El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023 fue publicado este 30 de enero por Transparencia Internacional y en este se menciona que la corrupción está prosperando en todo el mundo y que la mayoría de los países lograron mínimos o nulos avances en combatir la corrupción en el sector público.

El IPC de Transparencia Internacional clasifica 180 países y territorios según las percepciones que estos tienen sobre el nivel de corrupción en el sector público y para eso emplean una escala de cero (muy corrupto) a 100 (muy baja corrupción).

Transparencia Internacional menciona en un comunicado que, por 12 años consecutivos, el promedio global del IPC se mantiene sin variaciones en 43 puntos, y más de dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50. Lo que indica que existen graves problemas de corrupción.

En la medición del 2023 Guatemala obtuvo un punteo de 23 de 100 y es la peor clasificación del país en una década. Actualmente está ubicado en el puesto 154 de 180 en el ranquin de corrupción.

Declive en Guatemala

En el comunicado, se menciona que: “El declive que registra Guatemala (23) es el resultado de tres gobiernos consecutivos implicados en prácticas corruptas”.

Los tres gobiernos a los que se hace referencia son los de Alejandro Giammattei, Jimmy Morales y Otto Pérez Molina.

Señala al MP

“El Ministerio Público y el poder judicial se han utilizado para conceder impunidad a las clases dirigentes por sus prácticas corruptas y para atacar a quienes alzan la voz contra la corrupción. Esto dejó al Estado sin ninguna capacidad institucional para combatir la corrupción”.

La Fiscalía de Guatemala ha sido utilizada como un instrumento para permitir la corrupción en el país centroamericano e incluso intentar revertir los resultados electorales de 2023, según un informe divulgado este martes por la mencionada entidad, según EFE.

Según el documento de la entidad no gubernamental, el Ministerio Público (MP) ha funcionado “para perseguir a los actores que combaten la corrupción y ha dejado al Estado sin capacidad institucional para contrarrestar” el flagelo.

También destaca que durante 2023 el “Ministerio Público y el Poder Judicial” fueron empleados por actores corruptos como “instrumento para intentar anular los resultados electorales” de los comicios celebrados el 25 de junio y el 20 de agosto de dicho año.

La elección fue ganada por el ahora presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, pero la Fiscalía intentó de diversas maneras judiciales evitar su investidura, aunque sin éxito al final.

El quinto peor de América en percepción de corrupción

En su índice y calificación anual, el informe Transparencia Internacional cataloga a Guatemala como el quinto país del continente americano con la más alta percepción de corrupción, solo por detrás de Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Puntuación en una década

Entre el 2012 y el 2023, Guatemala ha obtenido solamente dos punteos mayores a 30, que fue en 2014, en el que logró el 32 y en el 2012 que estuvo en 33.

Puntajes de Guatemala en los últimos años:

• 2012, 33
• 2013, 29
• 2014, 32
• 2015, 28
• 2016, 28
• 2017, 28
• 2018, 27
• 2019, 26
• 2020, 25
• 2021, 25
• 2022, 24
• 2023, 23

En el 2010, Guatemala estaba en el puesto 101 del ranquin y en 13 años cayó 53 puestos en el ranquin del índice de corrupción.

La Alianza para Centroamérica (PCA) y Transparencia Internacional (TI) lanzaron este martes 26 de septiembre el proyecto “Iniciativa Anticorrupción y Transparencia para América Central”, el cual busca fortalecer la integridad corporativa y las condiciones de inversión en la región, por lo que incentivará a las empresas a ofrecerse de forma voluntaria para ser “responsables en sus operaciones”, informaron los involucrados en un comunicado.

De acuerdo con una publicación de PCA, las empresas que figuran como miembros fundadores del proyecto son AgroAmerica, Banco Ficohsa, Corporación AG, Grupo Mariposa y Pantaleón.

El documento señala que el proyecto se llevará a cabo en El Salvador, Guatemala y Honduras y “utilizará las Directrices de Debida Diligencia de la OCDE para la Conducta Empresarial Responsable como marco de referencia para fortalecer la integridad corporativa y las condiciones de inversión en la región”.

Refiere que, además de las contribuciones financieras las empresas fundadoras, “el Proyecto ACT incluye una alianza estratégica con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)”, el cual, según la publicación “desempeñará un papel crucial en la expansión de la participación en el proyecto”.

Se explica que el Proyecto ACT se basa en el lanzamiento, en febrero pasado, de la iniciativa Central American Forward (CAF), de la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, que incluyó la Declaración de Buena Gobernanza que establece los compromisos conjuntos del gobierno de Estados Unidos y la PCA para combatir la corrupción y proteger los derechos laborales en la región.

Agrega que el Proyecto ACT también se basa en los esfuerzos de las empresas miembros de la PCA que se comprometieron con “la Promesa Corporativa de la PCA sobre el Estado de Derecho en junio de 2023”.

“El propósito del Proyecto ACT es ampliar el número de empresas que se comprometen voluntariamente a ser responsables en sus actividades comerciales”, detalla la nota.

“El Estado de Derecho y los esfuerzos contra la corrupción seguirán siendo piedra angular de la Estrategia de Causas Raíces de la Administración Biden-Harris en la región. Aplaudo los esfuerzos de estas empresas miembros de la PCA y de otras de llevar a cabo soluciones lideradas por el sector privado para los desafíos que afectan a toda la sociedad, para promover los objetivos de Central America Forward, lanzada en febrero de 2023 por la vicepresidenta Harris,” dijo Philip Gordon, asesor de Seguridad Nacional de Harris.

“Nuestra declaración conjunta con la PCA sobre Buen Gobierno, Buenos Empleos describe un marco y valores para trabajar con el sector privado. El Departamento defiende el estado de derecho y la lucha contra la corrupción como piedra angular de la política de Estados Unidos en América Central”, dijo Brian A. Nichols, secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno de EE. UU.

Nichols agregó que “el papel del sector privado es fundamental. Estamos emocionados de ver a la PCA dar pasos clave para poner en práctica estos principios”.

Por su parte Luis Miguel Castillo, presidente de Grupo Mariposa, dijo que “la transparencia es un desafío regional que requiere soluciones regionales. Me complace colaborar con líderes empresariales de toda la región para respaldar este esfuerzo que nos exige a todos mantener altos estándares en nuestras actividades comerciales”.

En tanto, Mateo Yibrin, Ppresidente de COHEP, comentó que “el Proyecto ACT es un testimonio de lo que se puede lograr cuando el Estado de Derecho no solo es respetado, sino defendido. COHEP se siente honrado de contribuir a esta iniciativa para fomentar estándares más elevados de gobierno corporativo en América Central”.

A criterio de Mark Lopes, presidente y director de operaciones de la PCA, “el motor detrás de este compromiso son las empresas miembros, y estamos emocionados de trabajar con Transparencia Internacional para unir una de las organizaciones anticorrupción más creíbles con empresas que están comprometidas con el progreso de las sociedades en las que viven, trabajan y hacen negocios”.

Por lo anterior, Luciana Torchiaro, asesora regional para América Latina y el Caribe en la Secretaría de Transparencia Internacional, dijo que “estamos comprometidos en colaborar con el sector privado para ofrecer soluciones prácticas a los desafíos en esta región. Esperamos escalar y sistematizar este trabajo en todas las empresas de la región”.

Los tres componentes que ofrecerá el Proyecto ACT

• Apoyar el cumplimiento de los compromisos por parte de las empresas signatarias
• Mejorar las capacidades de las empresas signatarias y sus cadenas de valor para adoptar, implementar y supervisar prácticas comerciales transparentes y legales
• Fomentar una red vibrante y en constante expansión de integridad corporativa en la Región

El Proyecto ACT brindará servicios a tres grupos de empresas

• Miembros de la PCA que han firmado la Promesa de Estado de Derecho de la PCA
• Miembros de COHEP que han firmado una Promesa de Estado de Derecho ante COHEP
• Empresas adicionales que han firmado una Promesa de Estado de Derecho con el Proyecto ACT

De esa cuenta, TI y la PCA invitan a otras empresas a unirse a este esfuerzo “innovador para avanzar en esfuerzos concretos y creíbles contra la corrupción en la región”.

En el comunicado se informa que “la Alianza para Centroamérica (PCA) es una organización no gubernamental, no partidista y sin fines de lucro que colabora con una coalición multinacional de organizaciones privadas para promover oportunidades económicas entre poblaciones desfavorecidas en El Salvador, Guatemala y Honduras”.

Mientras que a Transparencia Internacional (TI) la define como “un movimiento global que trabaja en más de 100 países para poner fin a la injusticia de la corrupción. TI se enfoca en problemas con el mayor impacto en la vida de las personas y exige la rendición de cuentas a los poderosos en beneficio del bien común”.

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022 fue publicado este 31 de enero por Transparencia Internacional y en este se menciona que la mayor parte del mundo sigue sin combatir de lleno la corrupción, pues el 95 % de los países solo han conseguido avances mínimos o nulos desde 2017.

Información divulgada por Transparencia Internacional detalla que el IPC clasifica 180 países y territorios según las percepciones que estos tienen sobre el nivel de corrupción en el sector público y que para eso emplean una escala de cero (muy corrupto) a 100 (muy baja corrupción).

En el caso de Guatemala, obtuvo un punteo de 24 y el IPC lo clasifica entre los 26 países que han alcanzado nivele mínimos históricos en cuanto al tema de corrupción.

Entre estos 26 países están también Qatar (58) y el Reino Unido (73).

En el ranquin del Índice de Percepción de la Corrupción, Guatemala se ubica en el puesto 150 de los 180 países, un puesto más bajo que en el que estaba en 2021.

En el 2021 y 2022 Guatemala obtuvo un punteo de 25 en el IPC, mientras que en el 2019 logró 26.

Entre el 2012 y el 2022, Guatemala ha obtenido solamente dos punteos mayores a 30, que fue en 2014, en el que logró el 32 y en el 2012 que estuvo en 33.

La comunicación menciona que en 43 países, el promedio global del IPC sigue sin mostrar variaciones, por undécimo año consecutivo, y más de las dos terceras partes de los países tienen un problema grave de corrupción y una puntuación inferior a 50.

Los menos y más corrutos

Los países con menos corrupción, según el IPC, son Dinamarca, con 90 puntos, y Finlandia y Nueva Zelanda con 87, y se menciona es por la solidez de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos también hacen que estén entre los más pacíficos del mundo, según el Índice de Paz Global.

El informe también menciona que los países con más corrupción siguen siendo Somalia (12) y Sudán del Sur y Siria con 13 puntos cada uno, y se menciona que estos son afectados por conflictos prolongados.

Desde el año 2017, 10 países han registrado un descenso significativo en las puntuaciones del IPC, entre ellos estaba Guatemala, según el reporte del 2021.

Según se lee en el comunicado: “La corrupción, el conflicto y la seguridad se encuentran profundamente interrelacionadas. El uso indebido, la malversación o el robo de fondos públicos pueden afectar a las mismas instituciones que están a cargo de proteger a los ciudadanos, asegurar la vigencia del Estado de derecho y preservar la paz privándolas de los recursos que necesitan para cumplir ese mandato. Las organizaciones terroristas y de criminalidad suelen contar con la complicidad de funcionarios, autoridades de aplicación de la ley, jueces y políticos corruptos, lo cual les permite alcanzar sus objetivos y actuar con impunidad”.

Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia International, manifestó que “la corrupción ha hecho que nuestro mundo sea un lugar más peligroso. Los gobiernos no han logrado, de manera colectiva, contrarrestar este fenómeno y, con esto, agudizan el aumento de la violencia y el conflicto que se observa en la actualidad, lo cual plantea peligros para las personas de todas partes del mundo. La única salida ante esta situación es que los Estados enfrenten la ardua tarea de erradicar la corrupción en todos los niveles para asegurar que los gobiernos trabajen para todas las personas y no solo para una élite reducida”.

América Latina lleva 10 años “totalmente estancada” en su lucha contra la corrupción, lo que socava la democracia y los derechos humanos, y hay retrocesos alarmantes en Venezuela y países de Centroamérica, como Guatemala, alertó este martes 25 de enero Transparencia Internacional (TI) en su informe anual.

“Los líderes corruptos apuntan contra activistas y consolidan su poder, al tiempo que se atacan los derechos de la prensa, la libertad de expresión y la libertad de asociación”, denunció Delia Ferreira Rubio, presidenta de esta oenegé.

Desde 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción de TI clasifica a 180 países y territorios en una escala de cero (muy corruptos) a cien (muy limpios).

Dinamarca (88), Finlandia (88) y Nueva Zelanda (88) son los países menos corruptos del mundo, según este informe, y Somalia (13), Siria (13) y Sudán del Sur (11) registran los índices de corrupción más elevados.

Muy cerca de estos países sacudidos por las guerras está Venezuela (14), cuya nota, la peor de América Latina, no deja de empeorar desde 2013 y donde la “gran corrupción causa graves violaciones a los derechos sociales, incluyendo la educación, la salud y la alimentación”.

La oenegé lamenta que pese a la existencia de abundantes leyes sobre el tema y un compromiso regional de actuar contra este flagelo, “la corrupción sigue debilitando la democracia y los derechos humanos” en la región y se necesitan “acciones contundentes para revertir esta tendencia” y proteger a la sociedad civil, insiste la organización.

En su fotografía general de 2021, TI critica que algunos presidentes, como Jair Bolsonaro en Brasil o Nayib Bukele en El Salvador, usaron la lucha contra la corrupción como bandera de campaña para atraer a un electorado decepcionado de los políticos tradicionales y “cansado de la corrupción”.

Pero estos líderes “no han presentado avances en su lucha contra la corrupción y sí han tomado medidas antidemocráticas” y “regresivas”.

En América Latina, el país mejor calificado es Uruguay (73), “un ejemplo de cómo la estabilidad y solidez de las instituciones democráticas (…) son claves para que la corrupción no permee las instituciones públicas”, dice TI, considerando que este contexto institucional ha permitido que el país enfrente de forma más eficaz la pandemia de coronavirus.

Los últimos de la lista son, además de Venezuela, Nicaragua (20), Haití (20) y Honduras (23).

Argentina (39) fue el país de la región que más retrocedió (cuatro puntos) en 2021, debido a la injerencia del poder político en la justicia y “los abusos de poder” durante la pandemia, como una vacunación preferente para funcionarios y allegados o compras y contrataciones “poco transparentes”.

América Central, en su punto más bajo

En Centroamérica, la lucha contra la corrupción está en su punto más bajo, afirma TI.

Nicaragua es el ejemplo más flagrante. El país “no cuenta con la transparencia y el contrapeso al Ejecutivo necesarios para combatir la corrupción”, según la oenegé.

Honduras (23) no se queda atrás. Desde 2015 perdió siete puntos en la lista y su presidente saliente, Juan Orlando Hernández, fue acusado de narcotráfico.

Transparencia Internacional señala que también preocupa la situación en Guatemala (25), donde “élites económicas y políticas” e incluso sectores del “crimen organizado” se han apropiado del poder judicial y “han forzado al exilio a fiscales y jueces reconocidos por luchar contra la corrupción”.

Por último, el autoritarismo también amenaza a El Salvador (34), según TI, donde el gobierno toma medidas que socavan la independencia del poder judicial. Además, se sospecha que altos funcionarios del Ejecutivo participaron en “esquemas de corrupción multimillonarios” vinculados con fondos destinados a la lucha contra la pandemia del coronavirus”.

De acuerdo con Edie Cux, director ejecutivo de Acción Ciudadana (AC), el Gobierno de Guatemala ha ensayado con una comisión de transparencia y anticorrupción que no tiene las capacidades operativas ni de independencia para abordar los casos de corrupción.

“Frente a lo monumental que fue el gasto público en 2020 en el que el Gobierno ha tenido una cantidad inimaginable de recursos vemos que ahora no hay ningún resultado, todo lo contrario, las instituciones están debilitadas, en lugar de prevenir la corrupción es la misma, hay mucha opacidad, mucha intolerancia a la crítica y eso impacta directamente en la percepción de corrupción que tenemos”, dijo Cux..

Añadió que “es evidente la forma opaca en que se llevaron los programas sociales -por la pandemia- y no se entregó información adecuada sobre los beneficiaros finales”. También dijo que la adquisición de vacunas no ha sido clara porque las autoridades no entregaron los contratos de compra.

“Vale la pena comparar que los países que estamos entre los cinco peores lugares: Guatemala, Honduras, Haití, Venezuela y Nicaragua son países que tienen retos muy fuertes en democracia y derechos humanos. Se nos compara con estados tan complicados como Haití que ya ni salir a la calle se puede o Nicaragua que ya tiene un gobierno ampliamente autoritario y que Guatemala pues va en ese camino con algunas de las restricciones a la prensa a activistas y un asedio constante al sistema de justicia”, señaló Edie Cu.

Añadió que la población está consciente de la corrupción que hay en Guatemala y que sabe que “a más corrupción mayor pobreza y desigualdad, lo que se refleja con que en el país hay 49 mil niños que tiene problemas de desnutrición aguda y 12.5 millones de personas tienen problemas de acceso a los alimentos”.

Además, dijo que uno de los primeros pasos es rescatar las instituciones de justicia y destacó que la elección de fiscal general es un primer paso para dar.

Postura del Gobierno

De acuerdo con el Gobierno de Guatemala, durante los dos años de la administración de Alejandro Giammattei se han emprendido acciones en contra de la corrupción.

“El Gobierno de Guatemala durante estos dos años ha impulsado acciones para la contención de este flagelo, y es consciente de la necesidad de continuar luchando contra la corrupción en todas sus aristas, ejemplo de ello son los esfuerzos realizados por la Comisión Presidencial Contra la Corrupción (CPCC)”, refiere el Gobierno.

Agrega que “en el marco del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), estas son las acciones el Gobierno ha realizado:”

• Plataformas digitales y herramientas electrónicas de denuncia anónima de actos de corrupción y campañas de sensibilización.
• Acciones de concientización y socialización del Código de Ética y Conducta en instituciones públicas.
• Mesas de cooperación en instituciones público-privadas.

Guatemala es uno de los países que más han caído en la clasificación de percepción de corrupción, ocho puntos desde 2012, revela el Informe de Transparencia Internacional (TI) publicado este miércoles.

Desde 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción de TI recoge la opinión que diversos organismos e instituciones tienen del sector público de cada país, clasificando a las 180 naciones analizadas de 0 (más corrupto) a 100 (menos corrupto) según su sistema. 

En el caso de Guatemala (25 puntos), la salida en el 2019 de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) y la gestión opaca del gobierno durante la pandemia “son prácticas que afectan a la percepción que hay de la lucha contra la corrupción”, dijo a la AFP Luciana Torchiaro, responsable regional de TI para América Latina.

Venezuela, Estados Unidos y varios países de América Central son percibidos como cada vez más corruptos, según el informe anual, que detalla el impacto de este flagelo en los sistemas de salud en plena pandemia.

En Nicaragua (22), la percepción de la corrupción ha empeorado en siete puntos desde 2012 y es la tercera peor del continente americano.

Otra situación preocupante es la de Honduras (24), donde la gestión de la epidemia reveló la existencia de contratos opacos en la compra de hospitales móviles y de precios inflados en equipamientos médicos.

En América Latina, Venezuela (15), Haití (18) y Nicaragua (22) son los países donde la corrupción está más presente, mientras que Uruguay (71) y Chile (67) se mantienen desde 2012 como los mejores alumnos del continente.

TI resalta el trabajo de Perú (38), donde la aprobación de dos leyes para impedir que los condenados por corrupción accedan a cargos públicos y para mejorar la transparencia en las finanzas públicas sugieren una mejora de la lucha contra este flagelo.

Guyana (41) y Ecuador (39) son los países latinoamericanos que más han mejorado su nota desde 2012, 13 y 7 puntos respectivamente.

En el caso de Venezuela, es el quinto país con el sistema más corrupto del mundo y su nota no deja de empeorar desde 2013. Ese país perdió por la corrupción “al menos US$5 mil millones en las últimas dos décadas, lo que afecta directamente a la salud de los venezolanos”, dijo Torchiaro.

En el mundo, Dinamarca (88), Nueva Zelanda (88) y Finlandia (85) son los países que salen mejor parados del estudio, un podio invariable desde 2012. En el lado contrario, Siria (14), Somalia (12) y Sudán del Sur (12) son los países con los índices de corrupción más elevados. La media mundial de este ranking es 43.

TI centró su informe de 2020 en el impacto que la corrupción ha tenido en la gestión de la epidemia de coronavirus. Los países con niveles más altos de corrupción dedican menos recursos a la salud, lo que afecta los servicios públicos esenciales.

El caso de Estados Unidos

Por su parte, la percepción de la corrupción pública en Estados Unidos (67) también empeora, y el informe de TI le atribuye la nota más baja desde 2012.

La oenegé señala en particular los obstáculos que la administración Trump puso para supervisar los casi US$900 millones destinados a luchar contra los efectos del covid-19.

“El covid-19 no es solo una crisis sanitaria y económica: es una crisis de corrupción. Y no la estamos superando”, declaró Delia Ferreira Rubio, presidenta de TI, citada en el informe.

Según un informe publicado por TI en 2019, la corrupción en el mundo le cuesta a los sistemas públicos de salud US$500 mil millones cada año.

La contracara de esto es Uruguay, que según el informe de TI tiene la inversión en salud “más alta de la región”, lo que le permite tener “un buen sistema de seguimiento epidemiológico que ha sido de gran ayuda a la hora de afrontar el covid-19”.

Esta oenegé internacional creada en Alemania hace 25 años recomienda a los gobiernos “reforzar las instituciones supervisoras, promover procesos de contratación abiertos y transparentes y garantizar el acceso a la información” para atajar la corrupción en los sistemas públicos.

A Transparencia Internacional le preocupa la tendencia a socavar las normas democráticas, cuyo resultado es la proliferación de corrupción, impunidad y autoritarismo.

“Y es otro intento de atacar y debilitar la lucha contra la corrupción en el país”

Delia Ferreira Rubio, Presidenta de la entidad dijo: “El anuncio del presidente Morales de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad de las Naciones Unidas en Guatemala representa un duro golpe contra la transparencia y la integridad en Guatemala y en toda América Latina.

El anuncio hecho por el presidente rodeado de militares y el despliegue de fuerzas militares cerca de las oficinas de la CICG son un intento de intimidación, afirmó Ferreira.

“La entidad de transparencia ve peligroso involucrar a los militares en asuntos políticos o de justicia”.

El comunicado de prensa señala que la decisión política sólo beneficiará a los corruptos, quienes podrán actuar con impunidad mientras los guatemaltecos continúan sufriendo de la corrupción endémica.

“Transparencia Internacional reconoce el excelente trabajo y los resultados del CICIG, apoya plenamente su continuación en Guatemala y expresa su solidaridad con el Comisionado Iván Velázquez”.

Transparencia Internacional instó a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional a mostrar apoyo enérgico a la lucha contra la corrupción en Guatemala y apoyen la continuación e la independencia de la CICIG.