La Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, convertido en Tribunal Constitucional de Amparo, resolvió declarar que se “tiene por cumplida por parte de los asambleístas”, que firmaron un acta notarial el 29 de noviembre de 2022, la toma de posesión de Jorge Rodas como presidente del comité ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) en sustitución de Gerardo Aguirre, de quien ordenaron lo conducente, e incluso, su aprehensión por negarse a acatar la orden que emitió esa judicatura.

Este nuevo capítulo, según la Sala, le pone fin a la debida ejecución que solicitó Rodas Hurtarte ante la Corte de Constitucionalidad y ante esa Sala en noviembre. Y deberá asumir el cargo, a pesar de acciones legales pendientes por resolver.

Según el Tribunal Constitucional se cumplió “con la juramentación y toma de posesión del Comité Ejecutivo, quienes se ampararon, del COG, electos el 9 de octubre de 2021 y validado por el Tribunal Electoral del Deporte Federado, el 29 de marzo de 2022”.

La Sala resolvió que “al haberse cumplido con todos los actos administrativos posteriores a la elección del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco en la asamblea del 9 de octubre del 2021 y validado por el  Tribunal Electoral del Deporte Federado, en resolución de fecha 9 de marzo de 2022, se encuentran legitimados para ejercer los cargos antes mencionados con las facultades, deberes y atribuciones que manda la ley, a Jorge Alexander Rodas Hurtarte, María José Iglesias Ramos, Selvyn Estuardo Ponciano Chitay, Walter René Vásquez Monterrosa y Edwin Giovanny Gutiérrez Godínez”, se lee en la ejecución del amparo 01011-2022-00189.

Esta resolución incluye, ahora, debido a que incumplieron con las órdenes judiciales descritas varias veces y habiendo sido legalmente notificados a través de Claudia Lorena Rivera Lucas, certificar lo conducente “al ente encargado de la persecución penal” contra el comité ejecutivo en disputa, Gerardo Aguirre, Juan Carlos Sagastume, María del Carmen Toriello Arzú de García-Gallont, Claudia Lorena Rivera Lucas, Rafael Antonio Cuestas Rölz y José Gabriel Sagastume Ríos”.

Hacen lo mismo contra los miembros de la asamblea del COG, Mario Enrique Taracena Palencia, Jorge Mario Castellanos Peláez, Josué Fernando Centes Cifuentes, Mario Raúl Salazar Reyes, Guillermo José López del Cid, Bárbara Raquel Bruno Córdova, Guillermo Alfonso Barrillas Guerrero, Willy Constantino Villatoro Castañeda, Mynor Juárez Muy, Jorge Rolando Rosales Mirón y Paola Teresa Angelica Interiano Rodas.

También con Boris Amílcar Juárez García, Erick Roberto Castro, Ruklin Johana Calderón Leiva, Luis Adolfo Pérez Rodríguez, Tulio Héctor Dávila Villatoro, José Félix Mendizabal Pinto, Carlos López Aquino, Carlos Enrique Santis Rangel, José Gabriel Sagastume Ríos, Andrea Estrada Muralles, Willi Kaltschmitt Luján, María Rosario Borello Castillo, Gustavo Humberto López Muñoz y Carlos Alfredo Hermes Beltranena; y a cualquier otro asambleístas que fue citado y no haya comparecido a la sesión para darle posesión a Rodas Hurtarte.

La Sala excluyó a Arturo Luis Cordero Haese, César Augusto Rosales Rojo, Héctor Rubén Sazo Hernández, Juan Manuel González Villeda, Juan Carlos Mendoza Aguirre, Oscar Aníbal Coyoy Licardie, Juan Manuel Melgar Bardales, Xavier Alejandro Mayen Lemus, Ulysses Robert Dent Dávila, Carlos Fernando Fernández Reyes y Ramón Francisco González Pineda porque ellos sí estuvieron presentes para juramentar y darle posesión al nuevo comité ejecutivo.

También certificaron lo conducente en contra de Jorge Gustavo Rehwoldt Castañeda, que es parte de la dirección jurídica del COG, porque, según los magistrados de esa Sala, se prestó para que el ministro ejecutor, Vinicio Argueta Morataya, llegara tarde a la asamblea.

Argumentan que él estuvo presente en el Palacio de los Deportes desde las 8.40, pero funcionarios del COG retrasaron su llegada para cumplir con la orden de dar posesión y juramentación al comité ejecutivo electo.

Asambleístas consultados, quienes siguen teniendo temor a hablar por la persecución que ya comenzó, según indicaron, evidencian el sometimiento “de los órganos judiciales a las disposiciones del Ejecutivo”, a quien siguen vinculando con Jorge Rodas y su planilla.

“Hoy hay dos comités ejecutivos del COG. Eso es serio y complicado. Agudiza la crisis. Un Comité está avalado por el Olímpico Internacional (COI) y el otro por una Sala Constitucional. “Esto es sumamente serio”, dijeron.

“La resolución de la Sala es ilegal y está llena de contrariedades. Es enredada. Porque por un lado dice que la Asamblea sí se reunió, pero por otro dicen que no”, explicó la fuente.

Añade que hablan de que la toma de posesión de hizo con los asambleístas que se quedaron, pero no revelan en dónde se reunieron ni tampoco si hay un acta que compruebe esto, expresan. En la resolución solo se manifiesta que “fueron a otro lugar, por seguridad, a darle posesión, pero no explican a donde”. 

“Los 14 que firmaron un papel, tienen más problemas que los que no se prestaron a esa artimaña. La Constitución prohíbe tribunales secretos. Esto solo complica más las cosas en el deporte olímpico, y lo entrampa más”, aseveró.

Hasta ahora la mayoría de los asambleístas señalados por la Sala aseguran no han sido ni fueron notificados después del 29 de noviembre, cuando se reunieron, se rompió el cuórum y evitó darle posesión y juramentar a Jorge Rodas y el resto de su planilla.

Unos 100 deportistas de distintas disciplinas protestaron en el Congreso de la República ante la suspensión de Guatemala por parte del Comité Olímpico Internacional (COI).

La manifestación tuvo lugar este miércoles 19 de octubre, en respuesta a una convocatoria del grupo Atletas Unidos x Guate.

“No nos roben nuestros sueños de competir”, se leía en un cartel que sostenía una de las atletas.

El COI ratificó la suspensión indefinida a Guatemala, el 15 de octubre pasado. Según la carta con la que oficializó la decisión, los atletas de Guatemala no podrán representar al país ni competir “bajo su bandera” en los Juegos Olímpicos y otros eventos internacionales deportivos.

La suspensión llevaría a que los deportistas sufrieran un “daño irreparable” por la suspensión, declaró entonces la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Guatemalteco (COG).

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Protestan en el Congreso