Las autoridades migratorias de Guatemala informaron este viernes que los dirigentes de una mina ruso-suiza sancionados por Estados Unidos el 18 de noviembre recién pasado ya no se encuentran en el país.

El Instituto Guatemalteco de Migración detalló en un breve comunicado de prensa que ambas personas “abandonaron” la nación que preside Alejandro Giammattei, sin detallar fecha, y que no se les permitirá el reingreso al territorio.

Los sancionados por Estados Unidos son el ruso Dmitry Kudryakov y a la bielorrusa Irina Litviniuk, ambos directivos de tres mineras de níquel que operan en la costa guatemaltecas al océano Pacífico.

De acuerdo con las autoridades migratorias guatemaltecas, tanto Kudryakov como Litvianuk “abandonaron el territorio nacional” y a ambos se les “suspenderá la residencia” en “seguimiento a la decisión adoptada por el Consejo Nacional de Seguridad”.

Kudryakov y Litvianuk fueron sancionados por Estados Unidos el 18 de noviembre, específicamente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro de EE. UU.

El Gobierno de la nación norteamericana definió al ruso Kudryakov, actual presidente de la Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico), como “líder de las operaciones mineras en Guatemala” de la empresa suiza “y rusa” Solway, fundada por el empresario estonio-ruso Alexander Bornstein.

El Departamento de Estado asegura que Kudryakov y Litviniuk están involucrados en esquemas de sobornos a funcionarios públicos, jueces y políticos de Guatemala.

Ambos directivos extranjeros recibieron la inmovilización de sus activos en Estados Unidos, conforme la ley Magnitsky, por la supuesta “apropiación indebida de bienes del Estado y corrupción vinculada a contratos gubernamentales, la extracción de recursos naturales o soborno”.

“Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), Compañía Procesadora de Níquel (ProNiCo) y Mayaníquel funcionan como subsidiarias de Solway Investment Group, una empresa rusa que ha explotado minas guatemaltecas desde 2011”, indicó Estados Unidos el pasado 18 de noviembre en un comunicado.

En agosto de 2021, el periódico estadounidense, The New York Times, dio a conocer que según declaraciones de un testigo el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, recibió sobornos de individuos de origen ruso ligados a una de estas empresas mineras.

Las mineras de origen suizo-ruso sancionadas por Estados Unidos tienen poco más de una década operando en Guatemala y producen unas 25 mil toneladas métricas de ferroníquel anualmente, el cual se exporta a diferentes países de Europa y Asía.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló este jueves 9 de diciembre en su Twitter que el Gobierno de Estados Unidos “no acepta colaboración, amistad o alianza”, esto luego de que el país norteamericano sancionara a otro funcionario del Ejecutivo.

La publicación del mandatario se da unas horas después que el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionara a la jefa del gabinete de Gobierno de El Salvador, Carolina Recinos, por presunta corrupción en la gestión de la pandemia del covid-19.

“Esta claro que el Gobierno de Estados Unidos no acepta colaboración, amistad o alianza. Es sometimiento absoluto, o nada”, escribió Bukele.

Añadió que “se ven hasta absurdas esas acusaciones diarias. No sabía que les interesara tanto El Salvador”.

El Departamento del Tesoro acusa a Recinos de haber liderado una estructura corrupta multimillonaria implicada en compras “sospechosas” para la construcción de un hospital y de autorizarlas a varios ministerios en temas vinculados a la pandemia.

En un comunicado, el Gobierno estadounidense puso como ejemplos de esas compras sospechosas el gasto de millones de dólares en mascarillas quirúrgicas y batas de hospital a empresas que no tenían ninguna relación aparente con el sector sanitario o la manufacturación.

“Funcionarios salvadoreños concedieron millones de dólares en contratos inflados por la pandemia de covid-19 que se tradujeron en sobornos a miembros del Gobierno y a algunos de los asesores del presidente Nayib Bukele”, indicaron las autoridades de EE. UU.

El miércoles, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra dos funcionarios salvadoreños por corrupción durante “negociaciones secretas” del presidente con la “Mara Salvatrucha” (MS-13).

Se trata de los directores de Centros Penales, Osiris Luna, y de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín.

En respuesta a esto, el mandatario publicó en su Twitter un hilo en el que reveló los supuestos temas abordados con Jean Manes, exencargada de Negocios de los Estados Unidos, en una reunión privada sostenida a mediados de septiembre.

De acuerdo con Bukele, Manes le “pidió 4 cosas”, entre estas liberar al político Ernesto Muyshondt, quien se encuentra en prisión por estar acusado de incumplimiento de deberes y que también es señalado de supuestamente negociar favores políticos con las pandillas y entregarles más de US$600 mil.

“Ataque” a plan gubernamental

El asesor jurídico de la Presidencia de El Salvador, Javier Argueta, señaló este jueves a periodistas que los “informes” – en referencia a las sanciones- emitidas por EE. UU. a funcionarios de Bukele son parte de un “ataque” a los resultados de un plan de seguridad gubernamental contra las pandillas.

“Todo este ataque viene, y todos estos informes vienen, precisamente por la efectividad que se está teniendo (con el Plan Control Territorial) y por la caída que están teniendo los dos partidos políticos que estuvieron gobernando por 30 años”, dijo Argueta en referencia a las formaciones Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

Aseguró que dichos partidos políticos “sí negociaron con pandillas” y se “convirtieron en actores terroristas”.