Junta Directiva de Alcaldes de los 48 Cantones de Totonicapán, publicó este 26 de octubre de 2022 un comunicado en el que solicita que se de dictamen desfavorable y se retire del debate legislativo la iniciativa de ley 6155, denominada ley para uso racional y legítimo de la fuerza, que fue presentada por los diputados Boris España y Vitelio Lam.

En el comunicado, se detalla que España, de la bancada Todos y presidente de la Comisión de Gobernación presentó el 19 de octubre la iniciativa denominada “Ley para uso racional y legítimo de la fuerza, la cual aún no se ha leído en el Pleno y remitido a Comisión.

Detalla que aun cuando la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, le dio su palabra a la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán que no se volvería a someter a discusión la iniciativa 6076 con sus respectivas enmiendas, que fue engavetada, ahora el diputado España presentó esta nueva.

Esa iniciativa 6076 o Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala fue engavetada por decisión de la junta directiva del Congreso de la República, según lo confirmó el 23 de agosto de 2022, según lo confirmó el diputado Marvin Estuardo Alvarado, quinto secretario de dicha junta.

Esto se dio luego de presión social y rechazo de varios sectores, incluyendo los 48 Cantones, que habían exigido que dicha iniciativa no se conociera más.

El comunicado de los 48 Cantones explica que luego de una  la revisión breve realizada a la nueva iniciativa 6155, “debe expresarse enfáticamente que a pesar de que presenta una redacción más articulada y coherente y que excluye a la SAAS e incorpora 2 capítulos referidos a la gradación del uso de la fuerza y a un proceso disciplinario y sancionatorio por excesos del uso de la fuerza, tal propuesta abarca el mismo sentido, objeto y ámbito de la Iniciativa 6076”.

El documento detalla que: “las razones de peso para afirmar lo anterior es porque la 6155 tiene como objeto dar las pautas y reglas para el uso racional y legítimo de la fuerza por la fuerzas de seguridad (entendiendo por estás a la PNC; Guardia Penitenciaria y Ejercito)”.

Además, estipula además que el ámbito de aplicación  será: ”Cuando exista una amenaza o vulneración del orden público, la seguridad ciudadana y la protección de los DDHH” y en las definiciones desarrolla el mismo concepto de agresión, amenaza y fuerza letal y no letal.

“Como fuerza diferenciada que desarrollaba la 6076. En conclusión, la amenaza que esta norma sirva para reprimir o coartar expresiones de protesta ciudadana se mantiene plenamente”.

El comunicado de la organización añade que aunque el Gobierno y las bancadas aliadas al oficialismo defienden que en la nueva iniciativa se han incorporado artículos que desarrollan una serie de principios como necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas y vigilancia para la aplicación de la fuerza, cuando se da lectura al principio de legalidad, esta señala que las fuerzas de seguridad podrán actuar en defensa propia o de defensa de otras personas con la amenaza inminente de muerte o lesiones graves o el mantenimiento de los estados de calamidad.

Puntualiza que en el capítulo de la graduación de la fuerza, establece que pueden existir conductas de colaboración, resistencia y agresión, incluyendo la agresión activa y alta peligrosidad, como los niveles del uso e instrumentos de la fuerza paras la reducción física de movimientos y la fuerza letal.

Acciones rescatables de la iniciativa

Los 48 cantones añaden en su documento que lo rescatable de la iniciativa 6155 es que incorpora un capítulo de responsabilidades en el que los mandos de seguridad deberán velar porque el uso de la fuerza por parte de sus subordinados.

Además que estas sean bajo las normas constitucionales y los acuerdos internacionales y que en caso de incumplimiento deberán activar el proceso disciplinario y sancionatorio y se establece la obligatoriedad de la denuncia.

Conclusión

Según los 48 Cantones, “la Iniciativa 6155 es una versión actualizada y mejorada de la 6076 y en ese sentido debe demandarse que, al remitirse a la comisión específica, se le dé un dictamen desfavorable y en base al compromiso de la presidenta del Congreso a los 48 Cantones de Totonicapán se retire del debate legislativo tal propuesta.

El espíritu de la iniciativa 6076 que buscaba regular el uso de la fuerza pública y que fue engavetada por el rechazo social aún no desaparece del Congreso de la República, ya que el pasado 19 de octubre fue presentada una nueva iniciativa para crear la Ley para el Uso Racional y Legítimo de la Fuerza.

La nueva propuesta fue entregada a la Dirección Legislativa por los presidentes de las comisiones de Gobernación y Asuntos de Seguridad Nacional, Boris España y Vitelio Lam, respectivamente.

A mediados de septiembre se dio a conocer que la sala legislativa presidida por Lam solicitó a la Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad un análisis de la iniciativa 6076, pero debido a que las modificaciones superaban el 33 % se estableció trabajar en una nueva iniciativa.

Acerca de las razones para insistir en la nueva propuesta se buscó la postura de España y Lam, pero ninguno atendió las llamadas telefónicas hechas a sus teléfonos celulares.

¿Qué regulará?

La propuesta contempla que se aplicará la ley en casos de “amenaza o vulneración del orden público”, la seguridad ciudadana y la protección del ejercicio de los derechos humanos.

El artículo 6, inciso e regula que se emplearán armas letales solo de “forma excepcional cuando exista peligro inminente de lesiones graves o muerte a las personas o a las fuerzas de seguridad”.

En tanto, el inciso h del artículo 7 señala que las armas de fuego se utilizarán para repeler y neutralizar una agresión, no teniendo otra opción para proteger su propia integridad o la de otras personas, “a sabiendas de que existe un alto riesgo de causar lesiones graves o la muerte del agresor”.

Mientras tanto la fuerza “no letal” se aplicará con armas incapacitantes para “contener y someter a una o más personas ante una agresión no letal dirigida a las fuerzas de seguridad”.

Sin embargo, establece que las fuerzas de seguridad deberán emplear y agotar de “forma gradual” los niveles de medidas, de acuerdo con las circunstancias, que van desde la presencia policial, la persuasión verbal, el uso de técnicas defensivas ante personas que tengan resistencia activa, hasta el punto de las medidas no letales y el uso de armas de fuego, como última medida.

Fuerzas de Seguridad

La normativa regula que el uso de la fuerza aplicará para la Policía Nacional Civil, la Dirección General del Sistema Penitenciario, así como al Ejército, pese a que en su momento se explicó que la intención era ya no incluir a los militares en esta normativa.

Sin embargo, a diferencia de la iniciativa 6076, en la nueva propuesta se excluye a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) entre los entes que se catalogan como fuerza de seguridad, y tampoco se incluyeron regulaciones en cuanto a las medidas sustitutivas para los agentes que resulten involucrados en un proceso penal por el uso de la fuerza pública.

Capacitaciones

La propuesta contempla que el personal de las instituciones que forman las fuerzas de seguridad reciba capacitaciones y entrenamiento para trabajar en los principios del uso de la fuerza, adiestramiento de armas no letales, actuación en caso de detenciones, primeros auxilios, traslado de detenidos, manejo de crisis, estrés y emociones, así como no discriminación y respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, sería el Organismo Ejecutivo el encargado de emitir el reglamento de la ley en un plazo no mayor a tres meses, en el cual se establecerán los procedimientos del uso de la fuerza pública en el país.

Crítica social

El pasado 23 de agosto la Junta Directiva del Congreso acordó engavetar la iniciativa 6076 que buscara aprobar la Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala esto debido a la crítica social que se generó por diversos sectores, entre ellos, los 48 Cantones de Totonicapán, derivado de que supuestamente la iniciativa violaba derechos constitucionales como la libertad de emisión del pensamiento, derecho de reunión y manifestación, libertad de acción, entre otros.

En ese entonces se propuso hacer una consulta a la Corte de Constitucionalidad para determinar si era viable; sin embargo, el planteamiento fue rechazado por quienes estaban en contra de la iniciativa.

Pareciera que la iniciativa 6076, que regulaba el uso de la fuerza pública y que fue rechazada por sectores sociales, no ha desaparecido de la palestra política, pues este martes 12 de septiembre se conoció que el Congreso de la República analiza su contenido en busca de crear una ley que faculte a los agentes de la PNC a utilizar armas no letales, entre ellas pistolas de electrochoque, conocido como táser.

La Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso de la República solicitó a la Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad un análisis de la iniciativa 6076 y todo apunta a elaborar una nueva propuesta que podría incluir el uso de armas no letales.

Aunque la Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad aún está analiza el contenido, se dijo que se contempla poder sugerir una nueva iniciativa que incluiría capacitaciones a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), uso de megáfonos y táser.

El análisis fue solicitado pese a que el pasado 23 de agosto, la Junta Directiva del Congreso entregó a Los 48 Cantones de Totonicapán un oficio donde se comprometía a no agendar más la iniciativa 6076, Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala que generó críticas por considerarse represiva hacia las manifestaciones.

La sala legislativa solicitó a la Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad un análisis de la iniciativa 6076, la cual ya ha sido evaluada en un 90 por ciento, y las correcciones superan el 33 % de la propuesta, por lo que todo apunta a que se sugerirá plantear una nueva iniciativa, según reconoció el coordinador de dicha secretaría, Héctor Orellana tras finalizar una reunión con la comisión.

“No es una iniciativa propia, es un requerimiento del Congreso por medio de la Comisión y realmente la ley es de interés nacional”, señaló Orellana.

Para el análisis se convocó a los directores jurídicos de las entidades que integran el Sistema Nacional de Seguridad, y aseguran que la regulación del uso de la fuerza pública no iría específicamente para manifestaciones, sino también para otros asuntos de seguridad, como los desalojos y el tema de pandillas.

La nueva iniciativa contemplaría que sea regulada la fuerza pública para la Policía Nacional Civil, y ya no para el Ejército, además, podría normar el uso de la fuerza con armas no letales, como bastones, inmovilizadores (táser) y el gas lacrimógeno, que ya se emplea en la actualidad.

“Se va practicar lo letal y lo no letal. El punto intermedio es el táser para inmovilizar personas, también van a incluir artículos donde beneficien a la policía y la ciudadanía, que tiene que ser equilibrado, no solo como la anterior iniciativa que era fortalecer a la policía, sino que se quiere fortalecer a la ciudadanía”, justificó el presidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, Vitelio Lam.

La propuesta también incluiría capacitaciones para los agentes de la PNC, así como el uso de megáfonos.

Lam asegura que no hay contradicción con lo expuesto a los 48 Cantones de Totonicapán, ya que la propuesta que se está discutiendo “no es la 6076”, por tener modificaciones y asegura que la anterior iniciativa ya está “eliminada”.

“La 6076 queda totalmente eliminada, va a ser una nueva iniciativa que nos van a proponer las diferentes instituciones que tienen que ver con seguridad”, dijo el parlamentario.

La anterior iniciativa era criticada por regular el beneficio de las medidas sustitutivas para las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones; sin embargo, de momento los diputados no dejan claro si se incluirá o no este tema en la nueva propuesta. 

“Eso todavía no lo han puesto en las sesiones técnicas, pero va a ser en consenso”, agregó Lam.

Respecto a las recomendaciones que se darían, Orellana dijo que “todavía están bajo análisis y no podemos mencionarlas abiertamente, pero todo va encaminado a que esta sea una ley que favorezca no solo a las fuerzas de seguridad, sino al país como tal, a los ciudadanos para que se garantice el respeto a los derechos humanos”.