Tres procesadas en el caso por la compra de un edificio para el Ministerio Público (MP) por más de Q35 millones podrían someterse a la figura de aceptación de cargos, informaron este viernes 10 de marzo fuentes judiciales.

El caso para las exempleadas del MP se encuentra en etapa intermedia, es decir, la fase del proceso en la que el juez decidirá si van o no a juicio.

Ante la próxima convocatoria a una audiencia, los abogados de las tres sindicadas empezado a efectuar las consultas para someterse a la figura especial de aceptación de cargos; sin embargo, el Juzgado Segundo Penal aún no reporta que haya recibido una solicitud formal para que las señaladas acepten la culpa.

En esta fase del caso hay tres exempleadas del MP que son sindicadas de fraude y fueron ligadas a proceso penal el 8 de octubre de 2019 por el Juzgado Undécimo; además, la representante de una fundación también aceptaría los hechos.

Patricia Beatriz Guzmán Rivera, exdirectora administrativa, es señalada de fraude y abuso de autoridad; Diana Odette Benavides Lázaro, exjefa del Departamento Jurídico del MP, fue sindicada de fraude e incumplimiento de deberes; mientras que Lourdes Leyton, de la Fundación Gradiosa es Fusión, es señalada de apropiación indebida de tributos. Las tres aceptarían los cargos.

En este caso también está procesada Miriam Salazar Duarte de Lossi, exjefa administrativa del MP, pero ella no aceptaría los hechos.

En la compra del edificio, ubicado en la zona 5 de la capital, está implicada la exfiscal general Thelma Alda y el empresario William Balz Gallardo.

Aldana está exiliado en Estados Unidos desde 2018, pero la Fiscalía gestiona su extradición, de hecho, el pasado jueves un juzgado autorizó que se haga una segunda solicitud formal ante EE. UU.

La adquisición del inmueble ocurrió en 2017 y, según la pesquisa, el propietario, Balz Gallardo, usó empresas de cartón para concretar la venta.

El 25 de enero último, Mynor Lobos, ante una jueza aceptó haber actuado como testaferro del empresario Balz Gallardo en la venta del edificio.

El Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal autorizó este jueves 9 de marzo la solicitud de extradición desde EE. UU. de la exfiscal general, Thelma Aldana, por el caso relacionado con la compra de un edificio para el Ministerio Público (MP) en 2017, valorado en Q35 millones, informaron fuentes judiciales.

Aldana está exiliada en EE. UU. desde 2018 y ya suma tres órdenes de aprehensión por tres distintos casos.

La primera es por la contratación de una supuesta plaza fantasma, la segunda por la compra del edificio para el MP y por supuestamente haber colocado datos falsos en su declaración patrimonial jurada.

Se informó que la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales del MP este jueves hizo la solicitud de extradición de Aldana por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y fraude.

Dicha solicitud forma parte del proceso que se sigue contra Aldana por el caso Edificio de la zona 5, el cual está a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

Rafel Curruchiche, jefe de la Feci, explicó que el procedimiento debe seguir su curso en Guatemala, para luego llegar a las instancias legales de EE. UU., donde Aldana se encuentra en condición de exiliada.

Curruchiche dijo que el trámite debe pasar a la secretaría de la Corte Suprema de Justicia, luego al Ministerio de Relaciones Exteriores y posteriormente a Estados Unidos.

Con esta resolución, Aldana, exiliada en EE. UU. desde 2018, suma dos órdenes de extradición autorizadas por la justicia guatemalteca. La primera fue el 24 de noviembre de 2022, en seguimiento a un caso que investiga la Fiscalía de Delitos Administrativos y que está relacionada con la contratación, supuestamente irregular, de Gustavo Bonilla, exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), como capacitador en el MP, sin que, según la Fiscalía, se presentara a trabajar.

Por el caso sobre la compra del Edificio Gerencial Asunción, valorado en Q35 millones, Aldana fue señala por fraude.

El caso surgió luego de una denuncia que presentó Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación Contra el Terrorismo, y una comisión específica del Congreso que se integró para fiscalizar la adquisición.

elma Aldana está exiliada en Estados Unidos desde 2018 y suma tres órdenes de aprehensión. Tanto organizaciones nacionales e internacionales, como la misma exfiscal, aseguran que su persecución penal es política, derivada de su trabajo anticorrupción cuando lideró el MP como jefa.

Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) de Guatemala informó este 23 de enero que la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de no otorgó amparo provisional a dos brasileños vinculados al caso Odebrecht.

Se trata de los ciudadanos brasileños Luiz Antonio Mameri y Marcos de Cerqueira Lima Machado, directivos de la empresa Odebrecht, quienes debido a la resolución de dicha sala deberán comparecer personalmente el 1 febrero de 2023 a resolver su situación jurídica en audiencia de primera declaración.

En un video difundido por el MP, Curruchiche asegura que los directivos de la empresa brasileña fueron beneficiadas por el exjefe la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez Gómez; la exfiscal general de la República y jefe del MP, Thelma Esperanza Aldana Hernández; el jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, el expresidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana, Juan Pablo Carrasco de Groote y la jueza Marta Claudette Domínguez Guerrero, mediante la aprobación de convenios de colaboración eficaz.

Curruchice explica en su video que “entre las múltiples ilegalidades y arbitrariedades que anulan todo lo actuado y que avalaron los exfuncionarios de la Cicig y la jueza se encuentra un mandato especial con representación otorgado por la constructora Norberto Odebrecht Sociedad Anónima de fecha 1 de septiembre de 2017”.

Explica que en punto segundo de dicho mandato se establece lo siguiente: “el presente mandato no faculta a los mandatarios a representar al mandante ante los tribunales de justicia de Guatemala y por lo tanto bajo ninguna circunstancia deberá ser considerado como un mandato judicial”.

Curruchiche afirma que este documento es el que utilizó la jueza para favorecer a los directivos de Odebrecht, “lo que pone al descubierto las acciones que ese confabularon para perjudicar al Estado de Guatemala”, señala el jefe de la Feci.

“La investigación se encuentra debidamente sustentada y documentada con medios de convicción contundentes y por ningún motivo constituye una persecución política y venganza como lo pretenden hacer ver algunas personas e incluso hasta organismos internacionales”, dice Curruchiche en relación a la investigación del caso Odebrecht.

Agrega que a la comunidad nacional e internacional les manifiesta de “forma categórica que la Fiscalía Especial contra la Impunidad investigará y procesará a todas aquellas personas, que no importando la condición o estatus que posea, pero que hayan cometido actos ilegales en Guatemala, deberán responder ante la justicia, por lo que envía un mensaje claro y contundente que en la Fiscalía Especial contra la Impunidad velamos por el estricto cumplimiento de la ley y no vamos a tolerar ningún acto fuera de ella”.

#CasoOdebrecht
La Fiscalía Especial contra la Impunidad informa: pic.twitter.com/vn4pUUxXLg

— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 23, 2023

Órdenes de captura

El pasado 16 de enero se giraron órdenes de captura contra Carrasco, Thelma Aldana, la exsecretaria general del MP, Mayra Johana Véliz López y el exmandatario de la Cicig, Luis David Gaitán Arana, en un caso que se denomina Odebrecht, acuerdos fraudulentos, corrupción e impunidad.

Las órdenes de captura son por los delitos de obstrucción de justicia, conspiración y abuso de autoridad.

Ese día Curruchiche emprendería acciones legales contra el excomisionado Iván Velásquez, -ahora ministro de Defensa de Colombia-, y la exfuncionaria de Cicig, Luz Adriana Camargo Garzón, para que “respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos”, dijo ese día el jefe de la Feci.

Crisis diplomática

Ese mismo día, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió en defensa de Iván Velásquez y publicó en su cuenta de Twitter que jamás aceptaría una orden de captura contra su ministro, pues este demostró que luchó contra la corrupción y que no permitiría que esta lo persiga.

Además, llamó a consulta a su embajadora en Guatemala, Victoria González Ariza.

El 17 de enero, Petro habló con periodistas de su país en Suiza y dijo que si Guatemala insistía en apresar a hombres justos, Colombia nada tenía que hacer con ese país, lo que desató una crisis diplomática.

Petro mencionó que Velásquez fue contratado -en Cicig- “para destruir la impunidad que dominaba y domina la República de Guatemala” y que por eso ahora es perseguido por ese tipo de intereses que tocó.

Ese mismo día, y en respuesta a las acciones de Colombia, Guatemala llamó a consulta a su embajadora en aquel país, Reagan Vega, y en un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que lamentaba que “el Gobierno de Colombia vuelva político un tema de orden legal, tomando decisiones abruptas sin seguir los pasos diplomáticos correspondientes”.

“Guerrillero” y “traficante”

Ese 17 de enero, el presidente Alejandro Giammattei, quien se encontraba en un viaje en España, atendió una entrevista con la Agencia EFE, en donde se refirió al presidente colombiano como “guerrillero” y “traficante”, pero le pidió cordura para solucionar la crisis que desató el anuncio que el MP de Guatemala quería investigar a Iván Velásquez.

“Voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el error de un guerrillero, pero que es poco político. No voy a caer en el juego. Las diferencias entre las naciones deben ser resueltas por la vía diplomática para evitar que los conflictos escalen después a lugares donde ya es difícil salir“, dijo Giammattei.

El 18 de enero, Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la ONU, António Guterres, recordó que tanto Iván Velásquez como el demás personal que integró la Cicig, gozan de privilegios e inmunidades, y que su inmunidad continúa a pesar de que ya no se encuentran en sus cargos.

El 20 de enero Giammattei habló con W Radio de Colombia y reconoció que Iván Velásquez no podrá ser procesado, pero sí tiene que ser investigado.

“Tales acciones debilitan el Estado de derecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala”, criticó en redes sociales el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols.

“Nos preocupan las órdenes de captura del Ministerio Público de Guatemala contra personas que trabajaron para garantizar la rendición de cuentas por corrupción en el caso Odebrecht en Guatemala”, dijo el funcionario.

Nos preocupan las órdenes de captura del @MPguatemala contra personas que trabajaron para garantizar la #RendiciónDeCuentas por corrupción en el caso Odebrecht en Guatemala. Tales acciones debilitan el #EstadoDeDerecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala.

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) January 17, 2023

Dentro de este caso, el Ministerio Público de Guatemala ha anunciado acciones legales contra el actual ministro de Defensa colombiano, Iván Velázquez, quien estuvo al frente de la Cicig, lo que ha abierto un conflicto diplomático entre ambos países.

La Fiscalía del país centroamericano solicitó el lunes la captura de David Gaitán, exabogado de la Cicig por supuestas irregularidades en el caso de investigación que implica a la constructora brasileña Odebrecht.

Lo acusa del delito de abuso de poder por haber participado en la suscripción de varios convenios de cooperación, supuestamente anómalos, con directivos de Odebrecht.

Por dicho caso también se lanzó una orden de captura contra el abogado Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara guatemalteco-americana (Amcham), la exsecretaria general del MP Mayra Véliz y la exfiscal general Thelma Aldana.

También aseguró que emprenderá acciones legales contra Velázquez, quien fuera jefe de la Cicig entre 2013 y 2017, período durante el cual fueron desmanteladas decenas de estructuras de corrupción que operaban dentro de instituciones gubernamentales.

En respuesta, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió en defensa de su ministro y advirtió de que las relaciones con Guatemala se verán afectadas si la Fiscalía guatemalteca sigue adelante.

Ambos Gobiernos llamaron a consultas a sus embajadores en modo de protesta.

Otras reacciones

Juan Pappier, subdirector en funciones para las Américas de Human Rights Watch, publicó el 16 de enero un tuit en el que señaló: “Qué disparate. Guatemala cada vez más cerca de Nicaragua. Mi solidaridad con @Ivan_Velasquez_ , @ThelmaAldana y David Gaitan”. El mensaje iba acompañado del video en donde el fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Feci de Guatemala, dio a conocer órdenes de captura en el caso Odebrecht.

En ese video, el fiscal guatemalteco dice que iniciarán acciones legales contra Iván Velásquez.

Qué disparate. Guatemala cada vez más cerca de Nicaragua. Mi solidaridad con @Ivan_Velasquez_ @ThelmaAldana y David Gaitan. https://t.co/kfZfK3km8G

— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) January 16, 2023

En otro mensaje en Twitter, Pappier señaló como correcto el análisis del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien dijo que jamás aceptaría la orden de captura de su ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien demostró luchar contra la corrupción.

Según Pappier, “la justicia guatemalteca está cooptada por actores corruptos que buscan venganza por la valiente labor de la Cicig. La única respuesta que merece esta reciente investigación penal es la condena de la comunidad internacional”.

Correcto análisis del Pdte. @petrogustavo. La justicia guatemalteca está cooptada por actores corruptos que buscan venganza por la valiente labor de la CICIG. La única respuesta que merece esta reciente investigación penal es la condena de la comunidad internacional. https://t.co/OPxbq2LELy

— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) January 17, 2023

En otro mensaje pidió al presidente Petro que promueva que los gobiernos democráticos de la región (de todo el espectro político) “condenen la destrucción del Estado de derecho en Guatemala.

“Esto no es sobre @Ivan_Velasquez_ . Es sobre Guatemala, donde la corrupción está arrasando con los DDHH.”, publicó en Twitter.

El Pdte. @petrogustavo debería promover que los gobiernos democráticos de la región (de todo el espectro político) condenen la destrucción del Estado de derecho en Guatemala.

Esto no es sobre @Ivan_Velasquez_. Es sobre Guatemala, donde la corrupción está arrasando con los DDHH.

— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) January 17, 2023

Además, compartió entrevistas que dio a varios medios de comunicación colombianos en los que dice que no tiene mayor sentido tomar en serio la investigación de la Fiscalía de Guatemala en contra del ministro de defensa de Colombia, Iván Velásquez.

Qué dice el MP

Referente al tema, la Fiscalía señaló que “al Ministerio Público, según su mandato legal y constitucional, le corresponde la investigación y velar por el estricto cumplimiento de la ley, en ese sentido es una institución independiente que no está sujeta a ningún sector nacional o internacional por lo que realiza todas sus investigaciones de conformidad con el principio de objetividad, imparcialidad y legalidad.

Agrega que “tal y como informamos ayer en el video en el que dio declaraciones el Lic. Curruchiche, la Fiscalía solicitó la orden de aprehensión de Juan Pablo Carrasco de Groote, Thelma Aldana, Mayra Yohana Veliz López y Luis David Gaitán Arana”.

Foto principal: El subsecretario estadounidense para América Latina, Brian Nichols, habla durante una entrevista con Efe el 7 de junio de 2022. (Foto Guatevisión: EFE)

El Ministerio Público (MP), a través de Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), informó que un juzgado competente ordenó la captura cuatro personas vinculadas al caso Odebrecht, acuerdos fraudulentos, corrupción e impunidad.

Curruchiche informó, mediante un video difundido por el MP en redes sociales, que las órdenes de captura fuero solicitadas por la Feci y son contra el abogado Juan Pablo Carrasco de Groote, a quien identifica como cónsul honorario de un país de la Unión Europea y además, como presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) y  exasesor de la empresa Odebrecht.

Además, también se autorizó la aprehensión de la exfiscal general de la República y jefe del MP Thelma Esperanza Aldana Hernández; la exsecretaria general del MP, Mayra Johana Véliz López y contra el exmandatario de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Luis David Gaitán Arana.

Curruchiche detalló que las órdenes de captura para estas personas son por los delitos de obstrucción de justicia, conspiración y abuso de autoridad.

Van contra Iván Velásquez

En el video el actual jefe de la Feci mencionó: “Quiero manifestar que la Fiscalía Especial contra la Impunidad emprenderá las acciones legales correspondientes para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos el excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez Gómez y la exfuncionaria de Cicig, Luz Adriana Camargo Garzón.

También mostró en pantalla algunos correos electrónicos en los que supuestamente se comprueban las negociaciones entre las autoridades de ese entonces y Odebreecht.

Explicó que “en un correo electrónico enviado el 15 de junio de 2017 por la funcionaria de Cicig, Luz Adriana Camargo Garzón a Juan Pablo Carrasco de Groote le indica que la exfiscal Thelma Aldana y el excomisionado de la Cicig, Iván Velásquez Gómez solicitan que se realicen cambios a los acuerdos de colaboración eficaz”.

Agrega que el 3 de agosto de 2017, “Juan Pablo Carrasco de Groote envía correo electrónico al abogado brasileño Guillermo Solis y le informa sobre una reunión sostenida en la Cicig, y en la que participaron la exfiscal general Thelma Aldana y el excomisionado de la Cicig, Iván Velásquez Gómez,  quienes otorgan el visto bueno para que se suscriban los acuerdos de colaboración eficaz en Brasil, lo cual denota que tenían pleno conocimiento de las oscuras y corruptas negociaciones que se estaban realizando con la empresa Odebrecht”.

Curruchiche señala que el 11 de agosto de 2017, Adriana Camargo Garzón envía un correo electrónico a Juan Pablo Carrasco, con copia al correo Iván Velásquez Gómez con el siguiente mensaje: “Luego de la revisión final de los últimos ajustes a los acuerdos de colaboración eficaz, se ha recibido visto bueno para seguir adelante con el trámite, en tal virtud, la semana siguiente se harán las coordinaciones con el juzgado contralor del caso para concretar su firma y las declaraciones en anticipo en Brasil”.

El jefe de la Feci mencionó también, este hecho se concretó el 8 de septiembre de 2017, cuando la jueza Marta Claudeth Domínguez Guerrero aprobó los acuerdos de colaboración eficaz de los brasileños Luiz Antonio Mameri, Marcos de Cerqueira Lima Machado y Eduardo Oliveira Gedeón.

Los ciudadanos brasileños Marcos de Cerqueira Lima Machado y Luiz Antonio Mameri, exdirectivos de la constructora brasileña Norberto Odebrecht, tendrán que rendir su primera declaración por un caso de corrupción que salpica a Guatemala el 1 de febrero de 2023, según informó la Feci recientemente.

El 28 de noviembre de 2022, Feci informó que, a requerimiento de ellos, el Juzgado de Mayor Riesgo D dejó sin efecto, y por consiguiente sin valor jurídico alguno, la audiencia de primera declaración de Mameri y Lima Machado, la cual fue celebrada el 8 de septiembre de 2017 en el caso Odebrecht.

“Ante los hechos evidentes, en los cuales quedan de manifiesto actos ilegales y corruptos que causaron un grave detrimento al estado de Guatemala, la Fiscalía Especial contra la Impunidad categóricamente manifiesta que no escatimará esfuerzo alguno para que quienes resulten responsables rindan cuentas ante la justicia y paguen por sus actos con todo el peso de la ley”.

Iván Velásquez, quien dirigió la Cicig en Guatemala y quien fue declarado persona no grata por el entonces presidentes Jimmy Morales, actualmente es Ministro de Defensa Nacional de Colombia.

#CasoAcuerdosFraudulentosCorrupciónEImpunidad
La Fiscalía Especial contra la Impunidad informa: pic.twitter.com/mO7gEJqlqC

— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 16, 2023

Caso Odebrecht y Guatemala

El caso Odebrecht es uno de los casos de corrupción más grande de las últimas décadas al alcanzar a presidentes, vicepresidentes y demás funcionarios de gobierno de al menos 12 países, entre ellos Guatemala.

Odebrecht es una empresa constructora de Brasil que se dedicó a emitir sobornos en toda Latinoamérica a cambio de ser beneficiada con contratos gubernamentales.

Los hechos quedaron expuestos por una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la que, además, participaron agencias fiscales de al menos 10 países.

Para el caso de Guatemala, durante el Gobierno del extinto Partido Patriota (PP) el Congreso autorizó la construcción de una carretera de cuatro carriles entre Suchitepéquez y San Marcos.

En ese caso, el Gobierno destinó el pago de US$384 millones para el ambicioso proyecto de más de 100 kilómetros, pero las pesquisas por corrupción ocasionaron que se incumpliera con la obra que Guatemala ya había pagado.

Los hechos por enlistar actos de corrupción entre funcionarios y empresarios del más alto perfil se le designó a la Feci, cuya investigación permitió la captura de algunos abogados en enero de 2018.

Lima Machado expone en la videoconferencia que estaban interesados en invertir en Guatemala, por lo que hicieron una exploración en el 2010, pero antes de ello investigaron si el Estado de Brasil podía financiar algunos proyectos en este país. Cuando les dijeron que sí, viajaron   a Guatemala durante el cuarto trimestre de ese año.

El colaborador eficaz señaló que empezó a tener cercanías con el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), pero fue con la gestión del Partido Patriota con la que se concretó el proyecto de la construcción de la Carretera CA2 Occidente.

Según el relato, durante el gobierno de la UNE el representante de Odebrecht se reunió con dos técnicos de la Dirección General de Caminos, quienes le entregaron el plan vial 2007-2017. Luego de estudiarlo se reunió con el entonces ministro de Comunicaciones, Guillermo Castillo, y el presidente Álvaro Colom, quien le ofreció el tramo carretero.

Gobierno del PP

Lima Machado expone que, en una fiesta de un amigo, en diciembre del 2011, conoció a Alejandro Sinibaldi, con quien platicó brevemente y le expuso que estaban interesados en invertir en Guatemala.

Después de un tiempo se concretó una reunión con Sinibaldi en el Ministerio de Comunicaciones.

Debido a que el proceso no avanzaba, Lima Machado cuenta que tuvo que reunirse con la vicepresidenta Roxana Baldetti, “quien me presentó a Arturo Batres Gil. Luego de varias semanas, Batres Gil me llama para decirme que ya no debería tratar más con Alejandro Sinibaldi, sino hacerlo por medio de la vicepresidenta de la República, por lo que le indiqué que no podía porque era tema del Ministerio de Comunicaciones”.

En septiembre del 2012, Sinibaldi  le dijo al colaborador eficaz que era necesario agendar un dinero para él, ya que, de lo contrario, no podría avanzar el proyecto, pero Lima Machado respondió que tenía que hablarlo con su líder, Luiz Antonio Mameri.

En enero del 2013, Sinibaldi le solicitó a Mameri el pago de la comisión del 7.5 por ciento del total del contrato —unos US$9.9 millones— para gestionar los procesos y concretar el proyecto de la construcción de la Carretera CA2 Occidente; luego de un tiempo aceptó, según el relato grabado.

Otra de las referencias de Lima Machado señala que el fallecido exministro de Finanzas Públicas Pavel Centeno fue el encargado de elaborar los términos de referencia del préstamo para ejecutar el proyecto.

Para que el banco brasileño aprobara el crédito fue necesario que se presentara un contrato.

El colaborador eficaz contó que hicieron un borrador y, para su sorpresa, de un día a otro el Congreso aprobó el borrador que ellos propusieron al momento de hacer la negociación, sin hacerle modificaciones.

“En abril del 2013 se pagó la mitad del anticipo de la obra, US$38 millones 223 mil 490.17, y de ahí salieron los siete primeros desembolsos para funcionarios públicos”, afirma Lima Machado.

Según la investigación y lo confirmado por Lima Machado, Manuel Baldizón habría recibido US$1.2 millones de los US$3 que habían pactado.

Debido a que  en la casa de Sinibaldi hubo una reunión con Baldizón y el ahora colaborador eficaz, ese día aquel le dijo que había que entregarle una cuota a este último.

Batres era secretario privado de Baldetti y es uno de los prófugos del caso por haber recibido US$4.9 millones en sobornos, según la pesquisa.

El Ministerio Público (MP) informó este jueves 14 de julio que presentó una petición de retiro de derecho de antejuicio contra del magistrado de la Sala Segunda de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, Joaquín Romeo López Gutiérrez, por su posible responsabilidad en la comisión de los delitos de lavado de dinero u otros activos y enriquecimiento ilícito.

Además, menciona a Thelma Esperanza Aldana Hernández, exjefa del MP y afirma que se desarrolla una investigación por la posible responsabilidad y comisión de actos ilícitos.

Según el MP, Aldana y el magistrado López Gutiérrez aparecen como firmantes en dos cuentas bancarias en el extranjero (por una suma total de más de Q4 millones).

El MP explica en un comunicado que en seguimiento a una denuncia presentada contra exfuncionarios de MP y el Organismo Judicial, relacionada a una investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Asuntos Internos  por posibles actos ilícitos, se presentó solicitud para la tramitación del retiro de inmunidad contra el magistrado López Gutiérrez por su posible responsabilidad en la comisión de los delitos de lavado de dinero u otros activos y enriquecimiento ilícito.

Juan Luis Pantaleón, jefe de Información y Prensa del MP, afirmó que la solicitud de retiro de antejuicio se presentó en virtud de que existen indicios que las personas denunciadas, posiblemente aprovechándose del cargo que ostentaban en las instituciones en donde laboraban, presuntamente captaron dinero proveniente de sobornos.

Señaló que en la denuncia se aporta documentación que corresponde a estados y números de cuenta de diferentes instituciones bancarias nacionales e internacionales, entidades fuera de plaza (off shore), entre otras; a nombre de las personas denunciadas.

Más de Q4 millones en bancos

“Aunado a ello, existe información adjunta a la denuncia referente a cuentas que fueron abiertas en 2016 en entidades con sede en Nueva York e Islas Caimán, con balance de dinero equivalente a US$212 mil 987.60 y US$401 mil 813.2, sumando un aproximado de Q4 millones 753 mil”, menciona Pantaleón.

Según el MP, en ambas cuentas bancarias consignan como firmantes Joaquín Romeo López Gutiérrez y Thelma Esperanza Aldana Hernández.

Según Pantaleón, la Fiscalía de Asuntos Internos también desarrolla investigaciones con relación a la posible responsabilidad y comisión de actos ilícitos de altos exfuncionarios del Ministerio Público y del Organismo Judicial, mismas que se estarán presentando oportunamente.

“En ese sentido, el Ministerio Público de conformidad con su mandato legal y constitucional, en virtud que el Magistrado López Gutiérrez goza del derecho de antejuicio, presentó la solicitud ante el órgano competente para que se declare ha lugar la formación de causa e iniciar con la investigación respecto a la posible comisión de actos constitutivos de delito”, concluyó Pantaleón.

No es cierto

La exjefa del MP, Thelma Aldana, utilizó su cuenta de Twitter para respondes sobre los nuevos señalamientos que le hace el Ministerio Público.

“No es cierto lo que asegura al MP. Nunca he tenido cuentas bancarias fuera de Guatemala, NUNCA!!!!  Hagan su trabajo contra los delincuentes y dejen de criminalizar a personas inocentes”, se lee en el tuit.

No es cierto lo que asegura al MP. Nunca he tenido cuentas bancarias fuera de Guatemala, NUNCA!!!! Hagan su trabajo contra los delincuentes y dejen de criminalizar a personas inocentes.

— Thelma Aldana. Guatemala. (@ThelmaAldana) July 14, 2022

El Ministerio Público (MP) informó este jueves 16 de junio sobre la captura de William Balz Gallardo, quien se encontraba prófugo de la justicia y está vinculado a la compra de un edificio n la zona 5 que sería para uso de esa institución y también el caso Red de Poder.

Según el MP, el detenido tiene orden de aprehensión vigente por los delitos de fraude y defraudación tributaria, en el primer caso, y por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y defraudación tributaria, en el segundo.

William Balz Gallardo es señalado por la Fiscalía de Asuntos Internos del MP por su presunta vinculación en el caso Gerencial Asunción “por la compra anómala del edificio Gerencial Asunción en la zona 5 y en el caso Red de Poder Lavado y Corrupción a cargo de la Feci”.

Juan Luis Pantaleón, jefe de Información y Prensa del MP, confirmó que el detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente.

En el caso Gerencial Asunción, está señalada también la exfiscal del MP, Thelma Aldana, a quien se le tramitó una petición para que se gire una orden de aprehensión internacional.

Según ha informado el MP, este caso es una trama sobre la presunta compra sobrevalorada por Q35 millones de un edificio para esa institución, en la zona 5, evento que fue declarado lesivo el 25 de septiembre del 2020.

El caso del edificio del MP

El caso surgió por una denuncia que presentó Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo, y una comisión específica del Congreso que se integró para fiscalizar la adquisición.

La Fiscalía de Asuntos Internos señaló en su oportunidad que para la compra del inmueble hubo una serie de anomalías y no se cumplió con lo señalado en la Ley de Contrataciones del Estado, ya que no se contaba con un Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones para hacer la compra.

Red de Poder Lavado y Corrupción

El otro caso en el que está involucrado William Balz Gallardo es Red de Poder Lavado y Corrupción en donde exfuncionarios, así como constructores y abogados, habrían integrado una red para beneficiarse con recursos producto de comisiones ilícitas para quedarse con contratos millonarios u obtener el pago de la deuda, según informó el 5 de agosto de 2019 el MP y la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Esa red tenía por objetivo “apoderarse del Estado y sus distintas instituciones con el fin de obtener y controlar el poder, extraer recursos a través de los particulares que mantenían contratos o vínculos con el Estado y enriquecerse ilícitamente, asegurando su impunidad y la de los demás partícipes”, citaron las dos entidades.

“Los grandes contratistas del Estado, particularmente en el ramo de la construcción, concertaron con funcionarios el pago de coimas para acceder a cuantiosos contratos u obtener el pago de deudas”, agregaron.

En esta red participaron supuestamente, según el MP y la Cicig, Gustavo Alejos Cámbara, exsecretario privado de la Presidencia de 2008 a 2012; el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), Juan de Dios Rodríguez, exsecretario Privado de la Presidencia de Pérez y expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Acisclo Valladares Urruela, ministro de Economía, así como el empresario José Maynor Palacios Guerra.

William Balz Gallardo sería uno de los desarrolladores inmobiliarios que estaba vinculado al caso.

La Sala Primera de Apelaciones aceptó este martes 10 de mayo la excusa presentada por los jueces José Eduardo Cojulún y Juan Carlos González, integrantes del Juzgado Undécimo, quienes se negaron a seguir conociendo el Caso Edifico Zona 5, en el cual se señala a la exfiscal general Thelma Aldana por una supuesta sobrevaloración en la compra del inmueble.

Fue la Sala Primera de Apelaciones del ramo penal la que aceptó la excusa de dichos jueces y ordenó que el expediente del Caso Edificio Zona 5 sea conocido por la juez A del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Virginia de León.

De acuerdo con una investigación de la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público (MP), hay varias irregularidades en la compra del edificio, entre estas una sobrevaloración de Q3.5 millones y el incumplimiento de una modalidad en la Ley de Contrataciones del Estado.

Por dicho caso Aldana tiene una orden de captura vigente y varios extrabajadores del MP también enfrentan un proceso penal.

El MP confirmó el pasado 9 de mayo que desde hace varias semanas inició el trámite para emitir la orden de aprehensión internacional en contra de la exfiscal general Thelma Aldana.

Han transcurrido 38 meses desde que Aldana abandonó Guatemala y se encuentra asilada en Washington D. C., Estados Unidos, por lo cual, según el portavoz del MP, se hacen los trámites para reclamarla y presentarla ante la justicia del país, por supuestamente haber incurrido en el delito de fraude.

El vocero dio a conocer que el trámite de solicitud internacional es por el caso denominado Gerencial Asunción, una trama sobre la presunta compra sobrevalorada por Q35 millones de un edificio para esa institución, en la zona 5, evento que fue declarado lesivo el 25 de septiembre del 2020.

La Fiscalía de Asuntos Internos señaló que para la compra del inmueble hubo una serie de anomalías y no se cumplió con lo señalado en la Ley de Contrataciones del Estado, ya que no se contaba con un Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones para hacer la compra.

El requerimiento internacional también podría involucrar a tres exfiscales y una exjueza que se encuentran en la misma situación y acumulan varias denuncias, de las cuales se sigue recabando indicios y evidencias. Por tal razón, explicó Pantaleón, todavía no se ha solicitado la orden de aprehensión en contra de estas personas.

Entre el grupo destaca la exjueza Erika Aifán, que abandonó Guatemala el 21 de marzo de este año y sobre quien pesan 29 denuncias. Además, el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, quien también salió del país el 25 de julio de 2021 y tiene 58 denuncias en su contra.

Por su parte, el exfiscal Rudy Herrera Lemus, quien dejó de laborar en el MP el 3 de febrero del 2022 y días después abandonó el país, tiene seis denuncias en su contra. Otra exfiscal en similar situación es Andreí González Arteaga, quien dejó Guatemala el 15 de octubre del 2019. Contra esta última se presentaron nueve denuncias relacionadas con su trabajo en el MP.

Sergio Vega, juez del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, declaró este miércoles 1 de septiembre el abandono como querellante adhesivo de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), en el juicio en contra de Mynor Lobos Agustín, por la compra de un edificio para el Ministerio Público, ubicado en la zona 5 y valorado en Q35 millones.

De acuerdo con el juzgador, la decisión se tomó porque con antelación se notificó a los representantes de la FCT del inicio del debate e incluso se les dio un margen de tiempo, pero ninguno de ellos se presentó.

Además, la audiencia suspendida porque el abogado de Lobos Agustín, quien era representante legal de la empresa a cargo de la venta del inmueble, recién inició con la defensa y solicitó tiempo para estudiar el expediente. La audiencia fue reprogramada el 13 de septiembre a las 8:30 horas, cuando se espera que de inicio el juicio.

De acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía de Asuntos Internos del MP, hubo irregularidades en la compra del edificio, la cual se efectuó durante la administración de la exfiscal general Thelma Aldana, en octubre de 2017.

Según indicó el MP, la compra de la edificación se realizó a pesar de que no se cumplía con los requisitos de la Ley de Compras, además de que se señaló que no se presupuestó en el Plan Anual de Compras de la Fiscalía ni hubo una requisición dentro de la institución antes de llevar a cabo la negociación.

La negociación para la compra del edificio se realizó a través de la entidad Invermo Corp., la cual no está registrada, y estaba representada por William Balz Gallardo, por lo que la entidad Beltram, S.A. a cargo de la venta del edificio, fue utilizada como un medio anómalo para negociar el edificio, cuyo representante legal era Mynor Lobos Agustín.

Sin embargo, en 2020, la fiscal general Consuelo Porras declaró lesivo el contrato de compraventa suscrito con la empresa Bertram, S.A.

El caso

El 13 de septiembre del 2019, el Juzgado Undécimo Penal firmó, a solicitud del MP, la orden de captura contra Thelma Aldana, exfiscal general de 2014 a 2018, por supuestas irregularidades en la compra del edificio de la zona 5 por Q35 millones. Los delitos son abuso de autoridad y fraude.

La orden contra Aldana se justifica, porque ella, siendo la máxima autoridad del MP, debía velar por el cumplimiento de la ley, lo cual no ocurrió, dijo el fiscal Marlon Pacheco en conferencia de prensa ese 13 de septiembre.

Dijo que la compra se concretó pese a que no se cumplía con los requisitos de la Ley de Compras y que algunos hallazgos es que no hubo necesidad ni justificación previa a la compra, es decir que no se presupuestó en el Plan Anual de Compras de la Fiscalía ni hubo una requisición dentro de la institución antes de la negociación.

El bien estaba en obra gris, no tenía acabados; no tenía agua propia, tenía una hipoteca de Q10 millones y la zona no es segura para este tipo de instalaciones.

Lo anterior quedó consignado en dictámenes de una jefa del departamento jurídico, quien fue removida del cargo. La sucesora sí dio luz verde para concretar la compra, de acuerdo con la pesquisa.

La responsabilidad de Aldana, según Pacheco, radicó en el hecho de que ella firmó una resolución del 27 de diciembre de 2017 donde aprueba la compra y delega a la jefa administrativa esa gestión, lo cual es ilegal, según Pacheco.

La negociación del MP fue a través de la entidad Invermo Corp., la cual no está registrada, y estaba representada por William Balz Gallardo, por lo que la entidad Beltram, S.A. a cargo de la venta del edificio, fue utilizada como un medio anómalo para negociar el edificio, cuyo representante legal era Mynor Lobos Agustín.

Además, según una auditoría de la Contraloría, hubo una sobrevaloración de Q3.5 millones en el avalúo que hizo el Departamento de Sección de Avalúos Oficiales, del Ministerio de Finanzas.

El Ministerio Público (MP), hizo una publicación del acuerdo 32-2020 en el Diario de Centro América, este viernes 25 de septiembre, en el que declaró la lesividad en el contrato de compra del edificio de la zona 5 de Guatemala, durante la administración de la exfiscal Thelma Aldana y por el cual tiene orden de captura.

En el documento, firmado por Porras y por el secretario general del MP, Rony López Contreras, se detalla que el 11 de octubre de 2017 el Ministerio Público (MP), a través de la Jefatura Administrativa suscribió el contrato de compra-venta del edificio, ubicado en la Diagonal 14, bulevar de La Asunción 21-32, Colonia Arrivillaga,  zona 5, de la ciudad de Guatemala.

Refiere que la compra-venta del inmueble se encuentra contenida en escritura pública número 336 de fecha 11 de octubre de 2017 y escritura pública de ampliación número 354 de fecha 31 de octubre de 2017, ambas autorizadas en esta ciudad por el Notario Carlos Enrique Rivera Gallardo, con la entidad denominada Bertram, Sociedad Anónima.

Según el MP, se declara lesivo a los intereses del Ministerio Público y como consecuencia a los intereses del Estado de Guatemala el contrato de compra-venta de bien inmueble celebrado con la entidad Bertram, Sociedad Anónima.

Además, se instruye y faculta al Departamento Jurídico del MP para que promueva y ejecute todas las acciones legales que en derecho correspondan con la finalidad de que se declare lesivo el contrato y por ende se deje sin efecto tal contratación.

Entre las consideraciones que tomó el MP para declarar lesivo el contrato está el dictamen número DAJ-Opinión-163-2019, de fecha 3 de octubre de 2019, emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General de Cuentas, en el que se concluye “que existieron irregularidades antes, durante y después, en la gestión de la compra del edificio ubicado en la zona 5 de la capital.

Según la publicación, este acuerdo entra en vigor inmediatamente.

El caso

El 13 de septiembre del 2019, el Juzgado Undécimo Penal firmó, a solicitud del MP, la orden de captura contra Thelma Aldana, exfiscal general de 2014 a 2018, por supuestas irregularidades en la compra del edificio de la zona 5 por Q35 millones. Los delitos son abuso de autoridad y fraude.

La orden contra Aldana se justifica, porque ella, siendo la máxima autoridad del MP, debía velar por el cumplimiento de la ley, lo cual no ocurrió, dijo el fiscal Marlon Pacheco en conferencia de prensa ese 13 de septiembre.

Dijo que la compra se concretó pese a que no se cumplía con los requisitos de la Ley de Compras y que algunos hallazgos es que no hubo necesidad ni justificación previa a la compra, es decir que no se presupuestó en el Plan Anual de Compras de la Fiscalía ni hubo una requisición dentro de la institución antes de la negociación.

El bien estaba en obra gris, no tenía acabados; no tenía agua propia, tenía una hipoteca de Q10 millones y la zona no es segura para este tipo de instalaciones.

Lo anterior quedó consignado en dictámenes de una jefa del departamento jurídico, quien fue removida del cargo. La sucesora sí dio luz verde para concretar la compra, de acuerdo con la pesquisa.

La responsabilidad de Aldana, según Pacheco, radicó en el hecho de que ella firmó una resolución del 27 de diciembre de 2017 donde aprueba la compra y delega a la jefa administrativa esa gestión, lo cual es ilegal, según Pacheco.

La negociación del MP fue a través de la entidad Invermo Corp., la cual no está registrada, y estaba representada por William Balz Gallardo, por lo que la entidad Beltram, S.A. a cargo de la venta del edificio, fue utilizada como un medio anómalo para negociar el edificio, cuyo representante legal era Mynor Lobos Agustín.

Además, según una auditoría de la Contraloría, hubo una sobrevaloración de Q3.5 millones en el avalúo que hizo el Departamento de Sección de Avalúos Oficiales, del Ministerio de Finanzas.

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Procesados

El 8 de octubre del 2019, el Juzgado Undécimo resolvió ligar a proceso por fraude a las tres exempleadas del Ministerio Público por el caso de las supuestas irregularidades en la compra del edificio en la zona 5 por Q35 millones.

Se trata de Miriam Salazar y Patricia Beatriz Guzmán que eran acusadas por abuso de autoridad y fraude, pero les fue retirado el primero de los delitos. Mientras que Diana Benavides estaba señalada de incumplimiento de deberes y fraude, también solo quedó ligada por fraude. Las tres quedaron en arresto domiciliario.

El 23 de octubre del 2019, quedó ligado a proceso Mynor Enrique Lobos Agustín por testaferrato. Él fue el vendedor del edificio de la zona 5 al Ministerio Público.