Después de un año, la Corte de Constitucionalidad revocó la suspensión provisional que tenía la Superintendencia de Administración Tributaria al acceso de información bancaria, conocido como Secreto Bancario.

Con esto, la SAT puede acceder a la información de los contribuyentes cuando la sentencia cobre vigencia y sea publicada en el diario oficial.

Analistas opinan que es una acción positiva para el país.

“El Secreto Bancario es una medida que ya tenía mucha presión a niel del país, no solo presión interna, sino presión a nivel externa principalmente por la OCDE porque se considera que aquellos países que aún tienen el Secreto Bancario como un tema que no lo han desarrollado y que se conserva a nivel de las medidas que tiene el país, entonces se considera ese país como un paraíso fiscal” dijo Juan Carlos Paredes, analista fiscal.

Hace una semana, la OCDE puso a Guatemala como un país no cooperante en transparencia fiscal, según los analistas entrevistados, eso presionó a la Corte de Constitucionalidad para dar una resolución.

“La OCDE es parte de los organismos, pero es una presión no específica, sino que es algo habitual que estos organismos presionan a los países para precisamente para llevar a cabo prácticas de transparencia y una de ellas es la revelación de la información bancaria” dijo Óscar Chile, consultor fiscal.

Recaudación tributaria podría acercarse a la meta

Para este consultor, la SAT no solo podrá adquirir información bancaria, sino también de préstamos bancarios, cajas de seguridad o si es fiador para un crédito.

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Por lo que se recomienda a los contribuyentes que lleven control de sus movimientos y operaciones bancarias, por ejemplo, con facturas.

Para la SAT, esto podría ser positivo, pues podría apoyar a la recaudación tributaria que, hasta julio pasado, tenía una brecha de mil 457 millones de quetzales.

La Ley del Sistema Financiero prohíbe a las empresas supervisadas por ella, así como a sus directivos y trabajadores, suministrar información sobre operaciones pasivas de sus clientes a menos que medie autorización escrita de estos.

La ley precisa que el secreto bancario no rige cuando la información sea “requerida” por los jueces en un proceso determinado en que sea parte el cliente de la empresa a que se contrae “la solicitud”; por el fiscal de la Nación en casos de “presunción” de enriquecimiento ilícito de funcionarios y exfuncionarios; y las comisiones investigadoras del Congreso en relación con hechos de interés público.

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“El hallazgo de una corrupción amplia y desbordada en el país, si bien ha sido un golpe tremendo (…) plantea al mismo tiempo una gran oportunidad porque hoy todos los poderes políticos están sensibilizados en tomar acciones concretas”, dijo a la AFP durante el Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe, que se celebra en París.

En marzo, el entonces presidente Kuczynski tuvo que renunciar, arrastrado por el escándalo de corrupción relacionado con Odebrecht, la compañía brasileña acusada de pagar sobornos a varios líderes latinoamericanos. Fue sustituido en el cargo por Martín Vizcarra.

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“Estamos muy cerca de aprobar una ley que abre finalmente el secreto bancario de personas y empresas”, dijo el ministro de Economía en este foro, que reúne cada año a responsables políticos y económicos de la región.

Tuesta también destacó la firma, esta semana, por parte del gobierno peruano de dos tratados internacionales auspiciados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) contra el cohecho y en pos de más transparencia fiscal, así como varias medidas de su ejecutivo para controlar mejor la contratación pública tras el caso Odebrecht.

En cuanto al crecimiento, Perú se ha fijado un ambicioso objetivo, “por encima del 5%” del Producto Interior Bruto (PIB) en 2021, cuando termine el mandato del gobierno actual.

Perú, una de las economías más sólidas de América Latina, creció 2,5% en 2017 frente al 3,9% de 2016. Para 2018 el gobierno prevé alcanzar un 3%.

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