Según la PDH, la víctima es una alumna del Instituto Nacional de Educación de Telesecundaria de la aldea Las Tunas, San Pedro Jocopilas.

El caso se hizo público a través de las redes sociales en donde se acusaba directamente a dos docentes de ese establecimiento educativo, por lo que se abrió un expediente y se envió al MP de Santa Cruz del Quiché.

El fiscal distrital del Ministerio Público de Quiché, confirmó la denuncia y explicó que era en contra de dos maestros de ese Instituto. En principio se habla de delitos sexuales, pero explicó que no se podía dar mayor información por el tipo de delito y que era la Fiscalía de la Mujer la que llevaría el caso.

El director Departamental de Educación indicó que se solicitó un informe a la Coordinación Técnica Administrativa de San Pedro Jocopilas para conocer de la denuncia y realizar también ellos su investigación administrativa.

La decisión se tomó luego de una solicitud del Ministerio Público, MP, que lo acusa de ser el responsable de un ataque armado en donde murió un hombre y resultó herido un niño.

Según investigadores del Ministerio Público, hay suficientes evidencias que ligan al alcalde al hecho armado, pero no se había podido iniciar las investigaciones por el antejuicio con el que cuenta el jefe edil.

Nicolás López, alcalde de San Pedro Jocopilas ha negado su participación en el hecho armado. Aseguró que no posee armas y afirmó que es una persecución política en su contra.

Expresó que serán los jueces quienes decidan sobre su situación legal.

Las autoridades del MP indicaron que hay suficientes indicios que demostrarán la participación del jefe edil en el ataque armado en una carretera de San Pedro Jocopilas, el vehículo del alcalde fue secuestrado por las autoridades, además se realizaron varios allanamientos en busca de pruebas.

La solicitud de antejuicio fue presentada en un tribunal de Santa Cruz del Quiché, la cual será elevada a la Corte Suprema de Justicia para ser resuelta. Posteriormente enviada a la Sala Regional Mixta de Apelaciones de Quiché quien nombrará un juez pesquisidor para que finalmente los magistrados decidan si se le retira la inmunidad al alcalde para poder ser investigado. López Mendoza ha negado las acusaciones.

Vecinos y transportistas aseguran que son miles los pobladores de comunidades de Quiché, Huehuetenango y Alta Verapaz los que son afectados por el mal estado de la ruta.

La reconstrucción de esa vía fue anunciada durante el Gobierno de Otto Pérez Molina y consistía en la reparación de 15 kilómetros.

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En la actualidad esa carretera está intransitable por falta de mantenimiento, pues la empresa que estaba a cargo de la obra suspendió los trabajos porque el Ministerio de Comunicaciones liquida al Fondo Social de Solidaridad, de donde provenían los recursos.

Según Enrique Lucas, integrante de la Gremial de Transportistas de Quiché, entre Santa Cruz del Quiché y San Pedro Jocopilas hay 15 kilómetros de asfalto en malas condiciones. “Hay agujeros por todas partes y la lluvia complica más el paso por esa ruta”, agregó.

Juan Brito, transportista de Nebaj, explicó que la situación es preocupante porque esa ruta es utilizada por vecinos de nueve municipios del norte de Quiché, así como de Huehuetenango y Alta Verapaz.

Delfino Natareno, presidente de la Gremial de Transportistas de Quiché, dijo que los fondos para la construcción de esa ruta ya estaban asignados, pero fueron desviados para otros proyectos del sur del país, lo que calificó de preocupante.

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Sin solución

Reynabel Samayoa, gobernador departamental, dijo que no pueden hacer nada para que la compañía reinicie los trabajos, porque el Fondo Social de Solidaridad ya no tiene fondos y está en proceso de liquidación.

Agregó que lo único que queda es esperar que el proceso de liquidación concluya y que el Ministerio de Comunicaciones asigne otra fuente de financiamiento.

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“Creo que será el próximo gobierno el que le dé solución a la construcción de esa carretera, yo estoy buscando la forma de que la compañía como mínimo le de mantenimiento a esa ruta”, dijo el funcionario.