El Departamento de Estados de los Estados Unidos informó este 21 de diciembre sobre una nueva actualización de la lista Engel, actores guatemaltecos vinculados a acciones antidemocráticas y a favor de la corrupción, en donde destaca la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y un grupo de fiscales del Ministerio Público.

El informe divulgado por el gobierno estadounidense señala que las personas incluidas en el listado habrían cometido “acciones que socavan los procesos o instituciones democráticos”, así mismo son relacionados con prácticas a favor de la corrupción.

“La facilitación o transferencia del producto de la corrupción, incluso mediante el lavado de dinero; y actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales”, señala el informe.

Silvia Patricia Valdés fue magistrada y presidenta de la CSJ, y a criterio del Departamento de Estado utilizó su puesto para colocar a un grupo de jueces afines a ciertos intereses, “socavó procesos o instituciones democráticas al participar en un plan para llenar la CSJ y los tribunales de Apelaciones con jueces corruptos”.

Fue hasta hace unas semanas que Valdés dejó la CSJ, ya que luego de cuatro años de retraso el Pleno del Congreso decidió renovar a las autoridades judiciales.

Silvia Patricia Valdés ocupó la presidencia interina de la CSJ estos cuatro años por ser la vocal primera de la CSJ. En su oportunidad fue la magistrada electa por el Congreso con la mayor cantidad de votos.

Dicha CSJ, fue electa mediante una alianza entre los ahora desaparecidos partidos políticos Libertad Democrática Renovada (Líder) y Partido Patriota (PP).

Fiscales

Entre las personas incluidas en esta nueva lista de actores antidemocráticos y a favor de la corrupción aparecen tres fiscales del Ministerio Público (MP), dos de ellos integrantes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci).

Se trata de Leonor Eugenia Morales Lazo y Pedro Hernández González, ambos integrantes de la Feci. Son señalados por el Departamento de Estado por participar en una investigación “por motivos políticos para poner en duda los resultados electorales certificados y perturbar la transición presidencial”, dice el informe.

También se incluye en la lista al fiscal Noé Rivera Vásquez, fiscal de asuntos internos, por aparentemente “presentar cargos por motivos políticos contra actores de la justicia que luchan contra la corrupción y la impunidad”.

En respuesta, el MP dijo que “es una institución autónoma que no se encuentra subordinada a ningún ente internacional, toda vez que su actuar se desarrolla conforme a lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala”.

Agregaron que la inclusión de más fiscales del MP a la lista Engel es “nuevamente, se trata de una evidente violación a los derechos humanos, mediante señalamientos sin ningún sustento legal para acusar a funcionarios del Ministerio Público por el simple hecho de cumplir con su obligación legal, cuando estos no han sido investigados y sobre todo, vencidos en juicio, por lo que la lista Engel es un mecanismo que violenta los principios fundamentales de presunción de inocencia y del debido proceso, que además no tiene ningún tipo de validez legal en Guatemala”.

La agrupación política Semilla presentó una queja ante la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial (OJ) en contra del juez séptimo, Fredy Orellana y también contra la presidenta de ese organismo y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Silvia Valdés.

Según informó el Movimiento Semilla, su equipo legal presentó la queja contra Orellana por una resolución que carece de fundamento legal, que se constituye como una falta gravísima que busca alterar el orden democrático del país.

Agregan que esa resolución “muestra la intención de forma maliciosa de resolver en contra de derecho, por no desempeñar una función objetiva como juez”.

Es que el pasado 12 de julio, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) informó que a petición de ellos, el Juzgado Séptimo, dirigido por Fredy Orellana, ordenó la suspensión de personalidad jurídica del Movimiento Semilla, cuyo candidato, Bernardo Arévalo, pasó a segunda vuelta en las elecciones generales 2023.

La investigación de la Feci señalaba que en mayo de 2022, un ciudadano denunció haber sido adherido ilegalmente al Movimiento Semilla, por lo que, al realizarse la prueba científica por el Inacif se concluyó que la firma y letra fueron falsificados.

Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, dijo ese día que “existen indicios que posiblemente más de cinco mil ciudadanos fueron adheridos ilegalmente al Movimiento Semilla, falsificándole su letra y firma”.

También contra presidenta del OJ

La denuncia que presentó Semilla este 18 de julio también va dirigida contra Silvia Valdés, presidenta de la CSJ y del OJ por “haber tratado de variar las formas del proceso electoral de forma unilateral a través de una resolución que carece de fundamento legal, se informó por parte del partido político”, se menciona en la queja de Semilla.

El juez Carlos Ruano presentó una recusación contra la presidenta del Organismo Judicial (OJ), Silvia Valdés, que busca que ella sea apartada del proceso de retiro de derecho de antejuicio que se inició en su contra por denuncia presentada por la Fundación contra el Terrorismo.

El juez Ruano, reconocido por Washington por su lucha anticorrupción en 2021, es señalado por la Fundación Contra el Terrorismo en un caso que involucra a la magistrada Blanca Stalling, quien fue reinstalada en ese cargo tras ser procesada en el caso “Tráfico de Influencias”.

El juez Ruano denunció en enero de 2017 que la magistrada Stalling habría ejercido presiones para que resolviera a favor de su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, quien fue detenido y procesado en el caso IGSS-Pisa.

Por ese caso, un Tribunal declaró culpable a 12 sindicados, incluyendo a Molina Stalling, quien fungía como exasesor del IGSS. La sentencia fue de seis años y tres meses y a una multa de Q50 mil y fue absuelto del delito de asociación ilícita.

Según el juez Ruano, es por ese motivo que Valdés no debió conocer la solicitud de trámite de la denuncia pues, según él, la magistrada tiene impedimento para hacerlo.

Según Ruano, Valdés ya externó opinión en el antejuicio que avaló contra Blanca Stalling.

En el memorial que presentó el juez Ruano menciona que la magistrada Valdés debió excusarse como lo hicieron el resto de sus compañeros que conocieron la petición de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, del Ministerio Público, que pedía el retiro de inmunidad contra Stalling, por supuesto tráfico de influencias.

Explica que en el escrito que interpone en contra de Silvia Valdés es para recusarla pues considera que ya habiendo conocido los mismos hechos en antejuicio 22-2017 no se inhibió, pese a que sabía que tenía impedimento de conocer esas diligencias, por ser los “mismos hechos”.

Recordó que seis magistrados de la CSJ se inhibieron de conocer un caso e invocaron el artículo 122 inciso h de la Ley del Organismo Judicial.

La presidenta del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Valdés, se pronunció en un comunicado contra la Lista Engel de corrupción, publicada recientemente por EE. UU.

En esa designación figuran dos magistrados de la CSJ y dos jueces del OJ, lo que fue confirmado por Valdés en el pronunciamiento.

Valdés dijo que la publicación de la lista “constituye una flagrante violación a la Constitución Política de la República” y viola “específicamente el principio de derecho de defensa, que establece que la defensa de la personas y sus derechos son inviolables”.

La misiva enfatiza en que “toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente”.

Agrega que la designación “vulnera el debido proceso”, carece de legitimación y constituye “una intolerable intromisión en la administración de justicia”, ya que, a su criterio, señala de forma infundada y “sin ningún medio probatorio” a los funcionarios de OJ.

Advierte de que por “su alta investidura”, los jueces y magistrados “deben ser respetados por guatemaltecos y extranjeros” y los mismo gozan de “prerrogativas que les otorga la Constitución Política de la República”.

Reclama que si hubiese un presunto hecho delictivo este se debe canalizar a través de las instancias correspondientes “y no a través de publicaciones de prensa y redes sociales”.

La magistrada resalta que la Lista Engel constituye “una legal intromisión en las funciones constitucionales que le corresponden con exclusividad al OJ.

“Por tal razón, en mi calidad de presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, rechazo categóricamente la intromisión extranjera en las funciones constitucionales que únicamente le competen a este alto Organismo de Estado”, puntualiza la misiva.

Cumpliendo con la Ley de Compromiso Mejorado de Estados Unidos, el 2 de julio último se presentó la lista de corruptos del Triángulo Norte Centroamericano, en donde Guatemala destaca con funcionarios, exfuncionarios y activistas a quienes el Departamento del Estado señala de favorecer la impunidad.

La lista sanciona con la cancelación de visa o calificar de no elegibles para visitar EE. UU. a quienes la integran, pero aunque las amonestaciones se puedan limitar en la regulación migratoria, el peso moral que recae sobre cada uno de los que ahí figuran y en las instituciones que representan es mayor, según analistas consultados.

El Gobierno guatemalteco también emitió el viernes 22 de julio un comunicado en el que “lamenta y rechaza” que la Lista Engel de corrupción, publicada por EE. UU. recientemente, “incluya a personas guatemaltecas”.

“Se debe cuestionar la utilización de este instrumento político que promueve la condena social de las personas que allí son señaladas, la cual generalmente se deriva de elucubraciones y acusaciones mediáticas infundadas”, dijo en un comunicado.

Los señalados

Entre los guatemaltecos fueron incluidos Dennis Billy Herrera Arita, un abogado guatemalteco; Carlos Estuardo Gálvez Barrios, exrector de la Universidad de San Carlos (Usac); José Rafael Curruchiche Cacul, actual jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público; Axel Arturo Samayoa Camacho, propietario de varias empresas de transporte y transporte marítimo; Ramiro Mauricio López Camey, actual copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos SA (Aspetro); Ramón Campollo Codina, actual propietario de Corporación Energías de Guatemala; y Geisler Smaille Pérez Domínguez, actual juez del Tercer Juzgado Penal.

Además, Sofia Janeth Hernandez Herrera, la actual representante en el Congreso por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), Steffan Christian Emanuel Lehnhoff Hernández, actual propietario de Corporación Energías de Guatemala; Mayra Alejandra Carrillo de León, actual Directora del Instituto de Víctimas; Erick Gustavo Santiago de León, exjuez y presidente del Tribunal Regional de Apelaciones en lo Civil; Nery Oswaldo Medina Méndez, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia; Vitalina Orellana y Orellana, actual magistrada de la Corte Suprema de Justicia; Mauricio López Oliva, actual copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos SA (Aspetro); Víctor Manuel Cruz Rivera, actual Juez de lo Penal; y José Luis Benito Ruiz, exministro de Comunicaciones e Infraestructura de 2018 a 2020.

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— Organismo Judicial (@OJGuatemala) July 25, 2022

La Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial (OJ) ordenó este miércoles 9 de febrero a la Supervisión General de Tribunales proceder con una investigación administrativa en contra de Silvia Patricia Valdés, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de una queja de un diputado.

El objetivo de la investigación ordenada es determinar si la funcionaria pudo haber cometido alguna falta administrativa que amerite un procedimiento disciplinario.

“Se estima necesario que la Supervisión General de Tribunales de Guatemala, dentro del plazo de 10 días, realice la investigación del hecho denunciado cumpliendo como mínimo individualizar, localizar y entrevistar a los denunciantes”, señala la resolución, que agrega que estos deben comparecer a la audiencia respectiva o bien a una cabina de teleconferencias.

Se resolvió que, si se hallan elementos suficientes para establecer que la conducta de Valdés se enmarca en una falta administrativa, se debe iniciar el procedimiento disciplinario correspondiente.

La investigación administrativa contra Valdés se originó de una queja promovida por el diputado Aldo Dávila y el Comité Campesino del Altiplano, en la solicitan que se investiguen varios hechos irregulares que pudo haber cometido la funcionaria.

Se informó que entre los hechos denunciados están el aporte de Q20 mil que fue aprobado por Valdés al Instituto de Magistrados, entidad que denunció a la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, por haber autorizado diligencias de investigación en el caso Comisiones Paralelas 2020.

“La Ley de la Carrera Judicial establece en su artículo 29 inciso d), celebrar contratos de cualquier clase con las personas que ante ellos litiguen. Dicho inciso se violenta al autorizarse con fecha del 6 de abril de 2021, un apoyo financiero al Instituto de Magistrados de Apelaciones de Q20 mil mediante resolución de la presidencia (de la CSJ)”, dice la queja.

Añaden que atienden la opinión de la Corte de Constitucionalidad y que dejarán el cargo hasta que sean nombrados sus sucesores.

Este 12 de octubre termina el mandato de los magistrados de la CSJ y cortes de Apelaciones; sin embargo, los togados no podrán entregar el cargo debido al retraso en las comisiones de postulación.

El marte 9 de octubre, la CC resolvió una opinión consultiva de la CSJ respecto a este tema e indicó que los magistrados de ambas cortes  deberán continuar en la función de sus cargos hasta que el Congreso de la República elija legítimamente a sus sustitutos para el periodo 2019-2024.

Este sábado habrá un pleno extraordinario para que la magistrada Silvia Patricia Valdés Quezada tome posesión interina de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, a quien le corresponde por ser vocal primera, según la propia ley orgánica del Organismo Judicial.

Mientras tanto, la elección de los nuevos magistrados comenzará su trabajo hasta el próximo lunes 14 de octubre, luego de que la CC decidiera suspender lo actuado por la Comisión de Postulación por una irregularidad en la elección de los magistrados de Apelaciones que integraban la instancia.

Renuncia Silvia Valdés

 Valdés Quezada puso a disposición del presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, su cargo como magistrada al argumentar que su periodo constitucional finaliza este sábado.

Sin embargo, el Congreso no convocará a sesión extraordinaria para conocer su decisión, sino será hasta el martes 15 en sesión ordinaria. El próximo lunes se conocerá en la Junta Directiva y luego en la Instancia de Jefes de Bloques.

En esa primera ocasión Valdés adujo quebrantos de salud para poner su cargo a disposición.

La magistrada, vocal primero de la Corte Suprema de Justicia, envió una carta al Congreso en la que manifiesta su intención de dejar el cargo a partir del 13 de octubre, en atención a la finalización del plazo constitucional para el cual fue electa.

Sin embargo, la magistrada no dejará su puesto debido a que no ha sido electa la persona que la sustituirá, y ante tal situación y en observancia del artículo 71 de la Ley de la Carrera Judicial, continuará desempeñando sus funciones hasta que su sucesor asuma el cargo.

El criterio constitucional obliga a que los actuales magistrados continúen en sus puestos hasta que se integre la nueva Corte. En este caso Valdés Quezada, por ser la vocal 1 asumirá el cargo, ya que el actual presidente Néstor Vásquez Pimentel debe entregar la presidencia para la cual fue electo un año.

La presidencia

Valdés Quezada puso a disposición su cargo a pesar que el próximo domingo asumiría la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, y quien ha demostrado un vínculo cercano con el presidente Jimmy Morales.

La relación de Valdés Quezada con Morales fue obvia desde el inicio. El 14 de septiembre de 2016 en un mensaje en su cuenta personal de tuiter, Valdés pidió que dejaran trabajar al mandatario: “Está tratando de hacer las cosas bien. Déjenlo trabajar en paz. Ni que fuera Harry Potter con varita mágica”, expresó la togada en respuesta a un tuit de la dirigente de Pro-Justicia, Carmen Aida Ibarra.

La actual CSJ termina su mandato constitucional el próximo sábado 12 de octubre, sin embargo, la Corte de Constitucionalidad (CC), resolvió una consulta y ordena que permanezcan en el cargo los actuales magistrados hasta que se nombre a sus sustitutos, un proceso que, por ahora, está comenzando.