Fue tan sólo al recopilar documentos para su matrimonio a sus 35 años, cuando García González supo que sus padres lo habían adoptado por una suma ínfima, según relata a la AFP.

Sus padres adoptivos entregaron “medio salario de obrero” al doctor Eduardo Vela, el primer presunto responsable del tráfico de bebés que se sentó en el banquillo de los acusados en España, este martes en un tribunal en Madrid.

En el acta de nacimiento de este profesor de física, fechada el 2 de septiembre de 1977, la parte donde debía figurar la identidad de sus padres biológicas fue dejada en blanco. Señal evidente de que fue “arrancado de los brazos de (su) madre”.

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Como él, miles de españoles les fueron robados a sus padres por doctores o religiosos que hicieron creer que habían muerto al nacer, para luego confiárselos a otras familias, frecuentemente tras el pago de una suma.

Práctica iniciada bajo la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) con un objetivo inicialmente ideológico, se prolongó hasta mediados de la década de 1980 ya en democracia.

Entre perdón y venganza

“Comprada” por sus padres adoptivos en 1953 en plena dictadura franquista, Irene Meca vive con la amarga sensación de haber sido mercancía en “un puñetero (maldito) negocio”.

“No tengo raíces. (…) Ni siquiera sé cuando es el día de mi cumpleaños”, dice esta madrileña a la AFP.

Su madre adoptiva, con la que mantuvo relaciones difíciles, murió este año, llevándose a la tumba todo detalle que le hubiera permitido encontrar a sus padres biológicos.

“Jamás me ha dado una explicación, jamás ha intentado darme un mínimo resquicio” de información, dice.

Por su parte, García González, perdonó a sus padres adoptivos el haber ocultado la verdad durante 35 años y proyecta su cólera hacia las personas detrás del tráfico de niños.

“A toda esa gente que se han enriquecido a costa de nuestro sufrimiento, quiero verlos arruinados”, afirma, de forma calmada.

Busca mantener a sus dos hijos, de 9 y 4 años, alejados de su combate por el reconocimiento del robo de bebés. “No quiero que entren en contacto con esta atrocidad porque es el horror en estado puro”, señala.

Romper el silencio

Tanto Meca como García González movieron cielo y tierra para conocer sus orígenes, sin éxito. No han presentado denuncias, al carecer de pruebas suficientes. Hospitales, administraciones públicas, la Iglesia. Las trabas se multiplican a la hora de conseguir documentos, según ellos.

“Te dan lo que quieren darte, y no hay más”, dice Meca.

García González se hizo pruebas de ADN en un laboratorio estadounidense, a la espera de que un día los resultados coincidan con los de otra persona.

Mientras, se esfuerza junto a organizaciones para visibilizar los casos de bebés robados con el objetivo de que más gente rompa el silencio, todavía persistente alrededor de todo lo relacionado a la dictadura franquista, a 40 años de haber terminado.

“Ojalá permita que la gente hable, porque esa vergüenza de los años 1970 sigue estando por ahí y hay mucho miedo”, dice García González.

A sus 65 años, Meca conserva pocas esperanzas de encontrar a sus padres con vida. Pero siente que no tiene “derecho a seguir” sin hacer nada.

“Todavía estoy loca por el abrazo de mi madre. Y yo sé que no lo voy a hacer, pero no me resigno. (…) A lo mejor mi madre lleva llorando mucho más tiempo que yo”, agrega.