El toque de queda, que entró en vigor a partir de la medianoche del domingo 19 de marzo y hasta las 6.00 hora local (11.00 GMT) del lunes 20, se impuso “en respuesta a los dos tiroteos y a las multitudes excesivamente grandes e ingobernables, y para mitigar conductas peligrosas e ilegales”, según explicó en un comunicado esta ciudad del sur de Florida (EE. UU.).

La administradora de Miami Beach, Alina Hudak, prevé imponer de nuevo un toque de queda, que estará delimitado al turístico barrio de South Beach, entre el jueves 23 y el lunes 26 de marzo, tal como lo propondrá al consejo de la ciudad en una sesión especial el lunes, según adelantó el comunicado.

La medida se ha impuesto tras el intercambio de disparos que se produjo la noche del viernes 17 en una concurrida intersección de South Beach que dejó a una persona muerta y a otra gravemente herida.

A su llegada al lugar de los hechos, los oficiales de la Policía encontraron a dos hombres con heridas de bala, quienes fueron transportados a un hospital local, donde poco después uno de ellos finalmente pereció.

Un tercer sospechoso fue detenido por los agentes, quienes recuperaron tres armas de fuego en la escena.

A cuatro calles de donde ocurrió ese hecho, una área repleta de bares y discotecas, la madrugada del domingo 19 se produjo un nuevo tiroteo que se saldó con un hombre muerto y otro herido, según informó la Policía local, que agregó que un hombre fue arrestado como sospechoso y el arma homicida fue hallada en las inmediaciones.

Las autoridades señalaron que se trató de “un incidente aislado” y no han dado a conocer las identidades de las víctimas y sospechosos en ambos hechos por haber investigaciones en curso.

Las autoridades de Miami Beach mantienen una fuerte presencia policial en el turístico barrio de South Beach, en especial esta semana, la tercera de marzo, identificada como el pico en cuanto a afluencia de jóvenes visitantes desde otros estados con motivo del “spring break”.

El año pasado, las autoridades de esta ciudad del sur de Florida también decretaron el estado de emergencia e impusieron un toque de queda en la zona turística tras los desórdenes que se produjeron y que dejaron al menos a cinco personas heridas por arma de fuego.

Los desórdenes y desmanes que se produjeron en 2021, durante los cuales murió una persona, más de un millar fueron detenidas y se decomisó hasta un centenar de armas de fuego, obligó igualmente a la imposición del toque de queda.

El presidente Alejandro Giammattei dijo este viernes 1 de octubre en cadena nacional que en los últimos días ha habido un leve descenso en el número de contagios de coronavirus; sin embargo, advirtió que hay posibilidades de que el país sea afectado por una cuarta ola de la enfermedad, por lo que instó a los guatemaltecos a vacunarse.

“Hemos identificado que el mayor número de contagios se ha dado en el grupo etario de personas comprendidas entre los 20 y los 39 años, con una mínima variación de 51 por ciento en hombres, esto como consecuencia de la presencia de la variante delta”, dijo el mandatario.

Agregó que el pico más alto desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, “lo tuvimos en agosto cuando se registraron 5 mil 826 contagios en un solo día” y que gracias a “una estrategia combinada entre toque de queda, operativos multisectoriales y la implementación de nuevas estrategias de vacunación, nos han permitido ver hoy un notable descenso en el número de contagios que se han registrado y estamos cerca de los 3 mil casos, es decir cerca de 45 por ciento de disminución”.

Añadió que eso no significa que se deba bajar la guardia, pues “nos estamos preparando para una alta posibilidad del alza de casos que podría darse en noviembre, una cuarta ola que podemos detener a tiempo si trabajamos juntos, de manera disciplinada, si acuden a vacunarse y se mantiene el distanciamiento físico, entre otras acciones que dependen en lo individual del compromiso de cada persona, podemos vencer la pandemia con el uso de mascarillas y lavado constante de manos”.El mandatario dijo que le llama la atención el número de personas fallecidas durante agosto en el hospital de Villa Nueva y el Hospital Temporal del Parque de la Industria, donde se hizo un estudio.

“Sus estadísticas revelan que, del total de fallecidos que suman 524 perdidas lamentables de vidas humanas, 369 de ellas, es decir el 70 por ciento, no se habían aplicado ninguna dosis de vacuna. 145 de los decesos, que equivale al 27 por ciento, tenían ya una dosis aplicada”, afirmó Giammattei.

Además, dijo que solo el 2 por ciento de los fallecidos tenía el esquema completo de vacunación y “tenían una edad promedio de 70 años, es decir es altamente probable que hayan tenido otras enfermedades preexistentes que aumentaron su vulnerabilidad”.

También dijo que hasta este viernes a las 14 horas se habían administrado 7 millones 49 mil 889 dosis de vacunas, de las cuales 4 millones 520 mil 452 son primeras dosis y equivalen al 66 por ciento de la población meta mayor de 18 años. También 2 millones 500 mil 157 personas, es decir el 24 por ciento de la población meta, cuentan ya con su esquema completo.

“Ahora que hemos logrado vacunar a un importante número de población en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez,  El Progreso, Chimaltenango y Escuintla,  nos estamos enfrentando a retos grandes durante el proceso de vacunación, especialmente en las zonas más alejadas del país”, dijo.

Agregó que aún persisten mitos infundados y rumores negativos sobre la vacuna contra el covid- 19: “las personas piensan que la vacuna los podría matar, que la vacuna representa la marca del diablo, que la vacuna trae un chip para controlarme o que produce infertilidad, no señores, deben saber que:

“La vacuna es segura y no hace daño. En el peor de los casos se podría esperar que tenga algunos síntomas leves posteriores, pero es normal como con cualquier otra vacuna y en un porcentaje muy bajo de las personas inoculadas.  La vacuna es efectiva, la vacuna evita la muerte por covid-19”, agregó.

“Tenemos garantizado el suministro de vacunas para lo que resta del año, pueden ingresar al sitio web yomevacuno.gob.gt y conocer las ubicaciones y horarios de atención de puestos de vacunación.

Por último, el presidente dijo que luego de haberse habilitado el registro de menores “estamos por recibir un número importante de vacunas Pfizer mediante el mecanismo Covax y las destinaremos para este segmento poblacional”.

Datos

Las autoridades sanitarias de Guatemala reportaron este viernes otros 61 muertos a causa del covid-19, por lo que el país acumula 13 mil 625 decesos debido a la enfermedad, la cifra más alta de Centroamérica.

De acuerdo con el Ministerio de Salud guatemalteco, en las últimas 24 horas se realizaron 17 mil 199 pruebas para detectar el coronavirus, tanto en el ámbito público como privado, y 2 mil 942 de ellas resultaron positivas.

Las estadísticas oficiales aseguran que desde marzo de 2020 hasta la fecha en el territorio guatemalteco se han confirmado 563 mil 257 casos positivos de covid-19, incluidos 13 mil 625 fallecidos debido a la enfermedad.

La cartera sanitaria aseveró también este viernes que 522 mil 451 pacientes se han recuperado del coronavirus, aunque la cifra es un estimado.

La incidencia del covid-19 en Guatemala es de 3 mil 341.1 casos por cada 100 mil habitantes, la tasa de mortalidad está en 77.7 decesos por cada 100 ml personas y la tasa de letalidad se mantiene en 2.4 %.

Según el Ministerio de Salud, la vacunación contra el virus ha aumentado en los últimos días en Guatemala y suman 6 millones 977 mil 782 las dosis aplicadas.

De ese total, 4 millones 522 mil 494 guatemaltecos han recibido la primera dosis contra el coronavirus y 2 millones 455 mil 288 el esquema completo (dos dosis).

Las autoridades sanitarias mantienen las jornadas de inmunización contra el covid-19 en 726 puestos, respaldos en muchos lugares por miembros del Ejército de Guatemala.

Sin embargo, con una población de más de 16.3 millones de habitantes, Guatemala se mantiene como uno de los países de Latinoamérica con peores índices de vacunación, de acuerdo con recuentos de organismos internacionales.

Las autoridades ya autorizaron la inscripción de niños de 12 a 17 años para que próximamente puedan recibir la vacuna contra el coronavirus, pero aún no han decidido a partir de cuándo habilitarán su aplicación ni el tipo de inmunizador que inyectarán a los menores.

Guatemala se encuentra en la tercera ola de la enfermedad desde junio pasado, aunque la cifra de contagiados y fallecidos ha descendido levemente en las últimas dos semanas.

Representantes de la Gremial de Restaurantes de Guatemala Apoya mostraron este viernes 10 de septiembre su inconformidad a la ley seca, establecida por las autoridades para prevenir contagios de coronavirus, pues aseguran que no hay evidencia de que con esa medida se contenga la pandemia.

El presidente de la Gremial, Abraham Az, confirmó que, en la actualidad los más de 7 mil colaboradores de restaurantes a escala nacional ya cuentan con el esquema completo de vacunación y que solo el 0.05 por cierto de ellos se ha contagiado de covid-19, por lo que considera que ese tipo de comercio no es un foco de contagios y hace un llamado a las autoridades para que reconsideren la medida.

Agregó que la vacunación del personal se logró gracias a las gestiones de los empresarios junto al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

De acuerdo con Nidia Campos, también integrante de la Gremial, refirió que, debido a las restricciones más de 25 mil empleos debieron ser suprimidos en 18 meses de pandemia.

Agregó que no hay evidencia científica que demuestre que la ley seca reduce el índice de contagios y que las medidas les ha representado 35 % de pérdidas para la industria.

“La ley seca es inconstitucional, ya que no hay estadísticas de que a través de esta se den contagios masivos. Los empresarios han perdido más del 35 % en más de 18 meses y eso no ha evitado que los contagios continúen, entonces no es la solución más idónea”, dijo Campos.

Además, dijo que la ley seca debería ser enfocada en todos aquellos establecimientos que no cumplen con las medidas de seguridad, principalmente los que operan de manera ilegal.

Medidas

Se supo que algunos restaurantes de Mazatenango optaron por exigir el esquema completo de vacunación a sus clientes, a lo que la Gremial dijo que no tenía información clara al respecto, pero que son respetuosos de las medidas que sus agremiados tomen.

Además, señaló que algunos comercios incentivan la vacunación de sus clientes con algún tipo de reconocimiento, pero que eso también es una decisión que toma cada empresa.

Actualmente en Guatemala hay ley seca de las 21 horas a las 4.00 horas del siguiente día.

Casos

Guatemala reportó 62 muertes y 4 mil 800 contagios de covid-19 en las últimas 24 horas, informó este viernes el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

La cartera sanitaria indicó en su informe diario de situación de la pandemia que esos decesos reportados son de fechas anteriores y que se realizaron 17 mil 973 hisopados.

Desde que comenzó la pandemia en Guatemala, el 13 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud ha contabilizado 505 mil 640 contagios; además, han sido registrados en el sistema sanitario 12 mil 606 fallecimientos.

El Congreso de la República publicó este jueves 9 de septiembre el Decreto 10-2021, en el Diario de Centro América, en el que oficializa la improbación del estado de Calamidad que había propuesto el Organismo Ejecutivo.

El pasado lunes 6 de septiembre, el Congreso improbó el Decreto Gubernativo Número 8-2021, por medio del cual se declaraba estado de calamidad pública en todo el territorio de la República de Guatemala, por un plazo de 30 días.

Por segunda vez en menos de un mes, la alianza oficialista en el Congreso perdió el pulso contra la oposición que logró improbar dicho estado de Calamidad bajo fuertes señalamientos sobre compra de votos y críticas por actuar de la alianza oficialista

Este jueves, el Congreso publicó en el diario oficial el decreto 10-2021 en el que hace oficial tal decisión y menciona que la Constitución Política de la República de Guatemala, preceptúa que en casos de estado de Calamidad pública puede cesar la plena vigencia de algunos derechos, previa declaratoria del presidente de la República en Consejo de Ministros, calificando la situación particular según su naturaleza y gravedad de conformidad con la Ley de Orden Público.

Añade que con fecha 2 de septiembre de 2021 el presidente de la República en Consejo de ministros emitió el Decreto Gubernativo Número 8-2021, por medio del cual se declara estado de calamidad pública en todo el territorio de la República de Guatemala, por un plazo de 30 días.

Añade que en sesión plenaria del  6 de septiembre de este año se improbó dicho Decreto Gubernativo, por lo que corresponde aprobar el instrumento que contenga la decisión adoptada por el pleno del Congreso.

Por eso decidió improbar el Decreto Gubernativo Número 8-2021 por medio del cual se declaraba estado de calamidad pública en todo el territorio nacional.

Añade que dicho decreto del Congreso no requiere sanción por parte del Organismo Ejecutivo, entrará en vigencia inmediatamente y deberá publicarse en el Diario Oficial, lo cual ocurrió este jueves 9 de septiembre.

Toque de queda, sin efecto

Con la publicación de este decreto del Congreso queda sin efecto, además del estado de Calamidad, el toque de queda y algunas restricciones que se planteaba el Gobierno para frenar los contagios de coronavirus en Guatemala.

Entre las restricciones propuestas se encontraba implementar medidas que evitaran aglomeración de personas. Además, que las actividades deportivas, artísticas, educativas, religiosas, entre otras, deberían efectuarse cien por ciento en modalidad virtual.

También contemplaba la restricción de la movilidad desde las 20 horas de un día a las 4 horas del día siguiente, y una ley seca de las 19 a 5 horas, por un período de cuatro semanas.

Sin embargo, ahora estas disposiciones ya no están vigentes, solamente la de la ley seca, que regresará a como estaba anteriormente en donde se prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas de 21 horas a 6 horas del día siguiente.

Los jefes y subjefes de Bloque del Congreso llevaron a cabo la primera reunión como parte de una mesa técnica para analizar y discutir una iniciativa de ley que permita llevar a cabo compra de insumos y contratación de personal por la pandemia, tras la improbación del estado de Calamidad.

Durante más de tres horas y media, los parlamentarios se centraron en discutir el objeto de la iniciativa de ley y únicamente lograron consensuar el artículo 1, el cual quedó de la siguiente manera:

“Objeto de la Ley. La presente Ley es de carácter temporal y condicionada, tiene por objeto atender a la población guatemalteca expuesta a la pandemia COVID-19,  fijar las disposiciones legales para la adquisición en el mercado nacional e internacional de medicamentos, bienes, suministros, servicios, material médico quirúrgico; obras de ampliación y acondicionamiento de los servicios de salud; la contratación de servicios técnicos o profesionales temporales destinados a las acciones para el control de la pandemia y  la atención de pacientes por la enfermedad COVID-19, y sus mecanismos de transparencia y de control durante el proceso de contratación y ejecución financiera, destinados exclusivamente para atención, la prevención, diagnóstico y tratamiento de la emergencia sanitaria originada por el coronavirus SARS-CoV-2, y sus variantes”.

Algunos diputados difirieron sobre que la propuesta inicial solo contemplaba atender a las personas afectadas por la pandemia, pero no abordaba de manera integral la situación, ya que se debía de fortalecer la prevención, el diagnóstico y la vacunación.

La propuesta inicial tiene 27 artículos, los cuales serán analizados a partir de este jueves, posterior a la sesión plenaria donde se continuará con la interpelación al ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel.

En la reunión de jefes de bloque de este miércoles se acordó que antes de las 20.00 horas los bloques harán llegar a la Dirección Legislativa sus propuestas y se integrarán para la discusión del jueves. La intención es alcanzar consensos y sesionar el viernes para aprobar la iniciativa de Urgencia Nacional.

A la reunión acudieron autoridades de los ministerios de Salud y Finanzas, así como del IGSS para brindar sus aportes sobre la iniciativa.

Contratación de servicios privados

Durante horas, la discusión se centró en por qué el Ministerio de Salud y el IGSS no arrendan hospitales privados para atender a pacientes con coronavirus; sin embargo, el viceministro de Hospitales, Francisco Coma, respondió que la ley no les permita hacer inversiones para la instalación de gases médicos o tanques de oxígeno en propiedad ajena al Ministerio de Salud.

Mientras tanto, Juan Adolfo Flamenco, presidente de la Junta Directiva del IGSS, manifestó que se “necesita mucha infraestructura y personal” para adecuar un espacio en un hotel para pacientes, y además necesitan instalar tanques de oxígeno que son de “uso limitado”, aunque aseguró que esta posibilidad solo se puede analizar con pacientes leves, pero no con moderados ni graves.

Luego de la discusión, algunos diputados plantearon una serie de preocupaciones por la percepción que pueda generar las contrataciones de servicios privados, por lo cual se suprimió.

¿Cuánto necesita Salud?

Coma dio a conocer que el Ministerio de Salud ya hizo una solicitud de ampliación presupuestaria al Ministerio de Finanzas por Q2 mil 500 millones para “combatir la pandemia” y aseguró que para la atención hospitalaria necesitan Q870 millones, mientras que para la implementación de un “bono de riesgo” para los médicos, como el que se dio el año pasado, se emplearían unos Q160 millones, pero podría haber “resistencia” de los sindicatos.

Coma solicitó integrar en la iniciativa de ley que se puedan hacer remozamientos en unidades ya operativizadas, para ampliar la cantidad de camas, tomando en cuenta que la propuesta excluye el alquiler de inmuebles y construcción de infraestructura de salud. También reiteró que se deben aplicar medidas para reducir la movilidad, para aplanar la curva.

Ante esto algunos diputados propusieron que sea el Ministerio de Salud quien adopte las medidas como cordones sanitarios, por medio de acuerdos ministeriales.

Durante la reunión, Coma recibió la notificación sobre los 5 mil 171 casos registrados en las últimas 24 horas y aseguró que la positividad subió a un 36 por ciento, lo cual “básicamente nos está orillando a una situación crítica”.

¿Qué cambios proponen los diputados?

Varios bloques legislativos dieron a conocer las propuestas que buscarán integrar a la iniciativa de ley.

UNE

• Liberar la vacunación a partir de los 18 años, y a fin de año comenzar con la inmunización de menores de entre 12 y 17 años.
• Traslado de Q1 mil millones hacia el “subprograma 09” como restitución de los montos disminuidos a las áreas de Salud, hospitales nacionales y hospitales temporales.
• Priorización de la asignación de cuotas financieras requeridas por el Ministerio de Salud y que se trasladen a los hospitales y áreas de Salud.
• Prohibición para que el Ministerio de Salud no disminuya o transfiera recursos asignados a los hospitales y áreas de Salud.
• Liberar de forma temporal el registro sanitario de medicamentos o insumos que estén autorizados por las autoridades sanitarias de Estados Unidos, México, España o la Agencia Europea de Medicamentos para permitir la competencia en eventos de compra.
• Autorizar a las entidades de Salud la compra de forma directa a fabricantes internacionales de distintos insumos necesarios para atender la pandemia.
• Reformular el contrato abierto para medicamentos, insumos y equipos para tratamiento hospitalario del coronavirus para el 2022.
• Facilitar la adquisición de 2.5 millones de kits de pruebas para detección de covid-19 y 1 millón de kits de medicamentos.
• Facilitar la contratación de personal sanitario en renglones que permita gozar de prestaciones laborales así como desarrollar campañas de información y sensibilización de la vacuna utilizando a los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y Municipalidades para su difusión a nivel nacional.

Movimiento Semilla

• Que se brinden recursos a las áreas de Salud para fortalecer la comunicación, vigilancia epidemiológica, como el rastreo de casos, vacunación y atención de casos leves de covid-19.
• Que las compras se hagan hasta el 31 de diciembre, pero que la contratación de personal tenga vigencia hasta el 2022.
• Que no se creen nuevos mecanismos de compra, sino los ya existentes.
• Que la iniciativa solo favorezca al Ministerio de Salud y no al IGSS, ya que esto afectaría la provisión de insumos a la cartera de Salud.

Los diputados de Movimiento Semilla también presentaron una iniciativa de  ley que contempla aspectos como:

• Diferimiento de pago de instituciones bancarias y crédito para estos sectores de hasta 6 meses y ser pagados en un plazo de 24 meses.
• Diferimiento de pago de energía eléctrica hasta por seis meses para pagar en 24 meses.
• Reactivación del Fondo de Protección del Empleo, con Q500 millones.
• Aplazar el crédito para capital de trabajo.
• Las medidas aplicarían para el sector de mipymes,  restaurantes, turismo, actividades artísticas y otros comercios afectados por las medidas que se puedan adoptar.

Andrea Villagrán, de BIEN

• Abrir al público el Centro Médico Militar
• Bono para el personal de Salud y el IGSS igual a un mes de honorarios, durante la vigencia de la ley.

Karla Martínez, UCN

• Planteó que se brinde un bono de riesgo al personal médico.
• Traslado del personal de los renglones 189 y 182 a los 022 y 021, para que reciban prestaciones de ley.

Mientras Sacapulas se ubica como el tercer municipio de Quiché con mayor número de contagios de coronavirus, pobladores de Parraxtut continúan de fiesta y obviaron durante cuatro días las recomendaciones de las autoridades de Salud y de la municipalidad para que no organizaran bailes multitudinarios. Incluso, incumplieron el toque de quedad que estuvo vigente durante el fin de semana pasado.

Este martes 7 de septiembre, los pobladores de esa comunidad participaron en varias actividades sociales, incluido un baile amenizado por dos grupos musicales, evento en el que los asistentes bailaron sin guardar el distanciamiento social y algunos no portaban mascarilla. Lo hicieron sin preocupación, porque, según el alcalde local, Alberto Lux, a esa comunidad solo pueden llegar los vecinos y sus familiares, porque el paso está restringido.

Lux agregó que en varias oportunidades buscaron dialogar con los organizadores para que los eventos, que concluyen este martes, no se llevaran a cabo, pero no fue posible llegar a un entendido. “Esa gente no entiende”, agregó el jefe edil, quien dijo que ya formalizó una denuncia en contra de los responsables de las actividades.

Actualmente Sacapulas tiene 427 casos de coronavirus acumulados -11 mil 792  en todo el departamento- y a lo largo de la pandemia suma 10 fallecimientos. Esos datos causan preocupación a las autoridades de Salud, quienes lamentaron que ese tipo de eventos sean organizados en momentos en que el país atraviesa por una de las peores etapas de la pandemia.

Francisco Rosal, director de área de Salud de Quiché, señaló que también colocaron una denuncia contra los organizadores del evento, puesto que se puso en riesgo la salud de la población.

Añadió que Sacapulas es uno de los tres municipios con más contagios, junto a Santa Cruz del Quiché y Joyabaj, en este último también ha habido celebraciones.

De acuerdo con la última actualización de semáforo de alertas covid de 4 de septiembre, Sacapulas está en rojo por el nivel de contagios.

Luego de la improbación del estado de Calamidad enviado por el Ejecutivo, los jefes de bloque del Congreso de la República acordaron instalar a partir del miércoles 8 de septiembre una mesa técnica para consensuar una propuesta de iniciativa de ley para compra de insumos y contratación de personal médico por la pandemia.

La intención es que, de lograrse los acuerdos se convoque al pleno el viernes y se apruebe la iniciativa con 107 votos, según el presidente del Legislativo Allan Rodríguez.

A diferencia de los estados de Calamidad que han llegado en las últimas semanas al Congreso, esta vez la mayoría de jefes de bloque se mostró a favor de trabajar en la mesa técnica y plantear sus propuestas y consensuar la iniciativa.

La base del planteamiento surgió a partir de una iniciativa de ley presentada por la bancada Viva, así como por propuestas de asesores de los bloques Vamos, PAN y Unionista.

“El día de ayer -lunes- fue improbado el estado de Calamidad, hoy como Organismo Legislativo nos corresponde darle la vuelta a la página. Aquí no se trata de batallas políticas, de que haya ganadores y perdedores, es momento de que hagan propuestas”, expuso Rodríguez al iniciar la reunión.

“Nos sentimos molestos por cómo se condujo el pleno de ayer, pero volteemos la página, ya habrá momento para eso, hoy pongámonos a trabajar (…), hemos tenido acceso a la propuesta y pensamos que tiene un buen esfuerzo de síntesis de tratar de integrar los borradores y estamos de acuerdo con que esta sea la base para discutir y busquemos acuerdos”, dijo Carlos Barreda, jefe del bloque de la UNE.

“Nos sumamos a la idea que podamos discutirlo de manera abierta, públicamente como ya se ha hecho con otras iniciativas con relación al covid-19 y estaríamos dispuestos a dar los aportes que consideremos necesarios para que se busque una iniciativa de consenso”, manifestó Walter Félix, jefe del bloque URNG.

Ligia Hernández, subjefa del bloque Semilla, dijo que su bancada está de acuerdo con la propuesta de trabajar miércoles y jueves para llegar al pleno con un consenso articulado de todas las bancadas. “Trasladaremos nuestras propuestas a partir de la instalación de la mesa”, agregó la parlamentaria.

En tanto el diputado Manuel Conde, del PAN, dijo que es la hora de actuar y que “estamos en el momento de generar una sola iniciativa para que no haya banderas partidarias y podamos unificar el criterio político de la mayoría de los diputados”.

Los parlamentarios acordaron reunirse el miércoles a las 11.00 horas para comenzar con la discusión sobre la propuesta.

Mientras tanto, el jueves, debido a la interpelación al ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, y para conocer el veto presidencial a las reformas a la Ley de Contrataciones se sesionará a las 10.00 horas y al finalizar se reunirán nuevamente con los Jefes de Bloque para continuar con el análisis de la propuesta.

¿Qué incluye la propuesta actual?

Contempla las disposiciones para la adquisición de medicamentos, bienes, suministros, servicios, material médico quirúrgico y la contratación de servicios médicos o profesionales temporales para la atención de los pacientes afectados por el covid-19, de entidades como el Ministerio de Salud, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Centro Médico Militar y el Hospital General de la Policía Nacional Civil.

También regula que las compras y contrataciones de insumos deben estar destinados “exclusivamente” para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la emergencia sanitaria e incluye medicamentos, equipo hospitalario, insumos de laboratorio, oxígeno, equipo médico quirúrgico, fórmulas, equipo de protección personal y publicidad en medios de comunicación para la prevención, vacunación e información de la pandemia.

Todas las adquisiciones se deben hacerse dentro de la vigencia de la ley (hasta el 31 de diciembre del 2021) y deben publicarse en el Sistema de Guatecompras bajo el criterio de brindar un plazo no menor a dos días entre la publicación del concurso y la recepción de ofertas, con opción a ampliarse. De no haber ofertas se otorgará un día más y si persiste la inexistencia de ofertas se hará compra directa.

La iniciativa excluye las compras y arrendamiento de bienes inmuebles, así como la construcción de infraestructura sanitaria. Además, se faculta a las entidades sujetas a la ley que pueden importar bienes en forma directa, cuando estos no se produzcan en el país.

Contratación de personal

La propuesta contempla que, debido a la urgencia se pueden contratar al personal temporal como: médicos generales, médicos especialistas, enfermeros, auxiliares graduados de escuelas privadas, técnicos laboratoristas, técnicos en hemodiálisis, técnicos en terapias respiratorias y estudiantes de medicina con pensum cerrado de estudios cuyo trámite de graduación esté pendiente, así como médicos extranjeros que estén haciendo su especialidad en hospitales nacionales.

Las personas jubiladas o gozando de pensión y aún pueden colaborar serán contratados para la atención de la pandemia, según la propuesta que se contempla hasta el momento.

La propuesta actual también estima que por un año la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) entregue al Ministerio de Salud y al IGSS en uso temporal, previa solicitud, bienes inmuebles que faciliten la atención de la pandemia.

También se declaran exentas de los impuestos de importación y del Impuesto de Valor Agregado (IVA) y derechos arancelarios las donaciones vinculadas a la atención de la pandemia en el país.

Con respecto a los contratos abiertos de Salud, la propuesta contempla que se deben reducir y normar los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones; además, entre la presentación y la recepción de ofertas debe haber un intervalo de 15 días.

Asimismo, regula como compra de baja cuantía las adquisiciones por un monto de hasta Q25 mil.

En hospitales privados

Esta tarde se reunió la Comisión de Salud del Congreso para abordar el tema del techo de presupuesto para el Ministerio de Salud para el próximo año, así como la propuesta de iniciativa para la compra de insumos.

Según el presidente de la sala legislativa, Herbert Figueroa, analizarán la misma y agregó que recibieron una propuesta de la diputada Evelyn Morataya relacionada al tema.

Morataya publicó en su cuenta de Twitter que la propuesta consiste en que los pacientes con covid-19 que no encuentren espacio en hospitales públicos reciban atención médica en hospitales privados y el Ministerio de Salud asuma los costos; además, que el IGSS admita a los afiliados que dejaron de contribuir en el año de pandemia.

La noche del pasado lunes, el Congreso improbó el estado de Calamidad enviado por el Ejecutivo para su aprobación.

El Gobierno de Guatemala solicitó el jueves 2 de septiembre a los diputados la implementación de un estado de Calamidad, que incluía medidas de restricción de movilidad encaminadas a la contención de la pandemia de coronavirus.

Entre las restricciones propuestas se encontraba implementar medidas que evitaran aglomeración de personas. Además, que las actividades deportivas, artísticas, educativas, religiosas, entre otras, deberían efectuarse cien por ciento en modalidad virtual.

También contemplaba la restricción de la movilidad desde las 20 horas de un día a las 4 horas del día siguiente, y una ley seca de las 19 a 5 horas, por un período de cuatro semanas.

Sin embargo, ante la improbación de dicho decreto que daba vida al estado de Calamidad surgen una serie de dudas entre la población, como si sigue vigente el toque de queda o si continúa la ley seca en el país.

No hay decreto, pero sí ley seca

La secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Patricia Letona, dijo a Prensa Libre y Guatevisión, que tras la improbación del estado de Calamidad, este queda sin efecto. Sin embargo, “la ley seca quedaría como estaba antes del decreto”.

Específicamente, el toque de queda pierde vigencia con la improbación del Organismo Legislativo, pero la Ley Seca sigue vigente desde las 21 horas.

Pablo Castillo, vocero de Gobernación, confirmó que la ley seca regiría “de 21 horas del día anterior a las 6 del día siguiente”. 

Las restricciones contempladas en el Semáforo Epidemiológico de acuerdo con los tipos de alerta en cada municipio continúan vigentes.

Acción Ciudadana (AC) interpuso este martes 7 de septiembre una denuncia en contra del presidente del Congreso, Allan Rodríguez, por la presunta compra de votos en la sesión plenaria del lunes último, que fue convocada para aprobar el estado de Calamidad propuesto por el presidente Alejandro Giammattei.

Edie Cux, director de AC, señaló que la actitud de Rodríguez durante la sesión del lunes pasado evidenció la forma cómo se negocian las decisiones en el Organismo Legislativo, pues en oportunidades el funcionario hablaba en dos teléfonos celulares al mismo tiempo.

Agregó que los delitos por los cuales se interpuso la denuncia son cohecho activo y abuso de autoridad.

“Ante la situación de ayer en el Congreso de la República, donde vimos una sesión muy accidentada en la que el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, de alguna forma manipuló la sesión por momentos, la forma tan burda en que mantuvo abierta la votación para aprobar el estado de Calamidad y cuando se tenía que votar por la improbación cierra la votación haciendo falta un voto, interpusimos una denuncia”, señaló Cux.

Añadió que debido a las llamadas que Rodríguez hacia durante la votación varios diputados señalaron posibles negociaciones y compras de votos, por lo que este martes optaron por interponer por la denuncia

“El Congreso ya no es una entidad democrática, sino una institución en la que se negocia y comercializa con los votos y por eso estamos presentando una denuncia contra Allan Rodriguez, por la forma cómo manipuló la votación”, reiteró Cux.

Se intentó conocer la opinión de Rodríguez acerca de los señalamientos en su contra, pero no respondió las llamadas hechas a su teléfono celular.

El Congreso bloqueó nuevamente las medidas del presidente Alejandro Giammattei para contener la expansión del covid-19, al derogar un decreto de estado de Calamidad que restringía la libre circulación y que según la oposición carece de transparencia en la compra de insumos.

“Con 81 votos a favor, 69 en contra y 10 ausentes quedó improbado [derogado] el estado de Calamidad”, dijo el secretario del Legislativo al leer el resultado del tablero electrónico la noche del lunes.

Es el segundo revés en 22 días para las políticas de Giammattei en la lucha contra el virus. Un estado de calamidad decretado el 13 de agosto fue derogado por el Parlamento 11 días después, citando razones similares.

En el nuevo decreto, del 2 de septiembre, el mandatario había ordenado por un mes el estado de Calamidad con el objetivo de frenar el incremento de casos y muertos por la pandemia que se registraban en las últimas semanas.

La medida restringía varios derechos constitucionales como la libre circulación. Además, prohibía todas las actividades deportivas con presencia de público y reuniones sociales realizadas con fines de celebración o conmemoración como bodas, fiestas, discotecas y conciertos.

Las actividades deportivas, artísticas, educativas, religiosas, entre otras, deberían realizarse 100% en modalidad virtual.

También incluía un toque de queda desde las 20.00 horas a las 4.00 horas que había entrado en vigencia el pasado sábado.

Las bancadas de oposición rechazaron la medida del gobernante al considerar que era opaca e carecía de transparencia para la compra de insumos contra el civid-19.

El diputado opositor Álvaro Arzú Escobar afirmó que trabajan en un decreto donde se establecen reglas claras para la adquisición de insumos, contratación de personal médico y enfermeras, entre otros, así como equipamiento de hospitales anti-covid-19.

“Con el estado de Calamidad lo único que buscaban era hacer negocios y el saqueo” de la arcas del Estado, dijo a su vez la parlamentaria opositora Ligia Hernández.

Por segunda vez en menos de un mes, la alianza oficialista en el Congreso perdió el pulso contra la oposición que logró improbar este lunes 6 de septiembres el estado de Calamidad propuesto por el presidente Alejandro Giammattei el jueves recién pasado.

Con tres horas de retraso y en medio de señalamientos, el Congreso abrió sesión para conocer en tercer debate el estado de Calamidad propuesto por el Ejecutivo para aplanar la curva de contagios de covid-19, una discusión que se extendió a lo largo de la noche sin que la alianza oficialista lograra los apoyos necesarios para ratificar la medida presidencial.

A eso de las 20.40 horas, la Junta Directiva, encabezada por Allan Rodríguez, abrió votación para aprobar en su tercer debate el estado de Calamidad en busca de pasar a la aprobación por artículos; sin embargo, de 156 diputados presentes, 86 se abstuvieron de votar, con lo que se estancó el proceso.

Los diputados le gritaban a la Junta Directiva que cerrara la votación y le incriminaban que Rodríguez hiciera llamadas telefónicas, pues aseguraban que se hacían negociaciones para conseguir los votos necesarios. La transmisión de los medios sociales del Congreso fue interrumpida durante la votación y por varios minutos y fue el diputado Aldo Dávila quien informaba de lo que ocurría en el hemiciclo.

A eso de las 22.40 horas, con 81 votos a favor y 69 en contra, el Congreso improbó el estado de Calamidad propuesto por el presidente Alejandro Giammattei.

Diputados de varias bancadas se pronunciaron luego de la improbación de estado de Calamidad y señalaron a la alianza oficialista de alargar la sesión en busca de negociaciones y compra de votos.

Además, criticaron a la Junta Directiva del Congreso porque, según ellos, responden a los intereses del presidente Alejandro Giammattei, quien en menos de un mes ha propuesto dos estados de Calamidad en busca de contrarrestar los efectos de la pandemia.

De acuerdo con la oposición, el oficialismo pretendía acumular 81 votos, por lo que la votación se extendió por varios minutos, generando suspicacias en el hemiciclo, donde los parlamentarios exigían el cierre de esta para proceder a la improbación del estado de Calamidad, como lo establece la ley y para evitar que, como ocurrió con el anterior, la Corte de Constitucionalidad le corrigiera la plana al Legislativo ordenándole que aprobaran, modificaran o improbaran el estado de Calamidad.

El diputado Hugo Rodríguez, de Creo, señaló: “esto no es campaña, no es proselitismo. Está en juego la vida de muchos guatemaltecos.  Lo que tenemos que hacer es dar soluciones. Veo muchos que critican al Gobierno, pero no dan soluciones. Si procede o no (el estado de Calamidad) va a ser decisión de nosotros”.

En tanto, Orlando Blanco, de la bancada UNE, dijo que el estado de Calamidad es una acción política del Ejecutivo “para lavar cara ante la población ante la ineptitud mostrada en el manejo de la pandemia y nos tiran la pelota a nosotros”.

Agregó que “son 8 millones de vacunas las que han ingresado al país, pero es una vergüenza que 5 millones sean por donaciones. ¿No aprobamos Q1 mil 500 millones?”

En tanto la parlamentaria Sonia Gutiérrez, de Winaq, comentó que so se equivocarán en la votación porque “quienes van a votar a favor no están pensando en la población, piensan en sus intereses. Ojalá no hayan corrido recursos para esos votos”.

“Puede ser que perdamos, pero no siempre la mayoría tiene la razón”, dijo, por su lado el diputado Reyes Lee.

“Lo que estamos haciendo al no aprobarlo es una injusticia en contra del pueblo de Guatemala”, dice Víctor Guerra de la UNE.

Además, Aníbal Rojas, de Viva, comentó que “si tuviéramos buena voluntad por qué no modificarlo, por qué no incluir todas esas preocupaciones que muchos de ustedes han manifestado. La simple oposición, esa no se vale, la realidad en el país es dura, es seria”.

“No voy a dejar que le digan a mi bancada que es condenada por votar por el estado de calamidad”, expuso Napoleón Rojas, de UCN.

“La situación de la pandemia en este momento es extremadamente grave (…) sí es necesario restringir la movilidad, estas medidas son necesarias para reducir los contagios, no es cierto que solo con vacunación vamos a aplanar la curva (…) es una necedad pensar que las compras por excepción van a abastecer los hospitales (…) este estado de Calamidad no va funcionar, porque la mayoría de enmiendas es para quitar las pocas medidas que podrían aplanar la curva, se convertiría en un cascarón, pero solo será para las compras por corrupción”, enfatizó Lucrecia Hernández Mack, de Semilla.

“El día de hoy es trascendental porque vamos a ser los responsables de los 13 mil muertos que habrá entre noviembre y diciembre, ya hice la cuenta de los 155 diputados, nos toca 85 a cada uno para que nos los echemos encima”, dice Herbert Figueroa, presidente de la Comisión de Salud del Congreso.