El juez Fredy Orellana, ordenó este 13 de febrero que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) abra una investigación contra Blanca Alfaro, presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la posible comisión del delito de obstaculización a la acción penal.

Orellana aceptó la petición del MP en la audiencia que se llevó a cabo en el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal A, dirigido por el juez Fredy Orellana, en donde además se ligó a proceso a cuatro trabajadoras del TSE señaladas en el caso Corrupción Semilla.

En la audiencia, la fiscal Leonor Morales, quien estaba acompañada por el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, pidió que las procesadas Luz Elena de León Carreto, Jennyfer Mireya Estrada Escobar,  Alma Beatriz Posadas Beltetón y Katherine Johanna Quezada Villatoro quedaran en arresto domiciliario y reprochó que Alfaro haya acudido a la Torre de Tribunales a mostrarle su apoyo a las empleadas de la institución.

La fiscal cuestionó la visita de la presidenta Alfaro y las conversaciones que tuvo con las sindicadas en apoyo y solidaridad con las empleadas del TSE.

Morales le pidió al juez Orellana que certificara lo conducente contra la magistrada Alfaro por obstaculización a la acción penal.

“Como máxima autoridad del Tribunal Supremo Electoral ya que a ciencia cierta no sabemos a ciencia cierta cuáles son los límites del apoyo que esta -Alfaro- vino a externar a las afueras de este juzgado o si este apoyo será ilimitado aún y por encima de la ley y de la justicia y es por esto que el ente investigador solicita que se certifique lo conducente contra la doctora Blanca Odilia Alfaro por la posible comisión del delito de obstaculización a la acción penal”, dijo la fiscal Morales.

La fiscal recordó que los hechos imputados contra las trabajadoras del TSE ocurrieron antes de que  Alfaro tomara el cargo de magistrada presidenta y que eso causa suspicacia. Además, dijo que Alfaro ya tiene petición de retiro de derecho de antejuicio, – pendiente de resolverse- por intentar interferir en una diligencia en el TSE.

“que mejor para destruir, modificar, ocultar, suprimir u falsificar medios de prueba que contar con el apoyo de la máxima autoridad. Esta representación, por ese motivo considera que existe la grave sospecha que, las sindicadas, puedan tener todo el acceso que quieran a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, impunemente, y jamás alguien podría enterarse”, dijo la fiscal.

Resolución

El juez Orellana resolvió arresto domiciliario en el departamento de Guatemala, prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial previa y por escrito, prohibición absoluta de comunicarse o visitar a cualquier empleado o funcionario activo en el TSE, prohibición absoluta a cualquier sede del TSE en toda la república y prohibición comunicarse con cualquier persona que en el actual proceso aparezca como coimputada, procesada o personas condenadas en el caso.

Orellana también accedió a la petición del MP y ordenó a la Feci investigar a la presidenta del TSE por obstaculización a la acción penal.

Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, dijo que el juez ligó a proceso a las empleadas del TSE por incumplimiento de deberes y señaló que dos de ellas aceptaron someterse al procedimiento de aceptación de cargos y contra las otras dos, el MP tendrá seis meses para investigar.

Dijo que el 14 de febrero se llevará a cabo el proceso de aceptación de cargos contra las sindicadas Katherine Johanna Quezada Villatoro y Luz Elena de León Carreto y allí se decidirá su situación jurídica.

Las otras dos sindicadas fueron las que recibieron arresto domiciliario.

En cuanto a la orden de investigar a la magistrada Alfaro, Curruchiche dijo que fueron testigos cuando ella mostró apoyo a las trabajadoras del TSE, pero que la Feci considera que ese acto tiene implícitamente tiene un componente de mando de autoridad, una relación entre ella y las trabajadoras.

Sancionados

El pasado 2 de febrero, la fiscal Leonor Morales; el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana – junto a la jefa del MP, Consuelo Porras y al secretario de la institución Ángel Pineda-, fueron sancionados por la Unión Europea el  por acciones que socaban la democracia y el estado de Derecho en Guatemala.

Se impusieron medidas restrictivas que restringen viajes y congelan activos en la Unión Europea.

Porras, Pineda, Curruchiche, Morales y el juez Orellana también están sancionados por Estados Unidos, pues fueron incluidos en la Lista de Actores Corruptos en Centro América.

Diecisiete extrabajadores del Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentaron este 9 de febrero un memorial en la institución con el que buscan el pago de prestaciones laborales por el tiempo que desempeñaron funciones y señalan que en algunos casos, el atraso en el pago de ese beneficio es de ocho meses.

El memorial va dirigido a Blanca Odilia Alfaro Guerra, magistrada presidente TSE y allí exponen la situación que enfrentan los extrabajadores.

Los empleados afectados son:

1. Alba Patricia Molina Grijalva,
2. Ana Elizabeth Barillas Morales,
3. Lidia Doretty Arias Osorio,
4. Grabiela Issaeva Taylor Santos,
5. Estuardo Alfonso Molina Achtmann,
6. Eduardo Arturo Rivera Maldonado,
7. Jesús Chiquitó Gil,
8. Gadiel Enrique Abalos Castañeda,
9. Maria Gabriela Sánchez Paz,
10. Rodolfo André Chali Andrade,
11. Olga Mercedes Morales Santos,
12. Hilda Carolina Lainfiesta Cáceres,
13. Zoila Adaljiza López Rodas,
14. Anaheli Seleste Guerra González,
15. Dora Beatriz Lemus Garcia,
16. Ericka Jeannette Ramos Montenegro,
17. Karina Odeth Morales Orellana

En el documento, los afectados mencionan que, por razones personales, muchos trabajadores renunciaron o les fue rescindido el contrato en el TSE en los meses de junio a diciembre de 2023 y enero del año 2024.

Añaden que hicieron el procedimiento respectivo como lo regula el artículo 46 del Pacto Colectivo suscrito entre el Sindicato de Trabajadores y autoridades del TSE.

“Al darle trámite, la Dirección de Recursos Humanos y notificarnos el Acuerdo y resolución respectiva, se nos hizo del conocimiento que se nos harían efectivas las prestaciones que nos corresponden de conformidad con la ley”, dice el documento.

Añaden que de la mencionada resolución ya pasaron más de ocho meses y que a la presente fecha no se los han pagado.

Le recuerdan a la magistrada Alfaro, que en una reunión sostenida el 4 enero pasado, ella de forma verbal informó que la institución contaba con el presupuesto necesario para el pago y que confiaran en Dios, pero no les han pagado.

Lidia Arias, una de las que presentó el memorial indicó que no importa el tiempo durante el cual trabajaron para el TSE y que tienen derecho a sus prestaciones, por lo que exigen que le den respuesta al memorial que presentaron.

Afirmó que algunos extrabajadores han tenido embargo de sus cuentas y de algunos bienes pues al haber sido empleados del TSE habían convenios con bancos para otorgar créditos a tasa preferencial, pero como las prestaciones no las han pagado.

Expresó que el convenio con el banco señalaba que si algún empleado tenía préstamo y se retiraba o terminaba relación laboral con el TSE, este pagaría la deuda con las prestaciones respectivas y hasta donde el monto alcanzara.

Lidia Arias extrabajadora del TSE que pide pago de presataciones laborales. (Video Guatevisión: La Red)

Elizabeth Barillas, otra de las afectadas refirió que han dado un plazo hasta el 16 de febrero para que se les pueda pagar sus prestaciones, pues ya fueron pacientes durante ocho meses.

Expresó que el presupuesto 2023 ya estaba contemplado el pago de esas prestaciones por indemnización, así que el Ministerio de Finanzas no tiene que hacer ningún aporte para ese pago.

Los afectados aseguran que si en esa fecha no les depositan sus prestaciones se reservarán el derecho iniciar acciones legales por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

Elizabeth Barillas, extrabajadora del TSE luego de presentar memorial para que les paguen prestaciones. (Video Guatevisión:La Red)

Pide paciencia

Nancy García, integrante del sindicato de trabajadores del TSE, mencionó que desconoce qué contiene el memorial presentado por extrabajadores.

Afirmó que ha habido cambio de presidencia en el TSE y ahora de ministros con el nuevo Gobierno y que no hay un pleno de magistrados del TSE integrado y por esas situaciones les han pedido paciencia a los afectados.

García expresó que no es que el TSE no quiera pagar las prestaciones, pero que el presupuesto de la institución ha sido afectado y recortado, y por eso han acudido al Congreso de la República a exigir el derecho de los trabajadores.

Añadió que el momento político que existe es imposible que las gestiones se hagan de la noche a la mañana.

Afirmó que entre los afectados hay algunas personas que renunciaron hace 15 días y eso no se puede dar de un día para otro.

Sí se pagará

Aseguró que gracias a las gestiones de los sindicatos sí se dará el presupuesto, pues ya la presidenta del TSE habló con ministros y la Contraloría General de Cuentas y por eso sí se hará ese pago de prestaciones de ley.

Nancy García, del sindicato de trabajadores del TSE afirma que sí se pagarán las prestaciones. (Video Guatevisión: La Red)

Sin respuesta del TSE

Se consultó al TSE una postura sobre el tema y en comunicación social refirieron que ya el sindicato de trabajadores había emitido una sobre el tema.

El equipo legal de la empresa Datasys, que le vendió el sistema TREP al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para las Elecciones Generales en Guatemala, presenta una acción de amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el embargo de cuentas bancarias.

La Sala Segunda de Apelaciones de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, ordenó el 1 de febrero pasado el embargo de las cuentas bancarias de la empresa Datasys S.A., encargada de venderle, por Q148 millones, al TSE el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el cual es objeto de una investigación por parte del Ministerio Público (MP).

Con la resolución de la Sala, también se ordena al TSE detener el pago pendiente de Q40 millones que el ente electoral tiene pendiente de realizar, equivalente al 30% del costo total. El pago pendiente fue anunciado en septiembre de 2023 por Irma Palencia, en ese entonces presidenta del TSE, bajo el argumento de tener “algunas dificultades presupuestarias”.

Esa investigación propició que los magistrados titulares del TSE, Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas, perdieran su inmunidad luego de haber sido desaforados por el Congreso de la República el 30 de noviembre y que salieran del país antes de que que el 11 de enero último se confirmaron las órdenes de captura en su contra.

Según el cuerpo legal de Datasys, el amparo que presentarán en la CSJ este 9 de febrero es contra la Sala Segunda de Apelaciones de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, porque consideran que emitió una resolución arbitraria.

Según los abogados, la resolución es arbitraria, porque no está basada en ley, ya que consideran que la mencionada sala no tenía la facultad legal de embargar las cuentas de la entidad.

Señalaron que lo que están tratando de hacer es sofocar, dejar sin actividades a la empresa y que no se permita su libre desenvolvimiento.

Comentaron que la petición de embargo habías sido declarada sin lugar el juez de extinción de dominio, el cual consideran que es la persona con mayor conocimiento en el país en materia de extinción de dominio.

Puntualizaron que el mencionado juez rechazó oportunamente la convalidación de embargo de cuentas que hizo el Ministerio Público, pero la mencionada Sala la revocó sin fundamento legal.

Añadieron que con esa acción prácticamente están asfixiando a la empresa al no permitirle tener cuentas abiertas y por eso acudieron a la CSJ.

Los abogados comentaron que las cuentas embargadas a Datasys son 5, pero que no pueden revelar el monto que en ellas hay, por la reserva del caso.

Aseguraron que las cuentas que les embargaron no tienen nada que ver con la investigación del caso ni con la venta que se le hizo al TSE y por eso no tendrían que haberlas embargado.

Los abogados calificaron de antijurídicas las acciones que está emprendiendo el Ministerio Público en el caso de la venta del TREP.

Agregaron que esperan que la otra semana la Cámara de Amparo pueda emitir una resolución provisional sobre la petición que hizo la empresa

El Ministerio Público (MP) confirmó este jueves 11 de enero cuatro órdenes de captura contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep).

La orden de captura contra la magistrada Irma Palencia es por supuesto abuso de autoridad y fraude.

Mientras que los magistrados Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas son señalados de fraude.

Los magistrados del TSE fueron denunciados por un supuesto fraude financiero en la compra del referido sistema.

El 30 de noviembre de 2023, el Congreso de la República retiró la inmunidad a los cuatro magistrados. El legislativo recibió el 29 de noviembre el informe circunstanciado que recomendaba retirarles la inmunidad a los funcionarios, por lo que en la sesión sometieron a votación del pleno a menos de una hora de terminar el período de sesiones ordinarias.

Actualmente, los cuatro funcionarios están de vacaciones y supuestamente regresarían a labores en febrero.

Los magistrados del TSE Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Mynor Franco y Gabriel Aguilera salieron del país luego de que el Congreso les quitara la inmunidad a solicitud del MP, quien los señala de haber incurrido en ilegalidades en la compra de un sistema informáticos utilizado en las elecciones pasadas.

Actualmente, los cuatro funcionarios están de vacaciones y supuestamente regresarían a labores en febrero.

El Trep tuvo un costo de Q148 millones, que a consideración de una auditoria de la Contraloría General de Cuentas (CGC), fue sobrevalorado.

La denuncia contra los magistrados del TSE se centra en los cargos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, según las solicitudes de antejuicio formuladas por la Fiscalía de Delitos Administrativos.

El 6 de diciembre 2023, la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, indicó que dudaba de un comunicado de Irma Palencia en el que indicaba que se buscaba afectar resultados electorales.

Palencia advirtió por medio de un comunicado que había riesgo de que se intentara anular los resultados de los comicios celebrados en 2023.

En el documento, Palencia aseguró que se encuentra bajo “persecución política” y que existen intenciones de colocar nuevos magistrados electorales para “posiblemente cambiar los resultados obtenidos en las elecciones generales celebradas en 2023”.

El 10 de enero, la Corte de Constitucionalidad otorgó amparo definitivo a los magistrados suplentes del TSE y le ordenó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitir una resolución contraria a la que admitió a trámite las solicitudes de antejuicio por la compra del sistema Trep.

En el caso de Alfaro goza de un amparo provisional porque no estuvo a favor en la compra del Trep.

#Urgente

El @MPguatemala confirma cuatro órdenes de captura contra magistrados del @TSEGuatemala por la compra del TREP.@prensa_libre@Guatevision_tv

— Douglas Cuevas (@dcuevas_gtv) January 11, 2024

Alfaro se pronuncia

En un video, la magistrada presidenta del TSE, Blanca Alfaro,  se pronunció por las  órdenes de captura y manifestó: “Ahora queremos mandar este mensaje, un abrazo, palabras de ánimo a la magistrada Irma Palencia, al magistrado Ranulfo Rojas, al magistrado Gabriel Aguilera y al magistrado Mynor Custodio Franco”.

Externó: “Aquí están sus lugares, en esta mesa nos hemos reunido muchas veces y en nuestros corazones está grabado el cariño, el respeto y sabemos que para ustedes y que para sus familias no ha sido nada fácil, para nosotros tampoco como miembros de este órgano electoral”.

Hizo mención a lo que dice la Biblia de “que nuestra vida es como la flor del campo, como la neblina que aparece en la mañana y en la tarde desaparece, sabemos que esto va a pasar, sabemos que son momentos difíciles que a veces pareciera que el tiempo se detiene y que no camina”.

Dijo que “esta situación va a llegar a su fin” y que los magistrados van a arreglar su situación.

Amparos rechazados

Mientras que la CSJ no otorgó dos amparos promovidos contra el TSE en pleno extraordinario del 28 de diciembre de 2023 y que informó de lo resuelto el 2 de enero de 2024.

La información oficial reveló que el amparo provisional 4454-2023, que planteó la abogada y exfiscal Karen Fisher en contra del TSE y su presidente, no lo otorgaron, por mayoría. No revelaron detalles del por qué no se otorgó.

De acuerdo con la CSJ el acto reclamado en este amparo fue porque el TSE no garantizó “a los ciudadanos su funcionamiento permanente y el cumplimiento de las funciones que le atribuyen la Constitución y la Ley Electoral y de Partidos Políticos”.

Así también contra la presidenta por haber contribuido “a desintegrar el TSE con las licencias o permisos que para ausentarse de sus cargos autorizó oportunamente a los magistrados titulares.

El otro amparo provisional que conoció la CSJ fue el 4437-2023, que presentó Néstor Estuardo Pérez Felipe contra el TSE, también. Este lo planteó “por la amenaza real o inminente de que el TSE se encuentra jurídicamente desintegrado y sus resoluciones y acuerdos podrían ser nulos de pleno derecho”.

El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha confirmado la cancelación de once partidos políticos. La medida, sustentada en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), señala que aquellos partidos que no logran alcanzar la cantidad mínima de votos exigida durante las elecciones generales se enfrentan al proceso de cancelación.

Los partidos afectados por esta medida son el Partido de Avanzada Nacional (PAN), Podemos, Partido Republicano, el Frente de Convergencia Nacional (FCN – Nación), Partido Humanista de Guatemala, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), y el partido Unión Republicana.

Asimismo, otros partidos cancelados son el Partido Popular Guatemalteco, el Partido de Integración Nacional (PIN), Mi familia y Poder, los cuales no contaron con el respaldo social a través de las urnas.

Los 11 partidos políticos cancelados no lograron cumplir precisamente con los criterios establecidos en la literal “B” del artículo 93 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

La cancelación de estas agrupaciones se deriva de su incapacidad para obtener, al menos, el 5 por ciento de los votos válidos en las elecciones en las cuales participaron o asegurar una diputación en el Congreso de la República.

El Registro de Ciudadanos también dio a conocer que en el caso de Prosperidad Ciudadana (PC), que se someterá a una audiencia por no participar en el proceso electoral. La cancelación de su asamblea nacional, a raíz de una acción de amparo, le impidió presentar candidatos, generando incertidumbre de su presencia política.

El PAN, con una trayectoria desde 1989 fue una organización que destacó por llevar al fallecido Álvaro Arzú a la presidencia, se encontraba entre los partidos que enfrentan una desaparición al no haber presentado candidato presidencial ni ganado al menos una diputación.

Otro caso significativo es el del FCN-Nación, que obtuvo solo el 0.39% de votos en la elección de binomio y no logró asegurar ni una sola curul, lo que llevó a su cancelación.

Bajo los mismos criterios también quedó cancelado el Partido Popular Guatemalteco, con el que Neto Bran consiguió su reelección como alcalde de Mixco.

El Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), que inicialmente sorprendió en las elecciones del 2019, se vio sin un respaldo significativo en los comicios del 2023.

A pesar de no contar con un binomio presidencial, el MLP presentó una oferta de diputados que finalmente no logró convencer a los electores, marcando un declive en su influencia política.

La participación del MLP se vio afectada por una resolución del Registro de Ciudadanos, emitida previo a las elecciones, en la que se declaró como “improcedente” la solicitud para inscribir a Thelma Cabrera y Jordán Rodas como candidatos a la presidencia del país.

La decisión se basó, según el Registro en que se constató que Rodas, candidato a vicepresidente del MLP, presentó un finiquito que, tras una verificación, se encontró que contenía “cargos jurídicos” y “denuncias”.

Aunque el MLP intentó llevar a cabo un proceso legal para sostener su participación, finalmente, su binomio no fue inscrito.

A pesar de su intento por impulsar la candidatura de Roberto Arzú, quien finalmente no fue inscrito, y contar con representación actual en el Congreso, Podemos no logró asegurar la colocación de ningún diputado para la próxima legislatura. Como consecuencia de este resultado, el partido también ha sido cancelado.

El Partido Republicano, Partido Humanista de Guatemala, Unión Republicana, Partido de Integración Nacional (PIN) y Mi Familia, tampoco obtuvieron los votos mínimos necesarios y han cesado su existencia política.

En el 2019, tras las votaciones, siete de los 28 partidos registrados desaparecieron por la misma situación. El caso más significativo fue la cancelación del partido político Encuentro por Guatemala, cuya existencia abarcó desde el 2007 hasta el 2020, siendo su principal representante la exdiputada Nineth Montenegro.

Además, otros partidos como Partido Productividad y Trabajo, Fuerza, Convergencia, Unidos y Libre también fueron cancelados.

El actual diputado Rudio Lecsan Mérida, quien fue candidato presidencial del Partido Humanista, presentó una acción constitucional de amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra del Congreso de la República y el Tribunal Supremo Electoral, en la que señala “el riesgo y amenaza que se instale un gobierno ilegítimo y antidemocrático”.

Lecsan Mérida, señala como acto reclamado: “el riesgo y amenaza inminente de que se establezca, tome posesión y se instale un gobierno ilegitimo, antidemocrático y no representativo”.

Explica en el amparo que el mencionado gobierno estaría dirigido por personas electas en en la primera y segunda vuelta electoral, que según él, estuvieron “viciadas y sujetas a investigación penal por responsabilidad de la máxima autoridad electoral; y todo el procedimiento de escrutinio electoral y cómputo de votos, de digitalización, grabación y validación de los datos consignados en los documentos cuatro, desde los centros de votación para la presentación y publicación de los resultados y de establecer resultados municipales, departamentales y nacionales realizado por el programa informático operado, manejado y controlado por una empresa privada a la cual El Tribunal Supremo Electoral”.

En cuanto al TSE, el diputado señala como acto señalado como agravante el hecho de que el TSE “al cambiar el procedimiento del escrutinio electoral y conteo de votos en las elecciones generales”.

Explica que eso contaminó el proceso electoral y afectó su pureza.

Señala como acto vulnerado el derecho de los ciudadanos a la pureza del proceso electoral.

Con este amparo el diputado Lecsan Mérida, quien dejará de ser diputado el 14 de enero, buscaría evitar que Bernadro Arévalo y Karin Herrera tomen posesión como presidente y vicepresidenta de Guatemala.

Se intentó contactar a Lecsan Mérida para que diera más detalles del amparo que interpuso, pero no respondió.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirma este 2 de enero que en la sesión extraordinario del pleno de magistrados del 28 de diciembre de 2023 conocieron dos amparos los cuales no fueron otorgados a quienes los presentaron.

Mynor Custodio Franco, magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) interpuso una acción constitucional de amparo en contra del Congreso de la República por haberle retirado a él, y a otros magistrados, el derecho de antejuicio.

Según se conoció, el amparo tiene un acto reclamado; la resolución 1-2023 del Congreso de la República en que declaró con lugar a formación de causa las diligencias de antejuicio promovidas contra los magistrados titulares del TSE, Irma Elizabeth Palencia Orellana, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños y Mynor Custodio Franco Flores.

Según el amparo que presentó Franco, el Congreso no entró a discutir el informe circunstanciado, cuando se propuso la primera moción privilegiada y no se contaba con 107 votos.

Además, señala que el presidente del Congreso en funciones, dejó su micrófono abierto y dejó claro que no iban a discutir .

También que cuando se presenta la segunda moción privilegiada se propuso a votación, nunca a discusión.

Añade que la primera vez no habían 107 diputados y la 2da vez habían más de 130 y los diputados que se integraron en la noche no tuvieron la oportunidad de discutir el informe circunstanciado como lo ordena el artículo 17 de la ley en materia de antejuicio.

Asegura también que por ser la acción penal personalísima, debió haberse conocido de forma individual por parte del pleno del Congreso de la República.

El Congreso de la República recibió la tarde del miércoles 29 de noviembre el informe circunstanciado que recomendaba retirar la inmunidad a los magistrados del TSE y en la sesión del jueves 30 de noviembre, se sometió a votación del pleno a menos de una hora de terminar el período de sesiones ordinarias.

El punto había sido incluido por una propuesta del diputado Javier Hernández, jefe de bloque del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), quien propuso que el antejuicio contra los magistrados se conociera en uno de los primeros puntos de la sesión, que comenzó alrededor de las 10 de la mañana.

La propuesta ganó por mayoría, y el pleno del Congreso votó para saber si es recomendable o no el retiro de la inmunidad con los magistrados del TSE. Sin embargo, antes de votar por el desafuero se suspendió el evento porque el oficialismo no contaba con los votos necesarios -107- para conseguirlo.

A pesar que los diputados estaban en el hemiciclo, algunos se desmarcaron, los suficientes para romper el quorum.

Durante la primera parte de la sesión, los diputados se marcaban y desmarcaban. El diputado Boris España, quien llevó a cabo la dirección de la sesión, ante la ausencia de la presidenta Shirley Rivera, dejó su micrófono encendido y se escuchó lo siguiente: “Hermano, hermano, mira, pues ahorita voy a leer y terminamos esta m…”.

La votación se aplazó y siguieron con el siguiente punto de agenda: aprobar el presupuesto.

Con los votos

Alberto Sánchez, diputado disidente de Movimiento Semilla, inmediatamente después de aprobar el decreto del presupuesto, alrededor de las 23 horas, pidió la palabra para razonar su voto. Boris España, quien presidía la sesión, le cedió la palabra.

Sánchez brevemente justificó su voto a favor del presupuesto y en uso de la palabra propuso al pleno una moción privilegiada para someter a votación el informe pesquisidor del TSE, el cual fue admitido y con 108 votos y aplausos se aprobó.

Con la moción aprobada se sometió a votación la formación de causa de los antejuicios de los cuatro magistrados. De nuevo, 108 diputados, aprobaron retirar la inmunidad y con esto se abre la vía para que el Ministerio Público abra investigaciones en contra de Irma Palencia, Rafael Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Franco, magistrados titulares del TSE.

Magistrados deben volver a labores

Los magistrados salieron del país y recientemente la presidenta del TSE, la magistrada titular Blanca Alfaro, declaró reciente que los cuatro magistrados que salieron del país estarían retornando a sus actividades a inicios de este 2024.

Las licencias y vacaciones de los magistrados Palencia, Rojas y Aguilera concluyeron el pasado 15 de diciembre, fecha en donde el TSE comenzó con su periodo vacacional de fin de año.

El único magistrado del que se extiende su periodo de receso es a Mynor Franco, quien tiene periodo vacacional hasta finales de enero, según informaron autoridades electorales.

El Ministerio Público (MP) confirmó este viernes 15 de diciembre que solicitarán ante juez que se declare la rebeldía del director de Informática del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Santos Neill, y de la exdirectora del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones, Alejandra Chiroy (actual asesora), derivado de que no han sido ubicados para su detención, luego de una semana que se pidió su aprehensión por supuestas irregularidades en las actas de las votaciones.

El ente investigador sindica a Santos de los delitos de abuso de autoridad y falsedad material con agravación electoral, mientras que a Chiroy, por abuso de autoridad.

El pasado viernes 8 de diciembre, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) presentó una fase de investigación en la que asegura haber encontrado diferencias entre los formatos avalados y los utilizados por las actas 4 de las votaciones de las elecciones 2023.

Además, el MP señaló que de las nueve entidades comerciales que fueron contratadas para la impresión de material electoral, el TSE solo reportó a cuatro ante ellos.

Según el ente investigador, el documento 4 no cumplía con los requisitos legales establecidos, y aseguró que hubo una alteración de la información de los documentos electorales con la intención de que coincidieran los datos de las actas con los que fueron publicados en el Trep.

En la investigación, el MP aseguró que hubo actas digitadas durante el transcurso del 25 de junio, en la primera vuelta de elecciones, sumado a que hay actas 4 que no coinciden con las actas 8.

Lea también: Blanca Alfaro asegura estar “honrada” por antejuicio de Curruchiche y sostiene un Grinch en una conferencia ante los medios

También informó que no localizaron unas 7 mil actas número 4.

Se consultó al Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) sobre si ambos funcionarios del TSE tuvieron movimientos migratorios, pero aún no ha habido respuesta.

También se consultó al TSE sobre si los funcionarios solicitaron licencia, pero quedó pendiente de la respuesta.

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, declaró que se sentía “honrada” ante la solicitud de antejuicio que el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, presentó en su contra.

Alfaro considera esta acción como un reconocimiento. “Me siento muy honrada teniendo un antejuicio del fiscal Curruchiche. Esa es señal de que lo hemos hecho bien. Que hemos dicho que los resultados están validados, oficializados y que son inalterables, y reacción a eso es el antejuicio”, afirmó este viernes 15 de diciembre en una conferencia de prensa.

Con una actitud firme, Alfaro expresó: “Lo recibo con la gratitud de ser una mujer de Estado” y afirmó que no emprenderá acciones legales al respecto, argumentando: “No tengo por qué”.

En su respuesta a la investigación iniciada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Alfaro dijo que Curruchiche “está iniciando una pesquisa que por si sola se cae”.

Alfaro también hizo hincapié en el artículo 171 de la Ley del Organismo Judicial al señalar que “en ningún momento el Ministerio Público podía llevarse las actas”.

Según sus palabras, las actas solo podrían ser copias certificadas, y destacó que el voto ciudadano fue “vulnerado” cuando se llevaron las actas originales durante el allanamiento.

En este contexto, subrayó: “Hoy no podemos nosotros ser garantes de esas actas. Hoy son ellos los que tendrán que responder a la historia de este país de lo que han hecho con esos documentos”.

Por su parte, el magistrado Carlos Barahona, quien estuvo presente durante el allanamiento, rechazó que hubo insultos durante la diligencia de allanamiento, desmintiendo las declaraciones de Curruchiche a los medios.

Ante la pregunta sobre la posibilidad de enfrentar una solicitud de retiro de antejuicio, Barahona afirmó que la intervención del TSE se llevó a cabo dentro del marco legal y, conscientes de ello, están dispuestos a defenderse ante cualquier acusación que surja.

“Nosotros estamos conscientes que nuestra intervención es en el marco de la ley, si a pesar de eso surgen ese tipo de cuestiones, pues estaremos aprestos a ejercer la defensa que corresponde”, enfatizó.

Al concluir la conferencia, Alfaro, en un gesto público manifestó: “Al finalizar, quiero enviarle un regalo al fiscal Curruchiche”, y acto seguido, mostró un peluche del Grinch.

Feci requiere documentos

Este viernes 15 de diciembre, también se dio a conocer que la Feci ha requerido al TSE que entregue, en un plazo no superior a 5 días, información y papelería.

Entre los documentos solicitados se encuentran copias certificadas del acta de asignación de cargos, toma de posesión y cese de funciones de los miembros de las juntas electorales. Además, se ha pedido la certificación del acta inicial de al menos 38 mesas receptoras de votos.

La Feci también ha requerido copias certificadas del decreto 1-2023, vinculado a la convocatoria a elecciones generales.

Asimismo, se ha solicitado la entrega de copias certificadas de todas las actas denominadas “Acta final de cierre y escrutinio” de las mesas de las Juntas Receptoras de Votos en el departamento de Guatemala, Distrito Central, específicamente en la elección de la Corporación Municipal durante las elecciones generales del 2023.

Curruchiche solicita retiro de antejuicio

El 14 de diciembre, el Ministerio Público (MP) solicitó el retiro de la inmunidad de Alfaro, por supuestos delitos de obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes.

El MP detalló en un comunicado que la solicitud de retiro de inmunidad se basa en presuntas irregularidades en la custodia de cajas electorales, la falta de uniformidad en formatos, incumplimiento de publicación de acuerdos y alteración de resultados.

También se señala la falta de coincidencia en datos de documentos oficiales y la no aplicación de requisitos legales en actas finales. Además, se mencionan supuestas ilegalidades en la impresión de material electoral y la “obstrucción violenta” al allanamiento.

Este comunicado del MP establece que la investigación técnica ha revelado “opacidad y falta de transparencia en el proceso electoral 2023”, lo que, según ellos, “permitió acciones ilegales”.

La solicitud busca iniciar investigaciones para determinar si se cometieron delitos en relación con estos hallazgos.