La Comisión de Postulación que elegirá a los seis candidatos finales para dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC) dejó fuera de la carrera por el puesto a 15 aspirantes, en la sesión que se llevó a cabo este sábado 8 de octubre.

A 14 de los excluidos no se les aceptaron las pruebas de descargo que presentaron por algunas inconsistencias en sus expedientes que fueron detectadas por los postuladores, mientras que otro más ni siquiera las presentó.

Los aspirantes que quedaron fuera son:

• Guillermo Ranferí Castillo López
• Rolando de Jesús de Paz Fajardo
• Óscar Hugo Werner Ochoa
• Jorge Anthony Villatoro Esteban
• Efraín Ángel Matías Aguirre
• Jessica Manuela Álvarez Flores
• José Domingo Conde Juárez
• Irma Consuelo Cristóbal Pérez
• Julio Roberto de Paz
• Édgar Rolando Zapeta Morales
• Gonzalo Ezequiel Rodríguez Tercero
• Gustavo Alexander Orozco Miranda
• Pablo Rolando Soch Ixtabalán
• Mario René Álvarez Galán
• Wenceslao de Manuel Lemus Morales

De esa forma, ahora quedan 33 aspirantes más a dirigir la Contraloría que serán entrevistados a partir del martes por los integrantes de la Comisión.

Las entrevistas serán públicas. Cada uno tendrá 30 minutos durante los cuales tendrán que explicar su plan de trabajo y deberán responder las preguntas de los integrantes de la postuladora.

La Comisión informó que el período para que la población civil presente tachas en contra de cualquiera de los aspirantes será del 12 al 14 de octubre.

Entre los aspirantes que siguen el proceso resalta Nora Segura, que ya dirigió la CGC del 2010 al 2014.

La Comisión de Postulación deberán escoger a una lita final de seis aspirantes de la cual el Congreso de la República deberá elegir al sucesor de Edwin Humberto Salazar, actual contralor.

La Contraloría General de Cuentas (CGC) publicó este lunes 18 de enero en el Centro América el acuerdo A-004-2021 que busca promover la ética y la transparencia.

El acuerdo establece que en el marco del Bicentenario de Independencia de la República, declara el 2021 año de la ética y probidad.

Esto a efecto de promover valores éticos y fomentar el mejor comportamiento de probidad, como modelo ejemplar, en las instituciones a las que se refiere el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.

Explica que el ámbito de aplicación será de observancia general para todas las instituciones, entidades, personas que reciban fondos del Estado o hagan colectas públicas.

Añade que es de carácter obligatorio crear programas de promoción, divulgación y formación sobre cultura de ética y probidad, en todas las instituciones, organismos y entidades, por parte de su respectiva autoridad superior.

Estos programas deben ser con el objetivo que las funciones públicas se desempeñen con “integridad, eficiencia y transparencia.

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Este acuerdo surte efectos este lunes 18 de enero con su publicación en el Diario de Centro América.

Entre sus consideraciones, la CGC pretende crear las condiciones de promoción divulgación y formación en la administración pública.

El presidente del Congreso, Allan Rodríguez, aseguró que a finales de esta semana le entregarán los resultados de una auditoría interna que solicitó. Por ahora no adelantó detalles de posibles hallazgos, pero dijo que han frenado algunos procesos.

“Estamos pendientes que nos den el informe final, algunas cuestiones que hemos detectado, algunos eventos que estaban en proceso y que también hemos frenado y que vamos a ser vigilantes de la transparencia de todo proceso en el Congreso de la República”.

El presidente del Congreso confirma auditoría interna. pic.twitter.com/HNdXIhNbGa

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 22, 2020

Rodríguez aseguró que al tener el informe final dará a conocer los resultados, además dijo que se deducirán responsabilidades individuales por algunas “cuestiones identificadas”, aunque no quiso detallar de qué se trata. Agregó que procederán conforme lo establece la ley, por lo que no descarta denuncias.

Después de un año, la Corte de Constitucionalidad revocó la suspensión provisional que tenía la Superintendencia de Administración Tributaria al acceso de información bancaria, conocido como Secreto Bancario.

Con esto, la SAT puede acceder a la información de los contribuyentes cuando la sentencia cobre vigencia y sea publicada en el diario oficial.

Analistas opinan que es una acción positiva para el país.

“El Secreto Bancario es una medida que ya tenía mucha presión a niel del país, no solo presión interna, sino presión a nivel externa principalmente por la OCDE porque se considera que aquellos países que aún tienen el Secreto Bancario como un tema que no lo han desarrollado y que se conserva a nivel de las medidas que tiene el país, entonces se considera ese país como un paraíso fiscal” dijo Juan Carlos Paredes, analista fiscal.

Hace una semana, la OCDE puso a Guatemala como un país no cooperante en transparencia fiscal, según los analistas entrevistados, eso presionó a la Corte de Constitucionalidad para dar una resolución.

“La OCDE es parte de los organismos, pero es una presión no específica, sino que es algo habitual que estos organismos presionan a los países para precisamente para llevar a cabo prácticas de transparencia y una de ellas es la revelación de la información bancaria” dijo Óscar Chile, consultor fiscal.

Recaudación tributaria podría acercarse a la meta

Para este consultor, la SAT no solo podrá adquirir información bancaria, sino también de préstamos bancarios, cajas de seguridad o si es fiador para un crédito.

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Por lo que se recomienda a los contribuyentes que lleven control de sus movimientos y operaciones bancarias, por ejemplo, con facturas.

Para la SAT, esto podría ser positivo, pues podría apoyar a la recaudación tributaria que, hasta julio pasado, tenía una brecha de mil 457 millones de quetzales.

De los 34 mil candidatos inscritos solo 53 han aceptado dar a conocer y hacer público su patrimonio, como parte de la iniciativa 3 de 3, que busca generar una cultura de transparencia entre quienes compiten por ocupar un cargo público.

https://twitter.com/drivera_gtv/status/1131239005167792129

Gabriela Ayerdi, coordinadora de la iniciativa 3 de explicó que al dar a conocer estos datos se puede fiscalizar mejor a las próximas autoridades. “Aquí podemos evidenciar si hay o no un tipo de enriquecimiento ilícito a la hora de tomar posesión del cargo, puede ver por ejemplo en relación a los ingresos reportados como va aumentando o disminuyendo su patrimonio y ahí se puede evidenciar actos de corrupción”.

https://twitter.com/drivera_gtv/status/1131239603246194688

Quienes aún no dan a conocer su declaración en estos tres aspectos pueden hacerlo. Además los guatemaltecos pueden consultar los datos de los candidatos a través de la página www.3de3.gt

Hasta ahora, el Partido Semilla encabeza el listado con 14 candidatos que han presentado su declaración 3 de 3, le sigue Encuentro por Guatemala con 9 y Libre con 5.

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Los partidos políticos deben entregar cada mes un informe financiero sobre los ingresos y gastos. Según los reportes de marzo y que están disponibles en la página web del TSE, las organizaciones han optado por el financiamiento propio y de donaciones.

Analizamos los reportes de los partidos políticos de los ocho candidatos presidenciales que lideraban la encuesta libre al cuatro de abril  y este es el resumen de lo detectado:

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Gráficas: Elaboración Prensa Libre

Todos estos datos serán verificados por la Unidad de Fiscalización. Los partidos deben informar sobre los ingresos y gastos tanto de la campaña electoral como de funcionamiento.

En el caso de las donaciones en especie deben hacer el cálculo de su valor en el mercado y colocar ese monto. Llama la atención que en el informe de un partido se reportó la donación de un video publicitario en Morales, Izabal por un monto de Q15.00

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Los diputados suecos no disfrutan de beneficios adicionales como los que tienen los parlamentarios de otros países, como presupuesto para fletar aviones, ayuda para el alquiler, dietas, contratación de asesores particulares, ayuda para gastos médicos, guardería pagada para los hijos y fondos para la divulgación del mandato, entre otras cosas.

Además, en Suecia la inmunidad parlamentaria es un concepto que no existe.

“Somos ciudadanos comunes“, cuenta a BBC News Brasil el diputado Per-Arne Håkansson, del Partido Socialdemócrata, en su despacho del Parlamento sueco.

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“No tiene sentido conceder privilegios especiales a los parlamentarios, porque nuestra tarea es representar a los ciudadanos y conocer la realidad en la que viven. Representar a los ciudadanos es un privilegio en sí, ya que tenemos la oportunidad de influir en el rumbo del país”, añade Håkansson.

A cada inicio de mandato, los 349 diputados suecos reciben -igual que el presidente del Parlamento- una tarjeta anual para utilizar el transporte público. Y también un amplio código de ética que va acompañado de información sobre el restringido uso de los fondos públicos y las normas de conducta para la actividad parlamentaria.

Los carros oficiales son pocos, y tienen uso limitado. El Parlamento posee solo tres vehículos, del modelo Volvo S80. Esta flota solo está a disposición del presidente del Parlamento y sus tres vicepresidentes para actos oficiales.

“No es un servicio de taxi”, explica René Poedtke, del sector administrativo del Parlamento. “Los carros no sirven para llevarlos a casa o al trabajo”.

En Suecia, el único político que tiene derecho a carro de forma permanente es el primer ministro. El carro pertenece a la flota de la policía secreta sueca, la Säpo (Säkerhetspolisen). Los ministros pueden pedir vehículos “cuando tengan fuertes razones para necesitarlo”, según dice un asesor del gobierno.

No pueden subirse el sueldo

El salario bruto de un diputado del Parlamento sueco es de 66.900 coronas suecas al mes (unos 7.200 dólares). Tras pagar los altos impuestos, el salario neto es de aproximadamente 40.000 coronas suecas (unos 4.300 dólares), lo que equivale a menos del doble de lo que gana un profesor de primaria en Suecia.

Si un diputado tiene la base electoral fuera de Estocolmo, puede solicitar el llamado ‘traktament’, una ayuda para los días de la semana en los que trabaja en la capital del país. Esta ayuda, exclusiva para los parlamentarios que no tienen residencia permanente en la capital, es de 110 coronas suecas (unos 12 dólares).

Un vistazo a los precios de Estocolmo da una noción de lo que se puede comprar en la capital sueca con 110 coronas: un café con tres o cuatro ‘bullar’ (los tradicionales panes dulces suecos que acompañan el café), o una pizza con un refresco, o una ración del tradicional plato de ‘köttbullar’, las albóndigas suecas con mermelada de arándanos rojos y puré de patata. En los pequeños restaurantes populares, un plato cuesta de promedio unas 100 coronas suecas.

Hasta 1957 los diputados del Parlamento sueco ni siquiera tenían salario: solo recibían las contribuciones de los miembros de los partidos.

La decisión de establecer salarios para los parlamentarios se tomó, según consta en los archivos del Parlamento, tras llegar a la conclusión de que ningún ciudadano debería verse “impedido de convertirse en diputado por razones económicas”. Pero el valor del salario no debería “ser tan alto como para volverse económicamente atractivo”.

Y ningún diputado tiene el privilegio de aumentarse el salario: en Suecia, los salarios de los parlamentarios los determina un comité independiente llamado Riksdagens Arvodesnämd.

Este comité está formado por tres personas: el presidente, que por regla general es un juez jubilado, y dos representantes, que suelen ser ex funcionarios públicos o periodistas. El comité lo nombra la Mesa Directiva del Parlamento.

“No hay ningún parlamentario entre nosotros, somos un comité con independencia garantizada por la Constitución. La Mesa Directiva del Parlamento no puede darnos ninguna directriz”, afirma su presidente, Johan Hirschfeldt.

Ex-presidente de la Corte de Apelación de Estocolmo, Hirschfeldt explica que el comité se reúne una vez al año, tras el receso del verano europeo. “Pero eso no significa que a los diputados se les suba el salario cada año”, matiza.

Para evaluar si se les aumenta o no el sueldo, el comité hace un análisis de las circunstancias económicas de la sociedad como un todo, incluyendo índices de inflación y de variación salarial tanto en el sector público como en el privado.

“Cuando nos reunamos la próxima vez, evaluaremos las circunstancias generales, y tal vez decidiremos subirles el sueldo un 1% o un 1,5% o tal vez no les daremos ningún aumento”, cuenta Hirschfeldt.

La decisión del comité es soberana: no se puede impugnar y no tiene que someterse a votación en el Parlamento. “Los parlamentarios no tienen ningún poder de decisión en el proceso, y no sé si se quedan satisfechos o no con el salario, porque ningún parlamentario llamó nunca para pedir más ni quejarse”, asegura el presidente.

Los aumentos de salario de los ministros y del primer ministro también los decide un comité independiente, el Statsrådsarvodesnämden.

Acceso limitado a los apartamentos

El apartamento para funcionarios del diputado Per-Arne Håkansson tiene 46 metros cuadrados. Solo los políticos con base electoral fuera de la capital, y que no poseen inmuebles en Estocolmo, tienen derecho a vivir en apartamentos para funcionarios. Y el presidente del Parlamento no tiene derecho a residencia oficial.

Los apartamentos tienen un promedio de 45,6 metros cuadrados. Los que constan de una sola pieza tienen sólo 16 metros cuadrados. Del total de 197 viviendas que administra el Parlamento sueco, solo ocho tienen entre 70 y 90 metros cuadrados.

Puede parecer incluso exagerado. De hecho, estos pequeños apartamentos recuerdan las celdas de la modernísima penitenciaría de Sala, en las afueras de Estocolmo, donde los detenidos, como en la mayoría de las prisiones suecas, también tienen baño privado.

Un sofá cama, una mesa, un pequeño armario, una mini cocina con un fogón, una nevera y un baño llenan el espacio de poco más de 16 metros cuadrados de uno de estos apartamentos para funcionarios, situado en la calle Monkbron.

En estos inmuebles no hay lavadora, ni lavaplatos, ni siquiera cama matrimonial. Una gran parte de estos apartamentos ni siquiera tienen habitación: una sola estancia, amueblada con sofá cama, hace las funciones de sala de estar y dormitorio.

“Podemos colocar camas extras con ruedas en caso de necesidad, como la visita de un pariente”, dice una funcionaria del Parlamento que nos acompaña en la visita a uno de los inmuebles.

En todos los edificios de apartamentos sin habitación las lavanderías son comunitarias, y los diputados tienen que hacerse la colada. Estas lavanderías comunitarias, generalmente situadas en el sótano de los edificios, también cuentan con tablas de planchar.

Además, son los propios parlamentarios los que cocinan y limpian la casa. Según el departamento de administración del Parlamento sueco, se hace una limpieza gratuita sólo una vez al año, durante el receso parlamentario de verano.

Pagan por la estancia de familiares

Y todavía hay más: los apartamentos son exclusivamente para los parlamentarios. Los cónyuges, familiares y afines no tienen derecho a vivir ni tan solo a pernoctar en un piso propiedad del estado sin pagar. Si un familiar de un parlamentario pasa una temporada en el inmueble, el diputado tiene un plazo de un mes para pagar al erario público los días de pernoctación.

Y si la pareja de un diputado del interior decide vivir en el apartamento para funcionarios de la capital con su cónyuge, tiene que hacerse cargo de la mitad del valor del alquiler.

“Por supuesto, no pagamos para que nadie viva gratis, excepto los parlamentarios con base electoral fuera de la capital”, asegura la jefa del sector de Servicios Parlamentarios, Anna Aspegren.

Los diputados pueden dejar ocasionalmente a sus hijos, si tienen entre uno y trece años, en la guardería del Parlamento durante las sesiones deliberativas.

“Pero tienen que pagar la comida de los niños”, explica Monika Karlsson, funcionaria de la guardería. En días de sesión nocturna, el servicio está abierto hasta la medianoche, o más.

Los parlamentarios tienen dos opciones para vivir en la capital sueca. La primera es vivir en uno de los apartamentos para funcionarios. La segunda es alquilar un apartamento por cuenta propia y recibir del Parlamento el valor correspondiente al alquiler.

En este caso, el valor máximo que el Parlamento reembolsa a los diputados es de 8.000 coronas suecas mensuales (unos 860 dólares), una cantidad relativamente baja considerando la escasa oferta inmobiliaria del centro de la capital.

“Pero los parlamentarios que viven con su cónyuge en un apartamento alquilado sólo pueden pedir el reembolso de la mitad del valor del alquiler, y tienen que pagar de su propio bolsillo el mantenimiento del inmueble”, explica Aspegren.

Es lo que hace la líder del Partido de Centro (Centerpartiet), Annie Lööf, que comparte el apartamento para funcionarios con su marido. “El marido de Lööf tiene que pagar su parte del alquiler, como cualquier otro ciudadano”, asegura Aspegren.

Hasta los años 90, los apartamentos para funcionarios ni siquiera existían en Suecia: los diputados dormían en sofás-cama en sus propios despachos. Lavaban los platos y la ropa en la pila del despacho, y no había cama.

Despachos pequeños

Las oficinas parlamentarias de los diputados suecos tienen una media de 15 metros cuadrados y una decoración frugal. Una mesa de madera clara, estantes del mismo color, una televisión antigua y un pequeño sofá rojo, de estilo similar a los de la empresa sueca de muebles populares Ikea, llenan el ambiente.

Los despachos más pequeños del Parlamento llegan a tener siete metros cuadrados. Los gabinetes más grandes se reservan a los líderes de los partidos y tienen 31 metros cuadrados de promedio.

En el pasillo de cada anexo parlamentario hay un mostrador con los periódicos del día y publicaciones diversas. Son para uso colectivo de los parlamentarios: las suscripciones a periódicos y revistas las financia el partido, y los diputados no tienen presupuesto personal para suscribirse a publicaciones.

“Podemos llevarnos un periódico para leer en el despacho, y luego devolverlo enseguida al mostrador”, dice el diputado Per-Arne Håkansson.

“También podemos leer periódicos y otras publicaciones en la biblioteca del Parlamento, que a través de una aplicación ofrece a los diputados poder leerlo en el celular”, añade.

En la cantina del Parlamento, los diputados se pagan su café.

No hay camareros y hay que pagar por la comida. Después de comer, cada parlamentario debe llevar su propio plato al sitio donde se recogen las bandejas, al lado de la cocina.

El Parlamento sueco también cuenta con un restaurante más formal para ocasiones especiales. Pero, en el día a día, algunos diputados se traen su propia comida, que calientan en la cocina comunitaria del Parlamento. Cada uno se lava sus platos y cubiertos.

Además, ningún diputado sueco tiene derecho a reembolso por comidas en restaurantes de lujo.

Sin secretaría ni asesores particulares

“Ningún diputado tiene secretaría particular ni puede contratar asesores”, explica Mats Lindh, del sector de Servicios Parlamentarios.

En el sistema sueco, cada partido político representado en el Parlamento recibe fondos restringidos para contratar a un grupo de asistentes y asesores, que forman el llamado secretariado del partido. Y este grupo de funcionarios atiende, colectivamente, a todos los diputados de un partido.

Es decir: los parlamentarios comparten un grupo de asesores y asistentes que, entre otras actividades, preparan análisis políticos y se encargan de las relaciones con la prensa.

Un portavoz proporciona la lista del secretariado del Partido Socialdemócrata: 101 funcionarios trabajan en conjunto para 100 diputados. Este equipo de funcionarios está compuesto por asesores y analistas para cuestiones políticas y relaciones con la prensa, además de algunos asistentes administrativos que no suelen estar a disposición de los diputados para tareas personales.

“Cada diputado se ocupa de su agenda de trabajo, prepara sus discursos, organiza sus reuniones y reserva billetes de tren o avión”, dice el portavoz.

Según el politólogo sueco Rune Premförs, que los parlamentarios tengan asesores particulares es una aberración. “¿Por qué todos esos recursos deberían estar a disposición de un solo político si se pueden compartir? Los representantes políticos también deben ser representantes del pueblo en términos de no atribuirse condiciones privilegiadas”, opina.

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Premförs, no obstante, da validez al argumento de que los países grandes tienen grandes problemas y que para resolverlos necesitan más recursos humanos.

“Pero esto no significa necesariamente aumentar los privilegios personales en forma de asesores particulares. Lo que un parlamentario necesita es información y consultoría de calidad para ayudar a sus actividades y a su toma de decisiones. En Suecia, uno de los sectores del Parlamento que más se amplió en los últimos veinte años fue el RUT (Servicio de Investigaciones del Parlamento), que proporciona todo tipo de investigaciones, estadísticas y consultorías especializadas a parlamentarios de todas las siglas”, explica Premförs.

Y en lugar de recibir fondos para la divulgación del mandato, los diputados suecos informan a los votantes sobre sus actividades parlamentarias a través de internet.

El sitio web oficial del Parlamento de Suecia cuenta con páginas individuales de cada uno de los diputados en las que hay copias de todas las mociones presentadas por el parlamentario en cuestión, así como videos de sus discursos, sus interpelaciones y otras actividades parlamentarias.

Cuando están en sus circunscripciones electorales, los parlamentarios utilizan la sede local del partido, o la biblioteca pública, para trabajar y hacer reuniones. “O su propia casa”, dice Anna Aspegren, la jefa del departamento que controla los gastos de los diputados.

El manual de viaje del diputado

Entre las informaciones que cada parlamentario sueco recibe al ser elegido, hay un manual de 35 páginas, titulado ‘Reglas de viaje‘ (‘Reseregler’). Estas son algunas de las recomendaciones que incluye para los diputados:

• Debe elegirse el medio más económico posible para llegar el destino: tren, carro o avión
• Los carros para viajar se tienen que alquilar en la agencia de viajes del Parlamento, utilizando las empresas con las que el Parlamento tiene contratos para conseguir precios más favorables. Por consideración con los costos y la protección del medio ambiente, no se permite alquilar carros especiales o de lujo
• Si el diputado viaja con su propio vehículo, debe elegir el camino más corto posible, a menos que haya razones especiales para tomar un camino más largo
• Los diputados tienen que utilizar taxis cuando no haya alternativa de transporte público disponible, o si hay razones especiales para ello

En cuanto a los viajes al exterior, un diputado sueco puede gastar un máximo de 50.000 coronas suecas (unos 5.400 dólares) por mandato, es decir, a lo largo de cuatro años. El parlamentario debe presentar un programa detallado del viaje de trabajo, que, como es costumbre en varios países, debe ser sometido a la aprobación de la presidencia del Parlamento.

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En el exterior, un diputado recibe ayuda económica limitada por una rígida tabla: en general la dieta diaria varía entre las 220 coronas (unos 23 dólares) y las 700 (unos 75 dólares), dependiendo del país visitado.

El valor de esta paga diaria está parcialmente sujeto a impuestos. Y si un diputado recibe comidas gratuitas durante una conferencia en el extranjero, por ejemplo, se deduce el valor correspondiente de su paga. “Si almuerzan gratis, no abonamos la paga diaria completa”, explica Aspegren.

Otra regla trata sobre el alojamiento. “Cuando un diputado comparte la habitación de hotel con un familiar o amigo que no tiene derecho a tener los gastos pagados por el Parlamento, el Parlamento paga solo el 75% del valor de la paga, y no son hoteles de lujo”, añade Aspegren.

Tanto los parlamentarios como los ministros suelen volar en aviones comerciales.

Sin pensión vitalicia

Los parlamentarios suecos tampoco tienen el privilegio de recibir una pensión vitalicia después de cumplir un mínimo de uno o dos mandatos. No se les ofrece pensión, sino lo que se llama “garantía de renta” (‘inkomstgaranti’) por tiempo limitado. La ley sueca dice lo siguiente:

“La finalidad de la prestación (pensión) es proporcionar seguridad financiera al parlamentario en el momento de transición después del término de sus actividades en el Parlamento. La prestación no tiene como propósito garantizar el sustento permanente del ex parlamentario”.

Es una especie de seguro de desempleo: el principio general es que todo diputado debe trabajar al menos ocho años en el Parlamento (dos legislaturas) para tener derecho a una prestación equivalente al 85% del valor del salario durante un período máximo de dos años. Y para recibir la prestación durante más de un año, el ex diputado debe demostrar que está buscando activamente una nueva forma de ganarse el pan.

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“Es importante entender que el sistema tiene mecanismos fuertes. Los diputados tienen que demostrar que están buscando un nuevo empleo, que no están pasivos. De lo contrario, se acaba la prestación”, explica Johan Hirschfeldt, presidente del comité que regula los salarios y las pensiones parlamentarias (Riksdagens Arvodesnämd).

Si el parlamentario pasa a ejercer otro mandato o cargo político, la prestación también se cancela.

Políticos regionales sin salario

A nivel regional, la representación política en Suecia se considera una actividad añadida que se ejerce en paralelo a un empleo remunerado, por lo que el 94% de los representantes de las asambleas regionales no tienen salario.

Solo los integrantes de la presidencia y de los comités ejecutivos de las asambleas reciben remuneración por trabajar como políticos a tiempo completo o parcial.

Los alcaldes no tienen derecho a residencia oficial. Y en todas las asambleas municipales del país, la regla no tiene excepción: los concejales no tienen salario, secretaría, asistentes, carro con conductor, ni siquiera despacho -trabajan desde casa-, y ganan solo una pequeña gratificación por participar en las sesiones de la Cámara.

“Ser concejal es un trabajo voluntario, que se puede realizar perfectamente en las horas libres”, opina Christina Elffors-Sjödin, concejal de Estocolmo, del Partido Moderado.

A criterio de Foppa, la Fiscal General, María Consuelo Porras, debió desde un inicio dar una explicación y divulgar el informe sobre los vicios en el proceso de selección de los profesionales.

Foppa ve falta de transparencia en la forma en que se llevó a cabo la reunión en la que los Fiscales Regionales fueron informados sobre la nulidad de sus ascensos, habiendo sido obligados a renunciar “voluntariamente”, tal como lo denunciaron algunos de ellos.

Trasfondo

El exsuperintendente quien además trabajó en el MP y publicó una columna sobre este tema específico, asegura que el transfondo, es una venganza personal de Porras porque en el proceso anulado, su esposo Gustavo de Jesús Porres no fue electo para uno de los cargos, además de haber sido removido de la jefatura interina de la Fiscalía Contra la Corrupción en abril pasado, por decisión de la exfiscal general Thelma Aldana.

Foppa espera que el MP haga una investigación sobre la deuda millonaria que arrastra dicha entidad, después de que la exjefa de Jurídico denunciará que fue obligada a dejar el cargo, cuando pretendía interponer un recurso para evitar un proceso fraudulento.

Diana Benavides Lázaro jefa del Departamento Jurídico del @MPguatemala fue obligada a renunciar, para evitar que interpusiera un recursos por un proceso fraudulento. Según este comunicado. pic.twitter.com/4R6TS4gb4T

— Carolina Leverón (@CLeverongt) October 15, 2018

Además de enviar un mal mensaje a lo interno de la institución, Foppa teme que la vacante de esos cargos tenga repercusiones en la gerencia de cerca de 45 fiscalías a nivel nacional y de las fiscalías municipales, trabajo que sin los Fiscales Regionales se concentrará en la Fiscal General.

Ayer la Fiscal General arremetió contra Thelma Aldada a quien acusó de acomodar procesos para poder ubicar a su equipo de confianza en fiscalías claves.

Por Isaías Morales / Ojo con mi pisto

La municipalidad de Guatemala incumplió con La ley de Acceso a Información Pública (LAIP) al no entregar las fotografías del proceso para construir el Munitec de zona 18. El recurso de revisión presentado al Concejo venció el pasado 21 de septiembre.

De acuerdo con la Unidad, el expediente se encuentra desde hace dos semanas en el Concejo a la espera de que este lo apruebe. “Nosotros no podemos presionarlo porque ellos son la autoridad superior”, responde uno de los encargados. Sin embargo, los plazos para entregar la información los establece la LAIP, en su artículo 58.

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Imágenes borrosas

Ojoconmipisto solicitó el archivo fotográfico que registra los avances de la obra, luego de que se conociera que los trabajos se encuentran suspendidos ante la negativa de la constructora de continuar con el contrato.

La respuesta municipal fue enviar fotos en blanco y negro, borrosas. Por esta razón se planteó un recurso de revisión ante el Concejo Municipal. Hasta el cierre de esta no se había obtenido respuesta.

La Unidad de Acceso a Información sostiene que no está obligada a dar la información en el formado que se le requirió (imágenes JPG) porque el artículo 45 de la ley no lo obliga.

El artículo 80 de la Ley del Presupuesto 2017 establece que los contratos superiores a Q900,000 deben contar con cámaras que transmitan en vivo los avances de la obra. Proporcionarlas es responsabilidad de la empresa. El valor del Munitec-18 es de Q10.8 millones.

Intervención del PDH

La negativa de la municipalidad a entregar lo solicitado podría considerarse retención de información (artículo 66-LAIP), según Silvio Gramajo, experto en el tema. A su criterio la Secretaria Ejecutiva de Acceso a Información (Secai) del Procurador de Derechos Humanos debe dar seguimiento al caso e indagar sobre lo sucedido.

Al consultar a Violeta Mazariegos, titular de la Secai, indicó que contactará a la municipalidad para que entregue la información. En caso contrario, podría denunciar penalmente a la alcaldía ante el Ministerio Público.

La ley señala que se considera retención de información cuando “un funcionario o servidor público en forma arbitraria o injustificada obstruya al solicitante el acceso a la información requerida”. De comprobarse este delito el o los responsables pueden ser condenados con hasta tres años de prisión, inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta y una multa de un máximo de Q50 mil.

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Por Isaías Morales / Ojo con mi pisto

La municipalidad de Guatemala se rehusa a entregar copia del registro fotográfico que muestre los avances en la construcción del Instituto Tecnológico de la zona 18 (Munitec-18), la cual debió estar concluida a principio de este mes. Sin embargo, los trabajos, que se limitan a movimiento de tierras, se encuentran suspendidos.

Ojoconmipisto solicitó a la Unidad de Acceso a Información pública (UAIP) las grabaciones del 17 de noviembre de 2017 al 21 agosto de 2018. La oficina entregó imágenes en blanco y negro que no son legibles.

Se pidió copia de las grabaciones para constatar los avances. La petición se fundamenta en el artículo 80 de la Ley de Presupuesto 2017 que obliga a todo proyecto mayor de Q900,000 contar con cámaras que transmitan en directo los trabajos. Instalarlas, así como guardar un archivo electrónico, es responsabilidad de la empresa.

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La Unidad de Acceso a Información pública (UAIP) respondió con imágenes borrosas en blanco y negro. Según la dirección de Desarrollo Social, Construsa no proporcionó las grabaciones. Por ello, Tu Muni entregó “impresiones de pantalla que se realizaban como medio de monitoreo, las mismas se llevaron periódicamente sin un intervalo de tiempo definido”.

La alcaldía envió 16 fotografías con baja resolución. Estas muestran capturas de pantalla de las grabaciones de abril y mayo. No incluye el resto de meses solicitados, porque la constructora no les proporcionó el registro.

Al ser cuestionada, se limitó a responder que el artículo 45 de la Ley de Acceso a Información no le obliga a entregar las fotografías en formato JPG, como fueron solicitadas. Por estas razones, Ojoconmipisto presentó un recurso de revisión. El plazo para resolverlo vence el jueves 20 de septiembre.

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Otras municipalidades sí tienen acceso al historial de grabación administrado por la empresa. Por ejemplo, la de Santa Catarina Pinula envió 517 fotografías corresponden a seis meses de construcción de un salón.

Se intentó, sin éxito, contactar a la directora de Auditoría a Gobiernos Locales y al Contralor General de Cuentas, pero no respondieron las llamadas ni mensajes. Lo mismo sucedió con la constructora.

Los trabajos para construir el Munitec de zona 18 están suspendidos. Tu Muni intenta que la constructora retome la construcción. Según el reporte municipal se ha ejecutado solo el 13% de los trabajos planificados.

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