La resolución, que fue adoptada por consenso, expresa “enérgicamente el rechazo a cualquier política migratoria que conduzca a la separación de familias porque genera una práctica violatoria de los derechos humanos”.

En el documento, el Consejo Permanente también alentó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realice una visita a la región de frontera para “observar las consecuencias de las políticas migratorias, de refugio y de asilo implementadas por Estados Unidos”.

Este texto había sido incluido en la agenda del Consejo Permanente por iniciativa de México, aunque de inmediato obtuvo el patrocinio de los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala.

La Resolución es la respuesta de la OEA al escándalo provocado por la política estadounidense de “tolerancia cero” a la inmigración ilegal y que desde mayo motivó la separación de miles de niños, ahora retenidos en albergues por todo el país.

Hace una semana, bajo fuerte presión nacional e internacional, el presidente Donald Trump firmó un decreto que pone fin al procesamiento criminal automático de los adultos inmigrantes ilegales, que conllevaba la separación de las familias.

Por ello, el texto de la Resolución apenas fue modificado para incluir una mención a la necesidad de “implementar las medidas recientemente anunciadas dirigidas a evitar la separación de familias”.

Sin embargo, aún se desconoce la suerte que correrán los aproximadamente 2.000 niños y menores de edad.

El martes un juez de California ordenó al gobierno federal que reúna en un plazo de 30 días a todas las familias separadas en la zona de frontera en aplicación de la política de “tolerancia cero”.

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