El Congreso de la República publicó este lunes 3 de octubre en el Diario de Centro América el decreto 47-2022 de reformas al Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil y Ley de Tribunales de Familia.

El Congreso informó en su cuenta de Twitter que con la aprobación del referido decreto es una reforma en materia de familia con el propósito de modernizar la normativa y fortalecer la capacitación del recurso humano para métodos alternativos que agilicen la resolución de conflictos en procesos judiciales.

Resaltó que estas reformas aprobadas responden a la situación actual en los tribuales de familia y ayudarán a evitar la acumulación de casos, pues se pretende agilizar la resolución de estos.

Según el Congreso, se pretende garantizar a los integrantes de una familia el goce y protección de sus derechos humanos y velar por el cumplimiento del derecho de identidad.

También con las reformas se pretende la mediación y conciliación en conflictos en tema de familia a través de “soluciones razonables y justas”.

El decreto

El decreto en el Diario Oficial resalta que “en los procesos de paternidad y filiación, el juez competente puede ordenar al Instituto Nacional de Ciencias Forenses que realice la prueba del Ácido Desoxirribonucleico (ADN), aplicando exoneración total de la tarifa establecida en el arancel respectivo y en el tiempo que se le fije para el efecto”.

Agrega que en casos de urgencia debidamente justificados, el juez ordenará que se designe un delegado de la Procuraduría General de la Nación para que actúe en representación y protección de los derechos e interés superior de las niñas, niños y adolescentes, mientras se nombre un tutor, para que exija o defienda sus derechos.

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“En la diligencia de conciliación será obligatorio utilizar un lenguaje sencillo, claro y de fácil entendimiento para las partes, evitando el lenguaje confrontativo, obligación que alcanza además del juez a los abogados. El juez estará facultado para adoptar toda medida para asegurar que las partes mantengan una conducta respetuosa y adecuada”, resalta el decreto.

Además, en los casos en que proceda la mediación, esta vía podrá agotarse en los lugares donde exista un centro de mediación, o bien, ante el juez de paz del lugar, estando obligados estos a extender constancia sobre el resultado.

¿Qué beneficios tiene el Decreto 47-2022, en los procesos judiciales en materia de familia?

Un #CongresoDinámico que legisla en favor de los guatemaltecos.

#CongresoDinámico pic.twitter.com/GHKp1a876O

— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) September 22, 2022

Este viernes  6 de septiembre comenzó la audiencia de primera declaración de la excandidata a la presidencia por la UNE, Sandra Torres, en el Juzgado de Mayor Riesgo A donde el Ministerio Público (MP) presentó las acusaciones en su contra. Pasadas las 21 horas, después de 11 horas, la jueza Claudette Domínguez suspendió la audiencia y la reanudó para el jueves 12.

Torres llegó junto a su abogado una hora antes a la Torre de Tribunales, donde la esperaban los medios de comunicación. Desde el lunes 2 de septiembre guarda prisión provisional en la cárcel de hombres y mujeres de zona 17, ubicada en la base militar de Mariscal Zavala.

La excandidata presidencial fue capturada ese día en su residencia tras una orden de aprehensión solicitada por el MP al momento de conocer que Torres ya no contaba con el derecho de antejuicio.

Según las investigaciones, la UNE no reportó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) Q27.7 millones de su campaña electoral del 2015.

Por esta misma razón, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) solicitó al TSE que cancelara el partido de la UNE.

Solicitud que ha sido rechazada por el comité ejecutivo de la UNE. Carlos Barreda, diputado de la UNE, anunció que interpondrán un amparo para que sea rechazada la petición de la UNE.

Entre los medios de investigación están la declaración del ex ministro de Gobernación Carlos Menocal y Gustavo Alejos Jansa, hijo de Gustavo Alejos. #FinanciamientoUNE pic.twitter.com/cMF53Rx5Sp

— Verónica Orantes (@VeronicaOrants) September 6, 2019

La audiencia

Sandra Torres fue señalada de haber integrado una organización delictiva que operó en los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango desde abril hasta octubre 2015.

“Usted, actuó con Mario Leal -con orden de aprehensión- quien era el encargado de recaudar las aportaciones dinerarias para la agrupación política”, agregó el fiscal Fernando Aldana.

El señalamiento puntual contra Torres Casanova fue por aportes que no fueron registrados en la UNE del 12 e abril hasta el 16 de julio del 2015.

En total son Q5 millones, 664 mil a través de siete aportes desde Q100 mil hasta Q3 millones.

Escuchas telefónicas

Reproducen escuchas telefónicas

El MP presentó unas 100 escuchas telefónicas que le hicieron a Gustavo Alejos en las que habla con Sandra Torres y otras personas.

En cierta conversación, Alejos y Torres hablan de Roberto Dalton, excomisionado del agro de Álvaro Colom, de quien ambos coinciden en que se rehúsa a ser financista.

Alejos se expresó en términos como “Yo confío en el proyecto”, en conversación con Leal Castillo, y “va bien adelante, -Sandra-, no te preocupe”, cuando platicó con Torres.

Las escuchas también apuntan a coordinaciones de un helicóptero para viajes de Torres.

Alejos habló Torres sobre una ronda de conversaciones que tuvo él con Leal Castillo en busca de financistas. En esa charla Alejos dice se expresa optimista y que, en el caso de Tomza, señaló que Manuel Baldizón está ejerciendo una especie de extorsión.

En otra conversación, una persona conmina a Alejos a llevar a Leal Castillo y él se ofrece a presentarle a un funcionario de Terminales de Contenedores Quetzal.

Alejos también le menciona a Torres que lo hubiera incluido en las candidaturas para el Parlacén, así podía optar a inmunidad, pero la excandidata presidencial de la UNE le hace ver que se lo pidió muy tarde.

Foto: Prensa Libre

Un abogado defensor de Max Quirin señaló que el pasado 26 de septiembre de 2018 el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal condenó a 6 años y 3 meses de prisión inconmutables a los integrantes de la Junta Directiva y de Licitación del IGSS dentro de ellos Quirin, por el caso de fraude contra la Droguería PiSA, S.A. y ese mismo día les otorgó medidas sustitutivas a los sentenciados hasta que el fallo quedará en firme.

Un fallo que fue apelado por la defensa y que hasta la fecha no tiene resolución, sin embargo la libertad condicional que dictó el juez no fue concedido debido a que el 24 de marzo de 2017 los integrantes de la Junta Directiva fueron ligados a proceso por un nuevo caso de corrupción.

#CasoIgssPisa Abogado de Quirín señala que se han cometido 7 anomalías contra su cliente y pide medidas sustitutivas pic.twitter.com/vcHUZweHHX

— Andrea Domínguez (@andread_gtv) January 22, 2019

El segundo caso contra la Junta dentro de ellos Quirin fue presentado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el que se les sindica de cometer ilegalidades en tres eventos administrativos de esa institución entre septiembre de 2013 y noviembre de 2014.

“El año pasado en octubre el Tribunal Undécimo dictó sentencia en contra de Max, esa sentencia la apelamos y estamos pendientes de que la Salta Tercera de la Corte de Apelaciones, nos señale audiencia de segunda instancia para debate de segunda instancia, lo importante de esta sentencia es que en la misma el tribunal le otorgó medida sustitutiva a Max, y esa medida medida sustitutiva otorgada en sentencia no fue apelada, de tal manera que es una resolución en cuanto a medida sustitutiva de él que está en firme”, indicó Alberto Morales Velasco, defensor de Max Quirin.

Piden libertad condicional

Familiares y amigos dentro de ellos Carla Caballeros, Directora Ejecutiva de Cámara del Agro de Guatemala (Camagro) y Roberto Ardón, Director Ejecutivo del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), que señaló estar presente como amigo de Quirin, ofrecieron una conferencia de prensa para solicitar que un juzgado le otorgue medida sustitutiva.

#CasoIgssPisa Familiares señalan que el @MPguatemala y la @CICIGgt señalaron que Max Quirín no cometió fraude alguno pic.twitter.com/sT9PbE1NsT

— Andrea Domínguez (@andread_gtv) January 22, 2019

Ellos señalan que Quirin cumplió a “cabalidad con los procedimientos de compras regulados, y que nunca consintió ningún acto de corrupción”, enfatizando que él “no se benefició económicamente de nada”.

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El viernes 25 de enero se realizará una audiencia para solicitar la libertad condicional a favor de Quirin. Ellos señalan que se amparan en que la ley estípula que “ninguna persona debería pasar más de 12 meses en el cárcel como medida de prevención, y que Quirin lleva ya 3 años y 8 meses en prisión preventiva.

“Es un nuevo caso que le abrieron a Max y a la Junta Directiva del IGSS que se ventila en el Juzgado Décimo de Instancia Penal por dos compras y un arrendamiento, acá lo que pretendemos es que se lleve a cavo una audiencia de revisión de medida sustitutiva y que como consecuencia se le de a Max una medida de las que establece nuestro código procesal penal“, indicó Velasco.

“El día viernes 25 de enero se va a tener la audiencia en la que se va a conocer la solicitud de medida sustitutiva, es importante que dicha audiencia tenga lugar como corresponde en debido proceso, es importante que se pueda otorgar medida sustitutiva a Max Quirin dado su condición de una persona que no tiene riesgo de fuga, que no puede interferir en la investigación judicial… que se le permita llevar el proceso desde el seno del entorno familiar” indicó el director ejecutivo del Cacif, Roberto Ardón.

Max Erwin Quirín Schoder, exintegrante de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), nombrado por el sector patronal organizado,  fue capturado en 2015 por el caso IGSS, PISA  sindicado del delito de fraude y enviado a prisión preventiva a Mariscal Zavala, donde ha estado recluido hasta la fecha.

Por el caso que originó su captura ya fue sentenciado y recibió libertad condicional, pero en 2017 fue ligado a otro caso de corrupción también vinculado al IGSS.

Caso IGSS Ambulancias

Este caso fue develado el 2 de noviembre de 2016, pero los directivos del IGSS fueron ligados a proceso el 24 de marzo de 2017 sindicados de cometer ilegalidades en tres eventos administrativos de esa institución entre septiembre de 2013 y noviembre de 2014.

A ellos se les señala por avalar y autorizar el arrendamiento irregular por US$30 mil de un edificio en la zona 9, por cinco años, la sobrevaloración de 50 ambulancias para el IGSS, cuyo valor unitario de los vehículos serían de Q.880,000.00  y la compra sin justificación de un sistema informático valorado en Q250 millones.

Él es señalado por los delitos de asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito, cohecho activo y lavado de dinero.  Fue detenido el pasado 13 de noviembre, después de permanecer dos años prófugo.

Osoy fue el representante legal de Topsa Construcciones, la entidad se dedicaba a obras de infraestructura. Durante el gobierno de Otto Pérez, recibió contratos por más de Q324 millones, según Guatecompras.

La investigación refiere que Topsa facturó Q11 millones 565 mil 970 por servicios no brindados, que sirvieron para pagos y gastos de campaña para el Partido Patriota (PP) de 2011.

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Según pesquisas, el empresario recibió Q5.2 millones de Terminal de Contenedores Quetzal, S. A., (TCQ) y dio a cambio facturas por servicios ilegales e inexistentes. Ese dinero sirvió para sobornar a sindicalistas a fin de que TCQ consiguiera el contrato de usufructo.

El exsecretario privado de Roxana Baldetti declaró que el empresario recibió Q65 millones para un dragado que sirvió para proteger la casa de playa de Marllory Chacón, condenada en Estados Unidos, y entregó de comisión Q15 millones a los exgobernantes.

Durante la audiencia de primera declaración él s e defendió y negó tener nexos cercanos con Baldetti y Pérez Molina y aseguró que un trabajo de dragado que hizo una de sus empresas en San Marino y Punta de Vela no fue para proteger la casa de la narcotraficante.

Bientes incautados

El Juzgado de Extinción de Dominio inmovilizó la avioneta Cirrus SR22, matrícula TG-TNT, y un helicóptero Bell 206, matrícula TG-MIL, propiedad de Osoy.

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El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia  Gustavo  Mendizábal enfrentará juicio el 10 de octubre por el delito de tráfico de influencias,así lo dictó el juez Carlos Toledo.

En el  caso en contra de Gustavo Mendizabal, el Ministerio Público solicitó enviarlo a  juicio. Esto se dio en la conclusión de la etapa intermedia de este caso. La fiscalía argumentó  que el exmagistrado se aprovechó del cargo que ostentaba  para influir en sus compañeros y lograr que se concediera un amparo a favor de la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Estos hechos  ocurrieron en  2014, cuando el partido Patriota presentó una acción de amparo en contra de una resolución del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral.

La acción legal buscaba frenar la suspensión de Baldetti como secretaria general del PP. Al exmagistrado Mendizábal se le acusa de  conseguir los votos para evitar la cancelación del partido Patriota. Con esta decisión  la exvicemandataria continuaría al frente como secretaria general del Partido Patriota.

Pruebas contra el magistrado

Entre las evidencias presentadas se encuentra un teléfono que se confiscó en un allanamiento realizado en una propiedad de Roxana Baldetti ubicada en los Eucaliptos.

Los mensajes de whatsapp interceptados detallan la comunicación entre el exmagistrado y  Baldetti. Minutos antes de que se aprobara el amparo Mendizábal lo confirmó enviando un mensaje.

En estas conversaciones el exmagistrado pedía también que se promoviera su candidatura como Procurador General de la Nación.

Foto Prensa Libre

La exfuncionaria fue notificada de su captura, cuando el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, llegó al Centro Médico, zona 10, donde estaba internada para informarle el motivo de su captura.

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El Ministerio Público (MP), y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), señalaron a la ex vicepresidenta y al presidente Otto Pérez Molina, de ser los cabecillas de la estructura de defraudación aduanera La Línea. Ese mismo 21 de agosto de 2015 se solicitó el retiro a la inmunidad del Pérez Molina.

La R, la dos

Baldetti renunció a la Vicepresidencia en mayo ante la presión de diversos sectores sociales que criticaron su relación con su exsecretario privado Juan Carlos Monzón, presunto cabecilla de la estructura dedicada a cometer defraudación aduanera, denominada La Línea.

Los integrantes de La Línea mencionan durante estas conversaciones a una persona, aún no identificada, a la que se referían como la R, la 2 o la Señora, apelativos que se han relacionado a Baldetti.

MP con el apoyo de CICIG, coordinó la aprehensión de ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Se brindarán mayores detalles en conferencia.

— MP de Guatemala (@MPguatemala) August 21, 2015

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La investigación de esta estructura criminal empezó en mayo de 2014 e incluyó 66 mil sesiones de escuchas telefónicas, la principal prueba contra el listado de los implicados.

Durante un viaje a Corea del Sur, donde recibió un doctorado honoris causa, la ex vicemandataria fue acompañada por Monzón, pero este no regresó a Guatemala tras conocer que emitieron una orden de captura en su contra, desde entonces se encuentra prófugo y el Ministerio de Gobernación ofrece una recompensa de Q100 mil a cambio de información que permita su detención.

Quién es Roxana Baldetti

• Nombre: Ingrid Roxana Baldetti Elías, 56 años
• Primera mujer Vicepresidente de Guatemala, (tomó posesión el 14 de enero de 2012, renunció el 8 de mayo de 2015).
• Primer exvicepresidenta capturada por casos de corrupción.
• Fue diputada en el Congreso de la República, licenciada en periodismo, maestra de Educación Primaria.
• Esposo: Mariano Paz.
• Hijos: Mario Paz Baldetti, Luis Pedro Paz Baldetti.

TCQ: 

En este caso, la ex vicegobernante quedó ligada a proceso el pasado 6 de mayo a los delitos de cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude. Otro caso que se encuentra estancado en su proceso.

Cooptación del Estado: 

A dos meses de haber estado involucrada en el caso anterior, nuevamente Baldetti fue trasladada a la Torre de Tribunales, esta vez al ser involucrada al caso denominado “Cooptación del Estado” y “La Coperacha” donde también fue ligada a los delitos de cohecho pasivo y lavado de dinero. Otro caso que también se encuentra estancado. 

Extradición por narcotráfico: 

Estados Unidos hizo a Guatemala el 7 de julio la solicitud formal de extradición de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, señalada en ese país de delitos de narcotráfico.

“Baldetti es requerida por el Distrito de Columbia de EEUU por los delitos de asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas”, informó el Ministerio Público (MP) en un comunicado.

En la etapa intermedia del caso Lavado y Política, el abogado defensor del exdiputado Jaime Matinez Lohayza señalado de lavado de dinero, asociación ilícita y otros delitos, solicitó la devolución de los bienes y documentos incautados por Ministerio Público (MP) a José Manuel Barquín pero la jueza Éricka Aifán no accedió.

Lo anterior, por un mal procedimiento, ya que no se presentó un listado de los bienes y documentos a devolver. La jueza pidió que se cumpliera con los requerimientos del proceso para ver si procede la dicha devolución.

El Ministerio Público pronunció que los documentos pueden seguir siendo de utilidad en el ofrecimiento de pruebas en el señalamiento de los demás involucrados. Además piden que no se abandone la persecución penal por la vía civil.

El abogado defensor siguió ejerciendo presión sobre la jueza Aifán para que se tomen las medidas sustitutivas sobre Jaime Martínez, señalando que la muerte de Manuel Barquín fue su “responsabilidad” dada la negligencia en ignorar la condición en la que se encontraba el exdiputado.

Antecedentes

Según médicos, Barquín padecía una enfermedad degenerativa en fase terminal, por lo que el médico Marco Barrientos considera que no hubiera habido un cambio sustancial en su evolución.

En la audiencia llevada acabo hoym el abogado defensor insistió en que la jueza aplique medidas sustitutivas a favor de Jaime Martínez para evitar muera como su excompañero Barquín, por falta de atención médica.

Redacción

BBC Trending

Cuando Anna Scanlon se sumergió en el submundo del veganismo en internet no imaginó que meterse con otro bloguero de YouTube terminaría en una demanda por difamación y en un escándalo público.

“En un momento dado busqué mi nombre en Google y encontré el resultado “Anna Scanlon ofrece sexo”. Me dieron ganas de vomitar”, le contó esta estadounidense a la BBC.

Para Anna fue un giro de acontecimientos infernal sobre lo que había sido un cambio positivo en su vida.

Tras mudarse en 2012 a Reino Unido desde California, Scanlon encontró en la publicación de videos en YouTube una forma de mantener informados a sus amigos y familiares sobre su nueva vida, y también una manera de presentarse ante toda una nueva comunidad.

“Cuando me fui a vivir a Inglaterra no conocía a nadie, y YouTube se convirtió en un medio para interactuar con otras personas en mi día a día”, recuerda.

Busqué mi nombre en Goggle y leí “Anna Scanlon ofrece sexo”. Me dieron ganas de vomitar

Anna Scanlon, youtuber

Scanlon, quien ahora tiene 34 años, se volcó en sus estudios -un doctorado sobre la historia del Holocausto en la Universidad de Leicester- pero también en su canal de YouTube.

Al mismo tiempo decidió hacerse vegana, motivada por su deseo de perder peso y por razones éticas. Así fue como comenzó a abordar temas sobre el veganismo a través de la plataforma de videos.

Sin embargo, pronto se convertiría en el blanco de las críticas de otro “videobloguero” vegano muy conocido: “Vegan Cheetah“(Guepardo Vegano).

Dramas de YouTube

“Vegan Cheetah”, cuyo nombre real es Charles Marlowe-Cremedas, es un videobloguero vegano muy popular que vive en California.

Su canal de YouTube cuenta con más 37.000 suscriptores, y en sus videos suele propiciar debates sobre el veganismo.

Tiene un estilo que en YouTube se conoce como”dramático” y que combina reportajes sobre sus vivencias con chismes y rumores no corroborados sobre otros creadores de contenido y celebridades.

Y ese género es muy usado por videoblogueros veganos.

Al igual que en otras subculturas, las disputas dentro del mundo vegano suelen ser complejas y -sobre todo para quienes no forman parte de él- a menudo resultan tediosas.

• ¿Viven más? ¿Supone algún riesgo?: 5 preguntas que quizá te has hecho sobre el veganismo
• “Por qué dejé de ser vegano”

Los veganos discuten sobre cuestiones como, por ejemplo, si está bien tener citas con no veganos o si es aceptable tener mascotas.

Anna vio los videos de “Vegan Cheetah” y le llamaron la atención.

“Se hacía eco de muchas cosas que piensan muchos en la comunidad (vegana)”, explica.

Pero pronto, señala, “Vegan Cheetah” se quedó sin ideas originales en su canal y “se volvió agresivo hacia otros veganos”.

Anna criticó a Charles en un grupo privado en Facebook pero, de alguna manera, el videobloguero se enteró y comenzó a publicar videos sobre Anna.

En ellos aseguraba que la joven lo había llamado en Skype y lo había seducido realizando actos sexuales frente a la cámara. Anna dice que eso “nunca ocurrió”.

La trifulca en internet culminó con una transmisión en directo de cuatro horas en otra plataforma de videos, YouNow.

En esa retransmisión, Charles repitió las acusaciones hacia Anna y animó a la gente a unirse a la conversación.

“Lo confronté pidiéndole que se retractara de su declaración, pero a medida que avanzaba la conversación creo que disfrutó de la atención que obtuvo al decir esas cosas”, dice Anna.

“A su audiencia le encantó y se unieron más personas”.

“Para mí fue muy chocante porque no tenía ningún fundamento real. Me sentí ofendida y en ese momento pensé en tomar acciones legales”.

De YouTube a los tribunales

En abril de 2017, Anna presentó una demanda por difamación en California.

Charles Marlowe-Cremedas no quiso hacer declaraciones a la BBC para este artículo, pero en el fallo judicial negó las alegaciones de Anna.

Envié varios emails a YouNow y ni siquiera respondieron

Anna Scanlon, youtuber

Hasta hace poco, el youtuberha seguido publicando una serie de videos en los que insulta a Anna y asegura que la demanda no le da “ningún miedo”.

Anna dice que ni YouTube ni YouNow han tomado medidas, pese a que denunció los videos de “Vegan Cheetah”.

“Envié varios emails a YouNow y ni siquiera respondieron”, asegura.

“Las empresas responsables de las redes sociales deberían hacerlo mucho mejor en lo que respecta a la protección de la seguridad de las personas en internet”, dice Anna.

“Si hay alguien que está constantemente denunciando incidentes, tal vez sería mejor que les echaran un vistazo y se tomaran en serio las denuncias, en lugar de simplemente pasarlas por alto”.

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En un comunicado, YouTube le dijo a la BBC lo siguiente: “Tenemos normas y políticas claras sobre el acoso y los discursos de odio, y las hacemos cumplir”.

“Nuestras transmisiones son monitoreadas 24 horas al día, 7 días a la semana, y cualquier usuario denunciado es rápidamente sancionado”.

YouNow dijo en otro comunicado que cuenta con “políticas estrictas en contra del comportamiento inapropiado, acoso y actividades ilegales” y que sus moderadores “responden a cualquier problema señalado por la comunidad o detectado por sistemas automáticos”.

Después de que Anna interpusiera la demanda, Marlowe-Cremedas fue suspendido en YouNow. Su canal de YouTube todavía sigue activo, aunque recientemente fueron eliminados la mayoría de sus videos más antiguos.

Tras negarse inicialmente a responder a las acciones legales, Charles presentó una respuesta en mayo, 13 meses después de que Anna presentara su demanda. Ahora hay un juicio pendiente.

“Creo que uno de los aspectos positivos es que muchas personas han visto que se pueden defender por sí mismas”, dice Anna.

“Espero que eso le de algunas esperanzas a la gente de que internet puede ser un lugar un poco más seguro”.

Los reconocidos empresarios guatemaltecos, Felipe Bosch, José Fraterno Vila, Jose Miguel Torrebiarte, Salvador Paiz y Guillermo Castillo ya están en la Torre de Tribunales, específicamente en la sala de audiencias donde testificarán sobre el financiamiento electoral anónimo que ya reconocieron, entregaron a Jimmy Morales, durante la pasada campaña electoral.

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Los empresarios presentes en la audiencia no fueron los únicos que contribuyeron a la campaña de Morales, según las investigaciones, sin embargo, fueron quienes  se disculparon públicamente con la sociedad guatemalteca por lo que ellos consideraron un “error” y ofrecieron apoyar las pesquisas contra el partido oficial y que podrían significar el retiro de la inmunidad contra el presidente Jimmy Morales, para ser sometido a una investigación ya que fue él quien recibió el dinero, según los prominentes empresarios.

Empresarios rinden declaraciones

En este momento, lso empresarios escuchan las acusaciones en su contra:

Video: Prensa Libre

Los defensores de los 5 militares retirados acusados por la desaparición y muerte del menor de edad Marco Antonio Molina Theissen,  presentan sus argumentos en la fase de conclusiones del debate,  ante un tribunal “C” de Alto Riesgo.

Tribunal de mayor riego continúa audiencia en fase de conclusiones en contra de 5 Militares retirados en el caso de Marco Antonio Molina Theissen. La defensa presenta sus argumentos. pic.twitter.com/QfSqbAqke1

— Sucely Contreras (@SuContreras_tv) May 17, 2018

A lo largo de 20 semanas y aproximadamente 19 audiencias y luego de que el Ministerio Público diera por finalizada la presentación de los argumentos en la fase de conclusiones, este día los defensores de los 5 militares han iniciado con sus argumentos de defensa por delitos contra los Deberes de la Humanidad, Desaparición Forzada y Violación Agravada que a lo largo del proceso los sindica el Ministerio Público.

En esta semana el MP solicitó penas entre 90 a 112 años,  30 años de prisión por delitos contra los deberes de la humanidad, 20 años por el delito de violación con agravación de la pena para los militares.

Por el delito de desaparición forzada en agravio de Marco Antonio Molina Theissen, el Ministerio Público solicitó penas de 40 años de prisión en contra de Lucas García, Manuel Callejas y Ramiro Zaldaña.

La presentanción de los argumentos por parte de la defensa de los militares continúan.