Un juez de Estados Unidos emitió este domingo una orden que impide al Gobierno de Donald Trump prohibir las descargas y actualizaciones de la red social china TikTok, algo que podría haber ocurrido esta medianoche, por lo menos hasta que la Justicia vuelva a pronunciarse.

El magistrado Carl J. Nichols de la corte federal del Distrito de Columbia accedió así a la petición de los abogados de la firma china, que buscaban un bloqueo temporal de la posible prohibición mientras las dos partes se enfrentan en los juzgados.

La decisión de Nichols traslada de forma definitiva a la Justicia una disputa iniciada en agosto, cuando Trump emitió una orden ejecutiva que amenazaba con prohibir TikTok en EE.UU. si la firma propietaria, la china ByteDance, no vendía su negocio en el país a empresas estadounidenses.

Según el presidente de Estados Unidos, el hecho de que se trate de una aplicación propiedad de una empresa china supone una amenaza de seguridad nacional por los vínculos existentes en China entre el sector privado y el Gobierno del Partido Comunista Chino.

Tras semanas de negociaciones, ByteDance llegó a un principio de acuerdo con las norteamericanas Oracle y Walmart, que llegó a recibir el visto bueno preliminar de la Casa Blanca, pero en los últimos días las conversaciones no estaban dando frutos y existía una posibilidad real de que Trump ejecutase su amenaza de prohibir las descargas de la aplicación cuando terminase el domingo.

Unas horas antes del fallo, en la mañana del domingo, Nichols celebró una audiencia en la que escuchó los argumentos del Gobierno, que afirmó que TikTok es una amenaza porque recoge datos sobre sus usuarios y, al ser una empresa china, luego debe colaborar obligatoriamente con los servicios de inteligencia de ese país.

Por su parte, los abogados de TikTok negaron que la compañía comparta datos con las autoridades chinas y argumentaron que, en realidad, el objetivo de Trump es restringir la libertad de expresión.

“Este caso es sobre la libertad de expresión y sobre la libertad de comunicación. Es algo inherente del negocio que ha sido blanco del ataque. TikTok es una aplicación, pero es mucho más. Es una versión moderna de la comunicación en la era electrónica que ha ganado popularidad especialmente en la pandemia”, afirmó uno de los abogados de la empresa, Alexander Berengaut.

Si el juez no hubiese dado la razón a ByteDance y la Casa Blanca hubiese decidido seguir adelante con su amenaza, Google y Apple, que controlan las dos principales tiendas virtuales para móviles, se habrían visto forzadas a retirar a TikTok de las mismas en Estados Unidos, en cumplimiento de la orden presidencial.

Pese a que hace sólo dos semanas, el acuerdo entre ByteDance por una parte y Oracle y Walmart por la otra parecía encarrilado, en los últimos días las dos partes han ofrecido versiones contradictorias acerca de si ByteDance seguiría formando parte principal del accionariado de la nueva compañía que se cree para gestionar el negocio de TikTok en EE.UU.

Según la versión de Oracle y Walmart -que controlarán el 20 % de la futura firma-, la mayor parte de la nueva empresa será de propiedad estadounidense, pero según ByteDance, ellos controlarán el 80 % restante hasta que tenga lugar su salida a bolsa con una oferta pública inicial dentro de aproximadamente un año.

La versión del acuerdo ofrecida por ByteDance, por tanto, no satisfaría las condiciones de la orden ejecutiva de Trump.

Esa orden, además, establece que el 12 de noviembre el Departamento de Comercio vetaría por completo el uso de la aplicación en el país, algo que todavía podría ocurrir, puesto que de momento el juez no lo ha impedido.

TikTok, que tiene 100 millones de usuarios en EE.UU. y 700 millones en todo el mundo, es una de las redes sociales que más ha crecido en los últimos años, y se ha convertido en el principal entretenimiento para muchos adolescentes y un canal de marketing para importantes celebridades.

La iniciativa 5692 fue presentada por el Organismo Ejecutivo, contiene solo dos artículos, pero es la primera que el Congreso empezará a analizar.

La propuesta es reformar el código penal para que se adicione el artículo 391 bis, denominado terrorismo con fines de desorden público social y de esta manera tener un combate frontal con las pandillas y maras.

El pleno instruyó a las comisiones de Gobernación, Defensa Nacional y Seguridad Nacional emitir un dictamen conjunto en menos de 30 días. Las salas de trabajo ya empezaron a integrarse. Unos recibieron la iniciativa para analizarla, mientras otros se reunirán el viernes para la discusión de la hoja de ruta.

El gobierno anunció esta iniciativa con la promesa de declarar terroristas a los pandilleros, pero eso podría cambiar en el Congreso. Según congresistas no se puede utilizar ese término y debe modificarse. Oscar Argueta, presidente de la comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, explicó que las leyes de Guatemala deben tener armonía con el derecho internacional, y que en otros países el término “terroristas” se emplea para grupos que atacan políticamente a un Estado, por lo que en el caso de Guatemala se puede usar otra definición.

El partido oficial está anuente a modificar el término, pero que el objetivo de la ley prevalezca, para que las pandillas sean combatidas por las fuerzas públicas.

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