En total, este julio de 2021 los guatemaltecos pagarán Q667 mil 725 por concepto de bono 14 a los funcionarios de mayor jerarquía en los tres poderes del Estado: el binomio presidencial, los nueve diputados de la Junta Directiva del Congreso y los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuánto recibirá cada uno?

Cinco ejecuciones fueron programadas antes de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden el 20 de enero, lo que rompe con un precedente de 130 años de pausar las ejecuciones en medio de una transición presidencial.

Si finalmente las cinco tienen lugar, Trump será el presidente que más ejecuciones impulse en más de un siglo, con 13 desde julio de este año.

Las ejecuciones comenzaron el jueves con la muerte de Brandon Bernard, de 40 años.

Este viernes fue ejecutado Alfred Bourgeois, un hombre que fue condenado a muerte por asesinar a su hija de 2 años en el 2002 en el estado de Texas.

El fiscal general, William Barr, aseguró que su Departamento de Justicia simplemente está cumpliendo con la legislación existente.

Pero sus críticos consideraron que la medida es preocupante, ya que se produce a solo unas semanas de que Biden, que ha dicho que buscará poner fin a la pena de muerte, asuma el cargo.

“Esto realmente se sale de la norma de una manera bastante extrema”, señaló Ngozi Ndulue, directora de investigación del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización no partidista.

Esto es lo que se sabe del torrente de ejecuciones de última hora del presidente Trump.

¿Cuál es la política vigente en Estados Unidos?

Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos restituyó la pena de muerte federal en 1988, las ejecuciones en Estados Unidos llevadas a cabo por el gobierno nacional o federal han sido escasas.

Antes de que Trump asumiera el cargo, solo se habían llevado a cabo tres ejecuciones federales en este período (1988-2016).

Todas se llevaron a cabo bajo el mandato del presidente republicano George W. Bush, e incluyeron al preso Timothy McVeigh, condenado por el atentado con bomba en un edificio federal de la ciudad de Oklahoma.

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De hecho, desde 2003 no se ha producido ejecución federal alguna.

Sin embargo, las autoridades de cada estado del país sí que han seguido ejecutando a presos en las cárceles gestionadas por ellas, llegando a un total de 22 el año pasado.

Pero ese tipo de ejecuciones también registran una tendencia a la baja.

Un número cada vez mayor de estados de EE.UU. se ha movilizado para abolir la pena capital por completo, y la mayoría ha prohibido formalmente la práctica o no ha ejecutado a ningún preso en más de una década.

Opinión ciudadana

Las encuestas también reflejan que los ciudadanos se alejan cada vez más de la pena capital.

Un sondeo llevado a cabo por Gallup en noviembre de 2019 reveló que el 60% de los estadounidenses prefería la cadena perpetua a la pena de muerte por primera vez desde que comenzó la encuesta hace más de 30 años.

“El apoyo público a la pena de muerte está en su mínimo en décadas”, afirmó Ndulue.

En este tiempo, además, han surgido otros problemas relacionados con los métodos de ejecución, la obtención de medicamentos utilizados para inyecciones letales y los costos de las batallas judiciales y las apelaciones que pueden durar décadas.

¿Qué hizo la administración Trump?

En julio de 2019, el fiscal general, William Barr [que en EE.UU. también ejerce de ministro de Justicia], anunció las ejecuciones programadas de cinco condenados a muerte, a pesar de las prácticas y la opinión pública predominante.

“El Congreso autorizó expresamente la pena de muerte”, dijo entonces el máximo funcionario legal del país.

“El Departamento de Justicia defiende el Estado de Derecho, y le debemos a las víctimas y a sus familias llevar adelante la sentencia impuesta por nuestro sistema judicial”.

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Los presos seleccionados habían sido condenados por asesinar o violar a niños y ancianos, dijo Barr.

La decisión generó duras críticas por parte de los principales demócratas y grupos en defensa de los derechos humanos.

“Creemos que [la pena de muerte] es un castigo inconstitucionalmente arbitrario que debería haberse abolido hace décadas“, manifestó Lisa Cylar Barrett, directora de políticas del Fondo de Defensa Legal de la organización en defensa de la justicia racial NCAAP.

Los presos que se enfrentan a la ejecución:

• Brandon Bernard (ejecutado) fue condenado en 1999 por el secuestro y asesinato de dos clérigos, Todd y Stacie Bagley. Su ejecución está prevista para el 10 de diciembre, pese a las numerosas peticiones de clemencia debido a su temprana edad en el momento del crimen.
• Alfred Bourgeois (ejecutado) condenado por torturar y matar a golpes a su hija de 2 años.
• Lisa Montgomery estranguló a una mujer embarazada en Missouri antes de cortarle la barriga y extraer al bebé para secuestrarlo en 2004. Su ejecución está prevista para el 12 de enero. Sus abogados alegaron que sufre daños cerebrales a causa de las golpizas cuando era una niña y sufre una enfermedad mental grave. Será la primera mujer en enfrentar una ejecución federal en Estados Unidos desde 1953.
• Cory Johnson fue condenado por el asesinato de siete personas, en relación a su participación en el tráfico de drogas en Richmond, Virginia. El equipo legal de Johnson ha argumentado que sufre una discapacidad intelectual, relacionada con el abuso físico y emocional que experimentó cuando era niño. Su ejecución está prevista para el 14 de enero.
• Dustin John Higgs fue condenado por el secuestro y asesinato en 1996 de tres mujeres jóvenes en el área de Washington, DC. Higgs no mató a ninguna de sus víctimas. Su coacusado Willis Haynes lo hizo, después de recibir instrucciones de Higgs. Haynes ha dicho en documentos judiciales que Higgs no lo amenazó ni lo obligó a disparar. La ejecución de Higgs está programada para el 15 de enero.

Además, la selección de los presos llevó a que el Departamento de Justicia fuera acusado de tomar esta decisión por motivos políticos.

La primera serie de ejecuciones este verano, durante una ola de protestas y manifestaciones contra el racismo en Estados Unidos, fueron todas de hombres blancos. En este caso, cuatro de los cinco prisioneros en la lista de ejecuciones programadas son afroestadounidenses.

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Ndulue dijo que no creía que fuera “una coincidencia” que no se programara la ejecución de ningún prisionero negro durante el período de “mayor conciencia de las disparidades raciales en torno a la pena de muerte federal”.

Las investigaciones realizadas sugieren que la pena de muerte se ha aplicado de manera diferente en el país por motivos raciales.

“Uno de los hallazgos más contundentes encontrados en un estudio tras otro, en jurisdicciones de todo el país, es que la raza es un factor importante para determinar si se le aplicará la pena de muerte al reo”, dijo Ndulue.

¿Qué está pasando ahora?

Con la ejecución de Alfred Bourgeois, los 10 presos ejecutados en 2020 suman una cifra total sin igual en la historia moderna.

“Tendríamos que remontarnos a 1896 para encontrar otro año en el que hubiera 10 o más ejecuciones”, dijo la directora de investigación del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

La administración Trump también ha optado por llevar a cabo ejecuciones federales en medio de una transición política, con un presidente al final de su mandato, por primera vez en más de un siglo.

En general, los mandatarios salientes suelen ceder a sus sucesores decisiones de este calado, lo que permite al próximo ocupante de la Casa Blanca marcar el rumbo.

En una entrevista con la agencia de noticias Associated Press, el fiscal general Barr defendió las ejecuciones postelectorales y dijo que probablemente programaría más antes de dejar el Departamento de Justicia.

“Creo que la forma de detener la pena de muerte es derogar la pena de muerte”, dijo. “Pero si pides a los jurados que la impongan, entonces debería llevarse a cabo”.

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Sin embargo, es una opción controvertida, especialmente porque la administración entrante de Biden ha dicho que trabajará para poner fin a la pena capital.

La primera ejecución programada, la de Brandon Bernard, ocurrida este 10 de diciembre, ha llamado especialmente la atención.

Condenado por asesinato y secuestro en 1999, Bernard tenía 18 años en el momento del delito y es el condenado más joven en ser ejecutado por el gobierno federal en casi 70 años.

Cinco de los nueve miembros del jurado en el caso de Bernard que aún siguen con vida, así como el fiscal estadounidense que defendió la pena de muerte en la apelación, pidieron públicamente que se detuviera su ejecución.

¿Cuál es la política de Biden sobre la pena de muerte?

Trump ha sido un firme defensor de la pena de muerte desde hace mucho tiempo. El equipo de Biden se opone.

La vicepresidenta electa Kamala Harris, en particular, ha sido una constante crítica de esta práctica.

Ya en su exitosa campaña de 2003 para fiscal de distrito de San Francisco se pronunció contra la pena capital y a pesar de la presión dentro de su partido se negó a solicitar la pena de muerte en un caso de asesinato de un agente de policía de 29 años, que estaba de servicio.

El historial del presidente electo es más desigual.

La ley contra el crimen de 1994 de la que Biden fue coautor sumó unos 60 delitos federales que pueden ser penados con la pena de muerte.

Algunos de los condenados a muerte hoy en día fueron sentenciados en virtud de las disposiciones de esa legislación.

Sin embargo, ahora Biden ha prometido impulsar una legislación que elimine por completo las ejecuciones federales y que anime a los estados a hacer lo mismo.

El equipo de Biden subrayó que más de 160 personas condenadas a muerte en Estados Unidos desde 1973 fueron exoneradas posteriormente. Biden aún tiene que elegir su candidato para fiscal general de Estados Unidos.

En un mensaje transmitido en redes sociales, el vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, solicitó la renuncia en conjunto al presidente Alejandro Giammattei, a quien señala de no cumplir con los compromisos adquiridos durante la campaña que los llevó a ocupar esos cargos.

“Le he manifestado al presidente que las cosas no están bien, que muchos temas de gobierno y las decisiones que se han tomado yo no las comparto y no he sido consultado por la poca comunicación que tenemos con el señor presidente”, agregó.

“Quiere dejar claro el planteamiento que le he hecho al presidente, por el bien del país que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo, pero que lo hagamos juntos para descartar esas ideas sediciosas que se dice que y le quiero dar golpe -de Estado- para quedarme en su puesto”, dijo Castillo.

Agregó: “No voy a renunciar solo, voy a presentar mi renuncia si juntos vamos al Congreso y presentamos nuestra renuncia de forma conjunta”.

Ante distintas decisiones de Gobierno que afectan intereses de la población, solicité al Presidente Giammattei presentar nuestra renuncia irrevocable y que una instancia de personas notables proponga al Congreso las ternas respectivas. Insostenible continuar en estas condiciones.

— Willy Castillo Reyes (@GuilleCastilloR) November 21, 2020

Castillo dijo que si ambos dejan el cargo es en beneficio de Guatemala porque eso “permitiría oxigenar el rumbo del país y que sean nuevas personas las que vengan a tomar las decisiones más importantes”.

Entre otras cosas Castillo mostró su inconformidad por la forma como se está manejando el tema del presupuesto aprobado por el Congreso, el cual, a su criterio, debe ser regresado al Legislativo para una reevaluación y de no ser aprobado podrían rediseñarse el actual.

También sugirió que todos los funcionarios renuncien a sus cargos para hacer una selección de los que no están señalados de irregularidades en sus administraciones.

Además, el vicemandatario señaló que en una reunión que sostuvo este viernes 20 de noviembre con Giammattei le recalcó la necesidad de disolver el Centro de Gobierno, porque “es una estructura” que genera costros extraordinarios.

La Constitución Política de la República contempla en su artículo 165 inciso “D” que corresponde dar posesión de la Presidencia de la República al vicepresidente en caso de ausencia absoluta o temporal del presidente.

En el inciso “E” del mismo artículo se ordena que se debe conocer con anticipación, para los efectos de la sucesión temporal, de la ausencia del territorio nacional del presidente y vicepresidente de la República.

Añade que en ningún caso podrán ausentarse simultáneamente el presidente y vicepresidente

La Constitución agrega que toda resolución sobre esta materia ha de tomarse con el voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Legislativo.

Ordena declarar, con el voto de las dos terceras partes del número total de diputados del Congreso, la incapacidad física o mental del presidente para el ejercicio del cargo.

Esta declaratoria debe fundarse en dictamen previo de una comisión de cinco médicos, designados por la Junta Directiva del Colegio respectivo a solicitud del Congreso.

Giammattei da positivo coronavirus

La vocera presidencial, Francis Masek, confirmó a Guatevisión que Alejandro Giammattei dio positivo en una prueba de coronavirus.

El mandatario dijo en una radio local que confirmaron su contagio el jueves 17 de septiembre en la noche, luego de someterese a una prueba PCR.

Afirmó que su caso es catalogado como leve, pero que tiene un dolor de cuerpo muy fuerte. “Siento como que me hubiera atropellado un tren”, dijo Giammattei.

Horas antes de activar la petición de antejuicio contra la Corte de Constitucionalidad, el presidente Jimmy Morales y su vicepresidente Jafeth Cabrera buscaron el respaldo del Ejército de Guatemala.  En un acto, al que solo se permitió el acceso de cámaras oficiales y del que se supo un día después, la voz principal la tuvo el vicepresidente, quien llamó a los oficiales recién ascendidos a defender a esta administración.

Cabrera subió al podio a petición del presidente, quien no dirigió palabras a los militares que asistieron al acto en la Guardia de Honor. Un acto que solo quedó reservado para los militares y algunos allegados del presidente.

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La alocución de la presidencia comenzó exaltando a los militares y su compromiso con el gobierno como ninguna otra institución. Pero la intención del vicepresidente iba orientada a lo que minutos después se concretó en una acción judicial de parte de la PGN.

Sin mencionar a la CICIG, el vicepresidente se alineó con el discurso oficial en el que “extranjeros” podrían pisotear insignias nacionales. Cabrera llamó otra vez a la obediencia del ejército hacia la soberanía, que de nuevo, sin decirlo, representa su gobierno.

Vea el discurso:

https://twitter.com/Sanchinelli_gtv/status/1078482195449331714

El Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, arribará mañana a las 15 horas a la Fuerza Aérea guatemalteca.

El Secretario de Comunicación de la Presidencia, Alfredo Brito, señaló que el Vicepresidente estadounidense Mike Pence, se dirigirá al Palacio Nacional donde sostendrá una reunión multilateral con el presidente de Guatemala, El Salvador y Honduras.

https://twitter.com/Sanchinelli_gtv/status/1012114510235275265

Temas primordiales

Lo central que abordarán será el tema migratorio y la solicitud del Estatus de Protección Temporal (TPS).

Luego del acto dará una conferencia el vicepresidente de Estados Unidos, así como los mandatarios del Triángulo Centroamericano.

El Secretario de Comunicación señaló que hasta la fecha se desconoce si el vicepresidente estadounidense viajará a la zona afectada por el volcán de fuego.