El caso La Línea llegará a su fin este 7 de diciembre, cuando el Tribunal de Mayor Riesgo B dicte sentencia contra los 29 implicados en la supuesta trama de defraudación aduanera que según la investigación del Ministerio Público habría encabezado el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

La mañana de este miércoles, comenzó la audiencia en donde se dictará sentencia y durante la argumentación, la jueza presidenta Jeanette Valdés, aprovechó para criticar la investigación del caso, la prisión preventiva, el papel de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cigig) y también al exjuez Miguel Ángel Gálvez.

En la sala de audiencias, la jueza Valdés inició con el análisis del delito de asociación ilícita y durante ese tiempo se refirió a la Cicig y afirmó: “no necesitábamos de extranjeros que vinieran a hacernos un trabajo como el que hicieron en alguno de los casos. ¿Hubo errores del Ministerio Público?, sí los hubo, ustedes lo señalaron muy bien. Hubo algunas cuestiones acreditadas al Organismo Judicial por parte de la etapa precedente, también la hubo”.

La jueza afirmó que habrá acusados que serán excluidos de condena, pues señaló que “hubo acusaciones que son una aberración” y que hay una investigación débil por parte de la Cicig y la Fiscalía Especial contra la Impunidad del MP.

“El proceso fue manipulado, mal intencionado, lleno de mentiras, también de arbitrariedades incluso por personal de la extinta de la Cicig”, comentó la jueza.

Recordó que también como tribunal es importante determinar la legitimidad de las pruebas.

“Hay falencias y errores insuperables que van a terminar en sentencia absolutorias. Hay personas acá que sufrieron la llamada prisión provisional que es bastante lamentable, porque esto no tiene asidero jurídico. Fue una situación fáctica que se volvió un problema, pero que en todo caso el juez tiene las medidas de coerción taxativas”, dijo la jueza en referencia a algunas acciones que tomo el juez Miguel Ángel Gálvez en su momento.

Era un guion preparado

Si hubo actos de la Cicig que fueran vulneratorios, (sic) que fueran coacciones que dijeran ‘te voy a dar un guion para que vayás a declarar en contra y resuelvo el caso’. Esto no podemos negar que sucedió, que muchas veces se tomaba a un colaborador eficaz como el comodín para resolver no solo un caso, sino una cantidad, pero no se investigó”, expresó la jueza.

Nunca se plegó a la Cicig

La jueza también dijo que ella nunca se plegó a los intereses de la Cicig, que nunca se reunió con ellos y eso le permite ahora garantizar no recibir injerencia.

Luego de varias horas la audiencia fue suspendida unos minutos y luego continuó a eso de las 14.15 horas.

Otto Fernando Pérez Molina, expresidente de Guatemala que enfrenta proceso por el caso La Línea, declaró ante el Tribunal de Mayor Riesgo B, y dio sus últimas palabras en el juicio, previo a la sentencia, que se tiene programada para el próximo 7 de diciembre.

La audiencia se llevó a cabo este lunes 5 de diciembre de 2022 y previo a ingresar, el exmandatario atendió a periodistas a quienes dijo que no existen pruebas para condenarlo por ese caso y por eso espera la absolución.

Pérez Molina pidió permiso al tribunal para leer una pasajes de La Biblia y citó algunos versículos del capítulo 3 de Eclesiastés e hizo referencia a que hay tiempo para nacer y hay tiempo de morir, tiempo para llorar y tiempo de reír, tiempo de destruir y tiempo de edificar.

“Yo creo, honorable tribunal, que Dios les está dando a ustedes una gran oportunidad para reconstruir y edificar. Ustedes que han valorado, que han conocido que saben de todo lo que ha sucedido en este juicio van a tomar una decisión justa para todos los que estamos aquí presentes”, dijo Pérez Molina

El exmandatario añadió: Yo quiero hacer una petición, y la petición es que para mí, Otto Pérez Molina, debido a que el Ministerio Público en ningún momento, en ningún momento, pudo quebrantar mi presunción de inocencia les pido a ustedes que me den una sentencia absolutoria, y que por lo tanto cesen todas las medidas de coerción que estén en mi contra.

Contra el juez Gálvez

Durante la audiencia, el exmandatario dijo a los jueces que su trabajo había marcado una diferencia de forma y fondo en el caso. Hizo alusión al juez Miguel Ángel Gálvez, y refirió que estuvo trabajando durante 24 años y cuando le tocó a él dar la cara, dijo que no tenía confianza en el sistema de justicia.

Dijo que durante este juicio nunca vio a los miembros del tribunal reuniéndose con el Ministerio Público en algún descanso o antes de empezar las audiencias. Tampoco vio a los integrantes de esa judicatura reuniéndose con la defensa de los sindicados y eso es transparencia y por eso les da certeza.

Pérez Molina le expresó a la jueza presidenta del Tribunal, Janeth Valdez, que cualquier petición que se le hizo, ella exigió que se hiciera en público, en audiencia y delante de todos y no permitió que se acercara alguien a hacerle una petición.

“Los antecedentes que nosotros tuvimos en etapa intermedia y primera declaración fueron totalmente diferentes. Nosotros vimos a un juez, que era un juez de nuestras garantías, que comenzaba la reuniones a las 10 10.30 -horas- y nos citaban a las 8.30, pero porque resulta que el juez -Miguel Ángel- Gálvez primero recibía al seño Sandoval – Juan Francisco Sandoval, en ese entonces jefe de la Feci- se reunían en su oficina, se tardaban una hora u hora y media y después de eso salían ya de acuerdo a conducir la audiencia”, comentó el exmandatario.

Añadió que ellos -Gálvez y Sandoval- no tuvieron la sutileza de hacerlo en otros horarios o afuera de la oficina, sino que a vista de todos.

“Todo fue una mentira”

Pérez Molina criticó las conferencias de prensa en la que la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicic) y la fiscal general del MP se presentaban para dar detalles de los casos y que tenían pruebas para demostrar la culpabilidad de los sindicados.

“Decían que tenían más de 100 mil llamada telefónicas, que tenían más de 500 mil documentos, que no necesitaban colaboradores eficaces, que necesitaban ni siquiera testigos, porque ellos tenía cómo demostrar, pero durante estos 11 meses hemos visto que todo lo que ellos dijeron es una farsa, que todo lo que ellos dijeron fue una mentira, que todo lo que ellos  hicieron fue engañar al pueblo de Guatemala para lograr su propios intereses y también intereses políticos que desde allí ellos ya venían fraguando”.

Pérez Molina afirmó que las personas que armaron este caso, fue declarado non grato, el comisionado Iván Velásquez, y que la exfiscal -Thelma Aldana, está prófuga de la justicia al igual que el juez Miguel Ángel Gálvez y Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Feci.

“Nosotros estamos dando la cara”, afirmó Pérez Molina ante el tribunal.

Según Pérez Molina, él pudo seguir ejerciendo como presidente de la República mientras no fuera hallado culpable en juicio, pero él quiso renunciar para respetar la institución de la Presidencia de la República y no creyó prudente que un mandatario estuviera detenido, porque era malo para el país.

Explicó que si se hiciera una valoración política, social y económica de lo que el caso La Línea ha representado en pérdidas para el país, que serían más de los Q28 millones que decía el MP que habían sido defraudados, aunque según Pérez, nunca pudieron demostrar.

La carta de Monzón

Pérez Molina presentó una carta en la audiencia, la cual supuestamente había redactado Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti y colaborador eficaz del caso, y que según el exmandatario el MP nunca quiso presentar en el caso.

Esta carta no formaba parte de la carpeta judicial como prueba, pero Pérez Molina la presentó en la audiencia.

“Usted presidente, personalmente sabe que tal estructura no existió ni existe”, leyó Pérez Molina de la mencionada carta que le habría mandado Monzón en abril de 2015.

La misiva, según Pérez Molina, también mencionaba las intervenciones operativas en aduanas que se hicieron con apoyo de Ejército y con lo cual subió la recaudación

Pérez dice que en la carta Monzón lo amenaza y le pide que hable con la fiscal del MP y que tanto el mandatario como el ministro de Gobernación dejen de estar dando declaraciones o de lo contrario él ya había grabado un video en el que le hacía daño al mandatario y que si no paraba lo iba a publicar, pero por el contrario lo que se pidió fue poner una recompensa por la captura.

El tribunal fijó para el 7 de diciembre la sentencia del caso La Línea.

En el juicio del Caso La Línea la jueza presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B, Jeanette Valdés, ha decidido apercibir a la Unidad de Métodos Especiales del Ministerio Público (MP),por no entregar completo un expediente de investigación.

La jueza Valdés requirió el expediente y se percató que estaba incompleto por lo que reprochó esa irregularidad en la audiencia.

El expediente completo que requiere la jueza es el método especial 88-2014 que contiene  diligencias de solicitudes, autorizaciones, prorrogas del Ministerio Público, informes de hallazgos inevitables, audios, grabaciones, escuchas telefónicas, desplegados de mensajes de texto, desplegados telefónicos y sinopsis, se informó.

El expediente contiene pruebas de 29 de abril de 2014 al 15 de abril de 2015.

“La solicitud requerida el 12 de agosto y remitida al Tribunal no contiene la totalidad del expediente. Vemos a simple vista que algunos aspectos no se incluyeron. No hay una razón que fuera a justificar el por qué no se envió el método completo”, señaló Valdés.

Se informó que el expediente serviría para poder detallar la declaración de un exgerente de aduanas que propuso como testigo Claudia Méndez Asencio, exintendente de aduanas.

La exintendente fue ligada a proceso el 22 de septiembre de 2015 señalada de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera y fue enviada a prisión.

La jueza Valdés reprochó a la Unidad de Métodos Especiales (UME) el que por segunda ocasión enviara un expediente incompleto y apercibió a esa sección del MP.

“En plazo de 48 horas deben enviar completo el método especial 88-2014 de lo contrario se ordenará investigar por los delitos en que incurran”, advirtió la jueza.

No es la primera vez

No es la primera vez que un juez le hace requerimientos al MP por considerar que a los expedientes les hace falta contundencia.

El pasado 28 de enero, la jueza de Mayor Riesgo C, Silvia de León, ligó a proceso penal al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, por el delito de fraude y durante la audiencia, la juzgadora recriminó al MP porque la sindicación de la Fiscalía contra la Corrupción era “pobre”.

Benito se entregó a la Justicia que lo requería por corrupción tras encontrarse unos US$16 millones en una casa que arrendaba en la Antigua Guatemala y que podrían estar ligados a coimas por la construcción del libramiento de Chimaltenango, que resultó ser un fracaso, ya que gran parte se derrumbó con las lluvias.

“El Ministerio Público sigue complaciente porque jamás imputó lavado de dinero y otros activos a Conasa -empresa constructora- y jamás imputó testaferrato a Renova Ingenieros”, reprochó la jueza Silvia de León.

Durante la exposición de su argumentación detectó indicios de irregularidades en “la fluctuación de precios” y la razón que dio Conasa para no continuar construyendo 2.3 kilómetros del libramiento de Chimaltenango.

“Lo tiene, no lo tiene o me lo está ocultando”, recriminó la jueza a la fiscal del casos por estimaciones y documentos que no aparecen en el expediente de imputación de Benito.

Además, la jueza señaló al MP de no haber mostrado los mensajes extraídos de celulares confiscados a otros implicados en el caso y en los que Benito ordena ayudar a Renova Ingenieros. La jueza asegura que ella misma fue quien ordenó que esa información se extrajera de los aparatos confiscados.