A menos de una semana para las elecciones de medio mandato que se anuncian reñidas y en las cuales el oficialista Partido Republicano podría perder el control del Congreso, Trump ha buscado colocar la inmigración como eje del debate político.

Mientras más 5.000 efectivos fueron movilizados por el Pentágono a la frontera sur y el presidente estadounidense presiona a México para que frene el paso de migrantes centroamericanos, Trump puso en duda el derecho constitucional a la ciudadanía para los hijos de migrantes nacidos en territorio estadounidense.

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Este derecho está consagrado en la 14º Enmienda de la Constitución y una reforma constitucional requiere una mayoría de dos tercios del Congreso.

“El llamado derecho de ciudadanía por nacimiento, que le cuesta a nuestro país miles de millones de dólares es muy injusto para nuestros ciudadanos, va a terminar de una forma o de otra”, dijo Trump en Twitter. 

“¡Este caso va a ser resuelto por la Corte Suprema!”, prometió. 

La argumentación de Trump es que la enmienda habla de las personas sujetas a la jurisdicción y que esto tiene excepciones, por ejemplo el caso de los hijos de diplomáticos.

“El derecho a la nacionalidad por nacimiento define lo que somos como nación y es un núcleo central del patrimonio estadounidense y de su historia. Eliminar el derecho a la nacionalidad por nacimiento no va a resolver nuestras cuestiones con la inmigración”, dijo Beth Werlin, director ejecutivo de la oenegé American Immigration Council. 

El debate remeció también al Partido Republicano y el martes Paul Ryan, jefe de la Cámara de Representantes, dijo que este derecho no se puede abolir con una orden del ejecutivo.

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Trump le respondió este miércoles a su correligionario diciéndole que mejor se centrara en retener la mayoría republicana en el Congreso.

“Paul Ryan debería concentrarse en retener la mayoría en lugar de dar su opinión sobre el derecho a la nacionalidad por nacimiento, un tema del cual no sabe nada”, afirmó el presidente estadounidense. 

La Liga de Ciudadanos Latino Estadounidenses (LULAC) prometió que demandaría ante la justicia cualquier intento de socavar el derecho de suelo.

“Aquí ya no hay esperanza”

La pobreza y la violencia en el llamado Triángulo del Norte centroamericano (El Salvador, Honduras y Guatemala), ha empujado a huir a familias enteras, y en muchos casos a niños solos que emprendieron un peligroso viaje hacia Estados Unidos.

El 13 de octubre una caravana de migrantes que salió de San Pedro Sula, en Honduras, tuvo una gran repercusión mediática y captó la atención de Trump, que desde entonces se ha referido al tema casi a diario y ha prometido frenarla.

Según la ONU la caravana llegó a tener 7.000 migrantes pero el lunes las autoridades estadounidenses estimaron que estaba compuesta por unas 3.500 personas que actualmente avanzan por el estado de Oaxaca, en el sur de México.

Un segundo grupo de migrantes, conformado por cerca de 2.000 personas, avanza actualmente por Chiapas, el estado mexicano que limita con Guatemala. 

En su salva de tuits matinales, Trump también se refirió al rol de México a la hora de frenar a los migrantes que salen de Centroamérica.

“Las caravanas están formadas por algunos guerreros muy curtidos y otras personas. Pelearon con dureza y agresividad contra México en la frontera norte para abrirse paso. Los soldados mexicanos heridos, no pudieron o no quisieron detener la caravana”, dijo este miércoles. 

“Deberían detenerlos antes de que lleguen a nuestra frontera pero, ¡no lo harán!”, advirtió el presidente estadounidense. 

A esas dos caravanas, se suman una marcha de salvadoreños que salió el domingo de su país y otros dos grupos que suman 2.000 personas que partieron este miércoles de San Salvador.

“Aquí ya no hay esperanza, desde febrero quedé desempleado, y mi esposa desde mayo, por eso ambos decidimos migrar”, contó Anthony Guevara a la AFP. 

Para la encargada de asuntos migratorios del Instituto de Derechos Humanos de Universidad Centroamericana (IDHUCA) de San Salvador, Karen Sánchez, el país está ante una “migración forzada” sin precedentes.

“Las personas no tienen más oportunidades de vivir con derecho a la seguridad, al trabajo, es decir con el derecho a una vida digna”, afirmó.

Foto: Pixabay

Esta Enmienda fue aprobada en 1866 por el Congreso después de la sangrienta Guerra Civil entre los estados del Norte y los confederados del Sur, que defendían la esclavitud.

Esta disposición anuló una polémica sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1856 por el caso “Dred Scott contra Sandford”, que establecía que los negros no podían ser ciudadanos estadounidenses.

“Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, están sujetas a su jurisdicción, por lo tanto son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residan”, reza la enmienda.

Trump dijo en una entrevista difundida este martes que pensaba firmar un decreto para que los niños nacidos en territorio estadounidense de padres inmigrantes en situación irregular, no se beneficien más de ese derecho.

“Somos el único país del mundo donde, si una persona llega y tiene un bebé se convierte en ciudadano de Estados Unidos (…) con todos los beneficios”, afirmó en la entrevista. “Es ridículo, es ridículo, y se tiene que terminar”, agregó.

Los académicos dudan que el presidente tenga las facultades para hacer una reforma de este tipo con una orden ejecutiva, pero Trump asegura que tiene los poderes.

“Siempre me dijeron que se necesita una enmienda constitucional. ¿Adivina qué? No es así”, señaló Trump.

“Está en proceso. Se va a hacer con un decreto”, aseveró el mandatario.

La organización de defensa de los derechos humanos ACLU recordó que la 14ª Enmienda garantiza de forma clara la ciudadanía y que la Constitución no se puede borrar con una orden ejecutiva.

“Esto es un atentado plenamente anticonstitucional para agitar la retórica incendiaria de odio contra los inmigrantes días antes de las elecciones”, estimó la organización en referencia a las elecciones de mitad de mandato que se celebran el 6 de noviembre, en las cuales el discurso contra la inmigración ha sido un eje central de la campaña de Trump.

El caso de Wong Kim Ark

El tema del derecho de suelo ya ha sido objeto de estudio en la Corte Suprema y el proceso de 1898 “Estados Unidos contra Wong Kim Ark” merece una mención especial.

Wong Kim Ark había nacido en California en 1873 de padres chinos que habían emigrado a Estados Unidos. En 1895 las autoridades le impidieron el reingreso a Estados Unidos después de un viaje a China, argumentando que su caso entraba dentro de una legislación que impedía la entrada a trabajadores chinos.

Sin embargo, la Corte Suprema falló en su favor y dijo que estas leyes no se aplicaban a su caso, ya que Wong Kim Ark era un ciudadano estadounidense por haber nacido en Estados Unidos.

La historiadora Martha Jones, autora del libro “Derecho por nacimiento: La Historia de la raza y los derechos en el Estados Unidos de la preguerra”, indicó que la Casa Blanca puede intentar forjar un argumento para justificar que se eluda el fallo y la enmienda misma.

La 14º Enmienda no se aplica a personas que no están sujetas a la jurisdicción estadounidense, por ejemplo los diplomáticos extranjeros.

Jones dijo en Twitter que la Corte Suprema puede establecer distinciones con respecto al caso de Wong Kim Ark..

“Los padres de Wong tenían autorización o podríamos decir que eran migrantes legales. Su presencia en Estados Unidos estaba autorizada”, explicó argumentando que el caso Wong Kim Ark no hablaba específicamente de los hijos de padres indocumentados.

En este punto Jones indicó que lo que Trump propone es interpretar la parte de la 14º Enmienda que excluye a las personas que no están sujetas a la jurisdicción estadounidense de la ciudadanía por derecho de nacimiento.

“Su postura, como yo lo interpreto, es que los niños de inmigrantes ilegales están excluidos del derecho de nacimiento por esta excepción”, agregó.

Para la experta, aunque esto se apartaría de los precedentes de la Corte, es una posibilidad.

El vicepresidente estadounidense Mike Pence se expresó en este sentido este martes en un foro organizado por el medio de comunicación Político.

“Todos valoramos el lenguaje de la 14º Enmienda, pero la Corte Suprema de Estados Unidos nunca se ha expresado sobre si el lenguaje de la 14º Enmienda ‘sujetas a la jurisdicción’ se aplica específicamente a personas que están de manera ilegal en el país”, indicó Pence.

El senador republicano, Lindsey Graham, un aliado muy cercano a Trump, dijo que Estados Unidos es uno de los dos únicos países desarrollados que otorga la ciudadanía por derecho de suelo y que esta política es un imán para la inmigración ilegal, por lo que anunció que lanzará un proyecto de ley en el mismo sentido que la propuesta del mandatario.

El sistema de “Ius soli”, que se usa en la mayoría del continente americano, es la legislación vigente en más de 30 países.

Según un estudio Pew Research Center, cerca de 275.000 niños hijos de indocumentados nacieron en Estados Unidos en 2014, cerca de un 7% del total.

“Somos el único país del mundo donde, si una persona llega y tiene un bebé se convierte en ciudadano de Estados Unidos… con todos los beneficios”, dijo en la entrevista televisada. “Es ridículo, es ridículo, y tiene que terminar”.

La propuesta se produce poco antes de las elecciones de medio mandato, en cuya campaña el presidente ha buscado colocar a la migración en el centro del debate.

¿Lejos de ser una realidad?

No obstante, la propuesta está lejos de convertirse en realidad, pues modificar la Constitución implica procedimientos que no incluyen al decreto presidencial.

En la entrevista con Axios, el mandatario dijo que prevé firmar un decreto para que los niños nacidos en territorio estadounidense de padres inmigrantes, en situación irregular o no, no se beneficien más de ese derecho.

Más allá de la resistencia que la propuesta pueda generar, los juristas cuestionan que el presidente pretenda acabar mediante un decreto con este derecho garantizado por la Constitución.

“Siempre me dijeron que se necesita una enmienda constitucional. ¿Adivina qué? No es así”, señaló Trump.

“Está en proceso. Se va a hacer con un decreto”, aseveró.