Quedan 2 días para la consulta popular y hay ciudadanos que siguen sin entender qué es lo que se va a votar. Se trata de decir sí o no a que sea una Corte Internacional la que de una vez por todas estudie y ponga fin al conflicto territorial entre Guatemala y Belice, definiendo las fronteras, pues esa falta de certeza ha ocasionado violencia, pobreza y hasta muertes en la zona de adyacencia.

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Guatemala y Belice acordaron que la Corte Internacional de Justicia resuelva el conflicto territorial que por varios años ha afectado a los ciudadanos que viven en la zona de adyacencia.

Para resolver dudas

El total de lo ciudadanos escritos son 7,522,920, entre ellos el 41% de la población son jóvenes menores de 35 años. El Instituto Nacional de Estadística señala que la población guatemalteca es joven y representa al 60% de población menor de 30 años.

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, detenido el sábado, podría ser liberado rápidamente si la corte suprema modifica esta semana la norma que autoriza encarcelar a personas condenadas en segunda instancia que aún disponen de recursos judiciales.

Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, anunció que el próximo miércoles pedirá incluir en la agenda un nuevo debate que podría zanjar las divergencias internas que persisten en la corte sobre ese tema.

El STF denegó el 5 de abril un recurso presentado por la defensa de Lula para impedir su encarcelamiento mientras dispusiese de recursos ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ, tercera instancia) o ante el propio STF.

Pero la decisión fue adoptada por el estrecho margen de 6 votos contra 5; una de las magistradas que votó contra Lula, Rosa Weber, dio a entender que era favorable a modificar la jurisprudencia actual, aunque no al juzgar un caso específico, sino cuando el asunto fuese tratado de forma general.

La jurisprudencia que autoriza el encarcelamiento después de la condena en segunda instancia fue adoptada en 2016.

Corte podría beneficiar a muchos

Quienes abogan por el encarcelamiento anticipado lo hacen en nombre de la lucha contra la impunidad, porque los procesos suelen demorar meses o años hasta llegar a instancias superiores. Los partidarios de modificar la norma invocan el respeto de la presunción de inocencia.

Si se modificara la jurisprudencia, todos los condenados en segunda instancia actualmente detenidos deberían beneficiarse de la medida e ir a esperar en sus casas el resultado de sus apelaciones ante el STJ o el STF. A menos que se haya decretado contra ellos prisión preventiva por su peligrosidad, por riesgo de fuga o por interferir en los procesos.

Aunque el STF paute para esta semana el debate, la discusión podría suspenderse por tiempo indefinido si uno de los 11 jueces pide más tiempo para estudiar la cuestión.

“Hay un conflicto dentro del STF, entre quienes quieren discutir el asunto de manera general y los que se oponen. Y el único motivo por el cual el asunto tiene relevancia, es por [la incertidumbre] sobre el voto de Rosa Weber”, dijo a la AFP Thomaz Pereira, profesor de derecho de la Fundación Getúlio Vargas (FGV) de Rio de Janeiro.