Agentes del Sistema Penitenciario (SP) y de la Policía Nacional Civil (PNC) efectuaron este domingo 2 de enero una requisa en un módulo de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón y en el Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa donde localizaron varios ilícitos, informaron fuentes oficiales.

En el operativo participaron agentes del SP y agentes de varias unidades especializadas de la PNC apoyados por perros entrenados para la localización de drogas y dinero.

En la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón se incautaron 82 bolsitas con marihuana y varias libretas con números telefónicos, los cuales se presumen pertenecen a víctimas de extorsión, por lo que la investigación continúa.

Horas antes las autoridades requisaron otros sectores de la misma prisión, donde el agente canino “Rexis” encontró una caleta con teléfonos celulares.

Fueron decomisados tres dispositivos de internet, siete teléfonos celulares, cinco botellas de licor y 20 envoltorios de marihuana.

Además, las autoridades informaron que durante una requisa en el sector 6 del Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa se incautaron 16 teléfonos celulares, cervezas y varias bolsas de mariguana.

“Continuamos con acciones estratégicas para el orden y control de los centros carcelarios”, señaló el SP en sus redes sociales.

Se desarrolla requisa en puntos específicos en la Granja de Rehabilitación Pavón. El agente canino Rexis encontró una caleta con teléfonos celulares. Se ampliará.#CustodiaryRehabilitar pic.twitter.com/vuuk9XTnqZ

— Sistema Penitenciario de Guatemala (@_SPGuatemala) January 2, 2022

Derivado de la requisa en 6 puntos de la Granja de Rehabilitación Pavón, se incautaron:
3 Router
7 celulares
5 Botellas de licor
20 envoltorios de mariguana

Manteniendo estrategia para el control y orden de los centros carcelarios.#custodiaryrehabilitar pic.twitter.com/cevcjQza8Q

— Sistema Penitenciario de Guatemala (@_SPGuatemala) January 2, 2022

Macario Ernesto Escobar Ramos, de 52 años, subdirector del Centro de Detención Preventiva de Santa Cruz del Quiché, fue capturado el lunes último, señalado de exigir Q30 mil a los parientes de un reo como parte del “cobro de la talacha”.

Ese caso es solo uno de tantos que a diario ocurren en las cárceles del Sistema Penitenciario (SP), según representantes de organizaciones sociales, que lo ven como el reflejo de la corrupción que está plagada en esa institución, la cual alcanza tanto a internos como guardias.

“El sistema Penitenciario es el reflejo de cómo se encuentra la sociedad y la justicia. Si tenemos crisis en el sistema de justicia hay mega crisis en el SP y parte de ello es por la corrupción como se ha administrado ese servicio del Estado. Hemos visto a distintos directores que han sido señalados de corrupción y eso es lo que hay que combatir, porque todos sabemos que cuando una persona va a prisión preventiva lo primero que les exigen es la talacha, no hay controles reales y cada quien hace lo que quiere”, comentó Eddie Cux, director de Acción Ciudadana.

Lorena Escobar, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), considera que las prisiones “tienen mucho tiempo de no tener orden” y que las acciones de parte de las autoridades son momentáneas y de corto plazo y que dan es una “tensa tranquilidad mientras se hace requisar, pero en realidad no tienen efectos a largo plazo”.

Añadió que para evitar el cobro de talacha y otras irregularidades en las prisiones es necesario hacer una restructuración general del SP, por medio de la cual se establezca una carrera para los guardias penitenciarios y clasificar a los privados de libertad, así como contar con más prisiones y establecer programas de reincorporación a la sociedad para los internos.

Corinne Dedik, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), señaló que el cobro de talacha es un problema arraigado en las prisiones guatemaltecas, un fenómeno en el que intervienen tanto reos como guardias y autoridades del SP.

“Es un cobro ilegal que hacen entre los privados de libertad, pero muchas veces también están involucradas parte de las autoridades que reciben parte de ese cobro ilegal que se hace”.

Agregó que en varias administraciones se ha intentado atacar ese problema, pero no ha sido posible, por lo que considera que lo más importante es denunciar los abusos; sin embargo, para eso se requiere que el SP fortalezca los controles internos para proceder en contra de los agentes que incurran en ilegalidades.

“La Inspectoría del SP debe vigilar que el personal haga su trabajo acorde a la ley y si hay un indicio de cobros ilegales debe investigarse para evitar esa práctica”, refirió.

Además, dijo los internos ingresar artículos prohibidos y que para lograrlo muchas veces pagan a los guardias para que faciliten el proceso ilegal.

Se intentó conocer la versión del SP, pero al cierre de esta nota los encargados de Comunicación Social no respondían las llamadas telefónicas.

Los procesados recién llegados a las cárceles del Sistema Penitenciario deben pagar una cuota —talacha— para asegurarse una plancha de concreto donde dormir, evitar que los golpeen, extorsiones y no hacer limpieza.

En 2016, Prensa Libre constató ese cobro en cinco prisiones, en las cuales se explicó que las “cuotas únicas” oscilan entre Q1 mil  —ingreso por ebriedad— hasta Q50 mil —por  defraudación tributaria—. Por otros delitos como violación, secuestro o asesinato los reclusos deben pagar entre Q5 mil y Q25 mil, según la capacidad económica.

Además del primer pago, en el reclusorio Preventivo para Hombres de Quiché se cobraban Q50 por acceso a agua y Q200 semanales por el derecho a tres tiempos de comida al día.

“El dinero se entrega a los encargados de sector del Preventivo”, contó un abogado defensor que pidió no ser identificado, al salir del Centro Preventivo para Hombres de Huehuetenango.

En la cárcel El Boquerón, Santa Rosa, los reclusos pagaban una cuota de ingreso de Q2 mil, y cada semana les piden un monto para comprar tarjetas para celulares, comida o lo deben entregar en efectivo.

En Jalapa, la talacha comenzaba en Q3 mil y podía llegar a Q5 mil, según el delito señalado al reo y su capacidad de pago.

En la prisión de Retalhuleu, el pago inicial oscilaba entre Q1 mil y Q1 mil 500.

Banny Zambrano se fugó del Preventivo para varones de la zona 18 vestido de mujer. Las autoridades del Sistema Penitenciario dijeron que las cámaras de seguridad comprobaron que el reo salió por la puerta principal como si fuera visita.

Por este hecho el Ministerio Público ya realiza las investigaciones pero a lo interno el SP también indaga a sus trabajadores. Juvell de León, Director de Presidios dijo que al menos 5 funcionarios fueron reubicados en otras áreas mientras determinan si incumplieron con normas y protocolos aunque era evidente que cometieron negligencia. Ahora determinarán si fue para ayudar a Zambrano.

Director del SP asegura que 5 trabajadores están bajo investigación por fuga de reo en preventivo de la zona 18. pic.twitter.com/tuFyy4ipm0

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) May 30, 2018

Cómplice de reo fugado visitó el Preventivo más de 50 veces

Un dato curioso que las autoridades ya investigan es que fue una mujer de origen salvadoreño la que ayudó a Banny Zambrano a escapar de prisión. La mujer de quien se desconoce el nombre, habría llegado varias veces a visitar a Zambrano pero se identificaba como su esposa.

Al verificar los registros del Sistema Penitenciario, dan cuenta que esta misma mujer llegó en al menos 50 oportunidades al Preventivo a visitar a diferentes reos de distintos sectores. Una hipótesis es que la mujer es sexo servidora y que realiza favoreces a privados de libertad.

SP cambiará horario de visitas en el Preventivo de la zona 18 tras fuga de reo. Según director la mujer que ayudó a escapar a Banny Zambrano habría realizado al menos 50 visitas a diferentes reos de varios sectores. pic.twitter.com/FjjwtqqsMF

— Dulce Rivera (@drivera_soy502) May 30, 2018

El SP ha tomado nuevas medidas como restringir las visitas en el Preventivo, para que solo un sector por día pueda tener este beneficio. Mientras el Ministerio de Gobernación dijo que se colabora con el MP para dar con el prófugo y que no se descarta ofrecer recompensa.

Banny Zambrano fue condenado por la muerte de su esposa. Según las investigaciones la estranguló para cobrar un seguro de vida.