerles el daño e irse. Y que eso no está bien”.

“Que ella tenga su pareja, sus hijos, pero que sea por el bien, no por la parte mala. Que sea decisión de ella, pero no de nadie más”.

Después se calla y mira a sus hijos, que no paran de hacer ruido, y luego a las montañas, que siempre guardan silencio.

El alcalde de San Raymundo, Guatemala, Joel Humberto Choy Yoc, perdió su derecho de antejuicio luego que la Sala Primera de Apelaciones decidió quitarle la inmunidad para que sea investigado por un caso de agresión sexual a una menor de edad.

Según se informó, el Ministerio Público podrá investigar al jefe edil por un caso de violación, violación en forma continuada, plagio y amenazas.

La investigación surge luego que en agosto de 2020 se activó una alerta Alba Keneth, debido a que el 8 de ese mes, una menor de 16 años había desaparecido en la Joya de Morales en San Raymundo.

Familiares y amigos de la menor al ver que esta no había regresaron a su vivienda denunciaron el caso y activaron la alerta Alba-Keneth.

El lunes 10 agosto la menor fue ubicada y les dijo a sus padres que había sido abusada por el jefe edil.

En redes sociales también hubo varias denuncias de usuarios que señalaban al alcalde Joel Humberto Choy Yoc de haberse llevado a la menor y haber abusado de ella.

El Ministerio Público confirmó que la fiscalía municipal de San Juan Sacatepéquez se había encargado de la investigación, pero el cas quedó bajo reserva y fue esta este 11 de junio de 2021 que se confirmó el retiro de inmunidad al jefe edil.

El médico George Tyndall ha negado las acusaciones hechas por cientos de mujeres que van desde violación hasta tocamientos inapropiados durante los exámenes médicos que realizó en 30 años de carrera.

También fue acusado de tomar fotos de los genitales de sus pacientes y hacer observaciones lascivas sobre su físico, así como comentarios racistas y homofóbicos.

A pesar de las múltiples quejas de estudiantes y enfermeras, no fue investigado hasta 2016, cuando se inició una investigación interna a raíz de una queja realizada en el centro que maneja informes de agresión sexual.

La pesquisa encontró fallas en sus exámenes, pero Tyndall pudo jubilarse bajo un acuerdo amistoso con la USC.

La policía de Los Ángeles abrió su propia investigación y en junio registró la casa del médico.

Según el diario Los Angeles Times, 463 mujeres han demandado a la universidad, algunas como parte de una demanda colectiva.

La USC acordó desembolsar 215 millones de dólares en un esfuerzo por apaciguar las demandas. El acuerdo, que aún debe ser revisado por un juez federal, incluiría un pago de 2.500 dólares a cada expaciente del médico y 250.000 a las que sufrieron abuso.

En el caso de Larry Nasser, el exmédico del equipo de gimnasia olímpica estadounidense condenado a entre 40 y 125 años por abusar sexualmente de 265 víctimas, la Universidad de Michigan, que lo empleó, tuvo que pagar alrededor de 500 millones de dólares en compensación.