Como presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha sido catalogado de mil formas por sus detractores: de racista a autoritario, de corrupto a sexista.

De hecho, es considerado uno de los presidentes más polémicos y divisivos de los últimos tiempos en EE.UU., donde buscará ser reelecto en noviembre.

Desde la Casa Blanca, Trump avivó tensiones políticas y raciales, defendió la separación de familias inmigrantes en la frontera con México, vio a viejos asesores suyos investigados y condenados por la justicia, y él mismo enfrentó un impeachment por abuso de poder y obstrucción del Congreso.

Ahora le llueven reproches por sus intentos de minimizar el peligro del coronavirus mientras EE.UU. se convirtió en el país del mundo con más casos y muertes por la pandemia.

Sin embargo, en estos casi cuatro años de gobierno, Trump también ha tomado algunas decisiones que incluso sus detractores le reconocen como aciertos.

Aquí tres de ellas, en las que el mandatario alcanzó acuerdos más allá de diferencias políticas:

1. Reforma de la justicia penal

Trump firmó en diciembre de 2018 una ley considerada la reforma más importante de la justicia penal de EE.UU. en décadas, que benefició a miles de presos.

La denominada “ley del primer paso” permitió reducir las sentencias a condenados por delitos no-violentos de drogas y en especial de crack, en su gran mayoría afroestadounidenses.

Un objetivo de la norma fue atacar viejas disparidades entre las sentencias por crack y penas menos duras impuestas a otros por drogas como la cocaína en polvo, que circula más entre clases altas.

Otros pasajes de la ley permitieron la liberación de presos o el alivio de sus sentencias, por ejemplo al cambiar la forma en que se acredita su buena conducta.

Un promotor clave de la reforma fue el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, cuyo padre estuvo 14 meses preso entre 2005 y 2006 por evasión de impuestos y otros delitos.

Kushner convenció a Trump de la importancia de movilizar a legisladores del Partido Republicano que eran reticentes a votar los cambios.

La ley recibió apoyo de ambos partidos en el Congreso y el esfuerzo de Trump es reconocido desde diferentes ámbitos.

“El presidente puede estar orgulloso de la aprobación de la Ley del Primer Paso”, indicó un editorial del diario The New York Times en junio de 2019, advirtiendo empero que sería clave cómo se implementara en la práctica.

Hasta fin del año pasado, 2.387 presos por delitos de crack vieron sus sentencias reducidas gracias a la ley, 90% de los estimados elegibles.

Todo esto significó una cambio concreto en un país con una de las mayores tasas de encarcelamiento del mundo, muy elevada sobre todo para los afroestadounidenses.

Y aquella actitud de Trump contrasta con sus recientes reclamos de dureza contra quienes protestan por justicia racial en varias ciudades de EE.UU., buena parte de los cuales también son afroestadounidenses.

2. Ayuda económica por coronavirus

Desde el punto de vista sanitario, Trump ha sido acusado de un manejo pésimo de la crisis de covid-19, al desdeñar su gravedad y diferentes consejos científicos.

EE.UU. suma más de 178.000 muertos por el virus y más de 5,7 millones de infectados, cifras de una tragedia que interpela directamente al presidente.

Pero ante el colapso de la economía y el salto del desempleo por la pandemia, el país implementó una expansión histórica de los subsidios gubernamentales que mantuvieron a millones a flote.

Esa respuesta de emergencia por un récord US$2,2 billones surgió de una ley negociada entre la Casa Blanca y líderes de ambos partidos en el Congreso.

La ayuda incluyó pagos por US$1.200 a buena parte de los estadounidenses, una idea impulsada por Trump que era resistida por republicanos.

También se expandieron los seguros de desempleo, como reclamaba la oposición demócrata, con pagos extra de US$600 semanales para unos 28 millones de personas.

Eso y otras medidas, como una moratoria temporal al desalojo de inquilinos o la invocación que Trump hizo de una Ley de Producción de Defensa para obligar a las empresas a fabricar material médico, marcó un alejamiento de la ortodoxia republicana contraria a la injerencia del gobierno en la economía.

“Dejando la política de lado, esto es increíble y la respuesta correcta en este momento crítico”, tuiteó la congresista demócrata Ilhan Omar, una dura crítica de Trump, con un emoji de aplausos ante un mensaje sobre la disposición del presidente a tomar esas medidas en marzo.

La ayuda de emergencia evitó un aumento significativo de la pobreza, según estudios.

“Dimos un paso bastante extraordinario en términos de brindar apoyo a los ingresos de las personas”, dijo Christopher Wimer, coautor de uno de esos estudios y codirector del Centro sobre Pobreza y Política Social en la Universidad de Columbia, a BBC Mundo.

Pero los subsidios por desempleo previstos en la ley caducaron a fines de julio y expertos como Wimer temen el impacto que esto tendrá ahora.

También pueden perder su techo millones de personas, ya que expiran las moratorias a los desalojos.

Ante la falta de un acuerdo en el Congreso para extender la ayuda, Trump firmó directivas que contemplan pagos extra de US$300 semanales a desempleados y otras acciones.

Sin embargo, los pagos excluyen a los desempleados de menores salarios, según expertos, y es acotada la ayuda económica que esas órdenes presidenciales han logrado hasta ahora.

Hay dudas sobre su legalidad o cuándo llegarían los beneficios a las familias, si es que eso ocurre, ya que varios estados tienen dificultades para implementar los planes de la Casa Blanca.

Y la decisión de Trump de actuar por cuenta propia, salteándose al Congreso a menos de tres meses de las elecciones, enfureció a muchos demócratas que reclamaban otro acuerdo amplio.

3. T-MEC con reforma laboral en México

Una de las promesas de Trump en su campaña de 2016 era renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre EE.UU., México y Canadá.

Muchos temían en que eso acabara en un desastre, sobre todo si fracasaba el intento y EE.UU. se retiraba del tratado como amenazó Trump.

Sin embargo, tras arduas negociaciones entre los tres países y los demócratas en el Congreso de EE.UU., se alcanzó un acuerdo que entró en vigor en julio.

Para algunos, el nuevo Tratado México-EE.UU. y Canada (T-MEC) mejorará el intercambio regional. Otros temen que lo empeore respecto al TLCAN. Y hay quienes lo ven como el mismo perro con distinto collar.

Pero algo que muchos estiman positivo es la reforma laboral que aprobó México como parte del compromiso, para darle mayor independencia y protección a sus sindicatos de trabajadores.

El país latinoamericano también aumentó el salario mínimo y aceptó que expertos laborales independientes verifiquen el cumplimiento de sus obligaciones.

La intención de EE.UU. fue reducir de ese modo la ventaja mexicana de bajos salarios y volver menos atractiva la transferencia de empleos a su vecino del sur.

Aún está por verse cómo se cumple todo esto en la práctica, pero los cambios fueron celebrados por AFL-CIO, la principal federación sindical de EE.UU., y la oposición demócrata que exigió fortalecer las normas laborales.

“No hay dudas, por supuesto, de que este acuerdo comercial es mucho mejor que el TLCAN, pero (…) es infinitamente mejor de lo que inicialmente había sido propuesto por el gobierno”, dijo la demócrata Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes, al anunciar el pacto en diciembre.

Claro que estos cambios difícilmente se habrían plasmado sin la renegociación abierta por Trump.

Y cuando le preguntaron cómo explica que haya logrado ese acuerdo con alguien como Trump, a quien ella considera una amenaza para la democracia, Pelosi contestó que recorrieron un largo camino desde lo que propuso originalmente el presidente.

“Algunas personas dijeron: ‘¿Por qué hacer parecer que él tiene una victoria?'”, agregó. “Bueno, estamos declarando la victoria del trabajador estadounidense”.

Trump quiere supeditar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a que México se comprometa a detener el flujo migratorio en su país para impedir la llegada de indocumentados a Estados Unidos.

“México, cuyas leyes de inmigración son muy duras, debe evitar que las personas atraviesen México hacia Estados Unidos. Podemos hacer de esto una condición para el nuevo acuerdo del TLCAN”, escribió Trump en Twitter.

“¡Nuestro país no puede aceptar lo que está sucediendo! Además, debemos obtener fondos para el muro (fronterizo) rápidamente”, añadió, en alusión a la barrera limítrofe que pretende levantar para proteger los intereses de Estados Unidos, pero para la cual no ha obtenido aún la financiación que necesita.

El gobierno de Enrique Peña Nieto, que mantiene tensas relaciones con Washington desde la llegada al poder de Trump en enero de 2017, no tardó en arremeter contra la propuesta de Trump, considerándola “inaceptable”.

“Inaceptable”

“México decide su política migratoria de manera soberana, y la cooperación migratoria con Estados Unidos ocurre por así convenir a México”, tuiteó el canciller mexicano, Luis Videgaray.

“Sería inaceptable condicionar la renegociación del TLCAN a acciones migratorias fuera de este marco de cooperación”, agregó.

No es la primera vez que Trump vincula la relación comercial al tema migratorio.

A principios de abril, Trump advirtió a México que “la gallina de los huevos de oro del TLCAN” estaba en juego si no tomaba medidas para detener a una caravana de un millar de emigrantes centroamericanos que viajaban hacia la frontera con Estados Unidos.

Sus furibundos tuits y la decisión de movilizar “hasta 4.000” miembros de la Guardia Nacional para reforzar el límite sur de su territorio hasta el 30 de septiembre de 2018, tensaron aún más la relación.

El presidente mexicano replicó que las “actitudes amenazantes o faltas de respeto” eran innecesarias, y dispuso una amplia revisión de toda la cooperación con Estados Unidos.

600 personas

La caravana de emigrantes que desató la furia de Trump a principios de abril se ha reducido a unas 600 personas, en su mayoría centroamericanos. La semana pasada los activistas que la encabezan dijeron que ayudarían a unos 200 inmigrantes a solicitar asilo en Estados Unidos porque huyen de la violencia o la represión.

“El presidente continúa monitoreando la situación. Una nación soberana que no puede defender sus fronteras ya no será una nación soberana”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

Y pidió al Congreso aprobar legislación para acabar con los lagunas jurídicas que según dijo impiden blindar las fronteras.

“Haremos cumplir la ley procesando a quienes crucen la frontera ilegalmente”, dijo por su parte la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, al alertar a los miembros de la caravana que quienes busquen asilo puede ser detenidos mientras se procesan sus pedidos, y que quienes no los tengan serán expulsados “de inmediato”.

El gobierno de Estados Unidos “alienta a las personas con pedidos de asilo u otros reclamos similares a buscar protección en el primer país seguro que ingresen, incluido México”, subrayó en un comunicado.

Presión por elecciones

El nuevo planteo de Trump sobre migración y comercio tiene lugar dos semanas después de que el propio mandatario afirmara que las negociaciones con México y Canadá para modernizar el TLCAN “están marchando bien”.

Peña Nieto, cuyo país envía 80% de sus exportaciones a Estados Unidos, coincidió con esa apreciación tras reunirse con el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, al margen de la Cumbre de las Américas en Lima a mediados de abril, aunque dijo que “no hay absolutamente ninguna fecha” fijada para firmar un nuevo TLCAN.

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, reconoció entonces la necesidad de lograr avances ante un cargado calendario político.

“Existe definitivamente un momento positivo y estamos avanzando, es un deseo y un reconocimiento que los plazos que nos imponen las elecciones de México y las de medio mandato en Estados Unidos significa que tenemos cierta presión para avanzar en las próximas semanas”, dijo en Lima.

Trump ha amenazado con retirar a Estados Unidos del TLCAN desde la campaña electoral, a pesar de que la industria estadounidense y miembros del gobernante partido Republicano sostienen que el país se ha beneficiado del pacto vigente desde 1994.