La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó este lunes 5 de febrero un escrito ante un tribunal de Guatemala en defensa de ocho periodistas guatemaltecos que fueron procesados y acusados de obstrucción a la justicia, en un caso que se encuentra bajo apelación y que se conocerá en los próximos días.

En marzo de 2023, la Justicia guatemalteca procesó a un grupo de periodistas por una serie de artículos publicados acerca del juicio contra el fundador y presidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora Marroquín.

Zamora Marroquín se encuentra en prisión desde julio de 2022 por sus investigaciones periodísticas sobre corrupción tras “un proceso plagado de vicios e irregularidades, en evidente represalia” por su trabajo informativo crítico, señaló la SIP en un comunicado.

Los periodistas y columnistas señalados son: Denis Obdulio Aguilar González, Julia Catalina Corado Flores, Gerson Allende Ortiz, Édgar Armando Gutiérrez Girón, Gerli Alexander Valdez, Ronnie Alexander Ríos García y Gonzalo Marroquín Godoy, expresidente de la SIP.

Los periodistas acusados en este caso promovido por fiscales sancionados por Estados Unidos tuvieron que salir exiliados del país y no han podido continuar con su labor informativa durante los meses que el caso en su contra se mantuvo activo, dijo la SIP, con sede en Miami.

Entre 2019 y 2023, al menos 50 personas, entre periodistas, jueces, fiscales y activistas, tuvieron que abandonar Guatemala, tras denunciar persecución política en su contra, según informes de prensa.

El escrito legal “amicus curiae” firmado por la SIP sostiene que, según el Ministerio Público, “los periodistas con sus publicaciones posiblemente han intentado amenazar o coaccionar a los miembros del Organismo Judicial, Ministerio Público y Auxiliares de la Administración de Justicia, afectando su integridad física y su honor, con el fin de influir en su comportamiento”.

La SIP destaca que la Fiscalía “de manera arbitraria e ilegal también solicitó que se ordenara investigar las fuentes de financiamiento, porque según ella las publicaciones de los periodistas, están siendo orquestadas por más gente, pidiendo también que se investigue organizaciones que los financian”.

El escrito legal indica que, con esas maniobras, se está “violentando lo regulado en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que también establece que la actividad de los medios de comunicación social es de interés público y estos en ningún caso podrán ser expropiados”.

El análisis de los abogados subraya que “las publicaciones sobre las cuales el Ministerio Público pretende realizar investigación penal, por el delito de obstrucción de justicia, se refieren a actuaciones realizadas por funcionarios públicos, en el pleno ejercicio de su cargo”.

Agrega que estas publicaciones, críticas o denuncias fueron hechas por periodistas guatemaltecos, del diario elPeriódico, y “constituyen ese ejercicio legítimo del derecho a la libre emisión del pensamiento, reconocido y garantizado por la Constitución Política de la República de Guatemala”.

En ese sentido, añade, “no resulta legalmente viable investigar penalmente las publicaciones realizadas por periodistas, puesto que lo legalmente establecido es que sea conocido por un Tribunal de Honor, conforme lo regula la Ley de Emisión de Pensamiento”.

El procesamiento de los periodistas por acusaciones de obstrucción de justicia contradice estándares internacionales en materia de libertad de expresión y la constitución guatemalteca, incluyendo artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y de la Constitución Política de la República de Guatemala, además de la Ley de Emisión de Pensamiento.

RSF condena irregularidades

Además, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó este lunes las irregularidades, vicios y falta de transparencia que han marcado la nueva audiencia del caso en contra Zamora.

El periodista cumple más de 500 días preso en Guatemala y su juicio por supuesto lavado de dinero está estancado por diversas acciones judiciales pendientes de resolver, mientras ha acusado estar secuestrado.

“El episodio ilustra categóricamente la arbitrariedad que rodea el caso contra el periodista”, señaló RSF en su posicionamiento.

Además, criticó que, como a decenas de periodistas y representantes de delegaciones diplomáticas de diferentes países, a RSF se le impidió asistir a la breve audiencia de este lunes.

Sobre la audiencia precisó que “solo sirvió para prolongar una vez más el juicio, basándose en argumentos burocráticos”.

En este sentido, RSF exigió a las autoridades judiciales de Guatemala actuar con responsabilidad y garantizar el derecho del periodista de obtener un juicio justo y transparente.

“Pedimos a las autoridades judiciales que dejen de actuar irresponsablemente y garanticen el derecho a un juicio justo y transparente”, dice el pronunciamiento de RSF.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) informó este viernes 26 de enero que el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, afirmó el jueves 25 que el gobierno “no va a utilizar herramientas para perseguir judicialmente a la prensa”, al tiempo que aseguró que “la libertad de expresión es una prioridad en la agenda del gobierno nacional”.

Esto lo afirmó el mandatario durante un encuentro que sostuvo con una delegación de la SIP y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

La misión de las dos organizaciones internacionales, liderada por el presidente de la SIP, Roberto Rock, y el director de programa del CPJ, Carlos Martínez de la Serna, se reunió durante una hora con el presidente guatemalteco, en el Despacho presidencial del Palacio Nacional de la Cultura, en la capital guatemalteca.

La delegación, también integrada por otras autoridades de la SIP, incluido a su primer vicepresidente, José Roberto Dutriz; la presidenta del Comité Ejecutivo, Gabriela Vivanco, y el director ejecutivo, Carlos Lauría, se encuentra esta semana en Guatemala para evaluar la situación de la libertad de prensa en el país luego de un periodo sombrío para el periodismo local, “caracterizado por la criminalización sistemática de periodistas por parte del Ministerio Público y un sector de la Justicia”.

“La decisión del presidente Arévalo de conceder una reunión a dos organizaciones internacionales cuya misión principal es la defensa de la libertad de expresión a menos de dos semanas de asumir su cargo, es una señal inequívoca de la importancia que su gobierno le asigna a la protección del periodismo y la promoción de los derechos humanos”, destacó Rock.

“La reunión fue sumamente productiva y Arévalo manifestó su compromiso de cambiar la dinámica de los últimos años, dominada por la persecución judicial contra periodistas, la estigmatización y el acoso constante de las voces críticas y el ocultamiento de información ante la ausencia del estado de derecho”, agregó.

Visitan a Rubén Zamora

La misión incluyó la visita a José Rubén Zamora -fundador y presidente de elperiódico-, quien se encuentra preso en la cárcel militar Mariscal Zavala desde julio de 2022, “por sus investigaciones periodísticas sobre corrupción tras un proceso plagado de vicios e irregularidades, en evidente represalia por su trabajo informativo crítico”.

La SIP añadió que Arévalo destacó que el caso Zamora es “emblemático” de la persecución política a la que fue sometido el periodista por sus denuncias y dijo que, si bien su gobierno no tiene la potestad para liberarlo, esperaba que en la próxima audiencia se le otorguen medidas sustitutivas para continuar sus procesos bajo detención domiciliaria.

El gobierno de Arévalo decidió levantar las restricciones que pesaban sobre Zamora y el propio ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, lo visitó en la prisión al día siguiente de asumir.

Zamora narró a la misión las violaciones flagrantes y los métodos de tortura, de índole psicológica y física, a los que ha sido sometido durante su prolongado encarcelamiento.

“No existe ningún justificativo legal para que pase un minuto más en la prisión,” expresó Martínez de la Serna, del CPJ.

“En primer lugar, Zamora nunca debería haber ido preso sino enfrentar su absurda acusación en libertad. Ya pasó demasiado tiempo, Zamora debe ser liberado para poder estar junto a su familia”, añadió.

En octubre 2023, la SIP expresó satisfacción por la decisión de la Segunda Corte de Apelaciones de Guatemala de anular la condena de seis años de prisión de Zamora y ordenar un nuevo juicio, que comenzará el 5 de febrero.

El CPJ instó a las autoridades guatemaltecas que respeten el derecho de Zamora a un juicio justo en su nuevo proceso.

La SIP agregó que como consecuencia de las presiones políticas y económicas elPeriódico cesó sus operaciones el 15 de mayo de 2023.  Además, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado efectuar una visita in situ -en el lugar- de supervisión de las medidas cautelares de Zamora otorgadas por la CIDH.

Ante la invitación de la SIP a suscribir las declaraciones de Chapultepec y Salta, el presidente Arévalo se comprometió a analizarlas con mayor profundidad junto a su equipo jurídico para corroborar que estuvieran alineadas con el marco legal del país, e indicó que no vería inconvenientes para firmarlas en un plazo razonable.

Durante la conversación con la SIP y el CPJ, Arévalo también ponderó la importancia de dejar atrás el bloqueo y ocultamiento de información que definieron a la administración anterior, para promover un sistema con acceso mucho más amplio y transparente para beneficio de la democracia.

El mandatario también fue enfático al señalar que su gobierno “desempolvará” mecanismos de protección de periodistas y defensores de Derechos Humanos que habían quedado paralizados durante el gobierno de Jimmy Morales. Afirmó, además, que es esencial para garantizar que los periodistas cumplan con su labor informativa sin temor a represalias en especial en el interior del país donde no existen garantías mínimas de seguridad para la prensa.

Para leer más: La SIP expresa satisfacción por la anulación de la condena en contra del periodista José Rubén Zamora

Funcionario visita a Zamora

La Embajada de Estados Unidos en su cuenta de la red social X informó que Patrick Ventrell, encargado de Negocios de la Embajada de EE. UU. en Guatemala, visitó al periodista José Rubén Zamora.

“Logré visitar al periodista José Ruben Zamora, a sus 546 días en prisión, para verificar su estado de salud e integridad física. Expresé el compromiso continuo de EE. UU. con el periodismo independiente y la libertad de expresión, como pilares de la democracia en Guatemala”, resaltó el funcionario estadounidense.

“Logré visitar al periodista José Rubén Zamora, a sus 546 días en prisión, para verificar su estado de salud e integridad física. Expresé el compromiso continuo de #EEUU con el periodismo independiente y la libertad de expresión, como pilares de la democracia en Guatemala”.… pic.twitter.com/QFKYPhoGGP

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) January 26, 2024

Integrantes de la misión conjunta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés) se reunieron este jueves 25 de enero con el presidente Bernardo Arévalo para “evaluar” la situación de la prensa en el país y destacaron el compromiso del Ejecutivo por respetar la libertad de prensa y de expresión.

En el encuentro, tanto la SIP como el CPJ destacaron la criminalización a la que han sido sometidos varios periodistas en Guatemala, destacando el caso de Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, quien lleva 18 meses en prisión por un caso que, de acuerdo con su percepción, fue encausado por la Fiscalía.

El mexicano Roberto Rock, presidente de la SIP, dijo que la reunión con Arévalo fue “muy estimulante” en tres sentidos, pues aparte de la apertura que demostró el mandatario también se comprometió a analizar la declaración de Chapultepec para evaluar si la firma o no.

Uno de los sentidos que destacan como positivo es que Arévalo haya recibido a la misión conjunta a pocos días de su toma de posesión, pues, de acuerdo con Rock, eso “habla del compromiso del nuevo gobierno de Guatemala con la libertad de expresión y la libertad de prensa”.

“En estos tiempos se necesita este tipo de voluntad política en favor de las libertades en general, y en particular de la libertad de prensa y la libertad de expresión”, agregó el presidente de la SIP.

“Tuvimos una larga conversación con el presidente Arévalo, donde se habló de todos los temas, él fue muy sincero, fue muy abierto, mostró distintas preocupaciones, y lo vimos cómo alguien muy convencido de sus propósitos, muy comprometido con el tema de libertades y muy comprometido también con la necesidad de una Guatemala más libre, más unida y justa”, señaló Rock.

También destacó que la perspectiva, las definiciones y los compromisos de Arévalo generan expectativa, principalmente “El compromiso expreso de que su gobierno no tendrá ninguna acción orientada a la judicialización, se ha comprometido a no realizar ningún acto en contra del ejercicio de la libertad de prensa o la libertad de expresión”.

“Le expresamos la preocupación de lo qué está ocurriendo con distintos colegas como Chepe Zamora, por ejemplo, que está en prisión desde hace 18 meses, cuando no debió haber pisado la cárcel, debió haber enfrentado los cargos que se le enderezaron en libertad y le dijimos que esperemos que los jueces que llevan la causa, que el ámbito judicial y la Fiscalía que le enderezó estas acusaciones le permitan regresar con su familia y con sus colegas lo antes posible”, señaló Rock.

También señaló que le mostraron su preocupación por los periodistas que han salido del país “por temor a procesos de judicialización amañada, tanto por parte de la Fiscalía como de jueces y él mostró preocupación en este tema”.

Además, Rock dijo que saben que no está en manos del mandatario tomar acciones para liberar a Zamora, pero “él mostró, sin duda, simpatía con este tema”.

“Le hicimos llegar la declaración de Chapultepec, que es un decálogo en temas de libertad de prensa y expresión, y la declaración de Salta, que está orientada a cómo se expresan estas libertades en el ámbito digital, en el nuevo mundo digital y él ofreció estudiarlos, ofreció que con su equipo consultor jurídico iba a analizar que se conciliara con el marco jurídico del país, y mostró el interés de que eventualmente firmaría ambas declaraciones”, detalló el presidente de la SIP.

Por su parte,Carlos Martín de La Serna, director de Programas en el Comité para la Protección de los Periodistas, dijo que “Guatemala viene de un periodo muy oscuro, de ataques a la prensa, de ataques a periodistas y de criminalización del periodismo, pero con el cambio de Gobierno considera que se abre una oportunidad.

“Es una administración que se compromete con la libertad de prensa, con los derechos humanos, con la libertad de expresión. Nuestro trabajo tiene que consistir en monitorear que las medidas que se toman en el país, que el estado de la prensa en el país mejora y no se repitan las situaciones que se han vivido, al menos con las dos últimas administraciones”, refirió De La Serna.

Además, dijo que hay muchas cosas que se pueden hacer para proteger a la prensa en distintos ámbitos, por ejemplo, protegerla de la “acción excesiva y punitiva del Ejecutivo”, pero también frente a otros riesgos, como la violencia del crimen organizado a la que están expuestos los periodistas por la naturaleza de su de su trabajo.

“Para que los periodistas en el exilio y cualquier periodista que hace una labor muy crítica, especialmente los periodistas que hacen periodismo de investigación puedan primero volver y continuar ejerciendo su trabajo tiene que haber certeza de que no existe ninguna reacción punitiva ante eso.

Por segundo año consecutivo, Guatemala ocupa el puesto 19 de una lista de 22 países de América, incluidos en el índice de Chapultepec, un barómetro que publica cada año la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para medir los niveles de la libertad de expresión y prensa en el continente.

Con esa posición, Guatemala está entre las naciones que llegan a su nivel más bajo en el promedio de libertad global de libertad de prensa, de acuerdo con las estimaciones de la SIP, que celebra su asamblea general anual en la Ciudad de México.

El deterioro de esas libertades se ha incrementado en los últimos cuatro años, según se evidencia en el índice de Chapultepec, que en el 2020 situó a Guatemala en el puesto 15; en el 2021, en el 17; en el 2022, en el 19; y en el 2023 en la misma posición. Los datos corresponden del 2 de agosto del 2022 al 1 de agosto de este año.

Esos cuatro años coinciden con la administración del presidente Alejandro Giammattei y donde se han dado casos como el procedimiento judicial del periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, quien fue detenido en 2022 y condenado en julio pasado a seis años de prisión por un supuesto caso de lavado de dinero, un proceso que, según la SIP, alcanzó a ocho reporteros y columnistas de elPeriódico, “quienes se vieron obligados a exiliarse fuera de Guatemala, ante la posibilidad de ser procesados por sus publicaciones periodísticas”.

El Índice Chapultepec hace un llamado de alerta en cuanto a la percepción que se tiene en 22 países de las Américas sobre las políticas comunicacionales, leyes y comportamientos judiciales que, en su conjunto, afectan los derechos comunicacionales y garantías a la prensa, “pilares fundamentales de todo sistema democrático”.

El llamado de alerta del Índice de Chapultepec se da porque el promedio global de la región descendió a su nivel más bajo desde la primera edición de esa medición, publicada en 2020. “Solo 47.84 puntos (Guatemala acumula 32.07 puntos) de 100 posibles, la primera vez que se coloca por debajo de los 50 puntos”, señala el documento, que agrega que una de las razones de esto, respecto a la respecto de la vida y seguridad de los periodistas, “es su bajo nivel promedio en la dimensión de violencia e impunidad, cuya media general es 16.15 puntos (Guatemala tiene 5.67 puntos), de un máximo teórico de 42 unidades”.

“La situación del barómetro evidencia que en nuestra América son constantes las regresiones en perjuicio de derechos comunicacionales en Nicaragua, Venezuela y Cuba, calificadas como naciones sin libertad de prensa ni de expresión, así como tendencias importantes de deterioro de estos principios democráticos en Honduras, El Salvador, Bolivia y Guatemala”, dice la SIP, que además destacó que estos últimos países están incluidos en la franja de “alta restricción”.

Informe

Un informe basado en la medición del Índice de Chapultepec de este año señala que “la libertad de expresión agoniza en Guatemala”, donde entre 2022 y 2023 “se consolidó la regresión autoritaria y el régimen autocrático” y que el proceso electoral “propició el incrementó de la violencia contra el gremio periodístico, en el marco de un aumento generalizado de la violencia política y criminalización contra personas defensoras de derechos humanos”.

“El exilio se ha incrementado debido a que, para algunos periodistas, es la única salida posible ante los embates de quienes detentan el poder político. La libertad de expresión ha sido profundamente afectada, debido a prácticas tales como el silenciamiento impuesto, el cierre de fuentes y la opacidad en cuanto al acceso a información pública”, refiere el informe.

Agrega que “lo que se demuestra en el período de medición del índice -de Chapultepec- es que en Guatemala se hace uso del sistema de justicia y del aparato represivo del Estado para silenciar medios, periodistas y voces disidentes y, de esta forma, tomar por asalto la libertad de expresión”.

“Este silenciamiento de la prensa genera un efecto inhibidor de la democracia y, por lo tanto, la empobrece. La violencia contra periodistas y comunicadores se sostiene como un continuum, pero tuvo un incremento durante el proceso electoral”, refiere el informe, que añade que “de persistir la tendencia de agresiones se alcanzará un récord en el país” y que la “libertad de expresión agoniza en Guatemala”.

“Tragedia autoritaria”

Durante la presentación del Índice, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Carlos Hugo Jornet, dijo que América padece una “auténtica tragedia autoritaria”.

“Es cada vez más difícil hablar de democracias plenas y el impacto sobre el ejercicio periodismo es directo y esto lo refleja claramente la nueva edición del índice”, estableció.

Dijo que, ante el declive democrático, es imprescindible promover “más y mejor democracia” y que lejos de bajar los brazos hay que redoblar la lucha por la libertar, los reclamos país por país y la búsqueda de alianzas con organismos internacionales y otras organizaciones que defienden la libertad de expresión.

“Unamos fuerzas para que no haya más opresión y censura en el continente”, concluyó.

Con información de EFE

Los periodistas en Guatemala son perseguidos por los mismos actores que han intentado judicializar las elecciones celebradas este año, de acuerdo con un informe preliminar de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que debe ser aprobado el domingo por la Comisión de Libertad de Prensa en la Asamblea.

El documento señala que la libertad de prensa en Guatemala se ha visto “afectada” en el marco del proceso electoral que se llevó a cabo este año, ganado por el académico Bernardo Arévalo de León, del partido Movimiento Semilla.

“El clima político y social está polarizado como consecuencia de acciones emprendidas por la fiscal general María Consuelo Porras, del Ministerio Público, y el fiscal Rafael Curruchiche, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sus magistrados y directores”, puntualizó la entidad regional.

El informe también recordó la muerte de dos periodistas, constantes amenazas para comunicadores y un continuo “clima de restricción informativa por parte de funcionarios que no dan entrevistas ni declaraciones a medios independientes”.

La Sociedad Interamericana de Prensa explicó de igual forma que el fiscal Curruchiche y el juez penal Fredy Orellana, señalados por Arévalo de León de intentar un “golpe de Estado” para evitar su investidura, también formaron parte del procedimiento judicial del periodista Jose Rubén Zamora Marroquín.

El comunicador, uno de los más críticos con el Gobierno que preside Alejandro Giammattei, fue detenido en 2022 y condenado en julio pasado a seis años de prisión por un supuesto caso de lavado de dinero, en un proceso donde tuvo que cambiar de abogado en al menos siete ocasiones.

La condena en contra del periodista, sin embargo, fue anulada este mes y un nuevo debate oral y público en su contra se realizará en febrero próximo.

Zamora Marroquín, ampliamente condecorado en el extranjero por su labor periodística, fue arrestado solamente cinco días después de lanzar fuertes críticas por corrupción al gobierno de Giammattei y a su círculo más cercano.

El informe de la SIP también recordó que la persecución penal contra Zamora Marroquín alcanzó a ocho reporteros y columnistas de su medio de comunicación, elPeriódico, quienes se vieron obligados a exiliarse fuera de Guatemala, ante la posibilidad de ser procesados por sus publicaciones periodísticas.

Los dos periodistas asesinados son Edin Frangely Alonzo López, de 31 años, y Hugo Rolando Gutiérrez Alonzo, de 33.

Ambos eran propietarios de un medio en línea en Retalhuleu, unos 150 kilómetros al suroeste de Ciudad de Guatemala, mismo lugar donde fueron atacados a tiros el 11 de agosto pasado, como recordó el informe.

El diario elPeriódico anunció este viernes 12 de mayo su cierre luego de casi 10 meses de la captura de su fundador y presidente, el periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, en prisión desde julio pasado, en un proceso que ha sido calificado por sectores nacionales e internacionales como un ataque a la democracia.

“Tras 287 días de resistencia, es tiempo de decir hasta luego”, dijo el medio de comunicación en un comunicado en el que señalan que el 15 de mayo será su última edición.

De esa cuenta, este viernes, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un comunicado en el que afirma que el cierre de elPeriódico constituye “un retroceso para la democracia” en Guatemala.

Ante ese caso, la SIP denunció la continuación del acoso judicial contra periodistas.

“Toda vez que cierra un medio se produce un serio retroceso para la democracia”, dijo Michael Greenspon, El presidente de la SIP y director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times.

Greenspon añadió: “Es tarea esencial de la prensa independiente fiscalizar a los poderes públicos. Por ello, lamentamos profundamente que Guatemala pierda a un medio que ha ejercido su papel esencial por muchos años, debido a la presión legal, judicial y económica a la que estuvo expuesto”.

La publicación de la SIP destaca que elPeriódico anunció que dejará de publicarse definitivamente este lunes próximo y que el 18 de noviembre de 2022 había dejado de circular en formato impreso, luego de la captura de Zamora, el 29 de julio del año pasado, acusado de supuesto lavado de dinero.

Por su parte, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director periodístico del periódico La Voz del Interior, de Argentina, señaló que se había advertido la difícil situación de la prensa en Guatemala.

“Creíamos que se podría revertir lo que identificamos en Guatemala como uno de los principales problemas de la libertad de prensa, el acoso judicial. Sin embargo, vemos con consternación que la persecución continúa y aumenta, si consideramos que varios periodistas han salido del país para evitar ser procesados por obstrucción de la justicia, un delito que se les achaca por el solo hecho de escribir, hablar y opinar sobre el proceso en contra de Zamora”, comentó Jornet.

Una delegación internacional de la SIP visitó Guatemala en diciembre pasado y luego de haber visitado a Zamora en la cárcel, presenciar una jornada en tribunales y mantener reuniones con funcionarios del Poder Ejecutivo, del Ministerio Público y representantes de organizaciones de la sociedad civil y de los derechos humanos, la SIP concluyó que “la debilidad en el funcionamiento de las instituciones se expresa en la falta de independencia de los poderes públicos”.

Otras posturas

En tanto, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), que promueve el respeto de los derechos humanos en las Américas, condenó la situación por la que atraviesa la prensa guatemalteca.

“WOLA lamenta el cierre de elPeriódico y condena la persecución judicial y financiera contra medios independientes”, dice la entidad.

Además, WOLA dijo que los “ataques contra la libertad de expresión y los derechos humanos son propios de gobiernos autoritarios, como El Salvador y Nicaragua. Reiteramos apoyo a sociedad civil y prensa”.

Christophe Deloire, secretario general de la organización Reporteros Sin Fronteras, publicó en su cuenta de Twitter que el cierre de elPeriódico se debió a la presión gubernamental.

Además, Deloire enfatiza en que el cierre de diario “advierte sobre el peligroso declive de la libertad de prensa en la región”.

La organización Impunity Watch publicó en redes sociales que el cierre de elPeriódico constituye un “duro golpe a la libertad de expresión en Guatemala” y lamentó que se pusiera fin a las publicaciones de “uno de los medios más reconocidos del país”.

“Nuestra solidaridad con José Rubén Zamora y todo el equipo de El Periódico, perseguidos por denunciar la corrupción y los abusos del poder”, señala Impunity Watch.

La Red de Información contra la Impunidad en Guatemala (Ricig) escribió en su cuenta de Twitter: “Un golpe para la libertad de expresión en Guatemala. Consuelo Porras lo hizo una vez más, primero fue @CICIGgt, luego @JSandoval1982, @AifanErika, @JordanRodas y ahora es el turno de cerrar medios @el_Periodico @ChepeZamora. Había un plan y lo ejecutaron. A pesar de todo, seguimos”.

La Fundación Internacional de Seattle (SIF) lamentó el cierre de elPeriódico y lo califica de ser “uno de los bastiones del periodismo en Centroamérica” y un “referente de investigación, fiscalización y denuncia a lo largo de casi 27 años de existencia”.

“El cierre de elPeriódico de Guatemala es motivo de preocupación no solo por la pérdida para el periodismo y la ciudadanía, sino porque representa un golpe a la democracia. Este caso es un ejemplo de la persecución que se ha emprendido contra periodistas por informar y ejercer su derecho de expresión”, señala SIF.

La Red Rompe El Miedo GT señaló que “a pesar de los diferentes mecanismos, recomendaciones y acciones que se han realizado para que el estado de Guatemala cumpla su obligación y responsabilidad de proteger el derecho a la libertad de expresión y de prensa, nos preocupa la cooptación de instituciones públicas, y el visible incremento en discursos ideológicos que promueven todas las formas de odio, incitación a la violencia, represión y discriminación”.

“La tendencia autoritaria y de silenciamiento que se viene observando en Guatemala y la autocensura que se apodera de la prensa señala a un declive del estado democrático. Expresamos nuestra solidaridad con las y los periodistas y personal de elPeriódico, y llamamos al Estado guatemalteco a cumplir con su deber en materia de protección, respeto y garantías a la libertad de prensa y el cese a la criminalización de José Rubén Zamora, de acuerdo con los estándares internacionales y leyes guatemaltecas”, agregó la Red.

Juan Pappier, subdirector en funciones de Human Rights Watch Americas, escribió en su cuenta de Twitter que el cierre de elPeriódico es “producto de la persecución” y representa “un golpe duro para la lucha por la democracia y la libertad de prensa en Centroamérica”.

“Nuestra solidaridad con los periodistas del @el_Periodico y todos los que sufren acoso y censura en la región”, concluye el tuit de Pappier.

Detalles

ElPeriódico nació en 1996 de la mano de Zamora Marroquín y durante sus casi 30 años de vida se publicaron miles de casos de corrupción estatal, incluidos los escándalos que dieron paso a la caída del Gobierno de Otto Pérez Molina en 2015.

Zamora Marroquín, de 67 años, se encuentra en medio del juicio en su contra, pero ha advertido en reiteradas ocasiones que es un “preso político” y que será condenado por ser incómodo por sus publicaciones.

ElPeriódico recordó en el comunicado que el caso contra Zamora Marroquín fue creado “en menos de 72 horas” y que han sido imputados cuatro abogados del periodista, además de que se realizan investigaciones contra seis comunicadores y tres columnistas de elPeriódico.

La detención de Zamora Marroquín ha sido ampliamente criticada a nivel internacional por diversas organizaciones y entidades sociales.

De acuerdo con diversas fuentes, el periodista tiene una sola hora de sol al día en la prisión del cuartel militar Mariscal Zavala, donde se encuentra detenido desde julio pasado.

“Seguiremos creyendo en una Guatemala justa y con libertad de expresión, una Guatemala donde la democracia pueda florecer. ¡Hasta siempre!”, se despidió el medio, cuna de docenas de periodistas.

Las acusaciones del Ministerio Público en contra de Zamora Marroquín han sido lideradas por el fiscal Rafael Curruchiche, sancionado por Estados Unidos con el retiro de su visa bajo acusaciones de corrupción.

Al menos cuatro de los siete abogados que han defendido al periodista han sido acusados por supuestamente conspirar con Zamora Marroquín, mientras que otros tres han renunciado por diversos motivos.

Es por ello que Zamora Marroquín indicó esta semana que requiere de un abogado público, ya que anteriormente había indicado que se defendería solo por el riesgo que corren quienes lo defiendan.

Entre 2018 y 2023, al menos 30 funcionarios del sistema de Justicia, fiscales, activistas y periodistas de Guatemala han tenido que salir al exilio denunciando persecución política en su contra.

Con información de EFE

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) le envió una carta al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, en la que le muestran su preocupación por el caso del periodista Jose Rubén Zamora y le piden que inste al Ministerio Público a “que se apegue a la legalidad, transparencia y debido proceso”.

En un comunicado de la SIP se menciona que el presidente de esa entidad, Michael Greenspon, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la organización, enviaron una carta al presidente Giammattei en la que cuestionan las irregularidades en el proceso judicial contra Zamora.

En la misiva le recuerdan al mandatario que se comprometió a garantizar las libertades de prensa y expresión cuando firmó la Declaración de Chapultepec en 2015.

Los directivos de la SIP mencionan en la carta que lamentan no haber podido reunirse con el mandatario en una reciente misión a Guatemala en la cual querían transmitirle su preocupación sobre el caso de Jose Rubén Zamora.

Señalan que entienden que dicho caso “contraviene los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión y condiciona el libre ejercicio de la actividad periodística, así como el derecho ciudadano a informarse sobre asuntos de interés público”.

Agrega que en dicha visita a Guatemala alertaron sobre irregularidades que detectaron en el proceso judicial y que dieron a conocer en sus conclusiones.

“Remarcamos entonces, ante las autoridades del país y del Ministerio Público, que el gobierno debe terminar con el acoso legal y judicial, situación que continuamos observando con las recientes acusaciones contra los abogados de Zamora”, se lee en la misiva.

Además, explican que seguirán atentos al desarrollo del caso de Zamora para velar que se respeten sus derechos, su seguridad física, que cuente con un proceso judicial independiente y justo, y se garantice en el país la libertad de prensa.

Acá el contenido íntegro de la carta

Sr. Presidente: La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), organización dedicada a la vigilancia de la libertad de prensa en las Américas, lo exhorta a que en el marco de la Declaración de Chapultepec que usted firmó en 2015, solicite al Ministerio Público que garantice la transparencia y el debido proceso en el caso contra el periodista y director de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, encarcelado desde el 29 de julio de 2022.

Lamentamos no haber podido reunirnos con usted en nuestra reciente misión a Guatemala, para transmitirle nuestra preocupación sobre este caso, que entendemos contraviene los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión y condiciona el libre ejercicio de la actividad periodística, así como el derecho ciudadano a informarse sobre asuntos de interés público.

En esa visita, alertamos sobre irregularidades que detectamos en el proceso judicial y que dimos a conocer en nuestras conclusiones. Remarcamos entonces, ante las autoridades del país y del Ministerio Público, que “el gobierno debe terminar con el acoso legal y judicial”, situación que continuamos observando con las recientes acusaciones contra los abogados de Zamora.

También advertimos que “si la Justicia no actúa con independencia y sólo es instrumento de otros poderes, se terminará induciendo autocensura en otros medios y periodistas que investiguen al poder”.

La SIP arribó a estas conclusiones luego de dar seguimiento al caso desde que Zamora fue encarcelado, y sobre la base de lo recopilado durante las entrevistas que mantuvimos en nuestra misión exploratoria. Estas incluyeron diálogos con el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo Reyes, con otros funcionarios del Estado y con la fiscal general, Consuelo Porras, y su equipo de colaboradores.

También recabamos información en encuentros con integrantes de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) y con representantes de la Corte Constitucional, diplomáticos, empresarios, dignatarios de la Iglesia Católica, directivos de medios y periodistas. Además, estuvimos presentes en la audiencia pública realizada el 8 de diciembre de 2022 por el caso contra Zamora y ese mismo día pudimos visitarlo en la cárcel.

Por estos motivos, y en el espíritu de la Declaración de Chapultepec, que reclama que “ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”, reiteramos nuestra exhortación a que exija al Ministerio Público que se apegue a la legalidad, transparencia y debido proceso en torno del caso de Zamora.

Por nuestra parte, y tal como expresamos en una misiva enviada a Usted el 18 de agosto de 2022, “seguiremos atentos al desarrollo del caso de Zamora, para velar que se respeten sus derechos, su seguridad física, que cuente con un proceso judicial independiente y justo, y se garantice en el país la libertad de prensa, fundamental para la existencia de una sociedad democrática”.

Confiamos en que honrará usted el compromiso asumido siete años atrás, al firmar el texto de la Declaración y ratificar su respeto por la libertad de expresión.”

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental, y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

Postura del Gobierno

El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López Oliva, refiere:

“El gobierno de Guatemala rechaza el contenido de la misiva, debido a que por mandato legal es ajeno a los procesos judiciales, de investigación criminal y aplicación de la justicia en Guatemala”.

Agrega que “ante los reiterados intentos por promover la impunidad en este caso, nos permitimos recalcar que NADIE ES SUPERIOR A LA LEY, independientemente de la actividad profesional a la que se dedique, por lo que debe evitarse politizar un proceso que es EMINENTEMENTE JUDICIAL”.

Una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), encabezada por su presidente Michael Greenspon, que llegó a Guatemala luego de múltiples denuncias de violaciones a la libertad de expresión, teme que se puedan formar procesos judiciales contra otros periodistas, partiendo del caso de Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódco, enviado a juicio en un caso de supuesto lavado de dinero.

Como parte del trabajo de la misión de la SIP, hubo reuniones con periodistas de todo el país, quienes, según, los delegados, expresaron preocupación por las condiciones adversas a las que se enfrentan para desarrollar su trabajo, principalmente en comunidad rurales.

De esa cuenta, los representantes de la entidad hemisférica, con sede en Miami, Florida, EE. UU., se reunieron con altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el vicepresidente Guillermo Castillo, y la fiscale general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta.

Además, se reunieron con empresarios y representantes de la Iglesia Católica.

Greenspon señaló que “en materia de acoso judicial aludimos a la utilización de normas que protegen derechos valiosos, como la equidad de género, pero que son utilizadas muchas veces en Guatemala para silenciar a quienes cuestionan a funcionarios por presuntas irregularidades en su gestión, como es el caso de los periodistas de La Hora”.

Añadió que en el caso de la acusación contra Zamora “hemos venido a transmitirle nuestro respaldo y a exigir y reclamar a las autoridades que se respeten todas las condiciones para un debido proceso. Hemos planteado que mientras se desarrolle la causa se flexibilicen las condiciones de detención y se garantice un equilibrio entre las investigaciones judiciales que deben realizarse y la preservación del libre ejercicio de la libertad de prensa por parte del equipo de elPeriódico”.

Por su parte, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, añadió que en ambos casos recibieron informes de parte de la Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos y de la fiscal general Consuelo Porras, en los que aseguran que el proceso se ajusta a derecho.

“De nuestra parte, advertimos que el modo en que se realizó la detención de Zamora, las características de la acusación y las irregularidades que se denunciaron en su momento para armar el caso generan preocupación de que se monten procesos contra otros periodistas que investigan y denuncian el poder”, dijo Jornet.

Añadió que en todas las reuniones que sostuvieron con autoridades subrayaron que “más allá del caso Zamora, que sin duda pueden inducir a la autocensura a otros medios y periodistas que investigan el poder, preocupan a la SIP las presiones que afrontan pequeños medios comunitarios en zonas alejadas de la capital, donde es más evidente el control que ejerce la criminalidad organizada, en muchos casos, en convivencia con autoridades locales y fuerzas policiales”.

Reuniones

Jornet mencionó que durante las reuniones con funcionarios del Ejecutivo y del MP manifestaron “el crítico panorama que recogimos de parte de periodistas y directivos de medios de toda la república”, quien, según dijo, describieron las “condiciones adversas que debe afrontar por el ataque sistemático de parte de funcionarios públicos y de netcenters (…) que muchas veces desde el anonimato descargan descalificaciones que terminan alentando la violencia física”.

Agregó que “pusimos énfasis en denuncias de acosos legales en contra de periodistas y medios independientes, acciones que suelen mantenerse en secreto para impedir que se ejerza el derecho de defensa”.

Además, dijo que se planteó la falta de independencia de los poderes del Estado “que puede traducirse en una acción coordinada para ahogar la disidencia en las presiones para revelar fuentes de información, en las severas restricciones para que los comunicadores accedan a fuentes oficiales, en operaciones de vigilancia sobre reporteros que investigan presuntos hechos de corrupción, en la discriminación del manejo de la pauta publicitaria oficial y en las presiones que se descargan en empresas privadas para que no anuncien en medios críticos del gobierno”.

Vicepresidente envió cartas a la ONU

Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP, comentó por su parte que se intentó tener un acercamiento con el presidente Alejandro Giammattei, pero este respondió que no se involucraba en temas que tienen que ver con la independencia de los poderes públicos del Estado, aunque se le recalcó que el caso Zamora es un tema de interés general.

Además, dijo que durante la reunión que sostuvieron con el vicepresidente Guillermo Castillo, el funcionario les mostró cartas que envió (cuando estaba como presidente en funciones) a “Naciones Unidas y otros organismos internacionales para que enviaran misiones al país para ver el tema de libertad de prensa”.

El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Michael Greenspon, encabeza la delegación internacional de ese organismo que este jueves 8 de diciembre se reunió con el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, para analizar la situación de la libertad de prensa en Guatemala.

De acuerdo con publicaciones en redes sociales de la Vicepresidencia, la reunión fue “con el objetivo de abordar la situación sobre libertad de prensa en el país”.

Además, señala que “se trataron temas relacionados con el próximo proceso electoral, la situación de defensores de derechos humanos en el país, protección social a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad e independencia judicial y procesos que actualmente se siguen”.

Agrega que, además, “se compartió el trabajo que se realiza desde los Gabinetes Económico y Social y otros mecanismos de coordinación interinstitucional a cargo de la Vicepresidencia.

La SIP, con sede en Miami, Florida, EE.UU., anunció en un comunicado que la misión permanecerá en Guatemala los próximos jueves y viernes, en una iniciativa que sigue a un mandato de la institución aprobado durante su Asamblea General de octubre pasado.

Además, los representantes de la organización se reunirán con la fiscal general y jefe del Ministerio Público, Consuelo Porras, y el director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), Ramiro Alejandro Contreras Escobar.

La comitiva de la SIP, que incluye a Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la organización, y a Ricardo Trotti, director ejecutivo de la misma, asistió a la audiencia pública donde el periodista Jose Rubén Zamora, encarcelado desde julio pasado bajo la acusación de supuestos delitos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, fue enviado a juicio.

La agenda de la SIP incluye un encuentro con un magistrado de la Corte de Constitucionalidad, representantes de medios, de grupos de defensa de los derechos humanos y diplomáticos, entre otros.

En su último informe sobre la libertad de prensa en Guatemala, la SIP había denunciado un “ambiente de animadversión contra la prensa”, además de aprobar una resolución en la que se subrayaba que “se está atacando en forma sistemática a los periodistas y medios que no se pliegan a los intereses del gobierno”.

La SIP se refirió a los casos de Zamora y Flora Silva, presidente y gerente financiera de elPeriódico, respectivamente, detenida como parte del proceso en su contra; Juan Luis Font, de “Con Criterio”, y Carlos Choc, de Prensa Comunitaria, víctimas, según la organización, de acoso judicial.

La lista de denuncias en Guatemala incluye ataques a la credibilidad del periodismo vía redes sociales, amenazas y riesgos para ejercer periodismo en provincias, intentos de aprobar leyes para limitar la libertad de expresión y prensa, además de limitación a las fuentes de información.

La organización señala respecto a la entrevista solicitada con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, que ésta fue denegada con el argumento de tratarse de un caso judicial y bajo investigación fuera de su competencia.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presenta resultados de un estudio que se hizo en 22 países de América y revelan que Guatemala ocupa el puesto 19 con una categoría de alta restricción a la libertad de prensa.

En el marco de la 78 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se lleva a cabo en Madrid, España, la entidad presentó este viernes 28 de octubre los resultados del Índice Chapultepec sobre libertad de prensa en el que Guatemala se ubicó en el puesto 19 de 22 con una alta restricción para periodistas.

Los resultaros fueron presentados por Armando Castilla y Carlos Jornet de la SIP y se refiere a un estudio que se hizo en el período de agosto de 2021 a agosto de 2022 en 22 países de América.

Esta es la tercera publicación del Índice Chapultepec cuyo objetivo es observar en qué condiciones está a libertad de prensa en el continente.

Guatemala se sitúa en el puesto 19 de este índice, tan solo por debajo de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que son los tres peores países de América en el tema de libertad de expresión y prensa, y están categorizados lugares sin libertad de expresión.

Según el estudio, hay cinco categorías en los que están clasificados los países según la libertad de prensa y expresión que tienen los periodistas y estas son:

• Libertad de expresión plena
• Baja restricción
• Parcial restricción
• Alta restricción
• Sin libertad de expresión

Guatemala es el único país, en este 2022 que se encuentra en la categoría de Alta restricción, puesto que anteriormente estaba en el de parcial restricción.

Los expositores indicaron que los países obtienen un puntaje de 0 a 100, según los parámetros de ciudadanía informada, ejercicio del periodismo, violencia e impunidad y control de medios, y que según este índice el promedio global es de 53.69.

En el caso de Guatemala, su puntuación este 2022 fue de 38.40, que se obtuvo de la sumatoria de 9.14 puntos en ciudadanía informada; 5.14 en ejercicio del periodismo; 7.12 en violencia e impunidad y 17 en control de medios.

Según el índice, Guatemala está en categoría roja en el tema de violencia e impunidad y en verde en control de medios.

Cae dos puestos

Guatemala cayó dos puestos en el índice de este 2022, pues en el 2021 ocupaba el número 17 y en el 2020 estaba en el puesto 15.

Tanto en el estudio de 2020 como en el de 2022, el país se encontraba en el rango de naciones con parcial restricción a la libertad de prensa y expresión, pero ahora cayó a la categoría de alta restricción.

Los mejores países

Según el Índice Chapultepec 2022, los países con libertad de expresión plena son Canadá y Jamaica.

Los países con baja restricción son Uruguay, República Dominicana, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Paraguay y Panamá.

Con clasificación de parcial restricción aparecen Colombia, Perú, Argentina, Honduras, Ecuador, Brasil, Bolivia, México y El Salvador.

Guatemala está en la categoría de alta restricción mientras que los países sin libertad de expresión son Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Según el estudio, entre el país mejor calificado, Canadá, y el peor calificado, Nicaragua, existe una brecha de 70.91 puntos.

“Existe un profundo deterioro de la libertad de prensa”

El Índice Chapultepec se presenta el mismo día en que la SIP emite informe sobre Guatemala y señala que hay un profundo deterioro de la libertad de prensa debido a acciones del Gobierno, en especial del Ministerio Público y del Congreso de la República.

De acuerdo con la SIP, “desde el inicio de su gestión, el gobierno del presidente Alejandro Giammattei ha tenido una relación tirante con la prensa independiente” y detalla que “cualquiera que opine diferente es considerado un enemigo, opositor o agitador”.

La SIP continúa y refiere que “en este ambiente de animadversión contra la prensa, el Ministerio Público (MP) arremetió contra destacados periodistas críticos, conocidos por su constante denuncia sobre hechos de corrupción pública”.

En el informe, la SIP recuerda que el 29 de julio recién pasado, el MP ordenó la detención Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, quien permanece encarcelado bajo los cargos de lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje.

Posturas

Tanto el Gobierno como el MP dieron su postura sobre el informe de la SIP.

El vocero presidencial, Kevin López Oliva, señaló que “es totalmente falso que durante la administración del Doctor Alejandro Giammattei se hayan registrado ataques sistemáticos a periodistas o se haya restringido de alguna manera la labor periodística en el país”.

El MP respondió:  “Bajo ninguna circunstancia. De conformidad con su mandato legal y constitucional, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar toda denuncia que se presenta, sin excepción alguna, y sin que esto signifique criminalización, en absoluto”.