La Policía Nacional Civil (PNC) informó este viernes 19 de agosto que en respuesta a una denuncia ciudadana, agentes capturaron a Jaider Eduardo Garnica Viloria, de 37 años, de nacionalidad colombiana.

El extranjero fue capturado en la 3a avenida y 5a calle, en el cantón La Libertad, San Bernardino, Suchitepéquez.

Según la PNC, el extranjero fue sorprendido cuando golpeaba a una mujer de 47 años.

La víctima manifestó que Garnica Viloria llegó a su domicilio a cobrar Q60 de la cuota diaria de un préstamo.

Al no contar con la cantidad del efectivo, “el prestamista con lujo de fuerza ingresó al domicilio y agredió a la denunciante”. 

Los préstamos diarios es una práctica no regulada, que se ha expandido y convertido en un problema para la seguridad en el país.  “Los prestamistas colombianos”, como les llaman las autoridades, generan zozobra y violencia. Así lo evidencia hechos que registra la Policía Nacional Civil (PNC).

En septiembre de 2021 las autoridades indígenas de Sololá azotaron a dos colombianos que se supone son prestamistas.  Esa vez los golpearon, pidieron resarcir a la supuesta víctima y los expulsaron de la localidad.

Para leer más: Comerciantes sufren acoso y constantes abusos de prestamistas que exigen pagos diarios

A principios de julio recién pasado, la PNC y el Ministerio Público informaron que persiguen a por lo menos cinco estructuras que operan entre Guatemala, Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu, San Marcos, Quetzaltenango, Izabal y Petén. No revelaron más detalles porque las pesquisas estaban en reserva.

La mujer al no contar con la cantidad del efectivo, el prestamista con lujo de fuerza ingresó al domicilio y agredió a la denunciante.

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— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 19, 2022

Javier TOVAR | © Agence France-Presse

La autoridad fronteriza (CBP) ha liberado desde marzo a 40.000 familias centroamericanas que están solicitando asilo en Estados Unidos. No tienen como mantenerlos detenidos debido a la “capacidad limitada” de sus instalaciones.

Pero los traslados a San Bernardino, 100 km al este de Los Ángeles, comenzaron apenas hace una semana.

Tres furgonetas blancas con el logotipo de la CBP hacen su entrada. Los indocumentados, muchos niños, están en la parte de atrás que no tiene ventanas.

Al abrir la puerta, que antecede una especie de jaula, lo primero que se escucha es “¿Alquilan aquí teléfonos?”.

“Se vinieron así a Estados Unidos, ustedes sabrán lo que tienen que hacer“, les responde en español el agente que conducía el vehículo. “¿Qué quieren, que les dé mi casa?“, les dice a continuación.

Sus rostros muestran una mezcla de cansancio e incertidumbre, pero al mismo tiempo de esperanza por estar en libertad. El oficial les recuerda que tienen que volver a la corte de migración en la fecha pautada o serán deportados.

Jennaya Dunlap, de la organización Coalición Justicia para Inmigrantes (IC4IJ), y unos 10 voluntarios sirven de comité de bienvenida.

“Bienvenidos”, les dice. “No se preocupen, aquí los vamos a ayudar”.

Los voluntarios, que protegen a los inmigrantes de hablar con la prensa, les dan agua, barras de granola, les preguntan si tienen algún problema de salud. Muchos no han comido bien o tomado una ducha en días.

Luego los trasladarán al único albergue hasta ahora habilitado, en una iglesia católica.

En el grupo hay adolescentes y niños muy pequeños, que bostezan y usan las rodillas de sus representantes como almohada. La ley prohíbe detener a un menor por más de 20 días.

 “Motivación política”

Estados Unidos enfrenta un drástico incremento de solicitudes de asilo de centroamericanos, que aseguran huir de la violencia en sus países.

El presidente Donald Trump, que mantiene un discurso antiinmigrantes, ha dicho que los demandantes de asilo abusan del modelo, asegurándose la entrada con “demandas frívolas” para luego nunca ir a corte y quedarse en el país sin papeles.

Según cifras oficiales, entre octubre pasado y abril fue aprehendido casi medio millón de personas, 99.000 solo en el mes pasado.

La CBP dijo a la AFP que muchos indocumentados han sido trasladados de la frontera a otras ciudades del país para descongestionar el área, donde el flujo de inmigrantes no cesa.

Las autoridades fronterizas en principio coordinaban las liberaciones con ONG locales, pero a medida que esas organizaciones se han visto sobrepasadas en su capacidad, comenzaron a dejar a los indocumentados en terminales de buses.

Cuando son liberados, están desorientados. Se preguntan “¿dónde estamos?, ¿qué región es esta?”, cuenta Dunlap. “Algunos tratan de ver las placas de los autos”.

“No les informan al subirlos en la camioneta que van a San Bernardino o a donde sea”, critica la activista.

La mayoría no habla inglés, no tiene dinero, no sabe moverse en el país, y para eso es la estadía en San Bernardino, por lo general de solo de un par de días, para organizar el viaje al próximo destino, donde les espera un familiar o un amigo que los recibirá.

Dunlap señaló que 90% de las personas que ha recibido provienen de Guatemala y que además, la mayoría cruzó la frontera por Arizona.

¿Por qué enviarlos a San Bernardino?

La CBP no especificó, pero Dunlap considera que hay “una motivación política” relacionada con la amenaza que por estos días hizo el presidente Donald Trump, de enviar a miles de indocumentados a ciudades santuario, esas que se niegan a cooperar con las autoridades migratorias.

Y San Bernardino es una de ellas… aunque no para todos.

Apenas se detuvo la furgoneta de CBP, un hombre blanco de barba frondosa y canosa se acercó y espetó: “Mándelos de regreso a Tijuana”.