Gabriela Roca, directora de asuntos corporativos de la minera San Rafael, dijo que la compañía pidió a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), que “dicten sentencia” para volver a operar.

Agregó que también les recriminaron el retraso para decidir tras nueve meses desde que el caso llegó a esa instancia, además de las pérdidas económicas causadas.

“Queremos que los magistrados vayan sumando los daños que han causado al país y a la empresa”, aseguró Roca.

Andrés Dávila, gerente de comunicación de la empresa, precisó que el cese de operaciones los ha llevado a despedir a 500 trabajadores, el 50% de su fuerza laboral, y señaló que de continuar la incertidumbre podrían haber nuevos despedidos.

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Dávila indicó que “cada día que pasa la economía del país está perdiendo” unos 680.000 dólares por pagos de salarios, regalías, impuestos y compras a proveedores.

Las actividades de la minera fueron detenidas temporalmente por la Corte Suprema de Justicia, luego de que una ONG ambientalista denunció al Estado guatemalteco por la falta de respeto a las consultas comunitarias y a la opinión del pueblo indígena xinca.

Luego el trámite fue elevado a la CC, máxima instancia judicial, donde se ha estancado

El proyecto minero fue detenido tras cuatro años de operación en el municipio de San Rafael Las Flores, al sureste de Ciudad de Guatemala.

En marzo pasado, los magistrados de la corte constitucional pidieron informes a varias instituciones para determinar la presencia de indígenas xincas, un pueblo que convive en el país centroamericano con descendientes mayas, garífunas (afrocaribeños) y ladinos.

Roca precisó que la única respuesta que han recibido de la corte es que se trata de un “caso muy difícil” de sentenciar.

Las Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú (Guatemala), Tawakkol Karman (Yemen), Shirin Ebadi (Irán) y Jody Williams (Estados Unidos), visitaron en octubre pasado San Rafael Las Flores y se solidarizaron con un numeroso grupo de pobladores que mantienen una férrea oposición a la mina al denunciar daños ambientales irreversibles.

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