Nicolás Tiu Imul, alias “Adolfo”, fue condenado a 4 años de prisión por el delito de tráfico ilegal de guatemaltecos; además, debe hacer una aportación económica a favor de una organización que se dedica a dar atención a niños y adolescentes, informó este miércoles 31 de enero el Ministerio Público (MP).

“La Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes logró que el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Delitos de Extorsión del departamento de Guatemala condenara a cuatro años de prisión a Nicolás Tiu Imul, alias “Adolfo”, por el delito de tráfico ilegal de guatemaltecos”, detalló el MP.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Tiu Imul, “en su función de sublíder de un grupo organizado dedicado al tráfico ilegal de guatemaltecos, con el apoyo de otro hombre promovía, ofrecía y dirigía el transporte y traslado para el ingreso irregular de estos a los Estados Unidos de América, por un precio de entre US$8 mil y US$9 mil por cada uno”.

Se informó que durante la audiencia se le ordenó una donación económica a favor del Comité Comunitario de Protección para la Niñez y Adolescencia de la colonia Nueva Esperanza, en Zaragoza, Chimaltenango.

Además, el MP detalla que a Tiu Imul “se le decomisó el teléfono utilizado en la comisión del delito y se le suspendieron sus derechos políticos mientras dure la condena”.

Detalles del caso

El 4 de noviembre de 2021, el MP coordinó allanamientos en seguimiento al caso denominado “Nahualá” y como resultado de esa incursión se logró el rescate de migrantes víctimas, la incautación de Q2 millones 500 mil y se ejecutaron la orden de aprehensión en contra de:

• Diego Tiu Imul, por los delitos de tráfico ilegal de guatemaltecos, asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
• Pedro Celestino Ixmatá Guachiac, por los delitos de tráfico ilegal de guatemaltecos, asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
• Nicolás Tiu Imul (condenado), por los delitos de tráfico ilegal de guatemaltecos, asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
• Catarina Leocadia Ixmatá Guachiac, por los delitos de lavado de dinero u otros activos.
• Juan Carlos Barrientos Martínez, por los delitos de tráfico ilegal de guatemaltecos, asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

Además, durante las diligencias de ese día, que se desarrollaron en 14 hoteles de Huehuetenango y Quetzaltenango, se logró el rescate de 21 migrantes centroamericanos y dominicanos, quienes habían ingresado de forma irregular al territorio nacional.

Además, en los inmuebles en los que residían los hermanos Diego y Nicolás Tiu Imul fueron localizados Q2.5 millones.

Antecedentes

La investigación de la Fiscalía reveló que, en octubre de 2016 una persona dispuesta a migrar de forma irregular hacia Estados Unidos escuchó en  una radiodifusora clandestina un anuncio sobre viajes hacia dicho país.

Agrega que se indicaba que para coordinar los detalles del viaje los interesados podían comunicarse a varios números telefónicos, donde las víctimas eran atendidas y les indicaban que el traslado sería en autobuses y vehículos particulares, pero que debían pagar una cuota inicial de Q2 mil.

Una serie de 69 allanamientos llevaron a cabo el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) en varios puntos de Guatemala y El Progreso contra estructuras dedicadas al tráfico ilícito de migrantes y explotación sexual en las que logró la captura de 20 personas.

Según informó la PNC, a través de la Subdirección General de Investigación Criminal, realizaron las  diligencias de allanamiento en seguimiento a organización criminal que se dedicaba al tráfico Ilícito de migrantes en El Salvador, Guatemala y México, los cuales  eran trasladados a Estados Unidos.

Estas personas también están señaladas de trata de personas en su modalidad de explotación sexual en los departamentos de El Progreso y Guatemala.

Las personas capturadas son:

1. Guillermo Arnoldo Sánchez Monzón
2. Delfino Esdardo Arriaza Castañeda
3. José Rolando Meléndez Torres
4. Ana Cristina Valencia Castillo
5. Mónica José Peralta Albelños
6. Francisco Colindres Orellana
7. Dereek Edgar Jhosef Hernández Sánchez
8. José Gregorio Ambrosio de León,
9. Alys Judith Chavarría Alvarez
10. Mario Luis Andrés González Pérez
11. Nelson Augusto Orenos Nájera
12. Edy Jesús Méndez Mejía
13. Rosita Jom Urizar
14. Yoselin Fabiola Vargas González

Estas personas son señaladas de remuneración de la trata de personas y violación; trata de personas en sus modalidades de mendicidad y explotación laboral con circunstancias agraviantes; asociación Ilícita y tráfico Ilícito de personas.

Aparte, se logró la captura de:

1. Henry Yovani Cobón Crúz (32)
2. Evelio Orlando Gómez Gómez (40)
3. Julio Cesar Pérez Velásquez (52)
4. Antonio Simaj Lux (28)
5. Lesbia Yolanda Valenzuela De La Rosa De Galicia (58)
6. Andres Antulio Ambrocio Ambrocio (39)

Estas personas son señaladas de tráfico ilícito de personas y asociación ilícita.

Detienen a agentes de la PNC

El MP detalló que las diligencias son parte del Operativo Transnacional Hacienda Rio, en donde la Fiscalía contra Delitos Transnacionales efectuó diligencias de allanamiento en las zonas 1, 3, 7, 9, 12, 17, 18 y 21 de la capital, así como en Santa Catarina Pinula, San Pedro Ayampuc, Palencia, Chinautla, Mixco y Villa Nueva.

Además, que se coordinó con Inspectoría General de la Policía Nacional Civil la aprehensión de 7 agentes de esa institución, quienes son sindicados de los delitos de conspiración para el tráfico ilícito de personas e incumplimiento de deberes.

Detienen a agentes de la PNC

El MP detalló que las diligencias son parte del Operativo Transnacional Hacienda Rio, en donde la Fiscalía contra Delitos Transnacionales efectuó diligencias de allanamiento en las zonas 1, 3, 7, 9, 12, 17, 18 y 21 de la capital, así como en Santa Catarina Pinula, San Pedro Ayampuc, Palencia, Chinautla, Mixco y Villa Nueva.

Además, que se coordinó con Inspectoría General de la Policía Nacional Civil la aprehensión de 7 agentes de esa institución, quienes son sindicados de los delitos de conspiración para el tráfico ilícito de personas e incumplimiento de deberes.

Foto principal: Uno de los operativos que llevaron a cabo el MP y la PNC para la captura de los 20 señalados de tráfico de personas. (Foto Guatevisión: MP)

Una familia de políticos y comerciantes de Comitancillo, San Marcos, fue sindicada por el Ministerio Público de liderar una estructura de coyotaje que en enero de 2021 trasladó a México a 16 guatemaltecos que posteriormente fueron masacrados en ese territorio.

Las 10 personas señaladas de integrar la red “coyotes” se sentaron frente a la jueza Quinto Penal, Judith Secaida, y escucharon la sindicación del Ministerio Público (MP) por el tráfico ilícito de migrantes. Es la primera vez que una banda de este tipo es conducida a un juzgado para responsabilizarla por coyotaje.

La detención de los señalados ocurrió la semana pasada y la mayoría de las capturas fueron en Comitancillo, San Marcos, lugar en el que la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes señala que surgió la estructura.

El caso para el MP es importante y fue el propio jefe de la Fiscalía, Stuardo Campo, quien se presentó a la sala que se le asignó al Jugado Quinto Penal para empezar a celebrar la audiencia de primera declaración.

Los detenidos fueron señalados por tráfico de guatemaltecos, asociación ilícita, lavado de dinero y obstrucción a la justicia.

La familia

En el señalamiento, la Fiscalía responsabilizó al exalcalde de Comitancillo, Ramiro Coronado Pérez, quien se encuentra prófugo, de ser el líder de la estructura; además, su mano derecha es David Coronado Pérez, su hermano.

La consanguineidad no termina allí, pues entre los detenidos hay dos hijos del exjefe edil, Byron Baldomero y Diego Iván Coronado Agustín, asimismo, Mayte Josefina Dinora Coronado Marroquín, hija de David, el segundo al mando de la red de coyotaje, según la Fiscalía.

Entre los prófugos de la justicia está Diana Maricela Coronado Marroquín, hija de David, ella no fue encontrada durante los 19 allanamientos que realizó el MP la semana pasada.

Campo durante su exposición advirtió que la investigación preliminar de la Fiscalía cuenta con escuchas telefónicas y chats extraídos de celulares confiscados a los detenidos.

En las conversaciones telefónicas se ha podido establecer que la estructura cobraba de Q95 mil a Q120 mil por migrante trasladado a Estados Unidos y el dinero lo recibían en dos pagos: uno en Guatemala y otro cuando llegara el connacional a Estados Unidos.

El mecanismo

El fiscal señaló que en la estructura participaron por lo menos los 10 detenidos y el exjefe edil usó sus vehículos para trasladar a los guatemaltecos que migrarían. En esos automotores los habría cruzado por puntos ciegos de la frontera con México. En estos viajes, según la investigación, también participaron los hijos y sobrinos.

Las coordinaciones se hicieron por medio de llamadas telefónicas. El fiscal aseguró que hay escuchas en las que se coordinada la llegada de guatemaltecos a Comitancillo y los pagos de los viajes.

Se sospecha que la intervención de esta estructura no se limitaba en el traslado por territorio guatemalteco y su llegada a la frontera con México, sino que alguien de la estructura continuaba guiando a los migrantes por territorio mexicano hasta ingresar a EE. UU.

Uno de los indicios que refuerza esta teoría del MP, es la muerte de Adán Coronado Marroquín, hijo de David y sobrino del exjefe edil. El murió con el grupo de guatemaltecos masacrados en México el 22 de enero del año pasado.

La Fiscalía cree que Adán iba guiando al grupo de connacionales por México y su objetivo era cruzarlos por la frontera y que llegaran a Texas.

“En Houston la red tiene una casa funcionando como albergue de los migrantes que ingresaron a Estados Unidos”, aseguró Campo.

El fiscal explicó que, “cuando están en ese inmueble -de Houston- los coyotes piden el complemento del pago a los familiares, y si cancelan los llevan a su destino en EE. UU.”, remarcó.

La Fiscalía mencionó decenas de traslados que hizo la estructura y tiene identificados a los guatemaltecos que trasladaron hasta el territorio estadounidense.

Campo mencionó que la red de coyotes en Comitancillo ofrecía “viajes a créditos” y eso dependía mucho de la capacidad económica de las familias.

En el caso del viaje de los guatemaltecos masacrados en México se estima que esa red recibió Q500 mil y si se hubiera completado el viaje el pago que habrían recibido era de Q1.4 millones.

Los precios variaban dependiendo de tiempos. En caso de que un migrantes llegara antes de los 15 días a EE. UU. el viaje no se cobraba por Q95 mil, sino que las familias llegarían a pagar hasta Q120 mil por “la rapidez”. El traslado de los menores también sobrepasaba los Q100 mil según la investigación de la Fiscalía.

El presidente Alejandro Giammattei anunció este viernes 14 de enero que busca endurecer las penas por tráfico de migrantes, durante la presentación ante el Congreso de un informe sobre sus dos años de gobierno.

El mandatario propuso endurecer las penas de prisión contra los traficantes, conocidos como “coyotes”, y pidió a Estados Unidos – principal destino de la migración guatemalteca – recibir en “extradición” a “este tipo de delincuentes que se enriquecen con la migración irregular y el sufrimiento de las familias”.

En los últimos años, numerosos migrantes indocumentados, en su mayoría centroamericanos, buscan atravesar México en multitudinarias caravanas para protegerse tanto de autoridades como del acoso de criminales.

El avance de las caravanas hacia la frontera norte ha provocado tensiones con Estados Unidos, sobre todo durante la administración del expresidente Donald Trump.

Las autoridades guatemaltecas están en alerta ante la llegada de una eventual caravana masiva de migrantes hondureños, prevista para el sábado, que intentará llegar a pie a Estados Unidos.

En su informe de medio mandato, Giammattei estimó que el tráfico ilegal de migrantes en Centroamérica genera más de US$4 mil millones al año.

El presidente pidió a los congresistas aprobar de urgencia una iniciativa de ley que les envío este viernes, y que establece duras penas para el tráfico de personas.

“Los muros no detienen la migración, por más grandes que los construyan, o se pasan por arriba, o se pasan por abajo”, declaró en alusión a una propuesta del expresidente Trump de construir una cerca en toda la frontera sur con México.

Giammattei expresó su pésame a las familias de guatemaltecos que fallecieron en Chiapas, México, el 9 de diciembre en un accidente carretero. En total murieron 56 migrantes de varios países y más de un centenar quedaron heridos, la mayoría guatemaltecos.

El presidente también se congratuló por el manejo de la pandemia de coronavirus, aunque ha sido señalado por opositores de presuntos actos de corrupción en el manejo de préstamos millonarios destinados a frenar la propagación del virus.

También destacó el crecimiento económico del 7.5% del Producto Interno Bruto (PIB) alcanzado en el 2021, como “un logro histórico” en medio de la pandemia.

Qué dice el decreto

• Artículo 1. Se reforma el artículo 103 del Decreto Número 95-98 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Migración, el cual queda así:

“Articulo 103. Tráfico ilícito de personas. “Comete el delito de tráfico ilícito de personas quien, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material, promueva o facilite de cualquier forma el ingreso, permanencia o salida ilegal del territorio nacional de una o más personas extranjeras. El responsable será sancionado con prisión de 10 a 30 años. La misma pena se aplicará para quien, para los fines del párrafo anterior, de cualquier forma, facilitare o promoviere el transporte o tránsito de una o más personas extranjeras.”

• Artículo 2. Se reforma el artículo 107 del Decreto Número 95-98 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Migración,

“Articulo 107. Bis.” Tráfico ilegal de guatemaltecos. Comete el delito de tráfico ilegal de guatemaltecos quien, con ánimo de lucro o cualquier otro beneficio material o personal, dentro del territorio nacional, de cualquier forma o manera capte, aloje, oculte, traslade o transporte por cualquier vía o medio, a guatemaltecos para emigrar a otro país, sin cumplir con los requisitos legales. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 10 a 30 años de prisión inconmutables, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan a otros delitos”.

“También comete este delito quien, con el mismo fin que se establece en el primer párrafo, promueva, favorezca, facilite, guie, ofrezca, instruya, planee o coordine de cualquier manera el tráfico ilegal de guatemaltecos. Este delito no será aplicable a los migrantes, padres, tutores, responsables o familiares en grado de ley de los migrantes guatemaltecos.”

Artículo 3. Se reforma el artículo 108 del Decreto Número 95-98 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Migración:

• “Articulo 108. Agravantes. “La pena prevista para el delito de tráfico ilícito de personas y tráfico ilegal de guatemaltecos, será aumentada en dos terceras partes cuando:

1. La persona migrante sea menor de edad.
2. La mujer migrante se encuentre en estado de gravidez.
3. Se ponga en peligro la vida, la integridad o la salud del migrante, por las condiciones o medios en las que se ejecute el hecho, o se le cause grave sufrimiento fisico o mental.
4. El autor o participe sea funcionario o empleado público.
5. El autor o partícipe sea notario, que en el ejercicio de sus funciones y con conocimiento favorezca o facilite la comisión del delito.
6. El hecho se realice por un grupo de tres o más personas, se trate o no de delincuencia organizada.
7. La persona migrante resulte ser víctima de tratos crueles, inhumanos o degradantes.
8. Cuando la persona migrante sufra privación de libertad en el extranjero, sea víctima de otros delitos de cualquier orden, o falleciere.

“En ningún caso se tendrá como eximente o atenuante de responsabilidad, el requerimiento, el pago o consentimiento prestado por la persona migrante, su representante legal o de un tercero”.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala, informó este viernes 19 de noviembre que una mujer y un hombre se declararon culpables de transportar y ocultar a más de 100 migrantes irregulares en ese país.

La información refiere que Amalia González Lara, de 43 años, originaria de Phoenix, Arizona, EE. UU. se declaró culpable en un tribunal federal con relación a su papel como coordinadora de una operación de tráfico de personas en Avondale, Arizona.

Añade que durante una comparecencia ante la jueza magistrada Jacqueline Rateau, la mujer admitió que conspiró para transportar y ocultar a más de 100 migrantes irregulares con fines de lucro.

El comunicado explica que el 12 de enero de 2021, agentes de la ley localizaron a 20 migrantes irregulares, todos ciudadanos de México o Guatemala, dentro de una residencia ubicada en 1905 Norte de la avenida 119 en Avondale, Arizona.

“Durante el transcurso de esta conspiración, el inmueble fue utilizado para ocultar a un gran número de migrantes irregulares que habían sido cruzados ilegalmente a través de la frontera México-Estados Unidos, y transportados hasta el área de Phoenix. Los agentes de la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Patrulla Fronteriza realizaron los arrestos”, se lee en la información.

El otro traficante

El documento también menciona a Sergio Vázquez Flores, 46 años, quien figura como coacusado, quien vive en Goodyear, Arizona, y se declaró culpable de transportar y ocultar a más de 100 migrantes irregulares con fines de lucro el 5 de noviembre de 2021.

Vázquez Flores operaba la casa de seguridad en Avondale a nombre de González Lara.

Penas máximas

Según las autoridades, la condena por conspiración por transportar y ocultar a migrantes irregulares con fines de lucro conlleva una pena máxima de 10 años, una multa máxima de 250 mil dólares, o ambas.

La sentencia para Vázquez Flores se dictará ante el juez de distrito senior Raner C. Colins el 25 de enero de 2022, y para González Lara el 1 de febrero de 2022.

La información que proporcionó la embajada añade que la investigación del caso fue llevada a cabo por la oficina de HSI en Nogales, con apoyo de la Patrulla Fronteriza. La Oficina del Fiscal para el Distrito de Arizona lleva el proceso.

“La Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Arizona es parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa, establecida por el Procurador General Merrick B. Garland en junio de 2021 para reunir los recursos de investigación y enjuiciamiento del Departamento de Justicia, en asociación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para mejorar los esfuerzos de Estados Unidos contra los peligrosos y prolíficos grupos de tráfico de personas que operan en México, Guatemala, El Salvador y Honduras”, se explica.

Además, se agrega que esta Fuerza de Tarea se enfoca en trastornar y desmantelar las redes de tráfico que “abusan, explotan, o ponen en peligro a migrantes, y representan amenazas a la seguridad nacional y están involucrados con el crimen organizado”.

Esta Fuerza de Tarea está formada por fiscales federales y abogados de la Fiscalía de Estados Unidos en la frontera sur (distrito de Arizona, distrito sur de California, distrito sur y oeste de Texas), de la División Criminal y de Derechos Civiles, junto con agentes de procuración de justicia y analistas del Inmigración y Aduanas (ICE) y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de DHS. El FBI y la Administración Antidrogas (DEA) también son parte de esta Fuerza de Tarea, concluye la información.

Francisco Us López y Cristina Ajcot Pinula fueron aprehendidos este viernes 15 de julio durante un operativo de la Fiscalía contra el Tráfico de Migrantes del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en Baja Verapaz.

El Ministerio Público detalló que Us López figuraba como captador de migrantes y Ajcot Pinula como receptora de dinero ilícito, ambos ahora enfrentan cargos por tráfico ilegal de guatemaltecos y lavado de dinero u otros activos.

Según la investigación, Us López promovía, en una radiodifusora clandestina, mensajes para que lo contactaran personas interesadas en viajar ilegalmente a Estados Unidos.

El costo de los viajes oscilaba entre Q40 mil y Q50 mil por persona.

Las autoridades descubrieron el modo de operar de la red de traficantes luego de la muerte del niño Macario Román Elías Joj Arnulfo, ocurrida en octubre de 2019.

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Según la investigación, el pequeño viajó junto a una abuela desde Cubulco, Baja Verapaz, hacia Uspantán, Quiché, y luego fueron trasladados a Huehuetenango y México por Diego Lux Tum, otro presunto integrante de la estructura y quien tiene orden de aprehensión vigente.

Luego de varios días de trayecto por el territorio mexicano, Us habría solicitado a familiares de los guatemaltecos depósitos bancarios a una cuenta de Ajcot Pinula, quien recibió Q52 mil.

Estando en territorio estadounidense, Joj Arnulfo, de 3 años, falleció en brazos de su abuela por falta de alimentos y agua.

Las autoridades coordinaron la repatriación del cuerpo del pequeño y comenzaron con la investigación.

Julia Barrera, vocera del Ministerio Público, dijo a periodistas que los sospechosos fueron capturados en un barrio del norte de Ciudad de Guatemala al estar vinculados “a una estructura criminal internacional relacionada al transporte migratorio ilegal en distintas partes del mundo”.

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Por lavado de dinero por tráfico de migrantes

Según las investigaciones, los seis guatemaltecos integran la red de tráfico y recibieron 365 transacciones bancarias por unos 10 millones de dólares de Emiratos Árabes Unidos, Italia y Estados Unidos y “luego trasladaron hacia (cuentas en) México y Estados Unidos” unos 6,8 millones de dólares.

2/2 #CasoEmiratos. Se trata de Filadelfo Carrera Carrera y Gloria Jeannette Mayén Franco de Carrera, Gregoria Betzabe Huertas Cifuentes, Jackeline Noemí Cifuentes Huertas, Hugo Leonel Carrera Carrera, José Luisa Carrera Carrera. Sindicados del delito de lavado de dinero. pic.twitter.com/i59H2LuwCZ

— MP de Guatemala (@MPguatemala) August 5, 2018

“Se determinó que la suma de dinero que recibían y enviaban no tenían una justificación comercial legal. Se presume que el mismo se origina del tráfico ilegal de personas”, agregó Barrera.

La funcionaria indicó que los detenidos “forman parte de una estructura criminal internacional” detectada en enero de 2014 con la captura de 25 personas que recibieron en Guatemala transferencias millonarias de países de Asia, Europa, Norteamérica y África. De las 25 personas detenidas en esa ocasión, cinco fueron sentenciadas en 2017 a seis años de cárcel por lavado de dinero.

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