El asesinato de dos estadounidenses en México reavivó un tema que no es baladí ya que esconde algo mucho más profundo: una eventual intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano.

“Forma parte del cabildeo electoral pero cuando estos temas campean en la relación bilateral hay que poner atención y no minimizarlo”, advirtió en entrevista con EFE Arturo Sarukhán, embajador mexicano en Estados Unidos entre 2007 y 2013.

Desde que asumieron el control de la Cámara de Representantes, los republicanos han redoblado la presión al Gobierno de Joe Biden para que endurezca las políticas hacia México por el tráfico de fentanilo, un opioide que está detrás de las cifras récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos.

El debate se ha recrudecido tras el secuestro en Tamaulipas, un estado mexicano de la frontera con fuerte presencia del crimen organizado, de cuatro estadounidenses, dos de ellos asesinados.

Designarlos terroristas

Aprovechando la tragedia, legisladores republicanos han desempolvado una idea que no es nueva en Washington: designar como terroristas a los carteles para poder enfrentarlos militarmente, algo a lo que México se opone frontalmente.

El Departamento de Estado de EE. UU. tiene catalogados como grupos terroristas extranjeros a organizaciones como el Estado Islámico (EI), Hamás o El Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN).

Republicanos como Lindsey Graham o Dan Crenshaw han presentado proyectos de ley para sumar en esa lista negra al Cartel de Sinaloa, al Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al del Golfo, entre otros, porque “han aterrorizado a los estadounidenses durante décadas”, afirman.

La idea no es nueva. El expresidente Donald Trump se lo planteó tras la masacre contra nueve estadounidenses mormones en México, y Barack Obama lo descartó en su momento.

“Por mucho que siembren violencia, los carteles no son grupos terroristas porque no tienen una agenda política ni una intención de derrocar a nadie”, sostuvo el exembajador Sarukhán.

¿Una intervención militar?

El debate no es una simple cuestión semántica. Designar a esos grupos como terroristas permitiría al Gobierno estadounidense combatirlos militarmente, y eso es lo que piden los “halcones” republicanos.

El senador Graham dijo que el objetivo de una operación militar no sería “invadir México”, sino “destruir” los laboratorios clandestinos donde se fabrica el fentanilo.

Pero así fueran soldados estadounidenses pisando territorio mexicano o drones disparando contra laboratorios se estaría cruzando una línea roja.

“Es un lenguaje muy alarmante porque México ya ha sido invadido en el pasado por Estados Unidos, y en México hay una preocupación real sobre su soberanía”, dijo a EFE Carin Zissis, experta del Council of the Americas, un laboratorio de ideas de Washington.

Además, para Zissis se ha demostrado que un “enfoque tan agresivo” no funciona, pues la persecución militar de capos ha fragmentado los carteles y ha generado “más caos y más violencia”.

“Es un lenguaje que puede funcionar entre algunos votantes de Estados Unidos, pero no va a resolver el problema”, dijo.

Cruce de reproches

Desde sus ruedas de prensa matutinas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha respondido que defenderá la soberanía de ese país, ha arremetido contra los republicanos estadounidenses, a los que ha llamado “mequetrefes e intervencionistas”, y ha pedido que nadie los vote.

La preocupación en el seno del Gobierno mexicano es tal que el canciller, Marcelo Ebrard, viaja de emergencia este lunes a Washington para tejer una estrategia con los 50 cónsules mexicanos en Estados Unidos.

Por su parte, la Casa Blanca ha pasado de puntillas por la polémica y ha descartado que vaya a declarar terroristas a los carteles. “No nos daría ninguna competencia adicional”, dijo Karine Jean-Pierre, portavoz de Biden el pasado jueves 9 de marzo.

“Está claro que la Administración entiende que esa no es la vía, pero lo que sí veremos es una presión incrementada al Gobierno de México”, opinó Sarukhán.

La cooperación entre ambos países, que hace un año lanzaron el plan Entendimiento Bicentenario, ha dado resultados como la captura de Ovidio Guzmán, hijo del “Chapo”.

Pero cada vez hay más voces dentro de la Administración demócrata críticas con el desempeño del Gobierno mexicano.

La DEA ha criticado a México por no compartir suficiente información, mientras que el fiscal general, Merrick Garland, dijo hace dos semanas en el Senado que las autoridades mexicanas podrían hacer más contra el narcotráfico.

Para el exembajador Sarukhán, la estrategia de seguridad de López Obrador es “un desastre” y ha llevado la cooperación bajo mínimos. Pero también cree que Washington tiene una conciencia “muy superficial” sobre su responsabilidad.

Los deberes de EE. UU.

Y es que México también quiere que Washington haga más. Por un lado, reduciendo las adicciones a los opiáceos en el país. “Durante muchos años, las farmacéuticas los recetaban como si fueran M&M’s”, recordó Sarukhán.

Por otro, persiguiendo a los grupos que operan en Estados Unidos y frenando el tráfico de armas hacia México, donde son causantes de la crisis de homicidios que sufre el país.

“¿Por qué ellos no atienden el problema? ¿Por qué no combaten la distribución de fentanilo en Estados Unidos?”, reprochó la semana pasada López Obrador.

Para Zissis, “no se puede resolver el problema del crimen organizado sin que Estados Unidos atienda estos asuntos”.

El reto ahora es que la cooperación le gane al ruido, que irá en aumento a medida que se acerquen las elecciones presidenciales de 2024 en ambos países.

En medio de las tareas de evacuación, un ataque terrorista sería un golpe estratégico tanto contra EE. UU., así como contra el grupo extremista que tomó el poder en Afganistán

Según reportes internacionales, en las últimas horas se han implementado medidas para evitar ataques con misiles y varios aviones militares han realizado aterrizajes en espiral y otras aeronaves han disparado bengalas al despegar.

De acuerdo con los informes, la amenaza proviene del Estado Islámico de Khorasan, también conocido como IS-K o ISIS-K, una rama autoproclamada del grupo terrorista que surgió por primera vez en Siria e Irak.

El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró el domingo 22 de agosto que aún espera terminar la caótica evacuación de Afganistán para el 31 de agosto, pero dejó la puerta abierta a extender ese plazo si fuera necesario, en tanto ordenó a las aerolíneas comerciales asistir en los traslados.

En una alocución televisada desde la Casa Blanca sobre este operativo, Biden dijo que su “esperanza” es que no se deban “extender” los tiempos.

“Veremos qué podemos hacer” si líderes de otros países solicitan correr la fecha límite, añadió no obstante ante la consulta de un periodista.

La Casa Blanca dijo que, desde el fin de semana pasado, cuando los talibanes completaron su campaña victoriosa en Afganistán al capturar Kabul, Estados Unidos “ha evacuado y facilitado la evacuación de aproximadamente 30 mil 300 personas en vuelos militares y de la coalición”.

Biden reconoció las escenas desgarradoras de afganos llenando el aeropuerto desesperados por escapar de los insurgentes, pero dijo que esto tenía que ser aceptado, dada la situación.

“No hay manera de evacuar a tanta gente sin dolor ni pérdidas y sin imágenes desgarradoras”, dijo.

Biden advirtió además que los extremistas del grupo Estado Islámico conocidos como ISIS-K son una amenaza constante.

“Sabemos que algunos terroristas podrían tratar de aprovechar la situación”, sostuvo. “Sigue siendo una operación peligrosa”.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, estimó el sábado 21 “imposible” evacuar a todos los colaboradores afganos de las potencias occidentales antes del 31 de agosto.

Varias organizaciones de derechos humanos también pidieron a Biden que extienda el plazo para la retirada de su país de Afganistán.

Biden aseguró que estas evacuaciones habrían sido “difíciles y dolorosas” aunque se hubieran iniciado “hace un mes”.

Una semana después de que los talibanes tomaran el poder, miles de personas aún intentaban huir del país el domingo y el caos reinaba en el aeropuerto de Kabul.

“Hemos realizado una serie de cambios, incluida la ampliación del acceso alrededor del aeropuerto y la zona de seguridad”, señaló Biden sin dar más detalles.

Qué el ISIS-K

El nombre del grupo ISIS-K proviene de su terminología para el área que incluye Afganistán y Pakistán: “Khorasan”.

Medios internacionales reportaron que ISIS-K es un grupo que se fundó en 2018 y sigue activo, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). Además, se reveló que los afiliados comparten una ideología y tácticas, la profundidad de su relación con respecto al Estado Islámico y su mando nunca se ha establecido por completo.

El CSIS dijo que el ISIS-K fue responsable de casi 100 ataques contra civiles en Afganistán y Pakistán, así como de aproximadamente 250 enfrentamientos con las fuerzas de seguridad estadounidenses, afganas y paquistaníes desde enero de 2017.

En junio pasado, funcionarios antiterroristas de la ONU dijeron que ISIS había llevado a cabo 77 ataques en Afganistán en los primeros cuatro meses de este año, frente a 21 en el mismo período en 2020. Además, señalaron que en noviembre del año pasado cometieron un ataque contra la Universidad de Kabul y un bombardeo de cohetes contra el aeropuerto de Kabul un mes después.

Aviones civiles

El Pentágono reclutó el domingo 22 de agosto a varias de las principales compañías aéreas comerciales de Estados Unidos para esta operación.

El secretario de Defensa, Lloyd Austin, activó la Flota Aérea de Reserva Civil (CRAF, en inglés), raras veces utilizada, para asistir en el traslado de personas que llegan a las bases estadounidenses en Oriente Medio desde Afganistán.

“Vamos a hacer todo lo posible para que todos, todos los ciudadanos estadounidenses que quieran salir salgan”, dijo Austin en entrevista con la cadena ABC, y añadió que lo mismo se aplica para los aliados afganos de Estados Unidos.

Alrededor de 15 mil estadounidenses deben ser evacuados de Afganistán, según Biden, además de al menos 50 mil afganos que colaboraron con las tropas estadounidenses que deberían salir del país con sus familias.

Dieciocho aviones civiles de American Airlines, Atlas, Delta, Omni, Hawaiian y United ayudarán a docenas de naves de carga militares.

En lugar de entrar y salir de la capital afgana, los aviones transportarán a las personas desde las bases estadounidenses en Catar, Baréin y los Emiratos Árabes Unidos hasta países europeos y, en muchos casos, hasta Estados Unidos.

“Amenazas a la seguridad”

Entre denuncias de que los talibanes han intimidado y golpeado a personas que intentaban llegar al aeropuerto, Austin aseguró que habían dejado pasar con seguridad a quienes tienen pasaporte estadounidense.

Gran Bretaña informó el domingo que siete afganos murieron en medio del caos cerca del aeropuerto de Kabul. La situación se complicó aún más el sábado cuando Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos que se mantuvieran alejados de la zona debido a “amenazas a la seguridad”.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo el domingo que las fuerzas armadas estadounidenses han sacado a 30 mil personas desde finales de julio, la mayoría desde la caída del gobierno afgano el pasado domingo.

“Estamos concentrados en sacar al mayor número de personas lo más rápido posible, de la forma más eficaz y segura que podamos. También es importante señalar que los talibanes han manifestado su intención de mantener abierto el aeropuerto”, declaró el secretario de Estado, Antony Blinken, a la cadena CBS.

“Quieren un aeropuerto que funcione y se han comprometido a permitir el paso seguro de las personas sin que haya un plazo para ello. Y haremos que los talibanes cumplan ese compromiso”, añadió.

El CRAF sólo ha sido activado en dos ocasiones: para transportar tropas en la Guerra del Golfo de 1990-91 y de nuevo en 2002-2003 para la invasión de Irak.

Las bancadas oficialistas y opositores parecen estar trabajando en un punto en común al tratarse de la iniciativa presentada por el Ejecutivo donde se busca reformar el código Penal para aumentar las penas a los crímenes relacionados con las pandillas luego de declararlas como terroristas.

Con el voto favorable de 123 diputados, el Congreso aprobó que se debe dictaminar en 30 días la iniciativa que declara terroristas a pandillas y que debe ser conocida por las comisiones de Gobernación, Asuntos de Seguridad Nacional y Defensa Nacional.

La propuesta para que se agilice la aprobación de esta ley vino de parte de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

El diputado de esa bancada, Mario Taracena, dijo que las comisiones antes mencionadas deben dictaminar a favor de dicha iniciativa en 30 días para que la ley entre en vigencia en 60 días.

“Diputados sientan el temor de los guatemaltecos, sientan la angustia de los padres de familia que no saben si sus hijos van a regresar a su casa y por eso este Congreso la novena legislatura quiere hacer algo diferente, tiene que mandar un mensaje claro, no a las maras, sí apoyamos a Giammattei y ojalá el presidente gane esa batalla”, dijo Taracena.

Los diputados Mario Taracena y Carlos Barreda de la UNE piden que esta iniciativa se dictamine a favor en 30 días. pic.twitter.com/xIcO4aKuvX

— Manuel Hernández (@mhernandez_gt) January 28, 2020

Mientras tanto, el diputado Manuel Conde Orellana, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), señaló que es necesario medidas enérgicas, pero también programas, acciones, y políticas que eviten que más niños y jóvenes vayan a las maras.

El mandatario Jimmy Morales indicó esta mañana en la Conferencia de Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, que Guatemala ha detenido a “más de 90 cerca de 100 personas completamente ligadas a temas de terroristas con el Estado Islámico (ISIS)”.

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https://twitter.com/Sanchinelli_gtv/status/1050453825985888263

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Morales que se encuentra en Washington, Estados Unidos, sostuvo una reunión con vicepresidente estadounidense Mike Pence, y otros funcionarios de dicho país, así como los mandatarios centroamericanos y funcionarios mexicanos, acá aprovechó para emitir estas declaraciones.

“Retiramos al Ejército”

Tenemos más de 40 mil policías nacionales civiles protegiendo el interior de nuestro país y nuestro ejército lo hemos llevado hacia las fronteras para poder fortalecer nuestras fuerzas nacionales.

“El balance subió a 128 muertos”, declaró el ministro del Interior provincial Agha Umar Bungalzai. Un informe anterior daba cuenta de 85 muertos.

Este fue el segundo atentado el viernes contra un mitin en Pakistán, que celebra elecciones legislativas el 25 de julio en un clima de tensiones.

El atentado, cuyo balance es provisorio, se produjo en Mastung, a unos 40 km de la capital de Baluchistán, Quetta.

“El ataque suicida (…) en la ciudad de Mastung en Balutchistán causó cerca de 80 muertos, entre ellos un responsable de inteligencia paquistaní y decenas de heridos”, afirmó el grupo Estado Islámico en un comunicado publicado por su agencia de propaganda Amaq.

La explosión se produjo en un complejo en donde se celebraba un mitin político, precisó poco antes un responsable de la administración local, Saeed Jamali.

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La evacuación de los muertos y heridos tuvo que hacerse en gran parte en la oscuridad por la falta de electricidad, constató AFP en el lugar.

Según Bungalzai, el atentado tenía como blanco un mitin del político Mir Siraj Raisani, quien falleció.

“Murió como consecuencia de sus heridas mientras era trasladado a Quetta”, dijo. Era candidato a un escaño de diputado provincial por el partido Baluchistán Awami Party (BAP).

Horas antes de este cruento ataque, una bomba oculta en una motocicleta mató a cuatro personas al estallar al paso del convoy de un candidato electoral cerca de Bannu, en el noroeste del país, según la policía.

El político en la mira, Akram Khan Durrani, representante de una coalición de partidos religiosos, MMA, sobrevivió al ataque.

Violencia sin tregua

El martes por la noche un atentado suicida contra una reunión electoral del Awami National Party (ANP) en Peshawar (noroeste), reivindicado por los talibanes paquistaníes, mató a 22 personas, entre ellas un político local, Haroon Bilour, según un nuevo balance.

“Las autoridades paquistaníes tienen el deber de proteger los derechos de todos los paquistaníes en este periodo de elecciones: su seguridad física y su capacidad a expresar libremente sus opiniones políticas, sea cual sea el partido al que pertenecen”, reaccionó Omar Waraich, director adjunto de Asia del Sur de Amnistía Internacional.

Las Fuerzas Armadas indicaron esta semana que prevén desplegar más de 370.000 hombres para garantizar la seguridad el día del voto.

Detenido a su regreso Nawaz Sharif

En este contexto electoral sangriento, el ex primer ministro paquistaní Nawaz Sharif, condenado en ausencia a diez años de cárcel por corrupción, llegó a Pakistán, donde fue detenido.

El ex jefe del gobierno y su hija Maryam fueron condenados a 10 años y siete años de cárcel el pasado viernes cuando se encontraban en Londres, donde la esposa de Sharif recibe tratamiento por un cáncer.

El avión proveniente de Abu Dhabi aterrizó en Lahore, según las imágenes transmitidas por la televisión paquistaní.

Ambos “fueron detenidos” por las autoridades anticorrupción y llevados a Islamabad, según un comunicado de la municipalidad de Islamabad.

“Sé que  (…) me llevarán directamente a la cárcel”, declaró Sharif en un vídeo difundido el viernes por su partido, donde aparece sentado en un avión.

“Quiero decir a los paquistaníes que lo hice por vosotros (…) Caminen conmigo, unan sus manos a las mías y cambiemos el destino del país”, afirmó Sharif, todavía muy influyente en el país.

La condena, que su clan tacha de “política”, ha disparado la tensión antes de las legislativas del 25 de julio en el país, que el PML-N, en el poder desde 2013, espera ganar.

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Una crispación acentuada el jueves cuando el hermano de Nawaz y jefe del partido, Shahbaz Sharif, afirmó que “cientos de militantes” de la formación, el PML-N, fueron detenidos en los últimos días para impedir que vayan a expresar su apoyo a Sharif.

Nawaz Sharif fue destituido por el Tribunal Supremo del cargo de primer ministro en julio de 2017 después de que se hiciese público que su familia es propietaria de lujosos bienes inmobiliarios a través de holdings off-shore.

Una corte paquistaní le prohibió más tarde dirigir el partido y participar en comicios de por vida. Su clan niega que hubiera cometido malversación y afirma que Nawaz Sharif es víctima de una conspiración urdida por el poderoso ejército pakistaní.

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