La Fiscalía contra el Delito de Extorsión comprobó ante el Tribunal Segundo de Sentencia Penal la participación y responsabilidad penal de cinco personas en hechos ilícitos y fueron condenados a seis años de prisión inconmutables. Se trata de Kevin De Marcos Sarceño Morales, Bianca Roxana Ventura Carrillo, Manry Danilo De Leon Chinchilla, Karla Luz Mariela Gelista Alvarado y de Melany Betzaira Ayala Peralta.

Mientras Jemmy Maricela Ocuté Queché fue sentenciada a ocho años de prisión inconmutables por el delito de extorsión con la agravante de cooperación de menores de edad.

Y por el delito de extorsión en forma continuada se dictó sentencia de ocho años de prisión en contra de seis personas más. Josselyn Estefany Del Aguila Gamboa, Milton Gamaliel Rodriguez Orozco, Marelin Sucely Menendez Caal, María Alejandra García González, Jennifer Alexis González y Lusbin Ebelio Castro López.

En la investigación de la fiscalía del Ministerio Público se determinó que los condenados recibieron dinero en sus cuentas bancarias producto de exigencias dinerarias (extorsión) a una propietaria de un medio de transporte extraurbano.

Las personas involucradas habían amenazado de muerte a su víctima a través de llamadas telefónicas. En 2014 le entregaron un primer aparto y otro en 2016 para exigirle el pago inicial de Q50 mil a Q100. La víctima hizo dos pagos iniciales de Q10 mil y Q15 mil y cada semana entregaba Q3 mil. El dinero fue depositado en cuentas bancarias de los ahora sentenciados.

Después de un año, la Corte de Constitucionalidad revocó la suspensión provisional que tenía la Superintendencia de Administración Tributaria al acceso de información bancaria, conocido como Secreto Bancario.

Con esto, la SAT puede acceder a la información de los contribuyentes cuando la sentencia cobre vigencia y sea publicada en el diario oficial.

Analistas opinan que es una acción positiva para el país.

“El Secreto Bancario es una medida que ya tenía mucha presión a niel del país, no solo presión interna, sino presión a nivel externa principalmente por la OCDE porque se considera que aquellos países que aún tienen el Secreto Bancario como un tema que no lo han desarrollado y que se conserva a nivel de las medidas que tiene el país, entonces se considera ese país como un paraíso fiscal” dijo Juan Carlos Paredes, analista fiscal.

Hace una semana, la OCDE puso a Guatemala como un país no cooperante en transparencia fiscal, según los analistas entrevistados, eso presionó a la Corte de Constitucionalidad para dar una resolución.

“La OCDE es parte de los organismos, pero es una presión no específica, sino que es algo habitual que estos organismos presionan a los países para precisamente para llevar a cabo prácticas de transparencia y una de ellas es la revelación de la información bancaria” dijo Óscar Chile, consultor fiscal.

Recaudación tributaria podría acercarse a la meta

Para este consultor, la SAT no solo podrá adquirir información bancaria, sino también de préstamos bancarios, cajas de seguridad o si es fiador para un crédito.

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Por lo que se recomienda a los contribuyentes que lleven control de sus movimientos y operaciones bancarias, por ejemplo, con facturas.

Para la SAT, esto podría ser positivo, pues podría apoyar a la recaudación tributaria que, hasta julio pasado, tenía una brecha de mil 457 millones de quetzales.

El 27 de mayo de 2018 Tzep Tzep asesinó a su esposa, Susana Guarchaj Cotiy, en su residencia en el barrio Xerashon, Nahualá, Sololá.

El crimen ocurrió frente a sus hijos de cinco, ocho y 11 años, con quienes intentó escapar para evitar ser capturado.

Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) Guarchaj Cotiy murió por traumatismo cerebrar por arma contundente.

El hombre dijo a sus hijos que debían decir que cinco hombres armados ingresaron a la residencia a asesinar a su mamá.

En su intento de huir, Tzep Tzep tomó caminos montañosos, donde autoridades comunitarias lo localizaron y lo entregaron a las autoridades un día después del asesinato.

Hasta el momento se desconoce qué fue lo que motivó al sentenciado a atacar a su esposa, quien regresaba a casa después de participar en un servicio religioso.

El Tribunal de Mayor Riesgo B afirma que “no hubo una sola prueba” de la comisión de los delitos.

El Ministerio Público solicitó una condena de 14 años de cárcel por el supuesto fraude de 1.3 millones de la municipalidad, entre 2012 y 2013.

La investigación inició debido a una denuncia de la Superintendencia de Bancos por existir transacciones sospechosas en dos cuentas bancarias de la comuna.

Los abogados del exedil argumentaron que, el retiro del dinero de dos cuentas de la Municipalidad del Puerto San José fue para el pago de planilla a 400 jornaleros.

Rizzo fue detenido el 9 de septiembre de 2016.

Familiares condenados

Su esposa Odilia González García, fue condenada en 2017 a seis años de prisión por lavado de dinero. Esa condena se desprende del caso conocido como “Drogas, dinero y poder local”.

También interpusieron penas de 18 años a Jairon Antonio e Irael González García, hermanos de Odilia, por asociación ilícita y lavado dinero.

El cuarto condenado es Luis Javier Flores, quien recibió seis años de prisión por asociación ilícita.

El caso de la familia del alcalde Rizzo surgió luego de la detención, en 2012, del narcotraficante mexicano Manuel Antonio Yañes Ochoa, condenado a 28 años de prisión en octubre de 2016, y prófugo de la justicia después de haberse escapado de una cárcel con una orden de libertad falsificada.

Redacción

BBC News Mundo

La colombiana Daniela Tejeda enfrenta las horas más duras de los últimos meses.

Su esposo Matthew Hedges, un estudiante de doctorado británico de 31 años, fue condenado el miércoles a cadena perpetua en Emiratos Árabes Unidos(EUA) tras un proceso judicial de seis meses después de ser acusado de espionaje.

Tejeda asegura que no ha vuelto a tener contacto con su esposo y no sabe qué puede pasar, pues asegura que todas las evidencias en contra de Hedges han sido “fabricadas”.

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“Tan pronto como su sentencia fue pronunciada, nos hicieron salir de la habitación (del tribunal) inmediatamente”, le dijo Tejeda a la BBC al explicar que desde entonces no han podido hablar.

“Él estaba muy asustado cuando se paró frente al juez, porque sabíamos de las posibilidades de que hubiera un juicio arbitrario”, relató.

“Empezó a temblar cuando el traductor le comunicó la sentencia. Tuvo que pedir que le reconfirmaran si era correcto lo que escuchó”, recuerda.

La justicia en EAU dice tener pruebas “firmes”, incluida una confesión de Hedges, de sus acciones de espionaje en ese país de Medio Oriente.

Sin embargo, su familia asegura que le obligaron a firmar esta confesión escrita en árabe, idioma que Hedges desconoce.

Tanto la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, como el ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, dicen que tratarán este caso en el más alto nivel con EUA, un país tradicionalmente aliado de los británicos.

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Sin embargo, Tejeda afirma que desde mayo, cuando fue detenido su esposo, las autoridades no actúaron para proteger los derechos de Hedges, quien permaneció durante meses en confinamiento solitario.

“Tuve la impresión de que estaban poniendo sus intereses con Emiratos Árabes Unidos por encima de la libertad y el bienestar legítimos de un ciudadano británico”, dijo Tejeda sobre los meses pasados.

Las autoridades de EUA comunicaron que la sentencia, que en la práctica podría hacer que el académico cumpliera hasta 25 años de cárcel antes de ser deportado, no es definitiva y que tiene derecho de apelar.

¿Por qué se le acusa de espionaje?

Como estudiante de doctorado de Universidad de Durham de Reino Unido, Matthew Hedges viajó a EAU para hacer investigación para su tesis sobre la estrategia de seguridad de ese país.

Pero fue arrestado en el aeropuerto de Dubái el pasado 5 de mayo.

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Según el corresponsal de seguridad de la BBC, Frank Gardner, fuentes de EAU aseguran que se encontró “material de espionaje” en la computadora portátil de Hedges.

La familia de Hedges afirma que lo obligaron a firmar un documento escrito en árabe, un idioma que él no puede hablar ni leer, el cual más tarde se convirtió en una confesión.

Esto ocurrió después de ser interrogado sin un abogado o ayuda consular, según su familia.

Tejeda dijo a la BBC que no se siguió un proceso adecuado, y agregó: “Cualquier cosa usada contra Matt es completamente infundada”.

Sin embargo, el fiscal general de EAU, Hamad Saif Al Shamsi, dijo que Hedges había “confesado en detalle sus delitos” y que se le “concedieron todos los derechos” con un “juicio justo y transparente”.

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“Se presentaron ante el tribunal pruebas convincentes y firmes”, agregó Abdulla Al Naqbi, jefe de Asuntos Jurídicos de la cancillería de EAU.

Eso incluía información de sus dispositivos electrónicos extraídas “mediante análisis forense avanzado”, así como pruebas obtenidas por agencias de inteligencia de EAU, declaraciones de testigos “y la propia confesión de Hedges“.

Al Naqbi rechazó que el acusado hubiera firmado documentos que no entendía, y afirmó que el acusado sí tuvo “representación adecuada” a través de un abogado designado por el tribunal qué él aceptó.

“En los niveles más altos”

Daniela Tejeda sostuvo una reunión en Londres con el canciller Jeremy Hunt, quien informó de una reunión previa con el embajador de los EAU en Londres donde hubo “una conversación muy franca”.

La primera ministra May dijo que estaba “profundamente preocupada” por la situación, la cual se estaba “tratando al más alto nivel” con EUA.

Pero Tejeda dice que las autoridades británicas nunca prestaron la atención debida al caso de su esposo desde su detención en mayo.

“Simplemente ignoraron mis peticiones, dijeron que no era parte de su trabajo, que no era parte de su deber”, aseguró Tejeda a la BBC al relatar sus peticiones de ayuda consular.

“En una ocasión, uno de los empleados de casos dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores no tenía deber de atenderlo, por lo que no estaban obligados a hacer tales representaciones”, apuntó.

En tanto, Hedges permaneció bajo “condiciones inaceptables” de encarcelamiento, asegura.

El secretario de Salud, Matt Hancock, dijo a la BBC que Hunt le había “planteado este caso personalmente al príncipe heredero el 12 de noviembre”.

“El Ministerio del Exterior ha estado actuando en nombre de Hedges en los niveles más altos posibles“, aseguró.

Sin embargo, Tejeda subraya que no ha podido hablar con su esposo desde que lo sentenciaron. “Solo imagino que está tan angustiado como yo”, cuenta.

Un aliado británico

EAU es un aliado militar de Reino Unido desde hace mucho tiempo.

Unos 200 funcionarios británicos se encuentran desplazados en servicio permanente al país , donde también existe una base aérea y un puerto naval de las tropas británicas, así como una larga relación de defensa, dice Frank Gardner, corresponsal de seguridad de la BBC.

“La sugerencia de que Gran Bretaña podría enviar un espía no tiene sentido. Estoy seguro de que el MI6 [el servicio de inteligencia de Reino Unido] usaría académicos para espiar un lugar si pudieran, pero solo en países en los que resulta difícil entrar”, opinó Gardner.

Daniela Tejeda hace énfasis en esto, pues considera que las buenas relaciones diplomáticas entre ambos países debería contribuir a solucionar el problema.

“Ningún aliado debería tratar a los ciudadanos británicos de esa manera. Y no hay ninguna razón por la que ellos pudieran pensar que un aliado cercano les enviaría agentes encubiertos para espiarlos. Es absurdo”, dijo a la BBC.

“Solo estaré satisfecha cuando Matt vuelva”.

La CorteIDH encontró “al Estado de Guatemala responsable por la muerte de 11 personas y por las lesiones sufridas por otras 29, causadas por el ejército durante la llamada masacre de Xamán, indica un comunicado del ente interamericano, con sede en Costa Rica.

La nota, enviada a la oficina de AFP en Guatemala, precisa que la sentencia fue notificada este viernes y que entre los 11 fallecidos se encontraban una niña y dos niños.

El 5 de octubre de 1995 una patrulla militar se adentró en la comunidad “Aurora 8 de octubre”, ubicada en la finca Xamán e integrada por población indígenas que habría retornado del sur de México, donde se habían refugiado por años para escapar de la represión militar.

“Los soldados fueron rodeados por pobladores, quienes requerían explicaciones sobre la presencia militar en el lugar. Al intentar salir del lugar, los militares dispararon”, reseña la nota.

Por este caso 14 militares fueron condenados y 11 permanecen prófugos.

Según la Corte, durante el conflicto armado, que concluyó en 1996, “el Estado aplicó la Doctrina de la Seguridad Nacional, donde consideró a miembros del pueblo maya como parte del enemigo interno”, como el gobierno calificaba a la guerrilla izquierdista.

El organismo estableció que los atacantes cometieron delitos contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos y que fueron de naturaleza discriminatoria, en contra de personas indígenas.

Advirtió que, si bien se produjeron algunas condenas, “la actuación estatal no fue diligente dada la falta de medidas para hacer efectivas las órdenes de captura de los 11 militares que permanecen prófugos”.

Ante ello, estableció que Guatemala también violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial establecidos en la Convención Americana.

La Corte ordenó continuar la investigación de los hechos y enjuiciar eventualmente a otros involucrados en la matanza.

Según un informe de la ONU presentado en 1996, la masacre de Xamán fue la última en el marco de la guerra, que dejó 200,000 muertos o desaparecidos. El 93% de los violaciones de los derechos humanos constatadas fueron responsabilidad de los aparatos estatales.

Información: Agence France-Presse

En la madrugada de este miércoles, el Tribunal C de Mayor Riesgo condenó a 4 militares en condición de retiro, al encontrarlos culpables de la captura y desaparición del niño Marco Antonio Theissen, y de torturar a la hermana, Emma Molina Theissen, hechos ocurridos en 1981.

Las condenas contra Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército;Manuel Antonio Callejas Callejas, exjefe de Inteligencia Militar; y los ex altos cargos de la zona militar de Quezaltenango Francisco Luis Gordillo Martínez, excomandante y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, exoficial de inteligencia militar van de 33 a 58 años de prisión inconmutables.

Esto generó diferentes reacciones en el Congreso. Algunos diputados aplaudieron la sentencia al asegurar que después de más de 30 años se logra una condena. Otros congresistas en cambio, dicen que el caso no se debió realizar por una amnistía a los hechos ocurridos durante el Conflicto Armado Interno, además porque creen que esas sentencias no ayudan a la reconciliación nacional.

La desaparición de Molina Theissen, el niño de 14 años

Según la información presentada por el Ministerio Público, el 27 de septiembre de 1981 en Santa Lucía Utatlán, Sololá, fue detenida Emma Guadalupe Molina Theissen, en un retén militar de control de carreteras; ella llevaba escondida propaganda de estudio y discusión política y fue trasladada a la Zona Militar “GMLB” de Quetzaltenango, donde fue torturada y violada y de donde logró escapar 9 días después.

El 6 de octubre de ese mismo año, tres elementos del ejército vestidos de particular, llegan a la casa de la familia Molina Theissen en la 6a. avenida 2-35 zona 19, La Florida, y se llevaron a Marco Antonio Molina Theissen, hermano de Emma Guadalupe.