A diario, una familia de al menos cinco miembros, en promedio, debe desembolsar Q107.8 para cubrir sus necesidades básica, considerando que la canasta básica de alimentos de mayo se registró en Q3 mil 234.62, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, no todos pueden pagarla y el incremento en el precio de los productos, así como el de los fertilizantes y sumado a la inflación que se sitúa en 5.82 %, han generado que las previsiones de inseguridad alimentaria estimen que entre junio y septiembre de este año haya 4.6 millones de personas en situación de “crisis” y “emergencia” (fase 3 y 4), según la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán) y Progresan-Sica, publicado en mayo pasado.

De marzo a mayo recién pasados había 3.9 millones de personas en esta condición, es decir, que con las nuevas previsiones, bajo las condiciones actuales de precios por el conflicto entre Rusia y Ucrania, 700 mil personas entrarían en una situación de inseguridad alimentaria.

Las fases 3 y 4 de esta clasificación son consideradas como etapas de “recursos limitados” y de emergencia, y lo preocupante de eso es que al alcanzar la fase 5 ya se cataloga como “hambruna”, donde a la fecha no hay casos.

Las estimaciones establecen que cuatro millones estarían en la fase 3 y medio millón de habitantes en la fase 4.

El estudio se hizo con base en 17.4 millones de habitantes, por lo que los 4.6 millones de personas bajo el riesgo de la inseguridad alimentaria representarían el 26 % de la población.

De los 22 departamentos de Guatemala, solo cuatro se encuentran en una situación “acentuada”, y el resto en “crisis”, según la previsión.

De octubre de este año a febrero de 2023, la cifra de inseguridad alimentaria podría reducirse y alcanzar los 3.2 millones, entre fase 3 y 4, según la previsión, lo cual estaría vinculado a una leve reducción de los precios de granos básicos por la primera cosecha, así como que podrían mejorar las reservas familiares.

Durante una citación en el Congreso, el viceministro de Seguridad Alimentaria, César Arreaga, dijo que actualmente se encuentra en marcha un plan de estipendios para agricultores. 

Señaló que serían beneficiados 180 mil personas; sin embargo, reconoció que de momento solo cuentan con Q90 millones, por lo que diputados cuestionaron que solo alcanzará para la mitad.

Además, el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasán) se reunirá hasta fin de mes, según reconoció Arreaga, por lo que los parlamentarios de oposición le pidieron que se declare de emergencia el tema.

Productos

En mayo recién pasado, 21 de los 34 productos que forman la canasta básica de alimentos registraron un aumento en el precio, según reconoció Mayra Soto, directora de la Diaco.

Mientras tanto, Brenda Miranda, gerente del INE, expuso que en mayo de 2023 se tendrán los resultados de la encuesta hecha para calcular el Índice de Precios al Consumidor y medir la canasta básica, tema que se ha sido cuestionado por los diputados, ya que consideran que pueden haber errores de cálculo.

Maíz

En una citación del Grupo Parlamentario de Oposición del 1 de junio pasado se dio a conocer la cifra de 800 mil familias de subsistencia que estarían en riesgo por desnutrición, al disminuir las cantidades de siembra para subsistir a causa del incremento en el precio de los fertilizantes.

Este lunes Arreaga afirmó que el país necesita 43 millones de toneladas de maíz y la producción estimada es de 46.04 millones de toneladas, aunque estas previsiones son anteriores a la crisis actual que atraviesan los agricultores por el incremento en el precio de los fertilizantes, según cuestionaron diputados.

Actualmente hay 1 millón 160 mil hectáreas de terreno sembradas.

Los parlamentarios también han propuesto como alternativa ante la crisis que se liberen las partidas arancelarias, tema que aún está bajo análisis de las autoridades.

Inflación

Este año se preveía cerrar con un 4.50 % de inflación, pero a la fecha ya ha alcanzado un 5.82 %, y en el último mes tuvo un aumento de 1.31 %.

“Es transitorio”, señaló el presidente del Banco de Guatemala, Sergio Recinos, al ser cuestionado sobre si el tema de la inflación podría persistir.

En cuanto al petróleo este año podría cerrar con US$110 el barril, aunque hay incertidumbre y volatilidad, según Recinos.

Los casos de desnutrición aguda se han incrementado en el país. A la semana 20 del año pasado se reportaban 5 mil 748 casos, para 2020 la cifra casi se triplica y en el mismo período se registran 14 mil 845.

Lo más preocupante para diputados es la muerte de niños por desnutrición. Por ahora el Ministerio de Salud reporta que dos niños de Petén y  uno de Huehutenango han fallecido, mientras investigan la muerte de 30 niños más.

“Lo grave es que se incrementó en pocos meses a 14 mil 845 el número de niños con desnutrición aguda, a mitad de año ya tenemos una cantidad que es similar a todo el año de 2019, esto ya es una emergencia, es un tema de preocupación porque se triplicó el número de niños con desnutrición”, dijo Carlos Barreda, diputado de la UNE.

Debido a esta situación,  los congresistas consideran que es necesario que se declare una emergencia alimentaria y así asistir a las familias mas vulnerables para evitar la muerte de más niños por desnutrición.

La secretaria de la SESAN, Maritza de Oliva, aseguró que necesitan hacer un barrido para detectar los casos pero eso les tomará tres meses. “Dentro de lo que es posible avanzar en la situación de epidemia que estamos viviendo, vamos a salir con estas brigadas para buscar a los niños oportunamente, antes de que lleguen a una situación grave como la muerte”, explicó la funcionaria.

Redacción

BBC News Mundo

La situación, que empezó a presentarse la semana pasada, desatópánico entre los consumidores e hizo que las autoridades emitieran comunicados advirtiendo al público que cortara las frutas en lugar de morderlas directamente.

• El escándalo por las agujas escondidas en fresas que se extiende por Australia

Además de lanzar una investigación por todo el país, el gobierno, las cadenas de tiendas y supermercados han empezado a implementar una serie de medidastanto para disuadir a potenciales delincuentes de adulterar las frutas como para calmar a los consumidores.

El gobierno anunció que estaría introduciendo castigos criminales más severos contra aquellos que se descubran comprometiendo la integridad de los productos comestibles.

El primer ministro Scott Morrison declaró que los culpables podrían enfrentar condenas de cárcel de 15 años.

Según el ministro, las nuevas penas estarán a la par con las de crímenes como la pornografía infantil y la financiación del terrorismo.

“Así de serio es como lo toma nuestro gobierno”, dijo Morrison el miércoles, al exhortar al Parlamento a aprobar las nuevas leyes.

Actualmente, la máxima sentencia por contaminar alimentos es de 10 años. La opositora bancada laborista manifestó que apoyaría el cambio en la legislación.

Y, paralelamente, tiendas y supermercados también están tomando acción para combatir la crisis y calmar el miedo.

No se venden agujas

La gigante cadena australiana Woolworth’s, por ejemplo, retiró temporalmente las agujas de sus estanterías como medida de seguridad, señalando que el bienestar de sus clientes era su principal prioridad.

“Hemos tomado el paso cautelar de retirar temporalmente de la venta las agujas de coser en todas nuestras tiendas del país”, le dijo un vocero del supermercado a la BBC.

La cadena no confirmó, sin embargo, hasta cuándo mantendrían las agujas de coser por fuera de las estanterías.

Y para un experto en protección de marcas de Sídney, la medida tiene más que ver con la imagen que la seguridad.

Paul Nelson, director ejecutivo de BrandMatters, piensa que el paso de Woolworth´s de retirar las agujas es, en el mejor de los casos, un intento de mantenerse en línea con su muy pública posición de ser “la gente de la comida fresca”.

“Creo que por lo menos es una medida extraña. Es una reacción de reflejo”, comentó Nelson.

“Reacción exagerada”

Algunos cultivadores de fresas también aseguran que los temores del público han sido alentados por la histeria y por una reacción exagerada a la situación.

El pánico ha generado la retirada de la fruta del mercado y varias tiendas no las tienen en oferta.

Los exportadores de frutas han sido ordenados a implementar controles más estrictos, incluyendo el pasar el producto por detectores de metales y rayos X.

Pero la crisis ha forzado a varios cultivadores de una industria anual de más de US$93 millones a destruir sus cultivos.

El gobierno federal prometió US$720.000 en asistencia para la industria de las fresas, igualando el compromiso hecho por el estado de Queensland.

Otros tres estados han ofrecido casi US$72.000 en recompensa por información que esclarezca el sabotaje.

Entretanto, el gobierno de Australia continúa instando al público a seguir comprando fresas, aconsejando que las corten antes de consumirlas.

“El estriado marrón de la yuca, una enfermedad viral, que causa la pérdida de entre el 90% y el 100% de la producción en África Central, está moviéndose hacia África del Oeste. Es una amenaza que hay que tomarse muy en serio”, explicó a la AFP el doctor Justin Pita, director ejecutivo del programa West Africain Virus Epidemology (Wave), que se encarga de la seguridad alimentaria, financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates.

El virus se propaga por las moscas blancas. Los hombres también pueden ser vectores de transmisión al transportar los esquejes de la yuca, cuyo cultivo es vital para la subsistencia en África.

El continente es el mayor productor mundial de esta planta (57%), de la cual se consumen los tubérculos, ricos en glúcidos y en almidón, pero también las hojas y la fécula, producida a partir de las raíces.

El tubérculo de yuca acaba en la mesa del 80% de los 180 millones de habitantes de Nigeria, el país más poblado de África.

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El attieké, un plato hecho a base de sémola de yuca cocida, es también muy popular en Costa de Marfil, Burkina Faso y Malí, principalmente, y en las diásporas de estos países en Francia y Estados Unidos, a donde se exportan varias toneladas al mes.

El combate en el laboratorio

Por su parte, los investigadores del programa Wave llevan meses tratando de atajar esta lacra.

“Hablamos del ébola de la yuca”, lanza el doctor Pita, recordando que una hambruna dejó más de 3.000 muertos en Uganda en los años 1990 tras la aparición de este virus. “Imagínense Costa de Marfil sin yuca o Abiyán sin attieké, ¡sería una catástrofe!”.

El programa Wave, cuya sede se encuentra en Bingerville, cerca de Abiyán, fue puesto en marcha en siete países (Costa de Marfil, Ghana, Benín, Togo, Nigeria, Burkina Faso, República Democrática del Congo) y defiende un “enfoque regional” para combatir la enfermedad.

De momento, técnicos, investigadores y estudiantes crearon en el laboratorio “variedades resistentes” experimentales que tendrán que probarse en África Central, donde se originó la epidemia.

 Una “tragedia”

Por otro lado, a principios de junio, los ministros de Investigación de ocho países de África del Oeste se reunieron para poner en marcha “una acción concertada” y evitar “una crisis de la yuca”.

Se comprometieron junto a Wave, al tiempo que los mandatarios de 12 países de África también fueron solicitados, una primicia.

Se planteó “arrancar las plantas en las zonas infestadas”, “la prohibición de viajar con esquejes de yuca” y apoyar la investigación “para luchar contra las enfermedades y mejorar la productividad”. 

En Afféry, una gran región productora de yuca, al este de Abiyán, las 200 productoras locales están preocupadas.

“El attieké es nuestro cacao […], si la enfermedad aparece aquí o en otra parte, será una tragedia para nuestras familias y nuestra comunidad”, señala Nathalie Monet Apo, presidenta de su asociación.

“Gracias al cultivo de la yuca consigo escolarizar a mis cuatro hijos”, afirma otra productora, Blandine Yapo Sopi, junto a un montón de tubérculos de yuca. Cosechados en una hectárea de la plantación, deberían reportarle 450.000 FCFA (unos 680 euros, 800 dólares).

El desafío del rendimiento

Por otro lado, los países de África del Oeste también deben hacer frente al bajo rendimiento de los cultivos de la yuca en la región.

“No supera las 10 o 12 toneladas por hectárea, mientras que su potencial puede rondar las 40 toneladas por hectárea. En Asia el rendimiento es de 22 toneladas por hectárea para el mismo cultivo”, recordó Odile Attanasso, ministra beninesa de Educación Superior e Investigación Científica.

“En el contexto de presión demográfica creciente y de pobreza rural que caracteriza a nuestra región, no tendremos otra opción que aumentar la productividad de este producto”, declaró Attanasso, cuyo país es un gran consumidor de gari y de tapioca, una sémola y una fécula derivadas de la yuca.

Los inversores prometieron continuar participando en el programa hasta 2022. Pero los investigadores esperan más implicación por parte de los gobiernos locales, que dedican menos del 1% de los presupuestos nacionales a la investigación científica.

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