Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), en entrevista este viernes 27 de agostos en La Red fue cuestionado respecto que semanas previas a su despido, Juan Francisco Sandoval y su equipo trabajaban para recopilar pruebas que corroboraran la declaración de un testigo que afirmaba haber dejado supuestamente una alfombra con dinero en la casa del presidente Giammattei.

En ese sentido le preguntaron respecto de un memorándum por parte de él para agentes fiscales y darles la instrucción solicitando información que si habían desarrollado diligencias en ese caso.

El fiscal respondió “sí, así es” y que derivado de esta información que circuló giró el memorándum para que le informaran si cada agencia fiscal a través de sus auxiliares había instruido o habían desarrollado alguna investigación relacionada al tema. “Todos los agentes fiscales me informaron que no hay ninguna investigación en esta fiscalía con relación a lo que ha circulado”, afirmó.

También le preguntaron si tienen conocimiento si Sandoval habría entregado documentos al Departamento de Estado de EE. UU. para abrir una investigación allá, a lo que Curruchiche respondió: “Yo no tengo ninguna información al respecto, yo no tengo conocimiento de dicha situación”.

“No hay ninguna información, o que se haya conformado algún equipo de trabajo con relación a este tema”, afirmó el funcionario.

Diligencias en la Feci

Respecto de este tema, el fiscal indicó que es una investigación que no desarrolla la referida fiscalía y que “por lo tanto no le podía comentar nada el respecto”.

Luego le preguntaron que si la investigación la desarrollan en contra de la Feci, el fiscal dijo: “no le podría yo informar nada” porque el caso está bajo reserva y según él, la desarrolla la Fiscalía de Asuntos Internos.

Dijo que se hace un análisis de todos los casos; además, afirmó que tiene ya tiene un parámetro de la fiscalía y tendrá que tomar algunas decisiones en cuanto el tema de auxiliares fiscales, como algunos traslados que se han hecho a lo interno “y que son normales en cualquier fiscalía”.

Para leer más: El dilema de EE. UU. en Guatemala: ¿detener la corrupción o la migración?

Siempre en el tema de la supuesta alfombra con dinero, le preguntaron qué tiene que ocurrir para que una fiscalía tome la decisión de hacer una investigación sin que haya una denuncia, el fiscal respondió que en la Feci llevan investigaciones “muy delicadas, muy sensibles, por lo tanto revelar cualquier detalles al respecto, se pone en peligro la investigación, se pone en peligro la vida del fiscal que lleva la investigación, se pone en peligro la vida del testigo, por lo tanto debemos ser muy celosos y muy cuidadosos en esos detalles, porque si yo como fiscal revelo investigaciones que se vienen desarrollando, pues creo que el momento dado podría haber alguna consecuencia”.

Dijo que la lucha contra la impunidad debe seguir y según él, el compromiso sigue.

“Plan de criminalización”

El jueves 26 de agosto, el exfiscal de la Feci, Juan Francisco Sandoval, se pronunció en La Red por los allanamientos en las instalaciones de esa fiscalía.

Señaló que es una fase más del “plan de criminalización, de intimidación a Juan Francisco Sandoval y al personal que en su momento ejerció funciones en coordinación con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala”.

Añadió que además las investigaciones se encuentran en peligro, “se trata de estigmatizarme públicamente. Ahora se ha acelerado las amenazas, las amenazas promovidas desde sectores oscuros del país, quienes propiciaron no solo mi destitución, sino ahora que se tiene el control total de la Feci tratan de hacer sentir delincuentes a los fiscales que durante mucho tiempo han arriesgado su vida en beneficio de la justicia del país”.

A Sandoval le preguntaron que si a raíz de la publicación de un medio estadounidense y las declaraciones que ha brindado se dieron los allanamientos por la Fiscalía de Asuntos Internos, el exfuncionario respondió que “ya lo anunció tanto la fiscal general y el presidente de la República ante un medio fuera del país, que ya tienen elaborado un informe en el que demostrarán a la ciudadanía guatemalteca la existencia de anomalías en la Feci. Entonces se denota de que existe una coordinación previa con el propósito de dañar el trabajo”.

Para leer más: Giammattei habría recibido dinero de soborno en una alfombra, según publicación del New York Times

“Estoy realizando tareas para tratar de construir desde afuera una mejor Guatemala. Las condiciones de seguridad no permiten en este momento que regrese a mi país”.

Recordó que “entre las personas que fueron objeto de persecución y juzgamiento por el trabajo que desempeñé, se encuentran tres expresidentes de la República, una exvicepresidenta, varios exministros de Estado, diputados, magistrados, militares, estructuras criminales vinculadas con organizaciones del narcotráfico y desde le primer momento me di cuenta de que en ningún momento se ofreció el resguardo para mi seguridad y de hecho hasta hubo alguna comunicación de que yo rechacé la seguridad. Nunca fue una preocupación mi integridad física”.

El New York Times publicó este martes 24 de agosto un artículo titulado “El dilema de EE. UU. en Guatemala: ¿detener la corrupción o la migración?”, en el cual la periodista Natalie Kitroeff  se refiere, entre otras cosas, a la declaración de un testigo que en junio pasado habría informado al entonces fiscal contra la Impunidad de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, que había ido a la casa del presidente y  había entregado una alfombra enrollada llena de dinero.

En las semanas previas a su despido, Sandoval y su equipo trabajaron intensamente para recopilar pruebas que corroborasen la declaración del testigo que afirmaba haber dejado una alfombra llena de dinero en efectivo en la casa del presidente.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público, determinó que el testigo probablemente había dado con un plan de una empresa minera respaldada por Rusia para sobornar a Giammattei por el derecho de operar parte de un puerto guatemalteco, según el New York Times.

Según la declaración del testigo, tras entregar la alfombra rellena de dinero, escuchó a uno de los hombres decir que acababan de garantizar “puerta libre en la Portuaria”, según su declaración.

Respuestas del gobierno

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia publicó un comunicado con las respuestas que le ofreció a la periodista Kitroeff del New Yortk Times.

En el documento, la Secretaría refiere: “queremos dejar constancia para el registro de esta entrevista, que ustedes refieren a documentos, declaraciones, informes, que no tuvimos a la vista por lo tanto, nos limitamos a contestar solamente el contenido de su comunicación”.

“Importante resaltar que desconocemos la legalidad y autenticidad de los documentos que describen tienen en su poder, en especial porque las investigaciones que realizan las fiscalías son reservadas para los extraños conforme el Código Procesal Penal de Guatemala (Art. 314), es decir no son públicas; sólo pueden acceder a las actuaciones el personal del Ministerio Público y los sindicados”, agrega la comunicación oficial del Gobierno de Guatemala.

Según el comunicado oficial, la periodista preguntó que “la teoría de los investigadores de la Feci según los documentos que tenemos y entrevistas, es que el Presidente recibió el dinero como un soborno a cambio de concesionar un área del puerto Santo Tomás de Castilla”·

A lo que el gobierno respondió que les están pidiendo que se pronuncien sobre supuestos documentos y entrevistas, sin adjuntar evidencia de respaldo. “Desconocemos la legalidad y autenticidad de las fuentes a las que se refieren”.

“El Presidente de la República de Guatemala, Alejandro Giammattei rechaza categóricamente la afirmación que hacen respecto a que ciudadanos rusos le entregaron dinero en su casa a cambio de una concesión”, cita el comunicado.

Agrega: “El único conocimiento que tenemos al respecto de esos señalamientos son las declaraciones, sin evidencia, que un exfiscal integrante de la Feci ha efectuado a medios de comunicación. Cabe destacar que conforme avanzan las semanas, los señalamientos los modifican constantemente, incluso contradiciéndose, extremo que se puede comprobar al analizar las publicaciones en medios de comunicación”.

El comunicado también hace referencia a que les llama la atención que se ha variado lo que informan a los medios de comunicación. Destacan que al inicio se dijo que se podrían relacionar a la adquisición de vacunas Sputnik V, extremo que fue rechazado públicamente por la propia Embajada de Rusia acreditada en Guatemala. Agrega que posteriormente cambiaron hacia otras declaraciones sobre un supuesto proyecto en el área de la portuaria.

“Están buscando posicionar, sorprendiendo a los medios de comunicación, una narrativa sobre supuestos casos de corrupción”, se lee en el comunicado.

Entidad autónoma

El documento oficial menciona que la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, por disposición legal, es una entidad autónoma, que cuenta con sus propias autoridades y no es competencia de la Presidencia de la República.

“Sobre la supuesta investigación que se realiza por la Feci y los sujetos que en la entrevista describen como “testigo”, “entrevistado”, “investigadores” o “funcionario” no podemos manifestarnos porque desconocemos identidad, idoneidad y credibilidad de estos y no nos fueron presentados los documentos a los que hacen referencia”, continúa el comunicado de prensa.

Menciona que: “de existir una posible investigación la misma tiene características de ilegal, en virtud que el cargo de Presidente de la República, por norma constitucional, está investido de la prerrogativa de antejuicio que es irrenunciable”.

El documento dice que con la certeza de realizar actividades conforme a la legalidad y demostrar la disposición de transparentar la información, el presidente Giammattei envió un memorial al MP, el 27 de julio de 2021, donde manifiesta su colaboración para desvirtuar “las falsedades emitidas en su contra”, en caso fuera necesario.

La periodista también le consulta al Gobierno sobre el caso ocurrido en mayo de 2021, en donde otro testigo declaró en la Feci que estuvo presente en una reunión en la que el presidente Giammattei negoció recibir del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, Q20 millones como aporte a su campaña electoral de 2019. Señala que hay documentos que detallan que según el testigo, la entrega de los fondos se haría a cambio de que el presidente mantuviera un año a Benito frente a ese ministerio y se mantuvieran los contratos del Gobierno con constructores específicos.

En relación con eso, el Gobierno respondió: “nombrar a una persona en específico al cargo de ministro de comunicaciones, infraestructura y vivienda, es falso; simplemente pueden ver quienes han sido nombrados en ese puesto”.

Finalmente, la periodista consulta al Gobierno que ese caso al que hacen referencia fue trasladado a Pedro Hernández, el ahijado de Consuelo Porras -fiscal general del MP-, y que investigadores dentro de Feci dicen que ella está trabajando para debilitar sus investigaciones más importantes, especialmente la que menciona al presidente Giammattei.

“No conocemos a todas las personas que trabajan en el Ministerio Público.  Desconocemos a quién ha designado la Señora Fiscal en cualquier investigación, porque el Ministerio Público es ente, constitucionalmente autónomo”, concluye el comunicado.

El puertorriqueño Bad Bunny, que en sólo cuatro años de carrera ha conseguido arrasar en el panorama musical, ocupa ahora también la portada de la revista de The New York Times, una de las publicaciones de entretenimiento más destacadas del mundo.

Se trata de la Edición Cultural que todos los años produce The New York Times Magazine, en la que la autora, Carina del Valle Schorske, de ascendencia puertorriqueña, se adentra en un largo artículo en el último disco de Bad Bunny, YHLQMDLG , habla en detalle de su particular voz y de su infancia, y de los mensajes de denuncia que el cantante ha incluido en sus canciones en los últimos años.

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“Me siento como si fuese un deportista que está representando a Puerto Rico en las Olimpiadas y es diablo”, dice en la entrevista Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Martínez, sobre la importancia que ha ido ganando su figura.

Del Valle Schorske viajó hasta Puerto Rico para entrevistar a la estrella, que ha fusionado la música con el activismo para denunciar las muertes de mujeres y transgénero en la isla así como la respuesta de EE.UU. al huracán María.

“Es una historia sobre el Puerto Rico de Bad Bunny, o sobre el Bad Bunny de Puerto Rico”, cuenta la periodista sobre la pieza. “Y cuando digo Puerto Rico, me refiero al archipiélago pero también a la diáspora y a la solidaridad que forma la diáspora”, agrega.

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La entrevista con el artista, que tuvo lugar en San Juan, se alargó durante seis horas, pero la periodista también tuvo oportunidad de hablar con su colaborador DJ Orma, el productor de reguetón Tainy, el artista urbano Residente y con varios poetas, escritores, críticos culturales y músicos, entre ellos la artista Cecilia Peña-Govea.

Tras el aspecto gráfico de la entrevista, en el que Bad Bunny mira a cámara con gesto afable, abundante pelo rizado y un particular bigote, se encuentra la también puertorriqueña Mara Corsino y la diseñadora y compatriota Claudia Rubín.

* En alianza con Forbes México, artículo de Forbes Staff.

La enmienda 25 es una norma constitucional de Estados Unidos relativamente desconocida y que, de la noche a la mañana, se ha convertido en un tema de debate en ese país.

¿La razón? Contiene disposiciones que permitirían remover del poder al presidente Donald Trump.

La enmienda 25 fue mencionada en el polémico artículo de opinión “Soy parte de la resistencia dentro del gobierno de Trump”, publicado de forma anónima el miércoles pasado en The New York Times y cuya autor, según ese diario, es un alto funcionario del ejecutivo estadounidense.

El autor asegura que hay miembros del ejecutivo que “trabajan diligentemente desde adentro para frustrar partes de la agenda (de Trump) y sus peores inclinaciones”.

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“Dada la inestabilidad de la que muchos han sido testigos, hubo comentarios dentro del gabinete sobre invocar la enmienda 25, que daría inicio a un complejo proceso para destituir al presidente”, dice el texto.

“Sin embargo, nadie quiso precipitar una crisis constitucional. Así que haremos lo que podamos para dirigir el rumbo del gobierno en la dirección correcta hasta que -de una manera u otra- llegue a su fin”, agregó el escritor anónimo.

¿Cuál es el origen de esta norma y cuáles pueden ser sus implicaciones para Trump?

Orden en la sucesión

La enmienda 25 fue aprobada por el Congreso como un mecanismo para asegurar la sucesión en el poder tras el asesinato en 1963 del presidente John F. Kennedy.

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En ese momento, el vicepresidente Lyndon B. Johnson asumió la jefatura de Estado pero no existía un mecanismo claro para ocupar su cargo, que había quedado vacante.

En Estados Unidos, usualmente el vicepresidente acompaña como candidato al presidente, que es electo en votaciones generales.

Entonces, el Congreso propuso esta enmienda, que fue aprobada en 1965 y se convirtió en parte de la Constitución en 1967, tras ser ratificada por 38 estados.

La norma contiene cuatro disposiciones:

• La primera establece que el vicepresidente se hará cargo del gobierno si el jefe de Estado muere, renuncia o es destituido.
• La segunda señala que, si se produce una vacante en la vicepresidencia, el presidente debe nombrar un reemplazo que debe ser confirmado por una mayoría en ambas cámaras del Congreso: la Cámara de Representantes y el Senado.
• La tercera permite al presidente delegar sus funciones en el vicepresidente, de forma temporal.
• La cuarta crea el mecanismo mediante el cual el vicepresidente y la mayoría de los miembros del gabinete pueden declarar que el presidente no es capaz de “desempeñar las funciones y obligaciones de su cargo”, lo que puede llevar a que el mandatario sea sustituido por su número dos.

Esta última disposición es la única que nunca ha sido utilizada y es justamente la que está ahora en medio del debate.

¿Es posible aplicársela a Donald Trump?

“Más difícil que un impeachment”

“Esta disposición fue creada para establecer la transición en el poder cuando el presidente está incapacitado. Para aplicarla tienes que ser capaz de demostrar que él no puede desempeñar las funciones y obligaciones de su cargo”, dice Saikrishna Prakash, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Virginia e investigador principal del Centro Miller de Estudios sobre la Presidencia de Estados Unidos, a BBC Mundo.

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“Si está en coma, esto es evidente, o si está muy enfermo y no puede trabajar. También por incapacidad mental, si se le olvidan las cosas por sufrir alzhéimer, por ejemplo. La cuestión está en si crees que el presidente no ha sido capaz de dedicar el tiempo y el esfuerzo que exige su cargo, ¿es eso suficiente para concluir que él no puede desempeñar sus funciones? Esa es la duda que pueden tener quienes se oponen al presidente”, agrega.

La disposición 4 señala que si el vicepresidente y el gabinete creen que el mandatario está incapacitado pueden escribir una carta para notificar al Congreso al respecto, lo que privaría al jefe de Estado de sus funciones.

Sin embargo, cuando eso ocurre, el presidente puede dirigirse al Congreso para refutar esa aseveración, con lo cual podría permanecer en su cargo.

Llegado este punto, el vicepresidente y el gabinete pueden reiterar su posición ante el legislativo, lo que dejaría la decisión en manos del Congreso: si dos tercios de ambas cámaras dan su visto bueno, el presidente sería despojado de sus poderes.

“Este es un requerimiento extraordinariamente difícil de cumplir y no es probable que sea invocado. Está pensando para ser aplicado en situaciones en las que, desde cualquier punto de vista, es evidente que el presidente no puede cumplir sus funciones, no cuando se trata de un asunto debatible. Me sorprendería mucho si deciden usarlo, aunque uno nunca sabe”, afirma Prakash en conversación con BBC Mundo.

El experto destaca que los parámetros de la enmienda 25 son incluso más exigentes que los de un procedimiento de impeachment (juicio político), que requiere mayoría en la Cámara de Representantes y dos tercios del Senado.

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“La única circunstancia en la que esta enmienda es más fácil de aplicar que el impeachment es si el presidente no objeta la decisión del vicepresidente y del gabinete”, apunta.

John Hudak, subdirector del grupo de investigación estadounidense Centro para una Gerencia Pública Efectiva, advirtió que cualquier intento de aplicar la enmienda 25 se tropezará además conla posibilidad de que el presidente decida despedir a los miembros de su gabinete para evitar que envíen la carta para su remoción al Congreso.

“El comportamiento errático de Donald Trump no hará que sea destituido usando la enmienda 25. Punto”, escribió Hudak en un análisis publicado en la web del Instituto Brookings, un centro de estudios con sede en Washington.

“No importa cuánta gente esté horrorizada por el comportamiento, las acciones y las decisiones gubernamentales del presidente. Es el Congreso el que tendría que actuar. Sin los votos, a menos que ocurran cambios drásticos en la política o en la salud física del mandatario, él va a ser presidente al menos hasta el 20 de enero de 2021”, concluyó.