Diputados de la Comisión de Previsión y Seguridad Social citaron este martes 16 de noviembre a autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para que aclararan dudas sobre los procesos de adjudicación y compra de medicamentos, entre ellos el remdesivir, pues aseguran que solo se ha beneficiado a una empresa y no hay claridad sobre el manejo de las licencias sanitarias.

“Hoy queremos hablar sobre las adjudicaciones que la han hecho a La Botica. Usted -ministro Francisco Coma- estuvo presente en las discusiones que se dieron cuando se planteó el tema de la ley de emergencia, y pese a eso se ha generado una especie de monopolio en la distribución de medicamentos y el remdesivir es uno de ellos”, dijo el diputado Orlando Blanco, presidente de dicha comisión parlamentaria

Según Blanco, en lo que va del año la empresa La Botica, S.A, “que todos sabemos de quién es. Es de una persona allegada al conviviente del presidente -Alejandro Giammattei-, el señor -Miguel- Martínez, y ha recibido 943 contratos por un monto de Q84 millones y todo esto porque se le ha facilitado todo el carril para que corra él solo”.

“Este señor va a convertirse en el próximo Gustavo Alejos de los medicamentos, esa es la ruta que él lleva. Ahora resulta que todo el que quiera vender en el Estado tiene que pasar por él, así como pasaba con Gustavo Alejos en el pasado”.

Agregó que hasta el año pasado “había una empresa que tenía el registro -para el remdesivir-, para distribuirlo, lo cual era malo. Ellos -La Botica S.A.- se dieron cuenta y entonces metieron su registro, se los aprobaron express, cosa diferente a lo que ha ocurrido con otras empresas, a las cuales les ha pedido otro tipo de requerimientos, y a partir de este año pues casi todo el medicamento remdesivir se le ha comprado a esta empresa”.

Explicó que hay cuatro eventos que suman unos Q17 millones entre octubre y noviembre del Ministerio de Salud, entre estos hay Q6.2 millones en el Hospital Regional de Cuilapa, Santa Rosa, Q7.2 millones en el Hospital Hermano Pedro de Betancourt.

“Hemos visto cómo se ha manipulado el proceso para beneficiarlos a ellos -La Botica S.A.-, por ejemplo, esta empresa Aviv, que tenía el monopolio estaba ofertando a Q2 mil 500 el tratamiento y La Botica lo que hizo fue bajarle Q5, a Q2 mil 495 el tratamiento y a ellos se les adjudica a pesar de que ha habido otras empresas que han ofertado a Q2 mil 200 e incluso, a Q1 mil 800 el tratamiento”, refirió Blanco.

Además, dijo que a La Botica la semana pasada el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social le adjudicó una compra por Q39 millones, pese a que había ofertas más baratas, lo que fue confirmado por autoridades del IGSS, pero justificaron que fue porque muchas empresas no tenían en registro necesario.

Blanco también agregó que algunos hospitales nacionales fraccionaron las compras de medicamentos para beneficiar a la empresa La Botica y que hay “mafia” en los registros sanitarios “y es allí donde se aceleran o se entorpecen los procesos”.

Confirman diligencias

Durante la citación, las autoridades de Salud, encabezadas por el ministro Francisco Coma, reconocieron que desde el 3 de noviembre pasado se solicitó una auditoria a la Unidad de Regulación del Ministerio de Salud, en busca de “tener transparencia en lo que está pasando en el Departamento de Medicamentos y los auditores ya deben estar presentes allí y están trabajando en eso, y lo han visto con la viceministra técnica que mientras no rompan el ciclo de la relación de persona con persona en el proceso de asignación de licencias esto podrá seguir siendo una fuente difícil de controlar”.

Además, la viceministra técnica, Leslie Samayoa, confirmó que en el Departamento de Medicamentos hay una auditoría por parte de la Contraloría General de Cuentas; además, confirmó que han sido objeto de otras auditorías y que el Ministerio Público ha secuestrado varios expedientes, “se ha llevado copias de expedientes de productos emergentes”.

En cuanto al registro sanitario Samayoa señaló: “el registro de todos los productos emergentes se otorga con el análisis post comercialización y eso significa que se les otorga el registro únicamente con la evaluación y el análisis se toma de la primera importación de productos entonces todos estos productos son analizados con las muestras que van a ser distribuidas a la población”.

Agregó que “estamos implementando una plataforma con cooperantes con Banco Mundial y Usaid para proporcionar transparencia y trazabilidad y evitar la discrecionalidad de los evaluadores”.

En tanto Natalia Marroquín, del Departamento de Medicamentos, dijo que todos los productos emergentes para tratar covid entran bajo una norma y conforme a la ley de emergencia por el coronavirus y en 15 días deben tener resolución del departamento.

Agregó que, según la norma técnica 83 vigente, “todos estos productos son recibidos sin análisis de Laboratorio Nacional de Salud”, lo que quiere decir que entran al Departamento, se les entrega el registro sanitario si cumplen con todos los requisitos establecidos y posteriormente con la primera importación se requieren las muestras para el laboratorio”.

La junta directiva de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) denegó este marte 31 de agosto la solicitud de arrendamiento de ocho manzanas para la construcción de una terminal de granel sólido para almacenar y exportar mena de níquel por parte de la empresa de capital suizo Atlantic Bulk Cargo, S. A., por una inversión estimada en US$18 millones (unos Q138 millones).

“Luego de conocer lo expuesto referente a la propuesta de inversión hecha por la entidad Atlantic Bulk Cargo, Sociedad Anónima de fecha seis de agosto de dos mil veintiuno y conocida en sesión de junta directiva número 54-2021 de fecha nueve de agosto de dos mil veintiuno, el presidente de Junta Directiva en funciones somete a votación del Pleno (…) la propuesta de inversión citada, por lo que los miembros de la Junta Directiva luego de efectuar la discusión y el análisis correspondiente por unanimidad emiten el siguiente: Acuerdo No. 02-A/59-2021: 1). Denegar y en consecuencia no ha lugar por no convenir a los intereses económicos y de desarrollo de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla”, señala una certificación firmada por Luis Felipe Sánchez González, secretario general de la junta directiva de la Empornac.

Minutos después, personeros de Empornac confirmaron que rechazaron la solicitud, pero no dieron mayores detalles al respecto de la decisión.

Además, el lunes 30 de agosto pasado, la Procuraduría General de la Nación (PGN) recomendó a la Empornac analizar la pertinencia del contrato a suscribir, pues las características del procedimiento apuntan a que se trata de una concesión y no de un arrendamiento.

La intención de arrendamiento para la construcción de una terminal de granel sólido para almacenar y exportar mena de níquel en el muelle comercial fue presentada por la empresa Atlantic Bulk, S. A., confirmó hace unos días Rodolfo Letona, viceministro de Comunicaciones y presidente en funciones de la Empornac.

“El lunes 9 de agosto, la empresa Atlantic Bulk, S. A., presentó una propuesta ante la Junta Directiva de Empornac. Esta propuesta se dio por conocida y recibida, y se trasladó a la gerencia para su debido análisis jurídico, técnico y catastral”, precisó el funcionario.

Para el miércoles están citados personeros de la Empornac en el Congreso para explicar sobre el contrato de arrendamiento que se pretendía suscribir.

Sospechas

La bancada de la UNE aseguró que una de las firmantes de la carta de solicitud de operaciones, Marina Pozzi-Pedulla, fue rastreada por ellos y descubrieron que en Luxemburgo “los acusan de ser rusos disfrazados de suizos”, y que tienen una alerta por estafas a empresas.

Aseguraron que, de hecho, el “gigante de seguros Lloyd´s” los acusó de estafadores en mayo de 2018, cuando emitieron documentos falsos para adquirir seguros de garantía.

Dijeron que la compañía en cuestión se trataba de una empresa suiza registrada en Rusia y que era parte del consorcio suizo.

Acompañaron a delegación

El ministro de Economía, Antonio Malouf, admitió que una delegación de Europa vino al país porque estaban interesados en invertir. Aseguró que él los acompañó a Petén, pero expresó que no sabía el medio en el que se habían transportado.

Al consultarle si eran rusos, el funcionario dijo que “no tenía los pasaportes a la mano” para saber de dónde venían, pero sabía que eran europeos y formaban parte de una empresa que trabaja aquí en Guatemala.

“La empresa suiza tiene una mina que produce níquel y ese níquel debe de salir del país“, expresó.

¡Atención! El domingo 28 de octubre el Puente Belice permanecerá cerrado. pic.twitter.com/E6qXQxuqfv

— Carolina Leverón (@CLeverongt) October 26, 2018

En noviembre habrá más cierres

La conexión habitual del norte de la capital y la ruta al Atlántico será interrumpida durante los fines de semana de noviembre próximo, por la reparación del puente Belice.

De acuerdo con el plan oficial, los cuatro fines de semana de noviembre próximo, la movilidad de 78 mil vehículos provenientes del norte de la ciudad será atípica, debido a los trabajos que se harán en la estructura del puente Belice, el cual conecta las zonas 6 y 18, así como con la ruta al Atlántico; sin embargo para este martes el Ministerio de Comunicaciones solicitó un cierre de tres horas.

El Ministerio de Comunicaciones programó el cierre del puente durante esos días y, por esa razón, la Municipalidad de Guatemala estableció rutas alternas para evitar que los vecinos de las zonas 18, 24, y 25 queden incomunicados.

Las rutas para transitar, según el alcalde Ricardo Quiñónez, ya se definieron y se hacen trabajos de restauración para facilitar el tránsito, principalmente el pesado.

La conexión de la ruta al Atlántico con la calzada La Paz, para conectar con la zona 5, será en la que se priorizará el paso del transporte pesado. El jefe edil explicó que por esa movilización de vehículos se dispuso a reforzar el asfalto para soportar el peso.

El puente, inaugurado el 18 de noviembre de 1958 durante el gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes, está en mantenimiento y reparación desde el año pasado y los trabajos están a cargo de la empresa guatemalteca Grupo Muratori, S.A., en un contrato de Q44 millones 592 mil 925, según el portal de Guatecompras.

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Vías alternas

Estas son las rutas que podrían tomarse durante los cierres del paso por la reparación en el puente Belice.

• Carretera al Atlántico hacia la calzada La Paz. Esta alternativa será asignada, principalmente, para el trasporte pesado. Transitar por esa carretera permitirá a los automovilistas conectarse con las zonas 5 y 16.

• Otra vía permite la conexión de la zona 18 y zona 6, desde la 4a. calle A, pasando por el cementerio Buganvilias, para conectar con la 23 avenida y calle Martí, zona 6; de la colonia Atlántida, zona 18, los automovilistas pueden conectarse por la 7a. calle hacia la 4a. calle A y luego llegar a la intersección de la zona 6. -Ambas rutas se puede observar en el siguiente mapa-.

• En el kilómetro 5.3 de la ruta al Atlántico, los automovilistas pueden transitar hacia la zona 17 y llegar a la zona 24. Se debe ingresar al cantón Lourdes y conectar con la zona 16, en el sector del Pulté. Esta ruta es sugerida solo para automóviles y motocicletas, porque las vías son angostas.

• La opción para los automovilistas que se dirigen hacia la ruta a El Salvador es transitar del kilómetro 10.3 de la carretera al Atlántico hacia la colonia Los Ángeles, zona 25. Al continuar el viaje los conductores deben enfilar hacia Santa Lucía Los Ocotes y después llegar a San José Pinula y conectar al kilómetro 16.5 de la carretera a El Salvador.

Por Carlos Álvarez

Con ese dinero se adquirirán blusas, camisas, pantalones, faldas, sacos y corbatas para los trabajadores.

El evento fue adjudicado en su totalidad a la empresa Operadora Factory de Guatemala, S. A., empresa que ya ha recibido adjudicaciones similares.

En el acta 7-2018 de la Comisión Permanente del Congreso, consta que fue el 20 de junio último cuando, luego de tener a la vista el dictamen técnicos y la opinión jurídica del evento, miembros de la comisión autorizaron las bases y seguir con el proceso de licitación.

Sin embargo, el dictamen técnico adjunto en el evento de licitación no contiene mayor información sobre la necesidad de hacer la compra.

En los antecedentes del dictamen se menciona que se comisionó a una persona para hacer el documento. Contiene otro apartado, llamado base legal, que cita varios artículos de la Ley de Contrataciones del Estado y una opinión que dice que luego de revisadas las bases es procedente el dictamen favorable.

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La opinión jurídica también hace mención de la Ley de Contrataciones y su reglamento y su conclusión es que las bases cumplen con los requisitos legales.

Defiende compra

Estuardo Galdámez, primer secretario de la Junta Directiva del Congreso, indicó que la compra está contemplada dentro del pacto colectivo de los trabajadores del Congreso que indica que el organismo debe darle uniformes.

Indicó que el Congreso desde hace cuatro años no ha cumplido con la compra de uniformes para su personal.

“Se hizo una licitación pública, una adjudicación y todo un proceso normal”, señaló el legislador. Cuando fue consultado sobre el pobre contenido del dictamen técnico para la compra respondió: “Nosotros aprobamos políticas, no procesos, con respecto a los procesos hay una dirección general que deberá de coadyuvarse y asumir  toda responsabilidad administrativa si hubiera un caso extremo o sospecha de corrupción”.

También se le consultó al diputado si el monto erogado era el justo y respondió que: “Hay diferentes tipos de uniformes, para oficina, para personal de seguridad, parqueo y conserjes”.

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“No tengo información sobre el desglose de los uniformes de trabajo, pero lo que sí le puedo asegurar es que media vez yo integre la Junta Directiva ningún proceso llevará ni la noción ni práctica corruptiva”, puntualizó Galdámez.

El precio de la energía eléctrica que consumen los usuarios incluye un porcentaje de entre el 17 a 20% de la tarifa para cubrir el costo de distribución e inversión de la energía eléctrica, ese es el valor agregado de distribución (VAD), este valor es  el que recibe como pago a la empresa encargada de distribuirla, para poder operar e invertir en una red eficiente.

En el caso de Sacatepéquez, Guatemala y Escuintla, un millón doscientos mil clientes reciben el servicio de la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.

A solicitud de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, EEGSA debe presentar el estudio técnico para definir el VAD para los próximos cinco años, con la finalidad de mayor trasparencia la presentación se realizó en un audiencia pública y estuvo a cargo de Claudio Guidi, de la empresa consultora BA Energy Solutions, S.A.

Para los próximo cinco años EEGSA propone inversiones para mejorar la seguridad eléctrica, medición inteligente, eficiencia energética y electrificación rural.

El uso de tarifas horarias más económicas, tarifas prepago y aprovechar nuevas tecnologías.

EEGSA proyecta aumentar las subestaciones que permitan eficiente transportación, además proponen a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, la reducción del monto por el valor agregado de distribución (VAD) que actualmente es de 1 millón 100 mil quetzales en promedio anual y de acuerdo a Jorge Alonso, Gerente de EEGSA con el estudio actual plantean una rebaja de 50 millones de quetzales de promedio anual, para los próximos cinco años, quedando en un millón cincuenta mil quetzales de promedio anual.

De ser aprobado el estudio que fue presentado a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, la rebaja entraría en vigencia el 1 de agosto de 2018.