La Dirección General del Sistema Penitenciario (SP) le autorizó Gustavo Alejos, el uso de la oficina administrativa de la cárcel de Mariscal Zavala para recibir a sus visitas, según consta en un oficio emitido por esa dependencia y enviado al Ministerio Público y hecho público este viernes 20 de noviembre.

Según se detalló al MP, el “privilegio” para el uso de la oficina del alcaide se basó en una petición que hizo Alejos, además aseguran que ello no es un “beneficio”, sino que únicamente se le prestó la oficina de la alcaidía de Mariscal Zavala para reunirse con sus abogados.

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Alejos podrá utilizar esta oficina administrativa durante 1 año.

Gustavo Alejos guarda prisión y está procesado en cinco casos de corrupción,  Negociantes de la Salud, caso Cooptación del Estado, caso Transurbano -evento Prepago-, caso Financiamiento Ilícito UNE, caso Red de Poder, Corrupción y Lavado).

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El lunes 8 de junio el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo una designación pública contra Alejos en la que lo señala de haber cometido actos de corrupción en el gobierno de Álvaro Colom, y como consecuencia, lo declaró no elegible para ingresar al territorio estadounidense. La medida también aplica para su familia en primer grado.

Las visitas en los centros carcelarios del país quedaron suspendidas debido a la emergencia del coronavirus en Guatemala y será hasta la próxima semana que estas se reanuden.

El director del sistema penitenciario, Luis Rodolfo Escobar, dijo a La Red que ya tienen los protocolos para la activación de visitas a centros carcelarios, pero que están pendientes de publicación.

Añadió que los protocolos contaron con el apoyo de la Comisión Presidencial para Atención a la Emergencia del Covid-19 (Coprecovid) y que ya se pidió autorización a los mandos superiores para reactivar las visitas.

Recordó que aunque las restricciones será levantada, el coronavirus todavía está presente en el país y por tanto hay que tener precaución.

Escobar dijo que las visitas se activarían el martes 27 de octubre pues, aunque ya tienen listos los protocolos, necesitan unos días para publicarlos y que la población y familiares de reos los conozcan.

El director del SP dijo que los protocolos incluyen todas las medidas sanitarias como uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento social en la fila de ingreso a los centros carcelarios, que es el lugar en donde más aglomeración tienen.

Además, no ingresará visita a todos los sectores al mismo tiempo, sino que se definió que sean alternos para evitar que mucha gente se concentre en las áreas.

Dijo que si algún familiar o recluso no respeta las medidas sanitarias se suspenderá la visita.

Al menos 40 integrantes de la mara Barrio 18, incluidos varios de la denominada Rueda, fueron trasladados, este lunes 31 de agosto, del preventivo de la zona 18 a otras cárceles del país.

Carlos Morales, portavoz del SP informó que esta es la segunda fase del traslado de privados de libertad y lo hacen con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC).

Agregó que el objetivo es tener a los altos líderes del Barrio 18 en distintas prisiones para combatir las extorsiones, y que no tengan comunicación, pues buscan bajar el índice de las extorsiones.

Serán trasladados entre 37 y 40 privados de libertad, señalados de extorsión, asesinato y otros delitos.

El primer traslado

Hace más de una semana fueron reubicados 39 reclusos señalados de ser los integrantes más importantes del Barrio 18, en un lugar de aislamiento en el Centro Preventivo para Varones en la zona 18, con el fin de reducir las extorsiones y ataques a comerciantes y transportistas.

Hace unos días una fuente bien informada sobre el tema informó que entre los reos trasladados estaban los integrantes de la Rueda del Barrio, que la conforman líderes pandilleros como Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias el Lobo; Rudy Francisco Alfaro Orozco, alias Smurf; Andy Santana García Vásquez, alias el Andy.

Morales dijo en esa oportunidad  los privados de libertad fueron acondicionados en el lugar que antes ocupaba la alcaidía, y separados de la población reclusa y del sector 11 y 11B, donde están recluidos más integrantes de la misma pandilla. Es un área de unos 40 metros cuadrados sin acceso directo a energía eléctrica.

“Ese lugar está más controlado. Como ingresaron hace una semana, así continúan. Solo se les ha permitido el ingreso de encomiendas. La familia les ha llevado comida y víveres, porque es un lugar donde no puede tener celular, conexiones a tomacorrientes ni bombillas, para que no puedan generar electricidad de ahí”, afirmó Morales.

Carencia de protocolos sanitarios y hacinamiento dejan en riesgo a 26 mil privados de libertad durante la pandemia por coronavirus. Esas deficiencias no son atendidas por la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), señala la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura.

En todas cárceles del país se han practicado 433 pruebas de covid-19 a reclusos y 198 resultaron positivos.

El presidente relator de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, Otto Paz, señaló que los reclusos “no pueden guardar cuarentena por las condiciones de hacinamiento en las cárceles y si alguien de los reos da positivo no puede aislarse y estará en la misma área infectando al resto de privados de libertad”.

Paz criticó que solo se han efectuado el 1 por ciento de diagnósticos para la población reclusa. El Ministerio de Salud ha efectuado 433 pruebas para 26 mil reos que hay en los penales.

“Los reclusos no tienen mascarillas, no tiene alcohol en gel, no tiene cloro y todo eso nos da a entender que no usan protocolos de salud y eso ha dejado vulnerables a los reclusos”, dijo Paz.

Cecilia Barrios, relatora de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, señaló que en las cárceles los contagios se han causado por medio de los custodios del Sistema Penitenciario.

“Los guardias cuando hacen cambio de turno ponen el riesgo a los reos ahí es muy probable que contagien a los reclusos, pero la mayoría de las infecciones se dan a través de los custodios. Los privados de libertad no tienen visitas y con los que tienen relación en con los guardias”, criticó Barrios.

El presidente relator de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura anunció denuncia en contra de la DGSP por no proteger a los reclusos.

Además, Paz dijo que hay otros casos en que la mora judicial y los retrasos del Sistema Penitenciario han propiciado incluso complicaciones para fallecimientos.

El 20 de julio pasado el exministro de Salud, Jorge Villavicencio, falleció en el hospital Roosevelt por coronavirus, pero se ha denunciado irregularidades en los permisos para que fuera atendido el exfuncionario.

Paz señaló que la “Dirección General del Sistema Penitenciario no acató la orden de juez -Erika Aifán jueza de Mayor Riesgo D- de trasladar inmediatamente a Villavicencio al hospital”.

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, presentó la asignación presupuestaria propuesta para el próximo año en el sector de Seguridad y Justicia. Este podría pasar los Q10 mil millones.

Las instituciones analizadas fueron la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, el Organismo Judicial, el Instituto de Ciencias Forenses, el Instituto de la Defensa Público Penal y el Sistema Penitenciario pues cada una recibe un presupuesto para el funcionamiento operativo y estratégico.

El 30 de noviembre vence el plazo para que el Congreso lo apruebe o no, y sumando los presupuestos de las seis instituciones, el monto total asciende a Q10 mil 310 millones.

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Sector debe trabajar unido

En el análisis realizado del último presupuesto que se aprobó en el 2017, en relación al del próximo año, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales identificó que hubo instituciones que recibieron más recursos que otras.

Hay un cambio de Q472 millones de los cuales la PNC recibió el mayor aumento de 470 millones y el OJ tuvo la mayor reducción de 93.4 millones.

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La PNC el próximo año podría recibir 4 mil 325 millones, el MP 2 mil 187 y el INACIF Q265.4 millones.