Por Keneth Monzón

Samuel Everardo Morales Cabrera, “Sammy”, y José Manuel Morales Marroquín, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales Cabrera, están entre los 25 procesados.

Hace un año los jueces iniciaron la discusión en la Megasala de audiencias con la petición de libertad condicional de cinco procesados. Hoy durante la jornada, la audiencia se realizó en una de las salas de los juzgados de turno en el primer nivel de la Torre de Tribunales.

Desde que comenzó el debate han declarado 30 testigos y seis peritos. “La tesis que sustenta esta investigación se ha comprobado paso a paso”, mencionó a Prensa Libre el fiscal Carlos de León.

“Existe mucha expectativa. El transcurso del debate ha ido lento por la cantidad de sindicados”, añadió el fiscal.

El año pasado, el tribunal realizó audiencias todos los días durante cuatro meses. Después le asignaron más casos y el proceso se fue distanciando.

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Desde que comenzó el juicio ya suman 70 audiencias y la previsión de De León es que este caso se extienda en alegatos durante uno o dos años más.

Morales se pronuncia

“Hoy se celebra un año de estar en debate. Se celebran también 70 audiencias de debate más todas previas que se hicieron en la etapa intermedia, en la etapa preparatoria, la primera declaración, la orden de aprehensión y el allanamiento de mi casa”, mencionó.

“¿Por qué tenemos tanto recurso del Estado destinado a un caso que pudo haberse resuelto de manera administrativa?”, se cuestionó Morales Cabrera durante un receso.

Añadió: “Lo que más me preocupa es que estamos privando a miles de guatemaltecos de recibir justicia porque hay una mora judicial de un millón 200 mil casos”.

Exdiputada en silencio

Anabella de León, quien fue diputada del extinto Partido Patriota (PP) y dirigió el Registro, prefirió el silencio al ser consultada. “Mire soy una de las procesadas, no puedo opinar”, dijo.

Solo uno preso

La audiencia de hoy se centró en el pedido de libertad de los únicos dos sindicados que están tras las rejas:  Edwin Ariel Garcia Alvarado y Otto Flores Villeda.

García era el subjefe del departamento de Compras en el Registro General de la Propiedad y Flores era conserje en el Congreso y devenga un salario también como conserje en la entidad que lleva control de todas los inmuebles del país.

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La resolución de los jueces favoreció a García Alvarado y le otorgaron arresto domiciliario sin alguna caución. El único que permanece en prisión en este caso es Flores Villeda, a quien le denegaron la petición de libertad condicional.

El caso

La acusación se centra en que durante la administración de la extitular del Registro General de la Propiedad, del Anabella De León, se autorizaron 16 plazas fantasmas que significaron un desembolso de Q3 millones por parte de dicha institución.

También se hallaron indicios de pagos anómalos por servicios y montajes de banquetes durante actividades, así como compra de canastas navideñas, los cuales no fueron realizados por esa entidad, lo cual significó un desembolso aproximado de Q300 mil.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó amparo a Samuel Morales, hermano del Presidente Jimmy Morales y resolvió que la sala debe fundamentar por qué debe enfrentar el juicio por el delito de lavado de dinero, en el caso Botín Registro de la Propiedad.

Durante la audiencia de primera declaración el Ministerio Público (MP) solicitó que Samuel Morales fuera ligado a proceso por el delito de fraude y lavado de dinero pero la jueza solo le impuso el delito de fraude.

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La Fiscalía apeló la falta de mérito por el delito de lavado de dinero porque consideraban que existen indicios y se contaba con los medios suficientes para la comisión del delito y  considerando que sí los tenía para ser investigado.

Señalamientos contra Sammy Morales

Samuel Morales fue enviado a juicio por fraude en forma continuada y se le otorgó falta de mérito por lavado de dinero.

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En el 2013,  los familiares del mandatario Samuel Morales y José Manuel Morales supuestamente crearon eventos falsos para favorecerse con dineros del estado, en el caso conocido como “Botín Registro de la Propiedad”.

Ministerio Público hará apelación

La Fiscalía no comparte el otorgamiento del amparo a favor de Samuel Morales  por la CSJ y  a criterio de la Cámara de Amparo, por lo que  harán una apelación de sentencia de amparo. La próxima audiencia del caso botín registro de la propiedad está programada para el 9 de agosto.

Por Henry Estuardo Pocasangre y Alex Fernando Rojas

A esto se suma la acción del pasado martes, cuando el presidente Jimmy Morales publicó un video en su cuenta de Twitter en el que se observa a Rincón durante una audiencia del caso Botín Registro de la Propiedad y en el que refiere  que el mandato de la Cicig está por arriba de la Constitución.

Rincón hasta ahora está al frente del  proceso que involucra, en ese caso, a José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera, hijo y hermano del presidente respectivamente.

“¿Cicig intenta violar la supremacía constitucional de Guatemala? ¿Para eso los invitamos?”, agregó Morales como comentario en la red social.

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“El mandato suscrito entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas, ya hace como unos 10 años, donde se faculta a la Comisión Internacional contra la Impunidad para apoyar en materia de aspectos técnicos y científicos al Ministerio Público, e incluso el mandato se aplica por su naturaleza, casi que con carácter superior a la propia Constitución de la República de Guatemala”, dijo Rincón durante la audiencia del 10 de agosto último.

#EstoSucedeEnGuatemala
¿CICIG intenta violar la supremacía constitucional de Guatemala?
¿Para eso los invitamos?
Video: iDocumenta https://t.co/9wNkKKYitT pic.twitter.com/loA4R36mXm

— Jimmy Morales (@jimmymoralesgt) April 24, 2018

Derecho reconocido

La Constitución, en su artículo 46, reconoce los tratados internacionales como superiores al derecho local.

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Por lo anterior, Rincón no se habría excedido en ningún comentario, solo recordaba la facultad de la Cicig de acuerdo con el mandato y el convenio al que Guatemala se comprometió cuando, junto a  Naciones Unidas, creó la Comisión.

A criterio del abogado constitucionalista Alejandro Balsells, el artículo 46 de la Constitución es claro.