Patricia Sulbarán Lovera
Enviada especial a San Salvador, El Salvador

Es la interrogante que persiguió a la fiscal que investigó su muerte.

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Casi un año después, Ana Graciela Sagastume dice tener pruebas que evidencian que Gracia sufría de constantes abusos psicológicos y sexuales por parte de su marido, el subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC), Héctor Leonor García, con el que llevaba casada 19 años.

La abogada obtuvo la orden de un juez para incautar el celular de Gracia.

Encontró audios de su esposo en los que la amenazaba con dispararle “50 balazos” y le pedía “desaparecer” de su vida.

También encontró un expediente de asistencia psicológica de 2016 que mostraba que Gracia había tenido un problema de violencia familiar con él.

Estos hallazgos hicieron que ocurriera algo nunca antes visto en el país: que la fiscalía acusara a una persona de suicidio feminicida, es decir, de inducir a su pareja a matarse.

Leonor García niega haber provocado el suicidio de su esposa, según declaró a BBC Mundo su abogado, Eulogio Guerra Payés.

El caso se encuentra en etapa inicial de investigación y todavía quedar por ver si el acusado irá a juicio.

Único lugar

La acusación fue posible porque El Salvador es el único país de Latinoamérica -y, según la ONU, posiblemente del mundo- que tipifica el suicidio feminicida como un delito, sancionable con cinco a siete años de prisión.

FACEBOOK / CORTESIA LA PRENSA GRAFICA / Irma Julia Gracia de Leonor se suicidó el 19 de diciembre de 2017.

El concepto jurídico ha sido elogiado por organizaciones y expertos de la región, que señalan al país centroamericano como un ejemplo de progreso en la creación de leyes con enfoque de género.

“El suicidio por inducción o ayuda existe en muchas legislaciones, pero hasta donde he visto solamente (la ley salvadoreña) determina el suicidio como posible efecto del abuso de poder crónico basado en motivos de odio o menosprecio a la condición de mujer“, le dice a BBC Mundo Silvia Juárez, representante de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), que apoyó al gobierno en la elaboración de la ley.

Quien indujere a una mujer al suicidio o le prestare ayuda para cometerlo, valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias, será sancionado con prisión de cinco a siete años:

a) Que le preceda cualquiera de los tipos o modalidades de violencia contemplados en la presente ley o en cualquier otra ley.

b) Que el denunciado se haya aprovechado de cualquier situación de riesgo o condición física o psíquica en que se encontrare la víctima, por haberse ejercido contra ésta, cualquiera de los tipos o modalidades de violencia contemplados en la presente ó en cualquier otra ley.

c) Que el inductor se haya aprovechado de la superioridad generada por las relaciones preexistentes o existentes entre él y la víctima.

El suicidio feminicida está incorporado en una ley integral de protección a la mujer vigente desde 2012, creada como una respuesta gubernamental ante la crisis de feminicidios (asesinatos a mujeres por motivos de menosprecio y odio) que asola al país.

“Llama mucho la atención que justamente en El Salvador se haya incluido esta figura (del suicidio feminicida), porque quiere decir que es un problema que se detectó y que tiene un peso importante”, le dice a BBC Mundo la representante de ONU Mujeres en ese país, Ana Elena Badilla.

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El Salvador ha figurado en los últimos años como uno de los países con las tasas más elevadas de feminicidios del mundo.

Comparada con Latinoamérica, España y el Caribe, la nación más pequeña de Centroamérica encabeza el índice, con 13,5 feminicidios por cada 100.000habitantes en 2017 (en un país con una población de poco más de 6 millones).

Esto se traduce en que una mujer salvadoreña fue asesinada cada 18 horas el año pasado (470 mujeres, según cifras de la Policía Nacional Civil).

En cuanto a suicidios de mujeres, el Instituto de Medicina Legal (IML) contabilizó 73 casos el año pasado; 86 en 2016, y 108 en 2015.

En contraposición, las cifras de suicidios de hombres son considerablemente más altas que de mujeres. Entre 2015 y 2017, más de 300 hombres han muerto por esta causa anualmente.

Los casos de mujeres, sin embargo, se consideran en el país dentro de la categoría “violencia feminicida”, según un informe de este año del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

La violencia psicológica es la forma de agresión más común hacia la mujer salvadoreña: 5 de cada 10 la han padecido a lo largo de su vida, según lo refleja la Encuesta Nacional de Violencia Contra la Mujer publicada por el Ministerio de Economía y la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc), que utilizó una muestra de más de 4.000 viviendas.

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Los efectos de esa violencia, advierten los expertos, pueden llevar al suicidio.

¿Resultados?

Pese a la existencia desde hace seis años de un marco jurídico que penaliza el suicidio feminicida, llama la atención que solamente un hombre haya sido acusado de este delito en todo ese tiempo.

La explicación se encuentra, según dice la fiscal Sagastume a BBC Mundo, en que los suicidios de mujeres no se estaban investigando como posibles suicidios feminicidas hasta el fallecimiento de la agente Irma Julia Gracia.

“Lo que hizo que se procesara este caso con cierta delicadeza fue que la víctima era una agente de la PNC y por ser funcionaria había que llevar a cabo ciertos trámites administrativos”, detalla.

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Según Sagastume, que en mayo fue designada como la nueva fiscal especial de casos de feminicidios en el país, a partir de ese caso se dio la instrucción a fiscales y policías “de trabajar los suicidios de mujeres bajo el mismo protocolo de un feminicidio”.

El fiscal que llegó a analizar la escena tras la muerte de Gracia, advierte Sagastume, descartó inicialmente abrir una investigación del caso y “no sabía que existía un delito de feminicidio suicida”.

Esto demuestra, dice, que aunque existe una ley, su implementación ha sido dificultosa.

Sagastume se apresura a enumerar los porqués: falta de recursos, de personal especializado y una ley relativamente nueva.

“Es penoso como salvadoreña decirlo, pero en el país no hay especialización en la materia. Bajo mi supervisión hay solo seis unidades a nivel nacional, aproximadamente 17 fiscales. Puede imaginarse la cantidad de muertes violentas de mujeres que tenemos, sumado a los suicidios que posiblemente pueden llegarse a configurar en un delito”, admite.

Violencia emocional

La discusión sobre tipificar el suicidio feminicida como un delito en El Salvador partió del análisis de un escenario “con altos índices de suicidio de mujeres, especialmente de jóvenes”, acota Silvia Juárez, de Ormusa.

“Hay evidencia de cuadros crónicos de daños a la salud emocional de las mujeres. En los territorios que trabajamos, vimos a mujeres con cuadros de delirios, con trastornos cognitivos“, explica la experta, que lleva años abogando por los derechos de las mujeres en el país.

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Según la Encuesta Nacional de Violencia contra la Mujer difundida en 2017, el 23% de las consultadas expresó haber sufrido violencia psicológica en los últimos 12 meses, más que violencia sexual (11,3%) y física (5.3%).

Suárez advierte, sin embargo, que en el ámbito de las cortes “el sistema solo castiga, en el mejor de los casos, la violencia física”.

“Les piden a las mujeres ‘cuotas de sangre’, es decir, evidencias de golpes, les preguntan cuánto tiempo tardó en sanar la lesión. Si solo hubo violencia verbal, prácticamente no obtienen respuesta”, denuncia.

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Una situación que, en ocasiones, puede hacer que víctimas de violencia psicológica no crean meritorio denunciar su caso ante las autoridades.

“Perciben que el sistema está en su contra, que no les creen. Sienten que ir ahí es perder el tiempo, porque se sienten expuestas y al final acaban ridiculizadas, subestimadas y discriminadas”, advierte Ana Badilla, de ONU Mujeres.

“Este caso es un reto”

Lograr que un juzgado declare culpable a Héctor Leonor García del suicidio de la agente Irma Gracia es el reto de la fiscal Sagastume.

El presunto agresor fue detenido en febrero de 2018 y le ordenaron prisión preventiva, pero tras un recurso de apelación de su defensa, fue dejado en libertad.

Las medidas cautelares impuestas a Leonor en lugar de la prisión fueronrestricción migratoria y la presentación cada 15 días en el juzgado, según confirmaron a BBC Mundo fuentes judiciales.

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La cámara especializada en delitos contra la mujer que vio el caso argumentó, según recuenta Sagastume, que “no quedaba muy clara la violencia” que supuestamente ejerció sobre su esposa.

Leonor García debe presentarse en una próxima audiencia, en la que la fiscalía dice presentará más pruebas que lo incriminan.

“Este caso es un reto para mí. Si a ese hombre lo declaran responsable, va a sentar un precedente en este país de que las mujeres se están matando por ser víctimas de violencia”, dice Sagastume.

Esta nota forma parte de la temporada #100Women, ganadora de varios premios internacionales, en que la BBC dedica cada año, desde 2013, un amplio espacio a la mujer, y elabora una lista de 100 mujeres de todo el mundo destacadas por sus logros, luchas o experiencias extraordinarias.